LAS IZQUIERDAS Y EL NARCOTRÁFICO
IBEROAMÉRICA – LOGRAR EL PODER POR OTROS MEDIOS
Durante la Guerra Fría se enfrentaron dos imperios, los Estados Unidos, como cabeza de un mundo capitalista y de libre mercado, y por otro, la Unión Soviética, el socialismo realmente existente, controlador férreo de la libertad de los individuos y de los Estados que caían bajo el imperio de su fuerza, y con una economía estatal dirigista que se apropiaba de los medios de producción.
Esa lucha imperial se extendió por todos los continentes e iberoamérica no fue ajena a ello, todos los grupos que se levantaron en armas contra los gobiernos no socialistas, no lo hicieron por la democracia ni por cuestiones sociales, querían imponer la dictadura del proletariado. ¿Y cómo terminaron esas aventuras? En casi su totalidad fueron derrotados militarmente, y también lo fueron en el campo de la economía, donde se demostró la inutilidad de la economía socialista.
La suerte del marxismo político comenzó a declinar con la caída del Muro de Berlín y su final llegó con la implosión de la Unión Soviética, sin olvidar que sus erróneos presupuestos ideológicos ya lo habían predestinado al fracaso desde el inicio, era cuestión de tiempo, para decirlo en términos marxistas, su fin era una necesidad histórica. A los restos del marxismo no le quedó otra cosa que mimetizarse en distintos grupos y organismos para sobrevivir.
Los grupos izquierdistas ante el fin de su mundo se aferraron a las nuevas ideologías, las generaciones de izquierda del pasado, incluidas el comunismo maoísta, no servían de nada, ni la lucha de clases, ni la plusvalía, y mucho menos el proletario como sujeto revolucionario. Algunos intelectuales críticos de ese marxismo político como Herbert Marcuse, tomaron otro camino y suplantaron al proletario revolucionario (que nunca existió) por el intelectual radical, en esta nueva izquierda plotiniana de séptima generación. Y es esta la ideología imperante en un mundo en donde el marxismo político es «perro muerto».
Los grupos que comulgaban con el viejo marxismo se tuvieron que amoldar a un nuevo mundo y a una nueva izquierda, y sabían que para mantenerse no debían recurrir a las armas que habían utilizado en el pasado. Hace unos años escribí un artículo sobre lo que es la narcopolítica y el narco-Estado, en ella hacía notar la involucración de las izquierdas con el tráfico de estupefacientes. La alianza de los Castro con el boliviano Roberto Suárez Gómez el mayor narcotraficante de la época, y con Pablo Escobar.
El papel que jugaba en ese esquema el entonces senador de Chile, y luego presidente Salvador Allende. La dictadura de Cuba utilizó en el siglo pasado el narcotráfico como arma antiimperialista para agredir a Estados Unidos, destruir su juventud y de paso conseguir dinero. En el siglo XXI con la expansión de las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua se aplicó la misma metodología delictiva. El castrismo convertido en socialismo del siglo XXI, pasó de participar en el narcotráfico como una excusa antiimperialista a ser el cartel de las dictaduras/narcoestados de iberoamérica.
La narrativa de las dictaduras, fue la excusa para enarbolar uno de los mayores crímenes como instrumento de la Revolución. En el artículo mencionado hacía notar que cuando se descubrió que Cuba era el narcoestado de la región, Fidel Castro para cubrir sus huellas y crímenes mandó a encarcelar y fusilar a quienes operaron bajo su mando, y ese fue el destino del general Ochoa y del coronel de la Guardia. Allí se puede ver la protección a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo mismo que el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En el caso de las FARC, impusieron como tratado de paz la impunidad de un grupo criminal pese a que la guerrilla y el narcotráfico, continúan bajo la excusa de «disidentes de las FARC», y en el caso del (ELN) la dictadura protege en Cuba a los jefes narco-terroristas. En el caso de Colombia, el mayor responsable de la actual situación es el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, al tener poca o nula capacidad para «conocer a las personas», como decían los viejos maestros de la política.
Elegir a Juan Manuel Santos como su delfín cuando la guerrilla estaba prácticamente al borde del nocaut, es un error imperdonable que deberá cargar toda su vida. En otra frase célebre Gramsci dijo: «Los revolucionarios ven la historia como obra de su propio espíritu, como realizadas por una serie de empujones violentos contra las otras fuerzas de la sociedad —tanto activas como pasivas—, y disponen lo máximo de las condiciones favorables para el empujón definitivo (la revolución)».
El único empujón lo recibieron ellos y ahora estos revolucionarios son unos simples delincuentes narcotraficantes. Ante el fracaso de la revolución armada y sin ideología donde agarrarse, ven su supervivencia en el tráfico de drogas y otro tipo de crímenes afines. Pobre Antonio Gramsci, su mundo está muerto y bien enterrado. En nuestro tiempo el socialismo del siglo XXI, es el patrocinador de los narcoestados como Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que, utilizan su condición de Estados, de sujetos de derecho internacional y como miembros en organismos internacionales defienden en esos foros el narcotráfico.
Ya en abril de 2016, ante la ONU, en su discurso numerado 883, titulado «Evo Morales pidió disolver la DEA luego de demostrar el fracaso de la lucha antidroga», con el respaldo de Cuba, Venezuela y Nicaragua repitió la mentira castrista de que la «lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo para oprimir a los pueblos» y pidiendo una «resolución de la ONU» para acabar con la DEA y la lucha contra el narcotráfico. Nicolás Maduro es el jefe del «cartel de los soles» y está acusado en los tribunales de New York, junto a los miembros de su gobierno y corte judicial, y existe una recompensa por su captura de 10 a 15 millones de dólares por cada uno.
El 26 de marzo del 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, hizo una acusación formal contra Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, por los delitos de narcoterrorismo, corrupción y tráfico de drogas, además de 14 funcionarios del más alto nivel como Maikel José Moreno Pérez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, hoy fugitivo del (ICE), de Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. Nicolás Maduro facilitó el tráfico de drogas de Colombia a Venezuela, y de ese país a México, con la complicidad de las FARC y los carteles mexicanos, como el de los Beltrán Leyva, José Gerardo Álvarez Vázquez, alias el Indio, padre de la hija de la ex miss universo, la gordita Alicia Machado.
Cinco ex jefes de las fuerzas del orden del estado plurinacional de Bolivia de Evo Morales y Luis Arce «cayeron por sus vínculos con el tráfico de drogas». Según informes: «la DEA reveló que el jefe policial antidrogas del gobierno de Evo Morales ofrecía protección armada al narcotráfico en Bolivia». Y el diario El Deber de ese país reportó que «Hay 10 mafias del narcotráfico internacional con presencia en Bolivia».
La triste tragedia del marxismo político a condenado a sus seguidores a unirse a todo grupo criminal, a grupos trasnacionales existente, para debilitar las sociedades, en esto son iguales a los globalistas económicos, ya que para ellos no hay fronteras nacionales. En los últimos meses las noticias de los medios dejaron al descubierto el accionar de bandas o pandillas que operan en iberoamérica, como la Mara Salvatrucha, las bandas ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos, el grupo venezolano Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa, México, y la guerrilla colombiana ELN, estos últimos son grupos archiconocidos.
Existen otras bandas, pero de menos envergadura, pero en esto consiste el gran desafío que deben enfrentar los Estados, y que son conscientes del enorme daño que representan estos grupos, y que no quieran pactar como lo hizo el gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador. Sobre este sujeto me ocuparé en otro artículo. Centros de estudio han analizado el crimen organizado en iberoamérica, y aplicaron un método de evaluación que tiene en cuenta variables como el dominio territorial, las economías criminales, su penetración en el Estado, su estructura militar, su capacidad organizativa, y las alianzas con otros grupos criminales.
Ecuador en 2018, tenía seis homicidios por cada 100.000 habitantes y en 2023 la cifra llegó a 46 homicidios, lo que implica un aumento de casi el 800%. Las noticias mostraban los motines sangrientos, los migrantes secuestrados, cuerpos mutilados, la toma de rehenes en vivo durante la emisión de un noticiero de TV. La violencia del narco es la causante de la mitad de los homicidios en iberoamérica. Ecuador es un triste ejemplo de lo que es el crimen organizado y el narcotráfico, que hoy constituyen la mayor amenaza continental.
Todos estas bandas están apoyados o justificados por las izquierdas políticas y culturales. El senador republicano, Marco Rubio, en una entrevista concedida al canal NTN 24, dijo sobre el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, «no hay duda» de que el ex mandatario y su grupo político, el movimiento Revolución Ciudadana, tienen nexos con grupos criminales. «No creo que hay duda que (Rafael) Correa y su grupo político tienen enlaces con estos grupos (criminales) y lo ha utilizado para su política interna. Para desestabilizar a los gobiernos que no son de la línea y lo hemos visto. Lo vimos cuando estábamos ahí».
Lo dijo Marco Rubio al ser consultado por las declaraciones de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, en las que aseguró que el ex mandatario tiene responsabilidad sobre la actual situación de crisis de inseguridad en Ecuador porque pactó con estos grupos en el pasado. El presidente Daniel Noboa, el 9 de enero del 2024, amplió el decreto de estado de excepción, de declaración sobre el conflicto armado interno y catalogó como terroristas a 22 organizaciones criminales.
El senador Marco Rubio insistió: «Lo que tenemos es una situación que existen bandas criminales con armas y con capacidad para amenazar al Gobierno y al Estado y es lo que vemos. Es una emergencia. Hay que hacer todo lo posible. Eso eventualmente tendrá un impacto sobre Estados Unidos sea en el tema migratorio, narcotráfico. No queremos ver a un gobierno en este hemisferio, democrático, aliado de Estados Unidos caer frente a las bandas criminales».
El ex presidente Correa desde su refugio europeo, en una entrevista con la radio La FM de Colombia. Calificó al senador republicano como «mamarracho». «Yo me puedo someter a un polígrafo y si no paso, me pego un tiro. Pásele esta oferta al senador Marco Rubio para ver si tiene los cojones». Parece que la tendencia al suicidio viene de familia, creo que la prensa debería preguntarse como murió el padre de Correa.
La revelación sobre la prisión bajo cargos de narcotráfico del padre del ex presidente Rafael Correa estuvo en manos de la prensa ecuatoriana durante varios meses, pero no la hicieron pública sino, únicamente, cuando alguien la denunció durante una entrevista de televisión. Un cable de la Embajada de los Estados Unidos en Quito del 18 de abril del 2007 relata cómo los medios de comunicación del Ecuador prefirieron no publicar ese dato, al que tuvieron acceso con anterioridad, y que hubiera podido afectar la imagen de Rafael Correa.
El documento deja en evidencia que cuando la campaña de desprestigio en contra de Rafael Correa, que había emprendido el ex presidente Lucio Gutiérrez, hizo público el caso, la prensa le dio un perfil más bien bajo con un tono crítico que terminó afectando más al propio Lucio Gutiérrez. El 13 de abril del 2007, dos días antes del referéndum para decidir sobre la convocatoria a la Asamblea Constituyente, Luis Almeida, diputado de Sociedad Patriótica, denunció que el padre del presidente Rafael Correa había estado preso hace muchos años en los Estados Unidos, acusado de narcotráfico.
Pero la prensa calló, excepto un Diario, y, más bien, tuvo una actitud crítica, lo que terminó perjudicando más a los intereses del ex presidente Gutiérrez que los del presidente Correa. Este episodio lo recoge el cable 104873, en el que la entonces embajadora Linda Jewel relata que la denuncia terminó siendo un búmeran para los intereses de Lucio Gutiérrez. El cable mencionado es uno de los más de 1.300 documentos del Departamento de Estado relacionados con el Ecuador que WikiLeaks entregó al periódico EL COMERCIO de Ecuador.
«Después de críticas fuertes de todos lados, la historia desapareció completamente de los titulares, el 17 de abril, y no tuvo ningún efecto en la votación, presentando al público una imagen compasiva de su carácter y dejando a Gutiérrez como miserable», dice el cable filtrado. El documento recuerda que Correa reaccionó el 14 de abril, admitiendo que su padre había estado preso en Estados Unidos.
En rueda de prensa, Rafael Correa afirmó que por ese motivo su infancia había sido muy dura pues tuvo que ayudar a su madre a generar los recursos necesarios para mantener la familia. «Yo no tengo nada que ocultar. Yo tuve una infancia muy difícil», dijo entonces Correa. El documento de la diplomacia estadounidense afirma que la denuncia hecha por Almeida fue recogida por el propio Gutiérrez el 14 y el 15 de abril, durante declaraciones públicas en las que llegó a calificar al gobierno de Correa como «mafia».
En resumen, la Embajada de los Estados Unidos en Quito transmitió al Departamento de Estado su visión de cómo la prensa prefirió autorregularse para no presentar una noticia que ya tenía, noticia que podía perjudicar a Correa y solo la publicó cuando esta se hizo pública. La embajadora Linda Jewel hace notar, por ejemplo, cómo periodistas que no eran afines al Gobierno -como Jorge Ortiz de Teleamazonas- prefirieron desestimar las afirmaciones de Gutiérrez y sus allegados.
Un personaje de televisión, Rodolfo Baquerizo, que generalmente simpatizaba con Gutiérrez, dijo: «Yo no creo que sea correcto, ético o decente meter a la familia en política». Un entrevistador de TV ignoró la declaración de Lucio Gutiérrez y otro lo criticó por hacer una acusación irrelevante, que en nada contribuía a la conciliación nacional. El entrevistador de Luis Almeida, Jorge Ortiz, respondió elusivamente, «si eso es verdad, es su padre ya fallecido».
Linda Jewel concluyó que «la infancia de Correa claramente influenció su percepción sobre la guerra contra las drogas». Toda la razón del mundo para la funcionaria, en general, los izquierdistas como Rafael Correa, son gente resentida, y esos hechos vividos en su infancia provocaron taras psicológicas que no pudo superar, de ahí su odio por Estados Unidos, como si los Estados Unidos fuera el delincuente y no su padre que no se puso a trabajar como todo el mundo.
Rafael Correa, dijo que su padre fue víctima del sistema y que la desesperación de su padre lo convirtió en uno de los tantos que fueron excesivamente castigados por una infracción relativamente menor. «No tengo nada que ocultar. Tuve una niñez muy dura. A los cinco años mi padre, un desempleado, llevó droga a Estados Unidos y cayó preso. Y vivió tres años en prisión» en la década de 1970, dijo Correa.
Que tipo idiota este Correa, «víctima del sistema», así empezó el Chapo Guzmán, como víctima del sistema. Rafael Correa dijo que no tenía nada que ocultar, pero sí mucho que callar. El jefe de Estado tachó como «miserable» al diputado Luis Almeida por vincular la desgracia de su padre con un posible nexo de su familia con el narcotráfico. ¿Por qué es miserable Almeida, él hizo de mula?
Meses más tarde, en julio del 2008, y la Constituyente en el bolsillo, Correa, indultó a los reos acusados de haber transportado hasta 2 kilos de cocaína. Además de indultar a 3000 presos vinculados al narcotráfico y mediante un decreto ejecutivo estableció una «rebaja de 360 días a los internos sentenciados por un delito que tenga una pena máxima de cinco años y hubiesen cumplido el 30% de la condena».
«Concédase el indulto consistente en el perdón de la pena a las personas privadas de libertad, que hayan sido sentenciadas por el delito de tráfico ilícito, de sustancias estupefacientes y psicotrópicas sujetas a fiscalización que se consideren mulas del narcotráfico; entendiendo como tal a la persona que tratando de ingresar o sacar del país en puerto, aeropuertos o puntos de frontera haya sido detenida transportando sustancias estupefacientes o psicotrópicas dentro de la mínima o mediana escala»
«Por eso mi sensibilidad ante miles de presos por narcotráfico -y lo digo entre comillas-, que son simples mulas que llevan unos cuantos gramos desesperados por ganar unos dólares y son los que van a pudrirse en la cárcel ocho, diez años». Por unos cuantos gramos de cocaína nadie va preso. ¿La víctima del sistema, por qué no trabajó como su mujer vendiendo comida? A lo mejor vender comida era vergonzoso para Rafael Correa, padre, y hacer de mula no.
La actitud de los medios de prensa fue como siempre lamentable, muchos de ellos se preguntaban (como una forma de justificación) si la vida privada de los personajes públicos puede ser sujeto de escrutinio y eventual denuncia. Una persona que se dedica a la política, que por definición es pública, ya no tiene vida privada y mucho menos si es jefe de Estado. El periodismo de Ecuador había ingresado en una especie de romantización de la delincuencia. No sé si ahora en 2024 pensaran lo mismo.
Rafel Correa, obtuvo una beca para estudiar en la Universidad Católica de Santiago Guayaquil, institución de educación superior privada del Ecuador, en la que se graduó en Economía en 1987. Tras graduarse, sirvió como voluntario durante un año en una misión salesiana de Zumbahua (provincia de Cotopaxi), poblado rural de extrema pobreza, donde Rafael Correa prestó labores de alfabetización a indígenas y asesoramiento en el desarrollo de microempresas.
Durante este tiempo adquirió sus conocimientos de quichua, principal lengua indígena de Ecuador, y empezó su propia proletarización. Una nueva beca le permitió cursar una maestría en Economía en la Universidad de Lovaina, Bélgica. Y gracias a un intercambio académico auspiciado por la Universidad San Francisco de Quito, estudió en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos, hasta doctorarse en 2001. Su odio por Estados Unidos en ese caso quedó aparcado por conveniencia.
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El socialismo bolivariano del ex presidente Rafel Correa fue el mayor promotor del caos y de impunidad que ha sumido a Ecuador por las mafias del narcotráfico. Ecuador fue un país seguro comparado con sus vecinos. Entre los años 1994 y 2006, la tasa de homicidios se encontraba entre los 10 y los 20 casos por cada 100.000 habitantes. Durante el gobierno de su sucesor, Lenin Moreno, que rompió relaciones con Correa mudándose hacia el centro, la tasa de homicidios se redujo de 12,8 a 6,6 casos por cada 100.000 habitantes.
Los niveles alcanzados bajo mandato de Moreno fueron un 50% menos que bajo la gestión de Correa. En cambio, con Guillermo Lasso, el crecimiento se quintuplicó hasta situarse entre los 40-45 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2023. Los datos nos indicarían que Rafael Correa no tiene nada que ver con la actual situación, sin embargo, no es así. Muchas de sus decisiones tomadas condujeron a la situación actual.
Hay que decir que Rafael Correa en 2009, desmanteló la base estadounidense ubicada en la localidad de Manta. Un convenio de 1988 permitía a los Estados Unidos utilizar estas instalaciones para realizar misiones antidroga de alcance internacional. Las acciones operativas consistían en realizar detenciones, utilizando aviones, avionetas o barcos para supervisar las rutas del narcotráfico. Esta base impedía la infiltración de las FARC en suelo ecuatoriano y a arrinconar a los narcoterroristas en una Colombia que gobernaba Álvaro Uribe, que era eficaz contra estos grupos.
Rafael Correa, ayudó a la entrada progresiva del narcotráfico en el país. Rafael Correa estaba siendo investigado por la fiscalía ecuatoriana por una presunta financiación que había recibido de las FARC durante su primera campaña presidencial. Ese señalamiento surgió en 2008 cuando las fuerzas armadas de Colombia acabaron con Raúl Reyes, uno de los jefes del grupo narco-comunista, en una operación fronteriza que tuvo su desenlace en territorio ecuatoriano.
Rafael Correa terriblemente afectado se dedicó a confrontar con Álvaro Uribe y no colaboró con las investigaciones, sino que le daba protección a la narcoguerrilla en su país, y no hizo nada para evitar la propagación de narcotráfico en la frontera de Ecuador con Colombia. Con la confiscación de computadoras en manos de los jefes de la guerrilla, la inteligencia colombiana pudo acceder a documentos que luego serían corroborados por conocidos periodistas como Herbin Hoyos, quien diera a conocer el testimonio de distintos guerrilleros que afirmaron que Rafael Correa habría recibido un total de 500.000 dólares de las FARC, realizados a través de dos pagos.
Hay que recordar que el ex presidente Rafael Correa fue condenado a ocho años de prisión por delitos de corrupción, pero se fugó a Bélgica, lugar donde vive alejado de la justicia del Ecuador, y sigue sin responder por 34 casos penales para los que se requiere su presencia ante la magistratura. Pero desde la distancia sigue actuando como agente desestabilizador y contaba con la ayuda del autócrata, Vladimir Putin.
El dictador ruso durante años financió un programa de televisión de Correa, en su canal Russia Today (RT) pero ya ha prescindido de los servicios de Rafael Correa que ganaba 16.000 euros, por entrega y, que, desde el 1 de marzo de 2018, tenía el programa de entrevistas: «Conversando con Correa». Durante los años de gobierno de Correa, se produjo el acercamiento con las narcopandillas como los Latin Kings o Las Ñetas, que participaron en un «proceso de pacificación» que condujo a su legitimación. En el 2009 Correa llamó a estas pandillas «organizaciones sociales legítimas» y las comparó con los Boy Scouts.
Diez años después decía que «eran jóvenes, eran nobles y solamente necesitaban oportunidades. Nuestra revolución se las dio». La eliminación de solicitud de visado para ingresar a Ecuador fue determinante para que el país se convirtiera en un refugio de delincuentes. Este año, el gobierno de Daniel Noboa anunció que se veía obligado a deportar a 1.500 presos extranjeros, la mayoría colombianos y también del Perú y Venezuela. Estos tres países suman el 90% de las expulsiones, pero el problema de la falta de visado sigue y viene de los años de Correa.
Desde el 2006 hasta 2017 encontramos que la incautación de droga subió de 35 a 119 toneladas bajo el gobierno del socialista bolivariano. Tras cuadruplicarse en los años de Rafael Correa, la cifra sigue creciendo hasta llegar a las 200 toneladas en 2023. Ecuador en la actualidad es uno de los mayores productores y distribuidores de coca. El epicentro de esta actividad está en el lugar donde estaba ubicada la base de Manta que Correa desmanteló.
El narcotráfico también actúa bajo la facilidad de una sofisticada red de lavado de dinero que se aprovecha de la dolarización para blanquear las rentas de la droga. El país se ha convertido en un centro de blanqueo de capitales, actividad que se canaliza a través de la construcción y del sector inmobiliario, también a través de franquicias farmacéuticas, concesionarios de venta de automóviles, centros comerciales, restaurantes o gasolineras. El ladrillazo es evidente en Quito.
Una reciente investigación en el marco de la Operación Metástasis puso de manifiesto los vínculos que el narcotráfico estableció con magistrados, policías y políticos. La fiscal general, Diana Salazar, señaló que «el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado y opera en instancias judiciales y políticas para lograr la impunidad». En el 2023, Ecuador sufrió 7.878 crímenes, pero solo fueron resueltos 584, los asesinatos solo fueron aclarados un 10% del total.
El problema que significa la constante fuga de los narcotraficantes, como sucedió en Chimborazo, cuando el jefe de la banda Los Lobos tras provocar un tumulto entre los reclusos y los agentes encargados de custodiar el centro, logró escapar. La Carta Magna impulsada por Rafael Correa, que sigue en vigor, limita la autoridad de la policía y del ejército, y cuando el ex mandatario Guillermo Lasso quiso reforzar el control de las cárceles fue rechazada por la Corte Constitucional, un órgano donde el socialista Correa tenía mayoría hasta el pasado mes de octubre.
Daniel Noboa, ha comunicado su plan de trasladar a los delincuentes más peligrosos del país a barcos-prisión en altamar. Los casos Metástasis y Purga demostraron cómo los funcionarios públicos actuaban a favor de narcocriminales que vivían entre lujos y la impunidad, eso mostraron los operativos del 14 de diciembre de 2023 y del 4 de marzo de 2024. La red de favores ilegales a un narco asesinado y sus socios, y el manoseo de la justicia en una de las cortes provinciales más importantes del país prueba la debilidad del Estado, y el servilismo de funcionarios públicos con los narcos.
El asesinato de Leandro Norero, que había caído preso en Perú luego de simular su muerte, dio pie a la fiscalía para revisar las conversaciones. Los chats salpicaron a políticos, funcionarios, jueces, abogados y a un periodista. Según la fiscalía el caso Metástasis, fue «el más grande de la historia en contra de la corrupción y el narcotráfico», y que permitió el arresto de 31 de los 38 vinculados entre ellos el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y del ex general de Policía, Pablo Ramírez, que ejerció como director antinarcóticos y director del servicio de cárceles del país.
El caso Metástasis derivó en el caso Purga, donde se trata de probar los nexos de la justicia, la política y el narcotráfico que tenía como sede la Corte Provincial del Guayas. En donde se compraban jueces, se interfería en sorteos y se fallaba a favor de los involucrados en la estructura denunciada por el Ministerio Público. Las más recientes detenciones se encuentran estancada ya que nueve de los 15 jueces penales que la conforman están procesados.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, lidera ambos procesos contra las redes del crimen organizado, y enfrenta un riesgo personal, ya que recibe amenazas constantes contra su vida. La fiscal utiliza un chaleco antibalas y se desplaza acompañada de un grupo policial que porta armas largas. En los alrededores de su oficina, se colocaron vallas y una tanqueta como medidas de seguridad. El equipo de protección de la fiscal cuenta con francotiradores.
Según la fiscal «se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estadio y vinculada directamente al narcotráfico». Los detenidos del caso Metástasis contaban con «dinero obtenido de actividades ilegales y ubicaban a funcionarios corruptos que llevaban sus procesos (judiciales) para obtener ventajas indebidas en un sistema consumido por el cáncer de la corrupción».
El caso Purga, que incluyó 12 allanamientos y 12 detenciones, y descubrió cómo la corrupción ha llegado desde las altas esferas políticas hasta el sistema judicial. Este caso, dijo Salazar: «es una demostración de cómo la corrupción se generaba desde las más altas esferas de la política legislativa, que ponía a su servicio y, obviamente, al del narcotráfico la administración de justicia en una de las provincias más influyentes del país: Guayas, por medio de la cual, economías criminales habían encontrado un vehículo de operación muy rentable para que campee la impunidad».
Leandro Norero, se inició en el mundo criminal con Los Ñetas, una banda armada que originalmente se formó en Puerto Rico, y luego formó a los Chone Killers, un grupo calificado como terrorista por el gobierno ecuatoriano y de financiar a Los Lobos, la mega banda más violenta del país y con mayor influencia territorial. Pese a esto, Norero tenía vínculos políticos y funcionarios del más alto nivel.
El Ministerio Público obtuvo más de 14.000 hojas de conversaciones de Norero, que se volvieron piezas clave en el caso Metástasis, Salazar expuso algunas de las conversaciones frente al juez. En una de las conversaciones el abogado de Leandro Norero, Helive Ángulo reporta al narco que a varios jueces nacionales «les han dado buen trato entreteniéndoles con mujeres de buena presencia». En los chats, Ángulo dice a Norero: «El habeas corpus en la Corte Nacional está asegurado con jueces como Byron Guillén y Walter Macías, que son personas fáciles de llegar a través de mujeres de buena presencia».
Entre las personas ligados a Norero están el ex secretario de seguridad de Guillermo Lasso, Diego Ordóñez, del periodista de La Posta, Andersson Boscán, de la alcaldesa correísta María Fernanda Vargas y de Xavier Jordán, prófugo por el caso de la corrupción en los hospitales y denunciado por el asesinado Fernando Villavicencio. Las conversaciones entre Jordán y Norero podrían vincularse a la investigación que busca determinar a los autores intelectuales de Fernando Villavicencio.
En una entrevista con Teleamazonas, la fiscal Salazar dijo: «Existen otros chats, que no están vinculados todavía, que tienen relación con Xavier Jordán. Y es él quien le pide específicamente (a Norero) iniciar con estos seguimientos (a Fernando Villavicencio), con las ubicaciones. Existen fotografías del domicilio, de sus personas más allegadas, por pedido de Xavier Jordán». En las conversaciones, se lee: «Te vengo diciendo. Llevémonos a algún hp, para que paren (de mencionarlos en noticias)», este mensaje fue enviado por Jordán a Norero.
Según la Fiscalía, habría una conspiración contra el asesinado Villavicencio, pues Jordán habría pactado con Norero el envío de unos «gatos» (espías) para vigilar al entonces legislador. Una de las conversaciones que la fiscal ha relatado como relevantes entre el periodista Andersson Boscán y Leandro Norero es una en la que el periodista le pide al narco información sobre ciertos funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso con relación a las aduanas.
Boscán le recalca a Norero que está interesado específicamente en el tema político y que no le interesa ni el contrabando ni las drogas. Sobre esto, el periodista explicó: «La frase de ‘no me interesa el narcotráfico y el contrabando’ tiene una sencilla explicación: Yo soy fan de tener la cabeza pegada al cuello. A mí me gusta mucho que no me maten».
María Fernanda Vargas es la alcaldesa de Simón Bolívar, un municipio de la costa ecuatoriana. En febrero de 2023, Vargas llegó al cargo impulsada por la Revolución Ciudadana, movimiento afín al ex presidente Rafael Correa. Mientras el movimiento político, en 2022, preparaba sus cuadros para las elecciones municipales de este año, Vargas era mencionada en los chats del narco Norero.
En una conversación entre el narco Norero y Mayra Salazar, una ex funcionaria de la Judicatura que fue descrita por la Fiscalía como la encargada de «armar escenarios idóneos que podían favorecer a la impunidad y libertad que pretendía la organización criminal», esta le dice al capo que debe entrenar a Vargas para «que no hable tonteras». Norero se ríe y dice «Esa man es loca. Qué cree que hará por la alcaldía». La funcionaria Salazar dijo que una vez que Vargas llegue a la alcaldía «hay que adiestrarla».
El capo narco Norero, que además habría tenido una relación sentimental con la funcionaria Salazar, le cuenta que: «Esa man (en referencia a Vargas) siempre se me insinuaba». Mayra Salazar responde: «Más le vale porque no me gustan los infieles». El siguiente mensaje del capo cuenta: «Yo la mandaba (a Vargas) a misiones. Le decía anda a verme tal cosa a tal lado y esa (lo hacía) sin asco». Salazar pregunta: «¿Qué le iba a ver?». Norero responde: «Armas. Después me decía que le preste una».
Dentro del caso Purga, Muentes, Gallardo y el juez Johan Marfetán, también vinculado al caso Metástasis, fueron presentados como autores del delito de delincuencia organizada, según el Ministerio Público. Los otros nueve involucrados habrían actuado en calidad de colaboradores. La jueza Gallardo buscaba llegar a la Corte Provincial y le pagó a la relacionadora pública 2.500 dólares. La fiscal Diana Salazar cuestionó aquello pues dijo que un juez gana alrededor de 4.000 dólares: «¿Cómo le pagaba a Mayra Salazar ese sueldo, la jueza Gallardo?», increpó la fiscal general.
Cuando Fernando Villavicencio fue asesinado, Daniel Salcedo, condenado y procesado por varios delitos, se comunicó con Mayra Salazar. Salcedo envió un video a Mayra Salazar para que ella lo difunda. En ese video, el grupo delincuencial se deslinda del asesinato de Villavicencio. En la audiencia se reprodujo un fragmento donde se escuchó: «No se dejen engañar. Nosotros somos el GDO (grupo de la delincuencia organizada) Los Lobos. No nos tapamos la cara, nadie habla por nosotros y sí cumplimos con la paz. Aclaramos y rechazamos el asesinato del candidato a la Presidencia, el señor Fernando Villavicencio. Y dejamos en claro que nosotros jamás hemos asesinado a personas del Gobierno o civiles».
Según la Fiscalía, Salcedo quien se encargó de que Mayra Salazar difundiera ese mensaje: «Ese video fue generado desde el teléfono y usuario de Daniel Salcedo… Mayra Salazar le responde que ya lo pasa a grupos de prensa también». Para la fiscal Salazar, este hallazgo contribuirá a determinar quiénes son los autores intelectuales del asesinato del político. Las investigaciones del magnicidio indican que la orden de matar al político fue dada por miembros de Los Lobos y ejecutadas por miembros del grupo en Quito.
Los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla que enfrentaron acusaciones de crimen organizado, lavado de dinero y fraude procesal, usaban a intermediarios como Mayra Salazar para influir en la designación de jueces para sus casos penales y los de su hermano, así como en la suspensión de audiencias y la obtención de resoluciones favorables, todo a cambio de pagos económicos. Ante la propuesta de Salcedo, los jueces Henry Morán y Guillermo Valarezo, según las conversaciones, habrían solicitado sobornos para favorecer a los Salcedo Bonilla en decisiones judiciales.
En abril de 2023, Daniel Salcedo pidió a Mayra Salazar que mediara con el juez Henry Morán, de la Sala de lo Penal de la Corte de Guayas, para organizar un encuentro en persona. Salcedo fue liberado en esa fecha y buscó influir en el caso relacionado con su hermano Noé. Durante esas conversaciones, se mencionó a «la amiga», el alias que según la Fiscalía pertenece a Fabiola Gallardo, quien entonces era presidenta de la Corte Provincial y bridaba ayuda a cambio de dinero.
Dos meses después, Salcedo volvió a solicitar ayuda a Salazar para posponer una audiencia relacionada con su hermano, le ofreció 1.000 dólares por cada juez, de acuerdo a un pago previo que ya había hecho por esa cantidad. En octubre del mismo año, solicitó nuevamente posponer una audiencia, a lo que Salazar respondió que enviaría a un juez a un spa para evitar que se celebrara.
En las conversaciones se menciona un acuerdo con dos jueces del tribunal. El trato consistía en un pago de 40.000 dólares, financiado por la madre de Salcedo. En las comunicaciones Salcedo y Salazar hablan sobre lo complicado de «influir» en el tribunal ya que el caso era de relevancia pública. En junio de 2023, Salazar comunicó a Salcedo que el juez Guillermo Valarezo no estaba interesado en involucrarse en el caso y que Morán solicitaba 500.000 dólares.
«En Guayas todo era posible. ¿Por qué? Gracias al control del grupo criminal que mantenía en la administración de justicia en la provincia de Guayas», dijo la Fiscal Salazar en su acusación. La aparición de dos grupos narcos criminales como Los Lobos y Los Choneros, que se encuentran enfrentados por el dominio del control de las rutas del narcotráfico, han llevado las cosas a un descontrol.
El auge de estas bandas son el reflejo del incremento criminal en la tasa de homicidios: de seis por 100.000 habitantes en 2016 a 46 por 100.000 en 2023, según las estadísticas proporcionadas. Los Choneros se convirtieron en una de las bandas carcelarias más violentas después de que fueran detectadas a finales de los 90. La estrategia de distribuir por todo el sistema penitenciario a los líderes y miembros de la banda, que fue en sus inicios exitoso, luego derivó en un problema peor ya que los miembros armaron subgrupos que no responden a la jefatura central.
Este es una de las principales causas para que la violencia en las cárceles se haya desatado a niveles sin precedentes, mostrando el conflicto continuo entre grupos rivales. Una vez que lograron un enorme crecimiento en la provincia de Manabí y la ciudad costera de Manta, Los Choneros pasaron de controlar las rutas de drogas para los carteles colombianos a cometer otros ilícitos como el microtráfico, el sicariato y la extorsión en las calles de Ecuador. El asesinato de sus líderes y fundadores como Jorge Luis Zambrano, alias «Rasquiña», y Junior Roldán, alias «JR», dejó un vacío de poder que provoca luchas internas por el control de la organización.
La decisión de trasladar a José Adolfo Macías Villamar, alias «Fito» a una prisión de máxima seguridad en Guayaquil en agosto de 2023, buscando minimizar su influencia dentro de la organización. Sin embargo, su fuga en enero de este año y la toma de un canal de televisión en plena emisión del noticiero en vivo, desató el caos. Se sabe de la presencia de Los Choneros y sus diversos subgrupos en seis provincias: Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Santa Elena y Esmeraldas.
Los Choneros son relacionados por las autoridades con el transporte de cargamentos de cocaína desde la frontera de Colombia al puerto de Guayaquil en solo seis horas, lo que los vuelve en activos muy valiosos para organizaciones como el Cártel de Sinaloa de México. Las cambiantes alianzas entre pandillas han llevado a la creación de estructuras como Nueva Generación, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México.
Los Lobos dominan áreas claves de la cadena delictiva, manipulando puntos que son estratégicos dentro del territorio ecuatoriano para facilitar sus actividades criminales, pero también expandieron sus actividades ilícitas para incluir la minería ilegal, la comercialización de vacunas falsificadas y la trata de personas o trata de blancas. La plataforma ciudadana SOS Cárceles indicó que los atentados registrados en varios lugares del país en 2023, fue debido al traslado del cabecilla de Los Lobos, alias «Gordo Lucho», quien fue llevado de la Cárcel de Latacunga a la prisión de máxima seguridad La Roca.
Todo esto es obra del «Narcosocialismo».
11 de marzo de 2024.