LOS DOCUMENTOS CLASIFICADOS
Ricardo Veisaga
Esta historia comenzó cuando la justicia inició un proceso contra el ex presidente Donald Trump, quien se negaba a entregar documentos clasificados que le venían solicitando desde hacía un año. Trump los tenía guardados en su mansión de Mar–a–lago, en Florida. Sus abogados terminaron entregando quince cajas, pero se quedaron con otro número no especificado de documentos que Donald Trump considera «de propiedad privada».
El presidente Biden criticó la actitud de su antecesor hasta que sus propios abogados encontraron papeles clasificados como confidenciales en su propia casa de Delaware. Unos días más tarde se realizó una segunda inspección y se encontró otro lote de documentos. Como si esto no fuera suficiente, el ex vicepresidente Mike Pence salió a criticar la actitud del actual presidente Biden.
Pero sus propios asistentes encontraron también en su casa un lote de informes confidenciales que no debían estar en ese lugar. Los tres se encuentran ahora bajo investigación. La diferencia entre ellos está en que tanto Joe Biden como Mike Pence consideran haber cometido un «error», mientras que Donald Trump sostiene que esos documentos son propios. Analistas políticos consideraban como esencial en la vida política la relación amigo-enemigo, la distinción entre lo público y lo privado, y la relación mando-obediencia.
Por lo visto estos tres personajes no saben distinguir entre lo que es público y lo que es privado. Al ver estos incidentes que se desarrollan en estos días, uno estaría tentado a pensar que se trata de incidente inédito en la historia política de los Estados Unidos, pero no es así. Esta situación no es nueva, tiene un antecedente no muy lejano, y también podremos descubrir que muchos gobernantes cometieron el grave error de dejar escapar documentación clasificada.
En una mañana de invierno del 19 de enero de 1984, se produjo uno de los episodios más notorios de este tipo. Una estudiante de 13 años, Kristin Preble, llevó a la Escuela Secundaria Ingomar de Pittsburgh, un portafolio con cierre lleno de documentos clasificados del gobierno, la carpeta contenía material reservado de casi todos los conflictos mundiales.
Estos documentos terminaron en manos de alguien que ciertamente no tenía autoridad para tenerlos en su poder. Kristin Preble, llevó los documentos a la escuela para mostrarle a su clase de octavo grado, como parte de un curioso proyecto. Su padre Alan Preble, había encontrado los documentos en su habitación de hotel de Cleveland varios años antes y se los había llevado a casa como recuerdo.
Estos documentos encontrados pertenecían al gobierno de Jimmy Carter. el empresario Alan Preble encontró esos documentos en su habitación del hotel, dos días después del debate de 1980 entre Jimmy Carter y Ronald Reagan. Todo indicaba que los documentos llegaron al hotel por un descuido de la secretaria de prensa de Carter, Jody Powell. Alan Preble se los llevó a su casa de Franklin Park, donde permanecieron durante más de tres años como un recuerdo poco apreciado.
«…pero no creíamos que fueran importantes», dijo entonces Carol Preble, la madre de Kristin, aparentemente poco impresionada por las marcas que decían que era material clasificado. Kristin, sin embargo, «pensó que serían muy interesantes» para la clase de Ciencias Sociales. «Yo también pensé que serían geniales», completó Preble.
El profesor Jim DeLisio, contó que «se le saltaron los ojos» cuando leyó las advertencias en los documentos del interior. Entre ellas, Clasificado, Confidencial, Ejecutivo, y Propiedad del Gobierno de los Estados Unidos. «Realmente no quería mirarlo», dijo entonces. «Estaba demasiado… asustado. No quería saber».
Sin embargo, aquella noche, DeLisio, su mujer y su hija estudiaron detenidamente los documentos que contenían «todo lo que querrías saber de la A a la Z» sobre los acontecimientos mundiales y de Estados Unidos. Una carpeta estaba marcada como«Irán». Libia también estaba en la mezcla. Al no poder logar comunicarse con la familia de Kristin por teléfono, al día siguiente, DeLisio llamó al FBI, que recuperó rápidamente los documentos.
Un funcionario del Departamento de Justicia que habló entonces con The Associated Press bajo condición de anonimato dijo que el paquete de documentos tenía 10 centímetros de alto. El profesor DeLisio fue reprendido por los responsables de la escuela por haber llamado a las autoridades antes de hacerlo con la familia Preble o con ellos.
El descubrimiento de estos documentos, alimentó una investigación más amplia de un comité del Congreso dirigido por demócratas sobre otra serie de documentos clasificados del gobierno de Carter obtenidos (supuestamente) por la campaña de Ronald Reagan previo al debate presidencial entre ambos, un episodio conocidocomo «Debategate».
Tanto el incidente de la Escuela como el Debategate tuvieron que ver con el mal uso de documentos clasificados que el presidente demócrata Jimmy Carterutilizó para preparar un debate con su rival republicano Ronald Reagan en Cleveland el 28 de octubre de 1980. En este último caso, la campaña de Reagan obtuvo (algunos dijeron que robó) el material informativo de Carter para el debate.
El Departamento de Justicia de Reagan rechazó los pedidos del comité de nombrar un abogado especial para ese asunto. Un proceso judicial para forzar ese nombramiento fracasó y no se inició ninguna causa penal. El Debategate se desvaneció, pero no la preocupación por el manejo de documentos clasificados por parte de los gobernantes. En cuanto a Kristin Preble, obtuvo un sobresaliente en historia y un 8 en su proyecto escolar.
No sólo Joe Biden y Donald Trump están en apuros por su manejo de esos materiales. Al menos tres presidentes, un vicepresidente, un secretario de Estado, un fiscal general, están implicados en el mal manejo de documentos clasificados en Estados Unidos, no es un problema exclusivo del presidente Biden y su antecesor Trump.
Las revelaciones sobre mal manejo de los documentos dejan al descubierto una verdad incómoda: las políticas destinadas a controlar el manejo de los secretos de la nación se aplican al azar entre los altos funcionarios y dependen casi por completo de la buena fe. Los funcionarios actuales y anteriores involucrados en el manejo de información clasificada dicen que si bien existen políticas claras sobre cómo se debe revisar y almacenar dicha información, esas políticas a veces se dejan de lado en los niveles más altos.
«Los ejecutivos van y vienen a su casa con documentos y los leen. Los leen por la noche, los traen de vuelta», dijo el senador Tim Kaine, D-Va. Comparó ese patrón para los altos funcionarios con los senadores, a quienes se les exige que retengan materiales clasificados en habitaciones seguras en el Capitolio.
El problema ha llegado a cobrar mayor importancia desde que Donald Trump retuvo deliberadamente material clasificado en su propiedad de Florida, lo que provocó la incautación de miles de páginas de registros por parte del FBI el año pasado.
Trump no fue el primer presidente en manejar mal la información clasificada. El expresidente Jimmy Carter encontró materiales clasificados en su casaen Plains, Georgia, en al menos una ocasión y los devolvió. Hasta antes de la presidencia de Ronald Reagan, los registros presidenciales generalmente se consideraban propiedad privada del mandatario.
El asunto se complicó más cuando se supo que el ex vicepresidente Mike Pence también tenía esos registros en su poder después de dejar el cargo. Al igual que Joe Biden, Mike Pence los entregó voluntariamente a las autoridades. En el caso de Pence, el material encontrado en las cajas provino principalmente de su residencia oficial en el Observatorio Naval, donde los ayudantes militares se encargaron del embalaje en lugar de los abogados del personal. Las cajas estaban cerradas con cinta adhesiva y no se cree que se hayan abierto ya que estaban empacadas.
Los ex mandatarios insisten en que siempre han manejado adecuadamente los materiales clasificados. Un portavoz del ex vicepresidente Dick Cheney dijo que no dejó el cargo con material clasificado. Freddy Ford, vocero del ex presidente George W. Bush, dijo que «todos los registros presidenciales fueron entregados al salir de la Casa Blanca».
Un portavoz del ex presidente Barack Obama no hizo comentarios, pero señaló una declaración de 2022 de los Archivos Nacionales de que no había ningún faltante. La oficina de Bill Clinton dijo que todos los materiales se entregaron correctamente de acuerdo con la ley. Los expertos indican que los días de cierre de cualquier presidencia son caóticos, ya que los asistentes revisan los materiales acumulados de sus jefes durante años para determinar qué se debe entregar a los archivos y qué se puede conservar.
Sin embargo, hubo acusaciones de documentos mal manejados mientras los funcionarios aún estaban en funciones. Pero rara vez se castiga a los funcionarios por estos errores. Eso se debe en gran parte a que, si bien la ley federal no permite que nadie almacene documentos clasificados en un lugar no autorizado, solo es un delito perseguible cuando se descubre que alguien «a sabiendas» sacó los documentos de un lugar adecuado. Los documentos mal manejados a menudo se devuelven sin hacer mucho ruido ni con la cobertura de noticias nacionales.
Como funciona el sistema de documentos clasificados de Washington
El sistema de clasificación es obsoleto y está colapsado, dicen los expertos. «Mucha inteligencia secreta no es realmente secreta, y lo que es secreto no siempre es muy inteligente», repite este apotegma que circula desde hace décadas por los pasillos del poder de Washington. Sin embargo, el sistema de clasificación de documentos está más vivo que nunca.
Perduran desde 1774,cuando las actas de ciertas sesiones del Congreso fueron restringidas al público. Desde entonces, las administraciones se suceden y siguen acumulando una enorme cantidad de documentos clasificados que por alguna razón no pueden ser expuestos. Se calcula que el año pasado fueron unos 90 millones los documentos que entraron en el sistema. Tres por segundo.
El sistema tiene una magnitud que es incontrolable, según un funcionario de los Archivos Nacionales que es la institución encargada de guardarlos. Hay varios niveles de acceso. También hay varios niveles de clasificación de documentos. Unos 2.000 funcionarios se ocupan en Washington de clasificar cada día el nivel de seguridad con el que deben ser archivados los documentos.
Los presidentes y vicepresidentes tienen un acceso casi irrestricto. Pero como todo el resto de los funcionarios tienen prohibido llevarse esos papeles a su casa. Algo que «olvidaron» hacer Donald Trump, Joe Biden y Mike Pence. Y ahora están los tres encerrados en un laberinto jurídico de consecuencias políticas desconocidas.
La «Presidential Records Act» (PRA), una ley de 1978, obliga a los presidentes y vicepresidentes estadounidenses a transferir todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales. La PRA cambió la titularidad legal de los archivos oficiales de un presidente, que pasaron de ser privados a públicos a partir del 20 de enero de 1981, cuando Reagan tomó posesión de su cargo.
La ley se extiende también a los archivos de los vicepresidentes. Al final de cada mandato, los documentos clasificados bajo diferentes niveles de seguridad deben ser enviados a los Archivos Nacionales y los considerados documentos históricos de los presidentes son transferidos a las bibliotecas y museos presidenciales.
Estas son bibliotecas y centros de estudios construidos especialmente una vez que termina el mandato en los estados de los que son oriundos o en universidades. A los cinco años desde que dejaron la Casa Blanca, los documentos desclasificados pasan a ser de acceso público, pero muchos otros quedan por décadas en la oscuridad.
La primera resolución tomada en Estados Unidos para proteger los secretos de Estado data del 6 de septiembre de 1774 cuando se aprobó una ley para los congresistas:
«Resuelto, que las puertas se mantengan cerradas durante el tiempo de los negocios, y que los miembros se consideren bajo las más fuertes obligaciones de honor, para mantener los procedimientos secretos, hasta que la mayoría ordene que se hagan públicos».
Todos los documentos que son elaborados en la Casa Blanca deben ser enviados obligatoriamente a los Archivos Nacionales para ser clasificados. Las personas que están encargadas de esta tarea, se supone que se trata de agentes de inteligencia y abogados del más alto nivel que de esa manera tienen acceso a una cantidad infinita de información. Son los que determinan si un documento requiere la autorización de seguridad.
Existen tres niveles de clasificación: «confidencial», el más bajo, «secreto» y «alto secreto». De esta manera pueden volver a las manos de los funcionarios que lo necesiten, pero siempre y cuando tengan el nivel de acceso adecuado. Se calcula que son 1,3 millones de personas las que tienen el nivel más alto para acceder a estos secretos.
De todos modos, estos funcionarios sólo pueden acceder a la información «nomilitar». El nivel con la información emanada del Pentágono y las agencias de seguridad está sumamente restringido y con mayores niveles que el de los civiles.
La denominada «Ley de Espionaje», prohíbe a los funcionarios estadounidenses guardar documentos clasificados en lugares no autorizados y no seguros. Esto incluye trasladarlos a sus residencias privadas una vez que dejaron el cargo público. Toda persona que intencionadamente oculte o destruya documentos oficiales «podrá ser multada y encarcelada por un máximo de tres años, y podrá ser inhabilitada para ocupar cargos públicos y para ser elegida para un cargo».
Antes la justicia tiene que determinar si se hizo «intencionalmente». Y de aquí se toman en la Casa Blanca. El abogado de Biden, Richard Sauber, dijo que confiaba en que la investigación del recién designado fiscal especial Robert Hur demuestre que los documentos clasificados encontrados en una residencia y una oficina privada del actual presidente «se extraviaron sin querer».
Por el mismo camino están transitando los abogados de Mike Pence, quien dio él mismo la orden de que revisen sus archivos en busca de documentos en su casa de Indiana. Lo de Donald Trump es mucho más complicado. Fueron los funcionarios de los Archivos Nacionales los que se dieron cuenta de que faltaban documentos. Y el ex presidente Trump se negó a devolverlos.
La mayoría de ellos estaban clasificados como de «alto secreto». Según el Departamento de Justicia, los documentos fueron «probablemente ocultados yretirados» de una sala de almacenamiento. Por eso, Trump se enfrenta también a una investigación por posible obstrucción a la Justicia. La ley estadounidense establece una pena máxima de 20 años de prisión por «obstruir una investigación federal destruyendo, falsificando u ocultando documentos».
La posesión de documentos secretos en manos de los ex más altos funcionarios, en el caso de Biden los mismos datan de la época en que era vicepresidente, está llevando a replantear el problema de la clasificación y el secretismo. Están pensando en «soluciones tecnológicas», según un congresista entrevista por la CBS.
El congresista en la entrevista aclaró que no estaban buscando reemplazar «una nube de papeles» por «una nube de bits» porque «lo único que conseguiremos es que las nubes choquen y provoquemos una tormenta perfecta».
Los legisladores oficialistas lanzaron duras críticas por el material clasificado hallado en poder del presidente de Estados Unidos. Los principales dirigentes demócratas se sumaron al coro de críticas acerca de la manera en la que el presidente Joe Biden manejó material clasificado luego de abandonar la vicepresidencia y la decepción de que la Casa Blanca no haya sido más comunicativa con el público.
Biden debería estar «avergonzado por la situación», dijo el senador por Illinois Dick Durbin, el segundo demócrata en el Senado, y agregó que el presidente cedió el terreno moral en un asunto que ya involucró al ex presidente Donald Trump. Hay que señalar que los asesores especiales nombrados por el fiscal general Merrick Garland investigan ambos casos.
«Bueno, por supuesto. Seamos honestos al respecto. Cuando se encuentra esa información, disminuye la estatura de cualquier persona que esté en posesión de ella porque se supone que no debería ocurrir. El funcionario electo es el máximo responsable». Dick Durbin.
El senador Joe Manchin, demócrata de Virginia Occidental, afirmó que Biden «debería arrepentirse mucho». Y agregó: «También podría decir: ‘Escucha, es irresponsable’». El presidente dijo a los periodistas que «no se arrepentía» de cómo y cuándo el público se enteró de los documentos y que «no había nada ahí».
Sin embargo, los demócratas defienden lo que dijeron era su cooperación con el Departamento de Justicia mientras se desarrolla la búsqueda de material clasificado adicional. Lo contrastaron con la resistencia de Trump a los esfuerzos para recuperar cientos de documentos después de dejar el cargo. «Es indignante que haya ocurrido cualquiera de las dos cosas», dijo Durbin.
Biden permitió voluntariamente al FBI entrar en su casa, pero la falta de una orden judicial no atenuó la naturaleza extraordinaria del registro. El presidente Biden comenzó a principios de enero con la revelación de que los abogados del presidente habían encontrado una «pequeña cantidad» de archivos clasificados en una antigua oficina del Penn Biden Center de Washington poco antes de las elecciones del 8 de noviembre.
La Casa Blanca reveló que el equipo de Biden encontró documentos clasificados y registros oficiales en otras tres ocasiones en los últimos meses: en registros de seguimiento realizados el 20 de diciembre en el garaje de su casa de Wilmington, y los días 11 y 12 de enero en la biblioteca de su domicilio.
El senador Manchin censuró a ambas personas por su manejo de documentos de seguridad sensibles. «Es simplemente difícil de creer que, en los Estados Unidos, tengamos un ex presidente y un presidente actual que estén básicamente en la misma situación», dijo. «¿Cómo puede ocurrir esto?».
Los descubrimientos socavan los esfuerzos de Joe Biden por dar una imagen de corrección ante el público estadounidense, de cara al inicio de su candidatura a la reelección en 2024, y al mismo tiempo, les preocupa a los demócratas que los problemas de Joe Biden hayan creado argumentos para los recién empoderados republicanos de la Cámara de Representantes.
«Tenemos que preocuparnos, ya que este nuevo grupo que tomó el control de la Cámara de Representantes nos prometió un sinfín de investigaciones, enfrentamientos, destituciones y caos, ¿qué va a pasar?». Dick Durbin.
El nuevo presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano de Kentucky, dijo que tomó a Biden «por su palabra cuando se encontró el primer grupo de documentos. Pero ahora esto pasó de ser simplemente irresponsable a francamente aterrador».
El Departamento de Justicia afirma que Donald Trump se llevó consigo cientos de documentos clasificados al abandonar la Casa Blanca a principios de 2021 y se resistió durante meses a los pedidos de devolverlos al Gobierno.
Si bien es cierto que Biden entregó de buen grado los documentos una vez encontrados. Pero el asunto está desgastando al presidente y a sus asesores, quienes dijeron que actuaron rápida y apropiadamente cuando se descubrieron los documentos, y que están trabajando para ser lo más transparentes posible.
La cuestión del secreto no es inédita en la historia. Todos los Estados se manejaron, se manejan y lo seguirán haciendo en base a resoluciones secretas. Una de las primeras clasificaciones de información tecnológica más eficaces que se conocen provienen de los primeros griegos. Las órdenes secretas viajaban en unas cajas especiales recubiertas de lo que llamaban el «fuego griego».
El fuego griego era un material que «se catapultaba de un combatiente naval de madera a otro durante el apogeo de la Edad de Bronce, cuando las ciudades-estado griegas guerreaban continuamente entre sí y contra cualquier otro enemigo que pudiera aparecer». La cobertura de las cajas estaba compuesta por algún tipo de brea o sustancia orgánica inflamable y se comportaba de forma muy parecida al napalm.
Los efectos del «fuego griego» en los buques invasores con casco de madera y propulsados por remos y velas eran catastróficos. Los ingredientes reales eran un secreto muy bien guardado, tanto que ni siquiera hoy se conocen.
Otro ejemplo de clasificación con fines puramente militares, por lo tanto, político, citado por los maestros de espías se produjo durante la guerra de Troya, cuando se ocultó a los soldados griegos dentro de un caballo de madera. Esa «acción de clasificación» se «desclasificó» con bastante rapidez cuando surgieron del caballo los soldados y abrieron las puertas de la antigua ciudad de Troya.
Una vez más, el ejemplo clásico de clasificación se produjo en el año 300 a.C., cuando el general chino Sun Tzu escribió «El arte de la guerra», libro que se le atribuye sin pruebas. Sun Tzu dijo: que «la formación y el procedimiento utilizados por los militares no deben divulgarse de antemano, debe mantenerse en órdenes secretas».