LA POLÍTICA INTERNACIONAL NO SON LAS MAÑANERAS
A CADA CHANCHO LE LLEGA SU SAN MARTÍN
Daniel Noboa, presidente de Ecuador y Andrés Manuel López Obrador, de México
Las «mañaneras» del presidente Andrés Manuel López Obrador, es un espacio del presidente, en la que hace gala de matonismo e ignorancia, y que lejos de representar un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, forman parte de una estrategia de control mediático que tiene por objetivo monopolizar la agenda pública. Como consecuencia de la saturación retórica del presidente, se polariza a la sociedad y se rompe el diálogo ciudadano, lo que pone en riesgo a las instituciones que sostienen la democracia en México.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo haber ordenado la incursión a la embajada de México «para proteger la seguridad nacional», y para evitar que «delincuentes sentenciados» se fuguen como ya había «pasado antes». Tras la detención del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas en la embajada mexicana en Quito, Daniel Noboa, difundió un comunicado en el que justificó su orden de allanar la sede diplomática.
«Los últimos días han requerido fuerza y decisión. En una situación compleja y sin precedente que vive el país, he tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes, corruptos o narcoterroristas». Y agregó que no podía permitir «que se asile a delincuentes sentenciados, involucrados en crímenes muy graves» y que luego se fuguen «como nos ha pasado antes».
Acusó también a «unos políticos ecuatorianos caducos, (que) han solicitado a México que nos declare la guerra, y a la comunidad internacional que nos sancione económicamente, incurriendo en una traición a la Patria nunca antes vista». «Al pueblo hermano de México quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia».
El gobierno de México anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador, luego que la Policía Nacional ecuatoriana ingresara en la embajada mexicana en Quito y detuviera a Jorge Glas, al que el gobierno mexicano lo protegiera otorgándole asilo político solo unas horas antes. El convicto Jorge Glas Espinel permanecía en la sede diplomática desde mediados del mes de diciembre. La canciller de Ecuador Gabriela Sommerfeld reveló que, pese a tener conocimiento de las consecuencias, Daniel Noboa dio la orden de ingresar a la sede diplomática.
«Por supuesto (el presidente dio la orden). Él (Daniel Noboa) es quien dicta la política exterior… Lo que nos corresponde como Cancillería es primero informarle, a través de un informe extenso, y segundo asesorarle. Por supuesto que se le dice cuáles pueden ser las consecuencias de uno u otro acto y eso estaba sobre la mesa».
Gabriela Sommerfeld sostuvo tajantemente que «el Presidente estaba defendiendo la democracia, la seguridad del país». La canciller dijo que Noboa tenía información de que Glas iba a fugarse esa noche. Desde que México le concedió un asilo, unas horas antes de la incursión en la embajada, y tras las declaraciones de López Obrador sobre el envío de un avión militar para recoger a la embajadora mexicana Raquel Serur, que fue expulsada de Ecuador, hubo información sobre un operativo para que el ex vicepresidente saliera junto a las autoridades mexicanas.
La canciller de Ecuador afirmó que la postura que Andrés Manuel López Obrador sostuvo fue desafortunada. «El presidente de México realizó unas declaraciones muy desafortunadas, poniendo en duda la legitimidad de las elecciones del 2023 y va analizando el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, violentando nuevamente el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros Estados».
En ese sentido, el gobierno de Ecuador tomó la decisión, con base en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, declarar persona non grata a la embajadora de México en Quito. Sommerfeld expuso que López Obrador, lejos de retractarse, tomó la decisión de otorgar a Jorge Glas asilo político, pese a que fue sentenciado y contaba con una orden de aprehensión en su contra.
«El presidente de México se ratificó en sus declaraciones, afectando la estabilidad democrática, soberanía y dignidad del Ecuador y paralelamente la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que el gobierno mexicano decidió otorgarle el asilo político», sentenció. Asimismo, aseguró que Ecuador solicitó previamente por la vía diplomática que México permitiera a las autoridades, con base en lo dispuesto en el artículo 22 de Viena, cumplir con la orden de aprehensión emitida por la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, la solicitud fue negada, lo que derivó en la irrupción en la Embajada de México.
La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, sostuvo que México violó el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, y reiteró la postura en contra de la decisión de la Embajada de México de apoyar a Jorge Glas, quién según sus palabras, no puede ser considerado perseguido político.
«De ninguna manera puede ser considerado perseguido político, religioso o étnico. La Embajada mexicana al recibir al señor Glas Espinel contribuyó a que se incumpla con la obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad judicial, afectando así a las instituciones democráticas del Ecuador, contraviniendo el principio fundamental de no intervención». La diplomática sostuvo que el artículo tercero de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 y el artículo primero de la Convención de Montevideo sobre Asilo Político de 1933 establecen claramente que es ilícito otorgar asilo político a personas condenadas.
El operativo en la embajada
Los efectivos treparon paredes y vallas de la sede diplomática y luego salieron de esa residencia, lo que fue denunciado por el jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de la embajada, Roberto Canseco, como algo «totalmente inaceptable». A Jorge Glas le pesaba una orden de prisión preventiva por un caso de corrupción en el que está actualmente procesado, tras haber pasado entre 2017 y 2022 cerca de cinco años en la cárcel por dos condenas vigentes por delitos que él rechaza al considerar que es víctima de una persecución política en su contra.
El presidente López Obrador, afirmaba en un comunicado en redes sociales para denunciar «una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México». Previamente al hecho el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, expulsó a la embajadora mexicana por unas declaraciones de López Obrador, sobre el asesinato del candidato Fernando Villavicencio y el efecto en los comicios ganados por el joven empresario, de 36 años.
Ecuador le había solicitado a la ahora ex embajadora, Raquel Serur, el ingreso de la policía para cumplir la orden de captura contra Glas, lo cual fue negado. La canciller Sommerfeld, calificó las declaraciones realizadas por López Obrador, como «muy desafortunadas», las cuales, dijo, pusieron en duda la legitimidad de las elecciones del 2023, y banalizan el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, «violentando nuevamente el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados».
«Fue por esta razón que el gobierno de la República del Ecuador decidió, de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas declarar persona non grata a la embajadora de México en quito; frente a éste hecho, el presidente de México se ratificó en sus declaraciones, afectando la estabilidad democrática, soberanía y dignidad del Ecuador y, paralelamente, la Secretaria de Relaciones Exteriores de México informó que el gobierno mexicano decidió otorgarle (a Jorge Glas) el asilo político».
Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, reaccionó severamente en X y se dirigió a AMLO. «Lávate la boca # López Obrador antes de hablar de mi padre. A # Fernando Villavicencio lo asesinaron los mafiosos que él siempre investigó. Algunos de ellos asilados en tus embajadas y en tu país. Qué poca madre tienes para dar estas declaraciones tan mediocres e inhumanas».
Las declaraciones de AMLO sobre el asesinato de Villavicencio, sigue el hilo del socialista y aliado no solo ideológico sino con los narcos, el prófugo de la justicia de Ecuador, Rafael Correa. Los afines al narcocorreísmo dicen que el magnicidio de Villavicencio tenía por fin afectarlos en las elecciones generales del 2023. López obrador dijo en su mañanera del 3 de abril de 2024:
«Hubo elecciones en Ecuador, iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, 10 puntos. Como tres, cuatro, cinco candidatos más. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va a arriba de repente es asesinado, y la candidata que iba arriba se cae, y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de este asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles porque imagínense a todos los medios, pero ella sigue y sigue y sigue».
La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, en declaraciones para FM Mundo, dijo que, sin embargo, en el tema político, México se ha convertido en el país que refugia a los líderes del correísmo que aseguran ser perseguidos políticos. Ahora mismo, el exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado e investigado por corrupción y prófugo, se hospeda en la sede diplomática mexicana en Quito.
Amanda Villavicencio, durante la noche del 4 de abril, recordó en redes sociales las veces en las que su padre denunció la complicidad de AMLO con el narco: «No hay narco sin poder político y ahora los corruptos están cobijados por estos gobiernos infames. La palabra de nuestro padre siempre nos levanta, nos abriga en estos momentos de indignación y dolor. Gracias papi por dejar tu voz tan clara para guiar el camino», escribió Amanda Villavicencio.
En julio de 2022, el asesinado Fernando Villavicencio cuestionó el saludo entre López Obrador y la madre del Chapo Guzmán: «En Sinaloa/México, el presidente Manuel López Obrador, desciende del auto y se acerca a saludar gentilmente a Consuelo Loera, madre del capo del narcotráfico Joaquín Chapo Guzmán. El Estado de rodillas ante el crimen organizado. ¿Eso es lo que buscan en Ecuador?». Esa fue una de las varias ocasiones en las que el asesinado político señaló al gobierno mexicano.
En un comunicado, el Gobierno de Ecuador afirmó que «ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político» y que Glas «ha sido condenado con sentencia ejecutoriada (en firme) y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes». Y aseguró que «al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática» y que México haya concedido el asilo a Glas, «contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura».
Hace más de un año la ex ministra correísta María de los Angeles Duarte, durante el gobierno del izquierdista peronista Alberto Fernández, Argentina, fue el país que le concedió el asilo político solicitado por Duarte tras más de dos años alojada en la residencia del embajador argentino junto a su hijo menor de edad. El entonces presidente ecuatoriano Guillermo Lasso no aceptó entregar el salvoconducto que le permitiese a Duarte salir del país rumbo a Buenos Aires sin ser detenida, por lo que la ex ministra fue capaz de salir de Ecuador sin que las autoridades ecuatorianas se percatasen, lo que desató una crisis diplomática con Argentina en la que ambos países expulsaron a sus respectivos embajadores.
En ambos casos los presidentes izquierdistas del Grupo de Puebla, actuaron en consecuencia y cubriendo las espaldas de los corruptos izquierdistas. En el caso de Glas, el ex vicepresidente había llegado a finales de diciembre de 2023 a la Embajada de México, tras ser imputado por presunta malversación de fondos en el caso «Reconstrucción» de la provincia de Manabí, luego del fuerte terremoto de 2016. El ex vicepresidente, que se considera inocente y un perseguido político víctima de «lawfare», llegó a la Embajada de México en Quito cuando todavía no pesaba sobre él una orden de detención, y a inicios de este año un juez ordenó su captura e ingresó en prisión provisional.
Gabriela Sommerfeld dijo: «El mencionado ciudadano, sobre el cual pesan dos sentencias ejecutoriadas por la delincuencia común, y quien tenía una medida cautelar con la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial de ninguna manera puede ser considerado como un perseguido político religioso o étnico». De igual manera señaló que la misión diplomática mexicana, al recibirlo, contribuyó a que el político incumpliera con su obligación de presentarse ante las autoridades cuando debía, afectando así a las instituciones democráticas del país, «contraviniendo claramente el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados».
El caso del delincuente ex vicepresidente Jorge Glas Espinel, vuelve a poner sobre la mesa la cuestión del otorgamiento de asilo diplomático y la entrega o no de salvoconducto para que la persona a quien se le otorga ese beneficio pueda salir del país y llegar al territorio del Estado asilante. Las normas que deben ser observadas para los casos de solicitud y otorgamiento de asilo están en algunos acuerdos internacionales en el ámbito interamericano.
En la Convención sobre Asilo Diplomático adoptada el 28 de marzo de 1954, en el marco de la Décima Conferencia Interamericana, celebrada en Caracas, Venezuela, y que entró en vigor el 29 de diciembre de ese mismo año. El Artículo III de dicho instrumento establece:
«No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas, ni a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Las personas comprendidas en el inciso anterior que de hecho penetraren en un lugar adecuado para servir de asilo deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, entregadas al gobierno local, que no podrá Juzgarlas por delitos políticos anteriores al momento de la entrega».
El señor Jorge Glas es una persona que fue sometida a proceso judicial con todas las garantías de legítima defensa, proceso que cumplió con todas las instancias previstas en la legislación ecuatoriana y que dio como resultado la condena a prisión de Glas, por haber cometido delitos bien especificados en el Código Integral Penal vigente en el Ecuador. Este hecho, por sí mismo, debió haber sido considerado por la Embajada mexicana la cual, al tenor del citado artículo de la Convención de Caracas, tenía que haber invitado al señor Glas a abandonar su sede.
El gobierno mexicano no lo hizo y, en cambio, acogió al personaje en calidad de «huésped», figura no contemplada en el derecho internacional. Cabe anotar que el texto de la Convención utiliza el término «deberán ser invitadas» (las personas señaladas en el artículo III); es una fórmula mandatoria.
El contenido del artículo III de la Convención de Caracas debe ser interpretado como una prohibición a los países de otorgar asilo a personas perseguidas, procesadas o condenadas por delitos comunes. El instrumento de Caracas, sin embargo, en su artículo IV, dice que corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución, lo cual plantearía la posibilidad de que el Estado al que se solicita asilo descalifique una resolución judicial o, peor aún, una sentencia ejecutoriada, cosa que constituiría una ilegítima intervención en los asuntos internos de otro Estado.
La atribución que concede al Estado asilante la Convención de Caracas en su artículo IV debe ser interpretada en el marco de la buena fe en que deben desenvolverse las relaciones internacionales. Tal atribución debe ser ejercida en los casos en que exista evidencia de que, efectivamente, las razones de la persecución o condena de la persona no son de naturaleza delictiva, aun cuando un proceso judicial fraudulento haya disfrazado de delito común a un acto de carácter político, o que se haya basado en falsas acusaciones en su contra.
Repetimos, no es el caso del señor Jorge Glas. Su responsabilidad en los delitos que se le imputaron fue absolutamente clara. Los jueces de las sucesivas instancias -se cumplieron todas las contempladas en nuestra legislación- reconocieron las evidencias presentadas por la Fiscalía y las que surgieron durante el proceso y actuaron conforme a la ley. En ningún momento se impidió u obstaculizó el derecho a la defensa del procesado.
Siempre en el marco de la buena fe, entonces, el Estado mexicano estaría obligado a considerar el caso a la luz del desarrollo y del resultado del proceso al que fue sometido Jorge Glas a fin de tomar una decisión acorde con lo que dispone la Convención de Caracas. Sin embargo, el artículo IX de la Convención de Caracas contiene una contradicción aparente cuando establece que el funcionario asilante tomará en cuenta las informaciones que el gobierno territorial le ofrezca para normar su criterio respecto a la naturaleza del delito o de la existencia de delitos comunes conexos, pero será respetada su determinación de continuar el asilo o exigir el salvoconducto para el perseguido.
Pero por mas que «se tomen en cuenta» las razones del Estado territorial, establece que finalmente será la decisión que adopte el funcionario asilante la que se imponga aun cuando ella no esté conforme con lo dispuesto en el artículo III del instrumento de Caracas. ¿Y que pasa con México? La cabra tira al monte. A López Obrador lo que le importa es salvar a sus camaradas, y piensa que pude hacer trampas en todo, la política internacional real y concreta, no son las mañaneras donde actúa como un gandalla.
Sin embargo, esta contradicción aparente tendría que resolverse a la luz del artículo III que, como se dijo antes, contiene una clara prohibición de otorgar asilo por delitos comunes que, se entiende, será reconocidos como tales bajo el imperio de la buena fe con la que los Estados deberían procesar este tema. No sería así concebible que un Estado resuelva conceder asilo a una persona procesada y justamente condenada por delitos comunes.
Según analistas del derecho internacional, el artículo XII de la Convención de Caracas determina que, otorgado el asilo, el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero, y el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente, salvo caso de fuerza mayor, las garantías necesarias a que se refiere el artículo V y el correspondiente salvoconducto. Por tanto, se pretende interpretar esta disposición como de obligatorio cumplimiento, aun cuando el Estado asilante haya contravenido la clara disposición del Artículo III de la misma Convención.
Es dable concluir que, de producirse tal contravención y siempre bajo el tenor del artículo III de la Convención, el Estado territorial quedaría exonerado de la obligación de otorgar el salvoconducto. Hay que destacar el contenido del artículo I de la Convención de Caracas, el cual dispone que el asilo otorgado en legaciones, navíos de guerra y campamentos o aeronaves militares, a personas perseguidas por motivos o delitos políticos, será respetado por el Estado territorial de acuerdo con las disposiciones de la presente Convención.
Por tanto, dice claramente que el respeto al asilo por parte del Estado territorial sólo puede producirse en los casos de personas perseguidas por motivos o delitos políticos, los casos de asilo son siempre sensibles e inevitablemente afectan a las relaciones entre los Estados. Se trata, en todo caso, de una institución necesaria y de un recurso válido para proteger a las personas eventualmente víctimas de abusos o arbitrariedades que pueda cometer un gobierno.
Pero los países están obligados a proceder en el marco de la buena fe, lo repetimos, dentro del espíritu de la Convención de Caracas que de manera alguna pudo concebirse para favorecer a los delincuentes. Sin embargo, los aliados ideológicos de López Obrador, han actuado con total hipocresía. Nicaragua cortó relaciones con Ecuador por la «repudiable acción». Venezuela declaró que era una acción «que ni en las más atroces dictaduras en la región se había registrado» y que creaba «un preocupante precedente», en tanto Nicolás Maduro la tildó de «acto de barbarie, algo nunca visto en América Latina».
El presidente de Colombia el guerrillero asesino, el marxista Petro, pidió una reunión urgente de la OEA para tratar el asunto. La tiranía marxista leninista cubana calificó la «flagrante violación» al derecho de asilo como «inaceptable» y advirtió que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas debe respetarse. La dictadura cubana tiene experiencia en violentar embajadas y asesinar civiles que buscan asilo, y ahora hace gala de amnesia.
En diciembre de 1980, las Tropas Especiales cubanas tomaron por asalto la embajada del Estado Vaticano, y tres jóvenes hermanos fueron ejecutados tras un juicio sumario realizado a la brevedad. Ventura, Cipriano y Eugenio Marín Thompson, de 19, 21 y 25 años, fueron ejecutados el 2 de enero de 1981 en la Fortaleza La Cabaña de La Habana. Eran Testigos de Jehová, muy perseguidos en la Cuba comunista, y habían recibido varias advertencias de su arresto inminente en virtud de la ley cubana de «peligrosidad». Uno de ellos había cumplido prisión política por practicar su fe.
El 9 de diciembre de 1980, solicitaron asilo en la embajada del Vaticano junto con otros dos hombres y tres mujeres. Horas más tarde, Tropas Especiales élite asaltaron el complejo y los detuvieron a pesar de habérseles prometido que se tramitaba su salvoconducto para salir del país. Los hermanos fueron juzgados tres semanas después, condenados a muerte y ejecutados de inmediato por el presunto asesinato del mayordomo de la embajada, que se supo fue un montaje.
La madre fue condenada a 20 años de prisión, junto con otros familiares, por no denunciarles a las autoridades. Puesta en libertad en diciembre de 1986, murió en 1992, todavía suplicaba que le dieran los huesos de sus hijos para su sepultura. Los demás solicitantes de asilo fueron condenados a penas de prisión de entre 15 y 25 años, quedando en libertad varios años después cuando el caso recibió atención internacional.
El viernes 13 de febrero de 1981, cerca de 30 cubanos se tomaron la sede diplomática de Ecuador y tomando como rehén al embajador Jorge Pérez Concha, al consejero Francisco Proaño, al Segundo Secretario y a una empleada administrativa cubana Mercedes Vásquez. El objetivo era obtener el estatus de refugiados políticos. La sede diplomática de Ecuador estaba ubicada en la calle 36 entre quinta y tercera, en Miramar, a dos kilómetros de la embajada de Perú, donde en 1980 se habían refugiado miles de cubanos.
La zona fue acordonada, y comenzaron unos días de tensión, con la amenaza latente del gobierno cubano: «Si tocan a los rehenes, actuaremos de inmediato». A los rehenes jamás los tocaron. El gobierno de Ecuador siempre optó por la negociación y voces cubanas disidentes, como la de Hubert Matos, le pidieron al presidente Jaime Roldós que concediera el asilo a los cubanos.
El gobierno de Fidel Castro, en un principio, había asegurado que no entraría a la sede diplomática sin el consentimiento de Ecuador. Pero, el sábado 21 de febrero de 1981, las Tropas Especiales se la tomaron por la fuerza y desalojaron a los cubanos que buscaban el asilo político. La operación se llevó a cabo a las 02:00 y las fuerzas cubanas usaron bombas lacrimógenas. Entre un cerco de francotiradores y potentes reflectores se abrieron paso. Unos 20 minutos antes de la intervención, el propio Fidel Castro se dio cita en el lugar para dar las últimas instrucciones.
El día anterior a la incursión de las tropas cubanas, ya habían sido liberados tres de los rehenes, incluido el embajador Pérez Concha. Ante ese gesto de liberación de rehenes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador había emitido una nota en la que asumía el deseo de mantener a los 30 cubanos bajo su protección. Pero el gobierno de Cuba mintió y anunció que el gobierno ecuatoriano los había autorizado. Pero el presidente Roldós fue categórico. Dijo que su gobierno «no había autorizado, ni podría autorizar jamás».
Según el escritor cubano Norberto Fuentes, quien hace referencia a esos hechos en su libro Los hijos del enemigo: «Entre la 1 y las 4AM del 21 de febrero, fuerzas especiales de Castro asaltaron la Embajada ecuatoriana para detener a los disidentes. El mismo día, el gobierno de castro declaró a la prensa que sus militares ingresaron a la Embajada “con la autorización de Ecuador”. El Gobierno del Ecuador desmintió y protestó enérgicamente por la violación de su misión diplomática. El canciller Alfonso Barrera Valverde declaró: “El Gobierno de Cuba se tomó la Embajada, eso me molestó mucho. Es la parte desagradable. El Gobierno de Cuba debió respetar la Embajada”».
Pese a la fuerte protesta de Jaime Roldós y de la diplomacia nacional, Ecuador no rompió relaciones con Cuba. El asalto de febrero de 1981 a la embajada ecuatoriana dejó a un joven de 15 años muerto a golpes. Varias decenas de solicitantes de asilo cumplieron años de prisión como resultado de ambas instancias. Juan Owen Delgado Temprana, de 15 años, murió el 3 de marzo de 1981 tras sufrir una feroz paliza por solicitar asilo con sus padres y 12 familiares en la embajada de Ecuador.
Owen Delgado fue brutalmente golpeado, incluso en la cara y la cabeza, y quedó con una oreja casi cercenada. Fue trasladado al hospital, donde entró en coma y murió. Su cuerpo no fue devuelto a sus seres queridos para su entierro y varios miembros de su familia fueron condenados a largas penas de prisión. Archivo Cuba también conoce de cinco civiles asesinados por agentes del Estado cubano al intentar entrar en embajadas de La Habana para pedir asilo.
Esteban Bencomo López, de 47 años, fue muerto a golpes por agentes estatales el 12 de abril de 1980, cuando intentaba entrar en la embajada de Perú para reunirse con su esposa y pequeño hijo que, junto con miles de cubanos, buscaban huir del país (lo que dio lugar al éxodo del Mariel). Julián Espinosa Montesinos, de 19 años, Israel Leal Rodríguez, de 23 años, y Adalberto Hernández Borrego, fueron asesinados a tiros por guardias cubanos el 11 de diciembre de 1961 al intentar entrar en la embajada de Ecuador.
Juan Peña Dueñas, de 18 años, fue asesinado a tiros por guardias cubanos el 18 de noviembre de 1985 al intentar entrar en la embajada de Venezuela. Muchos civiles, fueron desaparecidas forzosamente o asesinados extrajudicialmente, incluyendo niños por el régimen criminal cubano solo por intentar huir de Cuba. Archivo Cuba resumió casos conocidos en un informe de noviembre de 2022, a raíz de la última masacre perpetrada por Guarda Fronteras de Cuba, y ha documentado muchos similares casos en su base de datos de muertes y desapariciones. Por eso, llama la atención la postura de Cuba de ahora.
El día 6 de abril, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, condenó la entrada a la fuerza de la Policía ecuatoriana en la Embajada de México para detener a Jorge Glas. Se desconoce denuncias por parte de gobiernos regionales de estos atroces crímenes, o de su rompimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, o de sus pedidos de reuniones urgentes de la OEA para sancionarla.
Por su lado, Miguel Díaz-Canel manifestó en la red social X «toda nuestra solidaridad con México, ante la inaceptable violación de su Embajada en Quito. Debe respetarse por todos la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que es un componente esencial del Derecho Internacional».
El analista Carlos Sánchez Berzain, dijo, la represalia en Derecho Internacional Público es «la medida de coerción adoptada por el Estado perjudicado frente al Estado autor de un hecho internacionalmente ilícito» una forma de «guerra sin combate». Esta es la naturaleza jurídica de la crisis entre Ecuador y México, con disputa de licitud que refleja el choque entre democracia y socialismo del siglo XXI o castrochavismo.
La discusión de la licitud de la represalia en situación de paz como cuestión de derecho y sus consecuencias políticas es muy extensa y diversa, pero rige el principio que «las represalias únicamente son licitas cuando se ejercitan contra el estado culpable de la violación del Derecho Internacional y no contra terceros». Se considera que «un acto de represalia es ilegal en sí, pero es aceptado de forma valida y excepcionalmente como respuesta a un acto ilegal de otro Estado». La represalia es lícita frente a un acto ilegal.
Tanto Rafael Correa como Jorge Glas espinel, están condenados a 8 años de prisión por el mismo caso y un antecedente es el de María de los Angeles Duarte, que ya nombramos, ex ministra de Transporte y Obras Públicas y de Vivienda de Rafael Correa, que «se había refugiado en la embajada de Argentina en Ecuador en agosto de 2020 para eludir una condena a 8 años de prisión» luego «apareció el 14 de marzo de 2023 en Caracas-Venezuela», desatando una crisis con el gobierno de Fernández-Kirchner de Argentina que facilitó esa fuga.
Todos estos problemas tienen que ver la internacional del socialismo del siglo 21 que bajo el mando de la dictadura de Cuba controla hoy las dictaduras/narcoestados de Cuba, Venezuela, México, Bolivia y Nicaragua respaldadas por los gobiernos nada democráticos como México de López Obrador, Colombia con Petro, Brasil con Lula da Silva y Chile con Boric, por suerte terminó el de Fernández/Kirchner en Argentina.
Todos estos personajes integran una política exterior llamada antimperialista, de apoyo a Rusia en la invasión a Ucrania, a China e Irán, a palestina y acusaciones a Israel, y que dan protección a la violación de derechos humanos que, con presos políticos, tortura, exilio y terrorismo de Estado se perpetra en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, violaciones permanentes al orden jurídico internacional.
Manuel Andrés López Obrador es un ignorante izquierdista, jefe de un narcoestado, como bien lo dijo la hija de Fernando Villavicencio, que se encuentra subordinado al socialismo del siglo XXI y al castrismo, que ayudó a escapar a Evo Morales de Bolivia en avión militar mexicano cuando renunció luego de cometer fraude en 2019, evitando su juzgamiento y organizando su retorno. Un López Obrador que contrata médicos esclavos a la dictadura de Cuba, que ha condecorado al dictador de Cuba.
Que no ejecuta la orden de captura internacional contra Nicolas Maduro, quien tiene 15 millones de dólares de recompensa como reo miembro del cartel de los soles, que ha saboteado la Cumbre de las Américas, que alienta la migración y sabotea la lucha contra el narcotráfico y otras criminalidades. Todos recuerdan cómo López Obrador respaldó abiertamente el golpe de Estado de Pedro Castillo en Perú, y se negó a entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú y presionó para legitimar el golpe que fracturaba el Estado de derecho.
En cuanto a la neutralidad, solo es válido cuando México lo utiliza para favorecer a sus hermanos marxistas, y se negó a dar asilo político al Sha Reza Pahlevi. El gobierno de José López Portillo se puso de lado de la revolución marxista sandinista y que aún siguen en el poder, cometiendo todo tipo de persecuciones a sus propios ciudadanos. En esos casos no se invoca la neutralidad, así paso con la ayuda al marxista Salvador Allende y con la República izquierdista española. Lamentablemente México siempre estuvo en el lado equivocado de la historia.
La prensa mexicana reseñó en su momento que Fernando Villavicencio, excandidato presidencial, era reconocido por sus críticas a la violencia de los cárteles, incluyendo el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Mientras tanto, el año pasado el socio del narco, López Obrador, afirmó que «no hay elementos» que sostengan la versión de que el cártel de Sinaloa estuvo detrás del asesinato de Villavicencio, quien murió en agosto en un ataque en Quito, como apuntó el diario La Jornada.
AMLO salió más rápido que Genaro Luna pidiendo coimas a los narcos, cuando Javier Milei llamó «terrorista asesino» a su cuate y homólogo, Gustavo Petro. ¿Acaso mintió Javier Milei? ¿No fue guerrillero y asesino?, o mintió cuando lo trató de ignorante a AMLO, eso solo pueden creer aquellos periodistas ensobrados que cobran de su gobierno, hay cientos de youtuberos por todos lados, incluyendo algunos en Chicago.
López Obrador es el mismo que puso a su hijo bueno para nada, al frente de un grupo munido de recursos para operar en contra de Milei y apoyar a los ladrones peronistas en las últimas elecciones. ¿Y eso es neutralidad? La mano izquierda solo lava la mano izquierda y esta se lava la cara. La política no son las mañaneras, pero es difícil que pueda entender un tipo tan bruto e ignorante, que oírlo hablar 5 minutos repugna por lo ignorante.
7 de abril de 2024.