LA REVOLUCION IZQUIERDISTA ANDINA
La crisis interminable en el Perú
Ricardo Veisaga
El ex presidente Pedro Castillo
El 7 de diciembre de 2022, el Perú se tuvo que enfrentar a una nueva crisis politica institucional, una crisis endémica que ha llevado a tener seis presidentes desde 2018, en menos de cinco años. Además, muchos de los presidentes que gobernaron el país en los últimos 20 años, tuvieron problemas con la justicia.
Alan García, que gobernó el país en dos ocasiones, la última desde 2006 hasta 2011, lamentablemente se suicidó, agobiado por el acoso periodístico y la acción de las autoridades, justo cuando se acercaron a su residencia para ser detenido bajo acusaciones de diversos delitos de corrupción. Además de Alberto Fujimori, otros ex presidentes tiene que responder ante la justicia como Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski, y ahora Pedro Castillo.
La nueva presidenta Dina Boluarte, pidió una «tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional» y prometió que combatirá la corrupción con el apoyo de la Fiscalía y de la Contraloría. Vamos a exponer los sucesos que fueron más importantes que dieron lugar a la crisis institucional que aún no acaba, y nadie sabe cómo terminará.
-El presidente Pedro Castillo disuelve el Parlamento.
El presidente de izquierda de Perú, Pedro Castillo, anunció su decisión de cerrar el Congreso de la República y declarar «gobierno de excepción», la conformación de un Gobierno de emergencia, un toque de queda nocturno y un Ejecutivo por decreto.
Esa medida fue tomada a pocas horas de que se debatiera en el Parlamento su juicio político, el tercer intento de vacancia presidencial desde llegada al poder en julio de 2021. Un dato curioso, lo que se daba a entender es que la oposición no había logrado conseguir los 87 votos necesarios para sacarlo del cargo.
Lo que no estaba en los planes del presidente Pedro Castillo, fue el fuerte rechazo no solo de la oposición sino también de gran parte del oficialismo. La vicepresidenta Dina Boluarte lo acusó de haber perpetrado un intento de «golpe de Estado». Pedro Castillo quien llevaba 16 meses en el cargo, convocó además a nuevas elecciones de este poder del Estado y a la reorganización del Poder Judicial, la Fiscalía General y el Tribunal Constitucional. En su mensaje a la nación, dijo:
«Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Se convocarán elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución con un plazo no mayor de 9 meses».
Castillo dijo que a partir de hoy y hasta que hasta que se instaure «el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos ley» y argumentó que «el Congreso sin pruebas imputa al presidente por delitos» a partir de «afirmaciones hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cínica que injuria». Dijo también que el Legislativo «no investiga y sanciona actos delictivos de sus propios integrantes».
«El Congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral es decir el congreso ha roto el equilibrio de poderes y el estado de derechos para instaurar la dictadura congresal con el aval como ellos mismos manifiestan de su Tribunal Constitucional».
Castillo instó a los que poseen armamento ilegal a entregarlo a la Policía Nacional en plazo de 72 horas. «Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el decreto ley», exclamó.
En ese mismo día el Parlamento llevó a cabo un juicio político, lo destituyó del cargo y en su lugar asumió su vicepresidenta Dina Boluarte, quien lo había acusado de haber intentado perpetrar un «golpe de Estado» con la disolución del Congreso.
Primeras renuncias
Miembros del gabinete ministerial de Pedro Castillo renunciaron tras el anuncio del presidente el miércoles 7. La lista de renuncias incluye entre otros a los ministros Alejandro Salas (Trabajo), Kurt Burneo (Economía), César Landa (Relaciones Exteriores) y Félix Chero (Justicia), entre otros. Se apartaron también de Castillo los embajadores Manuel Rodríguez Cuadros y Harold Forsyth, quienes representaron a Perú hasta el día 7, en las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA), respectivamente.
El Tribunal Constitucional señaló: «Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador y el señor Pedro Castillo ha dado un golpe de estado ineficaz. Las Fuerzas Armadas están habilitadas para restituir el orden constitucional». La Procuraduría General del Estado informó que denunciará a Castillo ante el Ministerio Público por el cierre inconstitucional del Parlamento.
La reacción de parlamentarios tampoco se hizo esperar. El congresista independiente Carlos Anderson, señaló: «Con su ilegal, inconstitucional y criminal acto, Pedro Castillo incurre en causal de vacancia según el artículo 117 de la Constitución. Además, presentaremos una denuncia constitucional para inhabilitar a este corrupto criminal de por vida».
María del Carmen Alva, extitular del Parlamento e integrante de la bancada de Acción Popular, dijo: «Ahora los ministros más sobones renuncian después de haber avalado la interpretación de la negación de la confianza. ¡Cobardes!».
Lady Camones, representante parlamentaria de Alianza para el Progreso, expresó el miércoles 7: «Defenderemos la Institución por todos los peruanos que rechazamos los actos de corrupción. Hago un llamado a movilizarnos en favor de la gobernabilidad. Asimismo, pido a las Fuerzas Armadas a respetar el orden constitucional y actuar en nombre del Perú».
La fiscal general Patricia Benavides expresó su posición contraria a la decisión de Castillo. «Quiero rechazar todo quebrantamiento del orden constitucional. Exhorto a respetar la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia que tanto nos ha costado lograr», indicó durante un evento público.
El pleno de la Junta Nacional de Justicia informó además que continuarán en funciones recordando el artículo 46 de la Constitución peruana que señala que nadie le debe obediencia a un gobierno usurpador.
-Juicio político y detención de ex presidente Pedro Castillo.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, José Williams, convocó de manera urgente a una sesión para someter a votación la vacancia presidencial. Esta fue aprobada masivamente con 101 votos. El jueves 8, el Poder Judicial de Perú informó en su cuenta de Twitter que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordenó la detención preliminar por flagrancia de Castillo por un plazo de siete días (hasta el 13 de diciembre).
Según el acta judicial, durante la audiencia realizada el día jueves la defensa de Castillo rechazó ante la justicia que este haya incurrido en rebelión y argumentó que este delito requiere que el sujeto se levante en armas, lo que está vinculado a la violencia, y que en su caso no hubo ninguna de las dos cosas. Mientras esto ocurría, el mandatario salió de la Casa de Pizarro, el palacio de gobierno, en la tarde del miércoles. Castillo se dirigía con su familia a la embajada de México para pedir asilo.
En el camino a la embajada mexicana fue interceptado por la Policía y detenido bajo la acusación de «rebelión». Tras ser detenido, el ahora ex presidente fue enviado al penal de Barbadillo, de forma preventiva, el mismo donde está recluido otro ex presidente -quien también cerró el Congreso-, Alberto Fujimori.
La detención se realizó en la prefectura de Lima, en un procedimiento en el que estuvo presente la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas. Según el organismo judicial, a Castillo se le abrió un proceso preliminar por «quebrantar el orden constitucional». En el comunicado sostienen que el ex mandatario habría violado el artículo 346 del Código Penal, que señala que:
«El que se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años».
Los miembros de la Fiscalía realizaron operativos simultáneos en el palacio de gobierno, en la presidencia del Consejo de Ministros y otras oficinas gubernamentales con el fin de buscar pruebas para sustentar la acusación. «Los operativos tenían como objetivo recabar elementos de convicción respecto a la investigación que se le sigue al presidente», escribió el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.
Erik Urbina, abogado especialista en temas constitucionales, dijo que el ex presidente cometió una «infracción constitucional por lo cual debe ser deshabilitado» hasta por 10 años. Además, señaló que en octubre la misma Fiscalía de la Nación había presentado una acusación formal en contra del mandatario, en la que lo señalaba de liderar una organización criminal en el seno de su gobierno.
En el caso, que también fue presentado por la Fiscal Patricia Benavides Vargas, la investigación hecha por el ente acusador había revelado indicios de que Pedro Castillo era el presunto cabecilla de una red responsable de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
La detención preliminar de Castillo por siete días fue acordada para dar tiempo a que la Fiscalía realice la investigación correspondiente para decidir cómo proceder en este caso. Entre los argumentos valorados antes de tomar esta decisión, el acta judicial menciona el «riesgo razonable de que el imputado pudiera influir sobre testigos, utilizar a terceros para inducirlos en su comportamiento y participación en las diligencias, así como suprimir u ocultar elementos de convicción».
Las autoridades también consideraron que existe un serio peligro de fuga y, en su argumentación, valoraron lo señalado por la Fiscalía en el sentido de que cuando fue detenido Pedro Castillo se dirigía hacia la embajada de México en Lima y que, según recogió la prensa, el canciller de ese país, Marcelo Ebrard, había expresado la disposición de darle asilo.
-La vicepresidenta Dina Boluarte, asume el cargo de presidente.
Dos horas después de la votación por el juicio político contra Pedro Castillo, la vicepresidenta Dina Boluarte, fue designada por el Parlamento para jurar al cargo, convirtiéndose en la primera presidenta de Perú. El 10 de diciembre, presentó el nuevo gabinete, encabezado por el ex fiscal Pedro Angulo, de perfil tecnocrático e independiente, que incluye ocho mujeres entre los 19 ministerios.
En su primer mensaje a la nación, rechazó el «intento de golpe de Estado» por parte de Castillo. Que «No ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle», aseguró. «Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida por todas y por todos».
Dina Boluarte, nació en Apurímac, en 1962, ganó los comicios generales de 2021 en segunda vuelta, en los que participó como candidata a vicepresidenta de Castillo por el partido Perú Libre. Abogada de profesión, egresada de la maestría Derecho Notarial y Registral de la Universidad San Martín de Porres, trabajó como funcionaria en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desde 2007. También fue directora de bienestar del Colegio de Abogados de Lima.
-La reacción internacional por la detención de Pedro Castillo.
Tras la detención del ex presidente Pedro Castillo y la juramentación de Boluarte, varios países comenzaron a pronunciarse sobre la situación. Estados Unidos elogió a Perú por garantizar la «estabilidad democrática» y se comprometió a trabajar con la flamante presidenta. Y calificó a Pedro Castillo de ex presidente de Perú luego de que el Congreso del Perú aprobara su destitución: «A nuestro entender, debido a la decisión del Congreso, Castillo es ahora expresidente», dijo en una rueda de prensa en Washington el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
El portavoz hizo un llamado a defender la democracia peruana. El funcionario añadió que Estados Unidos «seguirá de cerca los acontecimientos» que vayan ocurriendo en el país y que Washington «actuará de acuerdo a los deseos y aspiraciones del pueblo peruano».
La Unión Europea (UE), felicitó a la mandataria. «La UE recuerda que el pleno respeto de la Constitución, los principios democráticos y la separación de poderes es crucial para el restablecimiento de la estabilidad política», dijo el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Pedro Stano, mediante su cuenta oficial de Twitter.
«Apoyamos la solución política, democrática y pacífica adoptada por las instituciones de Perú. Llamamos a todos los actores de Perú a un diálogo que asegure la estabilidad en el marco institucional», reza un comunicado conjunto de las embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea a través de la delegación europea en el Perú.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, rechazó las acciones adoptadas por el destituido presidente de Perú e hizo un llamado al diálogo en el país. «Lo ocurrido hoy en Perú, al disolver Castillo el Congreso sin base constitucional, constituye una alteración del orden constitucional», aseguró Luis Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en Washington.
Como era de esperar, países de corte ideológica afín a Castillo, como Colombia, México, Argentina y Bolivia condenaron el juicio político, lo que provocó roces diplomáticos con el actual ejecutivo de Boluarte. Lo propio ocurrió con Honduras, al punto que el gobierno de Perú decidió retirar a su embajador en Honduras en respuesta a «la inaceptable injerencia» de la presidenta Xiomara Castro, en asuntos internos del Perú. Xiomara Castro durante su intervención en la CELAC desconoció al gobierno de Boluarte.
El Gobierno izquierdista de Petro en Colombia se solidarizó «con el hermano pueblo de Perú», llamó al diálogo y condenó el día miércoles «todo atentado contra la democracia, venga de donde venga» ante los acontecimientos que están teniendo lugar en el país vecino. El presidente argentino, el izquierdista, Alberto Fernández hizo, «un llamado a todos los actores políticos y sociales a que se resguarden las instituciones democráticas, el estado de derecho y el orden constitucional».
El gobierno chileno dijo que «lamenta profundamente» la crisis política que llevó a la destitución y detención del presidente peruano y mostró su confianza en que la situación «se pueda resolver a través de mecanismos democráticos y el respeto al Estado de derecho», según un comunicado difundido a través de Cancillería.
El izquierdista Andrés Manuel López Orador, presidente de México, volcó en Twitter su opinión sobre los acontecimientos en Perú:
«Es un principio fundamental de nuestra política exterior la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en Perú. Sin embargo, consideramos lamentable que, por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución con el sui géneris precepto de ‘incapacidad moral’. Ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo».
El gobierno de México nunca dejó de intervenir decididamente en favor de gobiernos izquierdistas ya sea durante la guerra civil española, en Centroamérica o en el Chile de Salvador Allende. La hipocresía y el cinismo ha sido su principio fundamental.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció este miércoles el aplazamiento de la Cumbre de la Alianza del Pacífico prevista para el próximo miércoles en Lima, por «los últimos acontecimientos» en Perú. Así lo indicó Ebrard en un tweet en el que evita valorar lo sucedido en Perú. Que importa la valoración de Ebrard, como dijo su ex colega Juan Gabriel, «lo que se ve no se pregunta».
Antes de dejar el poder, el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro, le deseó este miércoles éxito en su futuro mandato a la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte. La Cancillería afirmó en un comunicado que el presidente Jair Bolsonaro consideró como «incompatibles con el conjunto normativo constitucional» de Perú las medidas anunciadas por Castillo, que dictó el cierre del Congreso y el nombramiento de un Gobierno de emergencia.
El gobierno socialista español, de Pedro Sánchez, condenó «firmemente» la «ruptura del orden constitucional en Perú», y celebró el posterior «restablecimiento de la normalidad democrática». «España siempre estará del lado de la democracia y la defensa de la legalidad constitucional», afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo: «El intento de autogolpe de Estado en Perú es la última ‘hazaña’ de una nueva internacional populista que busca implantar gobiernos autoritarios y corruptos por el mundo. En España conocemos bien a sus socios. La Libertad está en juego. Todo mi apoyo al pueblo peruano».
El comunicado más crítico fue sin duda el del gobierno del presidente boliviano Luis Arce, quien sostuvo que desde un inicio «la derecha peruana intentó derrocar a un gobierno democráticamente electo por el pueblo». Mas adelante ahondaremos en esta disputa diplomática.
-Manifestaciones a favor y en contra, y las muertes.
Desde el mismo momento que Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso, miles de peruanos se movilizaron a favor y en contra de Castillo. Con el correr de los días la situación fue ganando en violencia y los bloqueos y quema de neumáticos, se fue extendiendo por todo el país. Los seguidores de Pedro Castillo se mantienen intransigentes, exigen la libertad de Castillo, el cierre del Congreso, la renuncia de Dima Boluarte, y el llamado a nuevas elecciones.
Se fueron materializando los duros enfrentamientos entre los seguidores de Castillo y las fuerzas de seguridad. El día 11 de diciembre se registraron los primeros dos muertos en Andahuaylas (sur), cuando los manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de la ciudad. Desde entonces, las zonas más azotadas por la violencia (hasta el día de hoy) son las localidades andinas y del sur del país.
Ante los actos de violencia y la creciente presión social, el 14 de diciembre la presidente Dima Boluarte declaró el estado de emergencia. Ese día, en Ayacucho, también al sur del país, se registraron siete fallecidos, y otros dos en el norte. El día 16, el gobierno decretó el toque de queda en quince provincias de las regiones de Arequipa, La Libertad, Ica, Apurímac, Cusco, Puno, Huancavelica y Ayacucho.
El día 3 de enero de 2023, a medida que crecían los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad, y el aumento de muertos, Boluarte reclamó una «justicia rápida» para las víctimas durante las protestas. El 4 de enero, las organizaciones civiles participaron de una marcha por la paz por las calles de Lima y varias ciudades del país. Pero, la violencia no sólo se mantuvo, sino que fue en aumento.
El 6 de enero un grupo de manifestantes bloqueó la carretera Panamericana Sur, la más importante de Perú, ya que la Panamericana Sur recorre todo el país y une a la capital con el resto de las regiones del sur. Allí, colocaron piedras, palos y neumáticos para impedir el paso de los vehículos.
En el sur, la convulsión social obligó al cierre de aeropuertos, como el de Cusco, epicentro del turismo en Perú. En la pobre región de Puno, el día 9 de enero se produjo un enfrentamiento con la policía durante el intento de toma del aeropuerto, con el saldo de 18 personas muertas, entre ellas un policía que fue quemado vivo.
El día 11 de enero, un autobús que era usado para transportar a agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue quemado por manifestantes en la región sureña de Cuzco, mientras que otro grupo de personas incendió las cabinas de un peaje en la región de Tacna, fronteriza con Chile.
Dima Boluarte pidió a los pobladores del sur del país, específicamente a los de Puno, región limítrofe con Bolivia, un acercamiento para dialogar y pidió detener la escalada de la violencia. El día 19 de enero de 2023 comenzaron las protestas en Lima, con el llamado de organizaciones sociales, sindicales y regionales de izquierda, a participar en las manifestaciones ciudadanas para lograr la renuncia de Boluarte.
El día 20 de enero, se provocó un incendio en la Plaza San Martín, y las llamas destruyeron una casona histórica del Centro de Lima. Lima, la ciudad capital, debido a las manifestaciones sufrió daños en propiedades públicas como privadas. Según el gerente de la Municipalidad de Lima, los perjuicios suman un millón de soles.
El día 24 de enero la capital vivió su jornada más violenta, con varios heridos por perdigones y piedras, entre ellos dos fotógrafos. El sábado 28 se reportó el último muerto en el marco de las protestas, ocurrido en el centro de la capital, lo que eleva a 58 la cifra de personas fallecidas, de acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo.
-Entra en vigencia el estado de emergencia y toque de queda.
El día 19 de enero el Ejecutivo prolongó el estado de emergencia por 30 días a los departamentos de Amazonas, La Libertad y Tacna. De esta manera, son siete los departamentos en estado de emergencia, ya que esa medida también fue extendida por 30 días a Lima, Callao, Cuzco y Puno.
Con esta medida, la Policía Nacional de Perú (PNP) intentará mantener el control del orden interno junto con las Fuerzas Armadas y quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.
-Bloqueos en las rutas y escasez.
Organizaciones regionales y estatales informaron que la ciudadela del Machu Picchu y el camino inca permanecerán cerrados por tiempo indefinido debido a las protestas. «Frente a la actual coyuntura social en la que se encuentra nuestra región y el país, se ha dispuesto el cierre de la Red de Caminos Inka y la Llaqta de Machu Picchu, desde el día 21 de enero de 2023 hasta nuevo aviso, para salvaguardar la seguridad de los turistas y la población en general», dice el comunicado oficial.
El 23 de enero, las autoridades de Transportes indicaron que para ese día 74 piquetes tenían bloqueado el paso en carreteras de 10 de las 25 regiones peruanas que piden la dimisión de Boluarte. Los aeropuertos de Arequipa y Juliaca en Puno seguían cerrados bajo custodia militar para evitar que sean tomados por asalto. El servicio de ferrocarriles entre Cusco y Machu Picchu, joya del turismo de Perú, también se suspendió hasta nuevo aviso.
El jueves 26 el gobierno anunció que la Policía y las Fuerzas Armadas desbloquearían las carreteras del país tomadas por los manifestantes. Los vecinos de las zonas más afectadas, las del sur, denunciaron que los bloqueos han generado escasez de productos básicos. Esta situación provocó un fuerte aumento en los precios de los productos, los bloqueos también complican los servicios médicos en varias zonas del país.
El bloqueo de carreteras ha impedido el ingreso de cisternas, varadas desde hace casi un mes, a la ciudad del Cusco. Los afectados duermen en los exteriores de grifos y centros de abastecimiento de GLP y gas doméstico. En las distribuidoras de gas se ven a miles de personas haciendo largas filas desde hace días para poder llenar sus balones de gas, mientras que en los grifos y centrales de servicio de GLP también se ven la fila de decenas de vehículos esperando a que se reanude la venta.
Las amas de casa tienen que cocinar con carbón y leña, en el Cusco aumentó el consumo del carbón y leña en más del 500 % debido a la falta de combustible, pero el carbón también ha comenzado a escasear en la ciudad y otros distritos. Las cocinas a leña y carbón también tienen una gran demanda y son adquiridas desde 25 hasta 160 soles. Pero los herreros de la región están haciendo su agosto, construyendo cocinas a partir de balones de gas antiguos y refrigerantes en desuso.
En los supermercados, bodegas y otros lugares de venta de carbón, se anuncia que se encuentra agotado y no saben cuándo podrán tener ese producto. Los camiones que traen este producto han quedado varados por los bloqueos en el puente Iñapari, de la región Madre de Dios.
La escasez de hidrocarburo ha obligado que se paralice el transporte público y privado, además de dejar fuera de servicio unidades de atención a la ciudadanía como serenazgo y últimamente limpieza pública. La Municipalidad Provincial de Cusco ha señalado que a partir de la fecha la ciudad no contará con el servicio de recojo de residuos sólidos, ya que los camiones compactadores se quedaron sin gasolina.
El presidente ejecutivo Mauro Gutiérrez, de la «Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, advirtió que ciudades como Cusco corren el riesgo de quedarse sin agua potable, debido a una posible falta de insumos para su potabilización. En los días pasados, la desesperación de miles de cusqueños que perdieron sus trabajos y buscan la reactivación de la región se enfrentaron a golpes con manifestantes en la avenida La Cultura.
-Perú denuncias injerencia de Bolivia en la crisis.
El gobierno Luis Arce fue el presidente extranjero que más crítico ante la destitución de Pedro Castillo y la llegada al cargo de Boluarte, Arce afirmó que «la derecha peruana intentó derrocar a un gobierno democráticamente electo por el pueblo». El día 22 de enero, dijo que «tenemos al pueblo peruano en una lucha por recuperar su democracia y también por recuperar el derecho a elegir un Gobierno que los represente». En la misma línea se pronunció el ex presidente Evo Morales.
El día 9 de enero, el Ministerio del Interior peruano informó que se habían identificado a ciudadanos de nacionalidad boliviana que ingresaron al país para efectuar actividades de índole política proselitista, lo que constituye una clara afectación a la legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno. Dos días después, el congresista Jorge Montoya denunció que un grupo de campesinos de los «Ponchos rojos», afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), fueron sorprendidos en la frontera intentando ingresar a territorio peruano con municiones.
Desde el gobierno de Dima Boluarte denunciaron los «actos de injerencia» por parte de Bolivia. El día 26 de enero, Evo Morales fue declarado por el Congreso peruano como persona non grata en Perú, por sus «declaraciones públicas» contra el gobierno peruano y la Fiscalía abrió una investigación preliminar en su contra por su posible nexo con el ingreso de armamento al país.
El gobierno de Bolivia, negó esas acusaciones y sostuvo que esas insinuaciones buscan «generar una cortina de humo» para que no se hable de lo que «realmente está sucediendo» en el país vecino. Evo Morales, dijo: «lo que está viviendo el Perú no es una simple reivindicación del cierre del Congreso o nuevas elecciones, es una insurrección del pueblo contra el estado colonial», y que, por lo tanto, «una insurrección no se resuelve con una reforma a la Constitución, sino con la refundación del Perú».
El gobierno de Dina Boluarte calificó como un «nuevo acto de injerencia» los dichos del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, referido a la intervención policial del 21 de enero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que dejó a unas 200 personas en detención, entre estudiantes y manifestantes del interior del Perú que se alojaban en dicha casa de estudios.
A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que entregó el lunes 23 de enero una nota a la Embajada de Colombia, «con la enérgica protesta del Perú por el nuevo acto de injerencia del presidente Gustavo Petro en temas de política interna, conducta no consistente con las normas del Derecho Internacional».
El presidente colombiano expresó su rechazo a la intervención, por medio de un tweet que acompañó a un video en el preciso instante en que las fuerzas del orden ingresaron a la Universidad de San Marcos. «Allanar universidades. Gritar: ‘¡Muera la inteligencia!’. El Consejo permanente de la OEA debe ser citado para examinar el caso de Perú». Además, Gustavo Petro retuiteó dos publicaciones que cuestionaban el actuar de la Policía Nacional en la casa de estudios y que salió a calificar el hecho -mediante un comunicado- como un «abuso policial».
El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, respondió al tweet del presidente colombiano Gustavo Petro. «Ocúpese de sus asuntos, señor Petro. El Consejo Permanente de OEA también podría examinar masacres ocurridas durante su gobierno. La última en el Putumayo. Gobierne para los suyos, asista a las víctimas, mejore sus universidades», escribió.
-Las fuerzas de seguridad son acusadas de abuso violento.
Luego del recrudecimiento de los choques entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, el pasado 10 de enero la Fiscalía de Perú abrió una investigación por presunto delito de «genocidio» a la presidenta Boluarte. La presión internacional sobre el accionar de los cuerpos de seguridad también aumentó.
El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a las autoridades peruanas «que lleven a cabo investigaciones rápidas, efectivas e imparciales» de las muertes registradas en las protestas. En el mensaje emitido por su portavoz, pidió además «que se evite la estigmatización de las víctimas», además de reiterar su «gran preocupación» por la situación en el país y por el número de muertes producidas.
Guterres solicitó, específicamente a las autoridades del Perú «que cumplan con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos». En la misma línea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, recordó al gobierno de Perú la necesidad de que los derechos humanos guíen la actuación de la Policía Nacional.
El miércoles 25 de enero, el gobierno peruano aseguró ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que investigará posibles «excesos» de las fuerzas del orden, aunque afirmó que sobre todo han sido grupos minoritarios de manifestantes quienes ejercieron «violencia indiscriminada».
«Si algún exceso ha habido se va a investigar», aseguró en su intervención en el Consejo, el embajador peruano ante la ONU en Ginebra, Luis Chuquihuara, quien destacó que no obstante las autoridades han intentado «responder dentro de los estándares internacionales de resolución de conflictos de esta naturaleza».
El embajador Chuquihuara, declaró: «Perú está comprometido con las protestas sociales pacíficas, pero cuando lamentablemente algún sector minoritario de los manifestantes ha incurrido en violencia contra bienes del Estado o contra otros ciudadanos, las fuerzas del orden han tratado de restaurar la paz social».
El ministro del Interior del Perú comentó que los agentes habían respondido de forma lícita cuando miles de manifestantes intentaron ocupar el aeropuerto local, algunos de ellos portando armas improvisadas y explosivos.
El menor de los fallecidos fue Brayan Apaza, de 15 años, cuya madre, Asunta Jumpiri, de 38, lo describió como un «niño inocente», muerto luego de que salió a comprar comida. Su velorio se celebró la semana pasada, del otro lado de un bloqueo carretero, los simpatizantes sostenían banderas negras en el pecho como si fuera un arma de batalla y prometían luchar hasta que Boluarte renuncie.
«Nosotros nos declaramos en insurgencia», dijo Orlando Sanga, un líder de las protestas que estaba afuera de un local sindical que se usaba para la vigilia. Cerca de ese local, Evangelina Mendoza, ataviada con una pollera y un suéter típicos de las mujeres de la región, dijo refiriéndose a Boluarte que «si en caso no renuncia, todo sur correrá sangre».
-Cronograma electoral.
En su discurso de asunción Boluarte dijo que su intención era completar el mandato de Castillo hasta 2026, pero ante la presión de las protestas cada vez más masivas y violentas, el 12 de diciembre la presidenta interina había anunciado que presentaría al Congreso un proyecto de ley para adelantar dos años las elecciones.
El viernes 26 de enero el pleno del Congreso de Perú rechazó adelantar los comicios generales para octubre próximo. La propuesta recibió 45 votos a favor, 65 en contra y 2 abstenciones, aunque tras conocerse el resultado, el presidente del Congreso, José Williams, informó de que se había planteado un pedido de reconsideración que se debatirá el próximo lunes, cuando, de nuevo, deberán votar la propuesta.
Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto debe contar con el voto favorable de 87 parlamentarios en dos legislaturas consecutivas para ser aprobado. La presidenta Boluarte, previo a la votación, había pedido a los congresistas la aprobación del adelanto electoral para 2023, como medida para salir de la crisis y en respuesta a una de las principales demandas de las protestas.
Tras la muerte de un manifestante el sábado en Lima, Williams exhortó a sus colegas parlamentarios a aprobar este lunes 30 de enero, en la votación de reconsideración programada, el adelanto de elecciones generales. El 1 de febrero, la propuesta para que elecciones se realicen en diciembre de este año y Dina Boluarte se quede en la presidencia hasta abril del 2024, fue presentado esta mañana por el congresista Hernando Guerra.
Este sería el nuevo cronograma de las elecciones complementarias 2023, se espera que el 1 de mayo del 2024 el candidato que salga elegido como presidente de la República, ejerza su cargo en mayo hasta el 28 de julio de 2026. Además, se reveló que el actual Parlamento ejercerá funciones solo hasta el 29 de abril de 2024.
Los nuevos legisladores asumirán sus cargos el 30 de abril de 2024 y culminarán el 26 de julio del 2026. Para fijar estos plazos, se incorpora una disposición especial complementaria en el texto constitucional vigente. Hernando Guerra García, promotor de esta iniciativa, consideró que los acuerdos materializados en el texto sustitutorio presentado evidencian que en el país «necesitamos la paz cuanto antes».
2 de febrero de 2023.