MÉXICO-EL NARCOESTADO
PACTO Y NO BALAZOS
«Las organizaciones mexicanas de narcotraficantes mantienen una alianza intolerable con el gobierno de México. El gobierno de México ha dado refugio a los carteles… Esta alianza pone en peligro a la seguridad nacional de Estados Unidos», dijo Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Estas rotundas palabras del presidente estadounidense no fueron desmentidas por el gobierno ni los dirigentes de alto nivel de la Cuarta T (Transportación de drogas).
Es la primera vez que un presidente estadounidense o de otro país, califique a México como un narcoestado, y lo que más llama la atención es el absoluto silencio o la amnesia repentina de las máximas autoridades mexicanas, como lo han hecho notar unos pocos medios en México, pocos, pero honestos y sobre todo valientes, como todo el mundo sabe que hablar de ciertas cosas en México es decretar su propia muerte o mínimamente el exilio. Pero como un dicho popular reza: «El silencio otorga».
Poco importa lo que digan los calenturientos y patrioteristas que salen a defender lo indefendible, unos por ignorancia y ceguera, y otros porque es parte de su trabajo, y digo trabajo, lo mismo que diría de un sicario que sale a matar gente por encargo. Esos «chayoteros» como dicen en México para referirse al periodista o periodistas que alaban y defienden el trabajo de un determinado político y que se sospecha que recibe chayote a cambio.
Se dice que esta expresión se empezó a usarse durante el gobierno de Miguel Alemán, en los años cincuenta del siglo pasado. Se dice un poco en broma y bastante de verdad, que el político invitaba a los periodistas afines para darle una nota exclusiva y si el artículo de marras era bien recibido, al día siguiente el político le hacía llegar un regalito. Los periodistas que no eran favorecidos por esta dadiva salían a buscar la forma de figurar entre los agraciados o desgraciados. Las peleas entre ellos eran muy comunes y se peleaban por el chayote.
El chayote es un fruto que tiene espinas, pero valía la pena recibir una dosis de espinas por el beneficio que reportaba. En la actualidad los chayoteros van desde los más famosos cuya credibilidad es cuando no, bien sospechosa, ya que se sospecha de estar recibiendo un chayote o de buscar que se lo otorguen. Pero ahí no se detiene la cadena de chayoteros, abundan en todos lados, en especial esos que funcionan con «canalitos periodísticos» en YouTube, tanto en México como en Estados Unidos. Hace unos años tuve en mi poder un frondoso listado de quienes recibían su chayote desde el gobierno de la Cuarta T.
En ella figuraban algunos que funcionan en Estados Unidos donde el pulpo mexicano tiene sus tentáculos. Chayoteros cuya patria se reduce al dinero. A esta meretriz ocupación Javier Milei, presidente argentino, lo llama «ensobrados», es decir, con ello se refiere a aquellos periodista o grupos de medios que se acostumbraron a recibir el sobre bajo el eufemismo de «pauta oficial» y que hoy recibieron su dosis de «motosierra».
Son esos quienes tratan de justificar o defender lo indefendible, pero no hacía falta que lo dijera Donald Trump, el ciudadano mexicano de a pie, ya lo sabía, pero obviamente no es lo mismo que lo sepa el hombre común, sino que tenga una trascendencia internacional. El misil lanzado, por lo que dijo Trump, quizás no es lo más importante, sino lo que no se dijo públicamente. Debo recordar que los organismos de inteligencia estadounidenses tienen acumulados o en su poder una copiosa información sobre el contubernio entre las autoridades de México, empezando para no ir muy lejos desde Carlos Salinas de Gortari.
Estas informaciones, de primera mano, tienen varios canales que van desde agencias oficiales del gobierno de Estados Unidos, o información obtenida a través de múltiples detenciones de narcotraficantes que ya están presos como el Chapo Guzmán, de arrepentidos y lo mejor, de narcos que se encuentran bajo custodia del gobierno de Estados Unidos y que tratan de obtener sentencias más benignas o no ser alojados en dependencia carcelarias como la que tocó en suerte al Chapo. Desde mi modesta posición puedo asegurar, según informes recibidos de fuentes confiables, que es así.
En enero del 2021, publiqué un artículo titulado: Narco Política y Narco-Estado, cuyo link dejo abajo, en la que hacía una distinción entre lo que es la narco político y el Narco-Estado, en la primera, como una disciplina que estudiaba o analizaba el comportamiento o involucración del gobierno de un Estado en el mundo de las sustancias prohibidas. Disciplina tan válida como lo pueden ser otras como la demopolítica, la ciberpolítica, la sociopolítica o la geopolítica, entendida esta como la incidencia de lo geográfico en la política.
Pero la calificación de Narco-Estado tiene otra dimensión, y esta se diferencia de la primera, ya que se trata del Gobierno de un Estado que se pone al servicio de la producción y el tráfico de estupefacientes, es decir, de las tres Capas del poder político, la capa basal, la capa cortical y la capa conjuntiva. Como dije anteriormente, un Narco-Estado se diferencia de la narcopolítica, y ha sucedido muy pocas veces en la historia. Y para ilustrar esa afirmación de cómo surge un Narco-Estado, recurrí a un personaje muy peculiar, curiosamente casi olvidado o simplemente no mencionado en los artículos o libros que se dedican al mundo de las drogas, me refiero al boliviano Roberto Suárez Gómez.
Un personaje tan importante o mucho más en su momento, al mismísimo Pablo Escobar. En el periódico izquierdista británico The Guardian, del 4 de agosto de 2000, se leía lo siguiente:
«(…) conozcan a Roberto Suárez, cuyo genio consistió, en primer lugar, en reunir a la mayoría de los productores de la hoja de coca y cocaína en su país en una sola organización, a la que llamó La Corporación, descrita por alguien como la General Motors de la cocaína y la cual se convirtió en la mayor proveedora del cártel colombiano de Medellín. En segundo lugar, Suárez se aseguró de conseguir protección política para su empresa en medio de la turbulencia política de una de las naciones entonces más inestables de América del Sur.
Cuando uno de los gobiernos más breves en la historia de Bolivia, el de su primera presidenta Lidia Gueiler, se mostró hostil contra el tráfico de drogas, su primo, el general Luis García Meza, al mando del ejército, planeó un golpe de Estado y en julio de 1980 derrocó al sucesor legítimo, Hernán Siles Suazo, tres semanas después de las elecciones presidenciales. El golpe fue respaldado por Suárez y su mafia del narcotráfico. Así como por la dictadura en Argentina que pretendía frenar el avance de las izquierdas.
El primer Narco-Estado del mundo acababa de nacer. The Guardian, un periódico de izquierdas, que no tiene en cuenta la dialéctica de imperios entre la URSS y Estados Unidos, al momento de calificar de dictadura a un gobierno, en este caso al argentino. Toda Iberoamérica era un campo de batalla entre gobiernos militares (dictaduras) que combatían la penetración comunista y grupos guerrilleros de ideología marxistas-leninistas. Otro periódico británico, el afamado The Economist, del 3 de agosto de 2000, decía:
¿Por qué Suárez Gómez se interesó en los negocios sucios? A diferencia de la plebe del cártel de Medellín, él no tenía el pretexto de escapar de la pobreza, ya que provenía de una familia adinerada que forma parte de la elite boliviana y goza de prestigio social, influencia y riqueza (…)».
Roberto Suárez Gómez, era descendiente de Lorenzo Suárez de Figueroa, un adelantado español y gobernador de Santa Cruz de la Sierra, que llegó en 1580, a lo que hoy se conoce como Bolivia. Y también de Nicolás Suárez Callaú, conocido en sus tiempos como el Rey de la goma, el Rey del caucho. Era el dueño de la empresa cauchera más grande del mundo y controlaba casi toda la producción de Bolivia y monopolizaba la comercialización en un 70% de la demanda mundial.
Roberto Suárez Gómez y su esposa Aida Levy, eran propietarios de numerosas haciendas y se dedicaban, entre otras cosas, a la producción bovina que anualmente vendían grandes cantidades de reses a los estados vecinos de Brasil. El resto de lo escrito entonces lo encontraran en:
https://revistaeutaxia.com/narcopolitica-y-narco-estado/.
Lo que dije entonces, lo sostengo ahora, México es un Narco-Estado, pese a que les duela a los chayoteros o a esos necios que no quieren ver lo que tienen ante sus ojos, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. La dura pero cierta acusación de Donald Trump nunca se lo esperaba ni Andrés Manuel López Obrador ni la Claudia Sheinbaum, de que el gobierno mexicano es cómplice de los carteles. Todos los personajes del primer círculo de la Cuarta T, para no ir más abajo, que no se sabe si es «Transformación» o «Transportación», están metidos hasta el cuello.
Una gran parte del territorio de México es territorio de los cárteles. Los que manejan, supuestamente o al menos formalmente, el poder, su capa conjuntiva, son los que permiten la instalación de miles de laboratorios para elaborar fentanilo, con precursores que ingresan, entre otros lugares, por el puerto de Manzanillo ubicado en Colima, este es uno de los puertos de mayor actividad en México, responsable del manejo de carga del Océano Pacífico para el área de la Ciudad de México y para el ingreso de precursores chinos para la elaboración de fentanilo.
La capa basal del Estado mexicano es usada para el cultivo y elaboración de opioides y su posterior elaboración de drogas sintéticas con la ayuda de los precursores suministrados por los laboratorios y empresas químicas de China, del gobierno chino, ya que, en China como todo país estatista, todo está dentro, controlado y depende del Estado. No vamos a enumerar los distintos lugares de su enorme capa basal de México donde están asentados estos campos de producción o laboratorios, pero, por ejemplo, podemos mencionar a grosso modo a Sinaloa, Baja California, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima y Michoacán.
Luego de los fuertes ataques a los capos de la droga, algunos grupos como las de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar fueron trasladando gran parte de su infraestructura de producción a ciudades clave como Monterrey, se expandieron a países como Colombia, país bastante seguro ya que gobierna en ese país y el criminal guerrillero Gustavo Petro, y como ya sabemos las izquierdas en Iberoamérica son cómplices del narco y de la delincuencia en general. Canadá es el mayor destino aprovechando el desastroso gobierno del idiota progre de Justin Trudeau y la porosa frontera con Estados Unidos.
Mas del 90% de las cocinas clandestinas de fentanilo fueron retiradas de Sinaloa, en especial de Culiacán, y se reubicaron en Monterrey debido a su posición privilegiada en el norte de México y su conexión directa con las rutas de traslado de las drogas hacia Estados Unidos, convirtiéndose en el nuevo centro operativo de los laboratorios del cártel. Los miembros de Los Chapitos están operando en Canadá desde hace unos cinco años, sobre todo en la costa oeste, donde ya han instalado laboratorios. Los narcotraficantes asiáticos son claves para esta operación en Canadá, en especial los chinos y vietnamitas.
Otra de las formas de evitar la destrucción de laboratorios en las zonas rurales o en los ranchos alejados, es la instalación de cocinas en áreas urbanas, instaladas en casas y pequeños departamentos, sobre todo ubicadas en vecindarios de clase media y alta. Esta nueva modalidad evita riesgos de perder gran cantidad de drogas y laboratorios y asegura el flujo constante a los mercados estadounidenses. Si el gobierno mexicano quisiera combatir el narcotráfico, primero debería terminar con su papel de Narco-Estado y acabar con los pactos o acuerdos existentes, y enviar al ejército a destruir los laboratorios y los mini laboratorios urbanos.
Toda esa información lo poseen los organismos de inteligencia del Gobierno de México. Un amigo y colega periodista estuvo hace algunos meses entrevistando a dueños de esos mini laboratorios en distintos lugares del norte de México, si puede un periodista y no pueden los organismos de inteligencia, bueno, que quieren que les diga, que se disuelvan como Estado. En cuanto a su capa cortical el gobierno mexicano les garantiza el paso de los cruces fronterizos, no solo eso, se los entrega en concesión.
Los que manejan el poder político con poco control de la oposición, son los que permiten las instalaciones de miles de laboratorios, y provocando una tragedia que ya ha costado más de 200.000 homicidios dolosos, que en el gobierno de AMLO fue un récord histórico. En el último debate presidencial, la candidata opositora Xóchitl Gálvez acusó a Mario Delgado, dirigente nacional de la Narco-Morena, que está bajo investigación penal en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado y el tráfico de hidrocarburos.
La investigación involucra a Mario Delgado por su supuesta asociación con Sergio Carmona, empresario tamaulipeco vinculado al tráfico de hidrocarburos, y quien fue asesinado en noviembre de 2021. «El negocio consistía en meter gasolina de Estados Unidos a México, sin pagar impuestos», indicó la candidata. También mencionó que Julio Carmona, hermano de Sergio, fue designado como administrador de la aduana de Reynosa, facilitando el contrabando y generando un quebranto de 700 mil millones de pesos al fisco mexicano. Ricardo Peralta Saucedo, es investigado en Estados Unidos, quien fuera director de Aduanas del gobierno de la Cuarta T.
Peralta Saucedo está acusado de vender los pasos fronterizos más codiciados y lucrativos a grupos del crimen organizado. Por ejemplo, la aduana de Reynosa, que fue entregado llave en mano a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, el creador de la red de huachicol fiscal. Con el dinero de esos ilícitos se coadyuvó a lograr el triunfo de la narco-Morena en las elecciones intermedias de 2021 y sus repercusiones en la presidencial del 2024.
Sergio Carmona sería ejecutado mientras se encontraba en una peluquería o barbería en San Pedro Garza García, Nuevo León. Su hermano Julio Carmona tuvo que huir a Estados Unidos y hoy es un testigo protegido del gobierno estadounidense, y ha revelado de forma detallada los financiamientos a las campañas morenistas como las de Sinaloa con Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa y en Tamaulipas con Américo Villarreal. Estos dos dirigentes es un ejemplo del modus operandi de la narco-morena.
Américo Villarreal Anaya (AVA), fue el operador de la campaña de Rubén Rocha Moya Gobernador de Sinaloa en 2021 cuando ganó la elección. Américo Villareal Anaya, mantenía contactos sólidos con el Cartel de Sinaloa que acaudillaba Ismael «el Mayo» Zambada García con negocios en la producción, venta y distribución de cocaína, mariguana, heroína, metanfetamina, fentanilo, petróleo ilegal, contrabando humano, actividades ilícitas en la industria de la pesca, limón, aguacate, lavado de dinero con empresas legales.
El Mayo Zambada logró contratos millonarios del gobierno de Sinaloa, y cuyas empresas se convirtieron en proveedores de varios gobiernos de México, y que el departamento del tesoro de Estados Unidos ya los tiene perfectamente registrados. El Mayo Zambada estuvo financiando por más de 40 años proyectos políticos y ayudado a dar sus primeros pasos a partidos nuevos como MORENA y PAS Partido Sinaloense. El «Mayo» Zambada no estuvo libre de detenciones por estar escondido en las sierras, creer eso es cosa de ingenuos, sino por protección política.
La ayuda financiera para la formación de partidos políticos y de campañas electorales, se explica desde la llegada de AMLO al poder, sociedad que Andrés Manuel López Obrador ratificó con el saludo y apretón de manos a los pies del vehículo de la madre del Chapo Guzmán, Consuelo Loera en su propio territorio, dejando en claro su lealtad y compromiso con este grupo criminal. Mas allá de su «abrazos y no balazos», un eufemismo utilizado para no combatir a sus socios criminales, con AMLO hay mucha tela para cortar.
Mas allá de sus seis giras por Badiraguato cuna del narco y tierra del Chapo Guzmán, refugio de narcos y productora de fentanilo, su orden de liberación de Ovidio Guzmán hijo del Chapo Guzmán Loera, es toda una declaración de principios. El mismo AMLO lo admitió en su programa La mañanera de que él fue quien dio la orden de liberación del hijo del Chapo Guzmán, lo que coloca ipso facto como cómplice: «Yo ordené que se detuviera ese operativo y se dejara en libertad a este presunto delincuente».
Para los que no saben, el «culiacanazo» fue una fallida operación de las fuerzas del orden de México que dejaron escapar al hijo del Chapo Guzmán, Ovidio, en 2019, quien estuvo brevemente en manos de la policía y el Ejército, pero fue liberado poco después tras un sangriento enfrentamiento con comandos armados que dejaron varios muertos, y que AMLO ordenara su liberación, en ese entonces dijo: «No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas». Lo que estaba en juego no era la vida de las personas sino su acuerdo con el narco y su silencio.
Entonces, teniendo en cuenta el servilismo de AMLO con el cartel de Sinaloa quien, desde atender a la madre del Chapo, rescatar y liberar a Ovidio Guzmán, además de las casi nulas intervenciones militares en dicho estado para neutralizar al narcotráfico especializado en producir fentanilo de aquel lugar y con el sistema criminal imperante en México, no podemos salvar a Américo Villarreal de establecer acuerdos y pactos con Zambada García cuando fue enviado por AMLO a operar ese estado.
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La DEA desde el 2012, estuvo escuchando diversas comunicaciones realizadas entre miembros de la delincuencia organizada con un alto funcionario mexicano cuyo apodo respondía al de «Padrino». Recién en 2017 lograron descifrar que se trataba del entonces Secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos.
Cienfuegos fue acusado de narcotráfico y de recibir sobornos por parte de una célula del Cartel de los Beltrán Leyva conocida como «El Cartel H2». Cienfuegos recibió de los Beltrán Leyva un teléfono BlackBerry previamente manipulado por la DEA para estar intervenido. El aparato fue filtrado a través de un informante quien le dio el teléfono al entonces Secretario de la Defensa Nacional de México (Sedena) y no sabía que el aparato estaba manipulado.
Cienfuegos creyó que tenía un BlackBerry con los códigos de encriptación sólidos e inviolables, y el general se comunicaba tranquilamente con los capos que le pagaban millonarios sobornos y con sus cómplices. De esa manera la DEA tiene registrados miles de mensajes enviados y recibidos por el ex Secretario de la Defensa Nacional, como así también su ubicación al momento de enviar y recibir esas comunicaciones.
Entre 2012 y 2018, el «Padrino» fue el Secretario de Defensa Nacional de México, responsable de la gestión del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana y reportó directamente al presidente de México, Enrique Peña Nieto. El acusado usó su cargo oficial para ayudar al Cartel H-2, un famoso cartel mexicano de la droga. La Fiscalía afirma que El Cartel H-2 «es una violenta organización mexicana de narcotráfico que anteriormente estuvo dirigida por Juan Francisco Patrón Sánchez, también conocido como H-2, y tuvo su sede en Nayarit y Sinaloa, México».
Esos criminales tuvieron células de distribución de droga en Los Ángeles, Las Vegas, Ohio, Minnesota, Carolina del Norte y New York, a través de las cuales distribuyeron miles de kilogramos de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana, y ganaron millones de dólares en ingresos ilegales. A través de la interceptación de miles de mensajes del BlackBerry se tienen pruebas de que, cuando Salvador Cienfuegos ayudó al Cartel H2 para que el ejército mexicano no afectara sus operaciones y atacara a grupos rivales. Además, el general Cienfuegos ayudó a conseguir transporte marítimo para los cargamentos de droga y expandir su territorio en Sinaloa.
También se descubrió que Cienfuegos estaba filtrando al líder del llamado Cartel H-2 investigaciones que el gobierno estadounidense tenía en curso. Con esta filtración, Cienfuegos habría firmado su propia sentencia, ya que las autoridades de Estados Unidos no toleran la traición directa. El general Cienfuegos ayudó a presentar a los mayores líderes del Cartel H2 con otros funcionarios del gobierno de México dispuestos a ayudarlos a cambio de sobornos. Gracias a esos otros funcionarios, el Cartel H-2 «logró el arresto y la tortura de narcotraficantes rivales por parte de las fuerzas del orden mexicanas y la liberación de los miembros del Cartel H-2 de la prisión…», afirmó la Fiscalía de New York.
El gobierno de Estados Unidos, no solo tiene pruebas contra el general, sino que puede realizar otras acusaciones en cadena, incluyendo a otros militares, miembros de la Policía Federal y de la PGR de alto rango. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reclamó porque Estados Unidos nunca les informó sobre las investigaciones que tenían en curso contra Salvador Cienfuegos. López Obrador debió reclamar, en primer lugar, a la propia Fiscalía General de la República que entonces encabezaba Alejandro Gertz Manero.
La Fiscalía pudo haber investigado y detenido al general Cienfuegos en abril de 2019, la Fiscalía dio a conocer la detención de Deovaldo Gutiérrez Alfaro alias «Leoba», un integrante importante del Cartel H2. En vez de procesarlo, interrogar y descubrir el nexo con Salvador Cienfuegos y otros funcionarios, y ex funcionarios con la organización criminal, lo extraditaron en noviembre de 2019 a Estados Unidos, y lo puso en manos de la Fiscalía de la Corte de Distrito Este de New York y del Fiscal Michael Robotti, quien tenía la acusación contra «Leoba» y Cienfuegos.
El gobierno de México también extraditó a Carlos Arturo Rubio Parra, alias «Canche», otro miembro del Cartel H2 que habría podido dar importante información a la Fiscalía General de México, si éstos hubiesen investigado. «Leoba» y «Canche», de acuerdo a la información pública de la Corte, tuvieron negociaciones con la Fiscalía para llegar a una declaración de culpabilidad. Y, por lo tanto, como sucede en estos casos, colaborar y dar información.
«Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental del país durante el periodo neoliberal. Como en el caso de García Luna, todos los que resulten involucrados en este otro asunto del general Cienfuegos que estén actuando en el gobierno, en la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados, y si es el caso puesto a disposición de las autoridades competentes». Esto dijo el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el 16 de octubre, luego de la detención del general de División Salvador Cienfuegos.
Seguramente alguien no le informó a López Obrador, que la primera renuncia se la debía pedir al general Crescencio Sandoval, a quién designó como secretario de la Defensa Nacional. Sandoval fue promovido en 2017 al grado de General de División por Cienfuegos y por el Presidente Enrique Peña Nieto. En el mismo periodo que Estados Unidos acusa a Cienfuegos de haber traficado droga y trabajado para el Cartel H2 (2012-2018), Sandoval era uno de sus hombres de mayor confianza ocupando el estratégico cargo de Subjefe del Estado Mayor de 2013 al 2016.
Andrés López Obrador, usó su investidura de presidente de México y su amistad con Donald Trump para liberar al general Cienfuegos en cuyo horizonte le esperaban de diez años de prisión a cadena perpetua, de haber sido declarado culpable. Aunque los cargos fueron retirados, no lo liberaron por presunción de inocencia, sino como resultado de una maniobra política, ya que las pruebas en su contra son sólidas.
El rescate de Cienfuegos pone a salvo sus intereses, pero sólo de manera temporal. De acuerdo a la legislación estadounidense, aunque los cargos contra Cienfuegos fueron retirados, estos pueden ser reactivados en cualquier momento durante los próximos cinco años. Obviamente que Cienfuegos no regresará a Estados Unidos, pero si sus cómplices, cuyos nombres se reservó el Departamento de Justicia.
El 18 de noviembre, Cienfuegos llegó al aeropuerto de Toluca, bajo la protección de López Obrador y la promesa del entonces canciller, Marcelo Ebrard, de que llegaría como un «ciudadano libre». Cienfuegos sigue gozando de plena libertad pese a las graves imputaciones, y que el gobierno de México prometió que sería investigado. Ese fue el argumento del gobierno mexicano, que su detención fue una violación de la soberanía, y que el general Cienfuegos debía ser investigado y procesado por las leyes mexicanas.
Pero ese argumento de soberanía no fue esgrimido para casi la docena de mexicanos acusados de narcotráfico en Estados Unidos que el gobierno de Obrador extraditó sin problemas. Entre ellos, Deovaldo Gutiérrez Alfaro y Carlos Arturo Rubio Parra, integrantes del Cartel H2 con el cual Cienfuegos estuvo involucrado. También se extraditó a Ismael Zambada, hijo del líder del Cártel de Sinaloa, a lugartenientes de Joaquín Guzmán «EL Chapo», a integrantes del cártel de Los Zetas, y a Rubén Oseguera González, hijo del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.
Quienes trafican con droga y no forman parte de las instituciones del Gobierno, son prescindibles, y los que lo hacen desde el Gobierno, como el Cártel de los Generales, no. El sentido común dice que los traficantes no existirían si los militares y las fuerzas de seguridad no fueran sus cómplices. Andrés López Obrador dijo que Trump accedió devolver al general porque confía en la justicia mexicana. ¿Es una broma?
El Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Diego, realizó un estudio que fue publicado en 2018 y dice que, del 100% de los crímenes investigados por la Fiscalía General de la República de México (antes PGR), el 94% de los casos quedan sin castigo. En cambio, del total de crímenes investigados por la Fiscalía Federal del gobierno de Estados Unidos, en el 95% hay una sentencia condenatoria.
Cienfuegos fue parte de un grupo de poder que lleva enraizado en México desde hace más de tres décadas. Y que López Obrador llamaba «mafia en el poder» cuando era opositor y que desde su primera campaña presidencial en 2006 prometió destruir. Los militares se acostumbraron a recibir dinero del narco, en especial los generales. Por cierto, el cuarto país del mundo con mayor cantidad de generales, después de Estados Unidos, China y Rusia, es México.
La llamada popularmente Ley Cienfuegos, más que una aparente defensa de la soberanía, a convertido a México en una zona franca legal del crimen. Lo que no había logrado ni siquiera Felipe Calderón. Esta reforma fue aprobada en el Senado con 71 votos a favor, 21 en contra y una abstención. Con la que limita la presencia de agentes extranjeros, como la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Esto constituye una prueba irrefutable del servicio de la capa conjuntiva al narco y que lo convierte en un Narco-Estado.
La reforma de esta ley establece la obligación de los agentes extranjeros de «poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información que se alleguen en el ejercicio de sus funciones» ante «las autoridades correspondientes». También elimina la «inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones». «La propuesta, lejos de proteger la soberanía nacional la debilita, puesto que podría debilitar también el combate al crimen organizado», argumentó el entonces senador Ismael García Cabeza de Vaca, del opositor Partido Acción Nacional (PAN).
«Resulta cuestionable que podamos establecerles obligaciones de manera unilateral a través de una ley nacional y no mediante un convenio o un tratado bilateral», advirtió la entonces senadora Guadalupe Murguía. Aunque AMLO y su gobierno afirman que la súbita reforma no tiene dedicatoria, los cambios a la ley sí tienen una dedicatoria clara y precisa contra la DEA, la CIA y el FBI, y es por eso que al interior de la llamada 4 T ya le llaman la «Ley Cienfuegos». Lo único que se deja claro es la soberanía de la impunidad.
Existen algunos testimonios de capos de la droga que se encuentran en prisión, conseguidos por periodistas, que esperan obtener mejores beneficios ya habrían asumido su papel de testigos protegidos y dieron a conocer pormenores de sus acuerdos con el Gobierno de la Cuarta Transportación. Los militares como Luis Crescencio Sandoval ex Secretario de Defensa gozan de la desconfianza en Estados Unidos, no solo de este delincuente, sino de todos los altos mandos militares.
En el sexenio de AMLO aceptaron ser los primeros para construir obras faraónicas, plagados de corrupción y en complicidad con los hijos y amiguetes de la familia presidencial, todo para no combatir el crimen organizado del cual eran cómplices. Luis Crescencio Sandoval no solo avaló la liberación de Ovidio Guzmán, sino que miró para otro lado por dinero cuando se produjo la fentalinizacion.
Audomaro Martínez Zapata, quien luego de su nombramiento por Andrés Manuel López Obrador como director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se convirtió en el perro guardián de la documentación sobre violaciones a derechos humanos resguardados por el extinto Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN) relacionados con violaciones graves a derechos humanos cometidos de 1965 a 1990.
Este militar participó en el tráfico de migrantes junto a hijos de funcionarios de López Obrador, y en el tráfico de pasaportes para migrantes y en la venta de huachicol con gobernadores morenistas. Podríamos seguir hablando de Adán Augusto López, de Daniel Flores Nava, de Mario Delgado, el ex presidente de Morena, Erasmo Gonzalez, Sergio Carmona, Américo Villareal. Las acusaciones no solo vienen del norte, de Estados Unidos, en México Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco, que pertenece a Morena, acusó al ex secretario de seguridad de ese estado, Adán Augusto López, de tener complicidad con el narco, quien salió en defensa de Augusto López fue Claudia Sheinbaum.
Cuitláhuac García fue denunciado de tener nexos con el Cártel del Noroeste. Ahora se escandalizan cuando Donald Trump amenaza con aranceles, mejor dicho, no amenaza, ya es una orden ejecutiva firmada, momentáneamente suspendida por un mes. Pero miran para otro lado cuando los narcos en complicidad con los militares cobran aranceles a sus conciudadanos, a todo tipo de productos incluido el aguacate.
Hace más de un año, la revista Science publicó un estudio en el que afirma que el crimen organizado es el quinto empleador más grande de México. Los bajos salarios y la falta de oportunidades hacen que cerca de 175.000 mexicanos trabajen para organizaciones delictivas. Los mayores empleadores son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con el 17.5% de este total, el Cártel de Sinaloa, con el 8.9%, la Nueva Familia Michoacana, con el 6.2%, el Noreste, con el 4.5%, y la Unión Tepito, con el 3.5%. El 59% restante se lo reparten los demás cárteles y células que oscilan en unos 200 grupos.
Prueba de ello es que México es el país donde más flujos financieros ilícitos corren cada año, superando por lejos a Afganistán, Bangladesh, Colombia, Ecuador, Maldivas, Myanmar, Nepal y Perú, según el informe de agosto pasado del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La cifra en ganancias se limita únicamente al tráfico de drogas ilegales, teniendo como principal destinatario los mercados de altos ingresos, principalmente Estados Unidos y varios países de la Unión Europea y Asia.
Los cárteles también tienen «negocios» a nivel local, como el narco menudeo, secuestros, extorsión, tráfico de migrantes, trata de personas, entre otros, pero de ello no hay cálculos oficiales. En 2018, una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que la industria criminal genera cada año ingresos brutos por un estimado de 600 mil millones de pesos, aproximadamente unos 33.165 millones de dólares.
Esta cifra representa un PIB mayor al de algunas islas caribeñas como Haití (20.94 miles de millones), Jamaica (14.66 miles de millones) y Bahamas (11,21 miles de millones). El tráfico de heroína, cocaína, metanfetaminas y ahora el fentanilo, que es la principal fuente de ingresos de dichos cárteles. En Estados Unidos hay más de 24 millones de personas que consumen estas drogas. La ONU estima que al año obtienen ganancias en promedio de 12.840 mil millones de dólares.
El negocio no está en sí en la producción, sino en el trasiego, por lo que establecieron alianzas con narcos de Colombia y Perú, de donde sale el 90% de la cocaína que llega a los estadounidenses, a través de medios marítimos y aéreos. Con estas ganancias los cárteles compran arsenales iguales o más potentes que los que se emplean en su combate, casas de seguridad y corromper a policías, militares, políticos y jueces, es decir, todo lo necesario para continuar delinquiendo.
Todos los gobiernos fracasan, porque no se desarman esas estructuras corruptas y, en segundo lugar, porque el Estado es cómplice del narco. La negativa del gobierno a combatir la impunidad de la que gozan esos grupos que están unidos al crimen organizado, para mantener su patrimonio intocable. Hay una modalidad en estas actividades que se hacen en efectivo, da lugar a otro negocio delictivo y que es el lavado de dinero. Algunos Cárteles como el de Sinaloa se han vuelto especialistas en esta actividad, usando una variedad de métodos.
Un informe reveló que unos 4.400 millones de dólares, el 7.6% de las remesas enviadas de Estados Unidos a México en 2022, podrían proceder del lavado de dinero. El sistema financiero de Estados Unidos detectó que estados con poca población mexicana como Minnesota, Tennessee, Utah o Idaho tuvieron una notable presencia en el envío de remesas, sólo por debajo de California y Texas que, al estar en la frontera sur, tradicionalmente han acogido a más migrantes.
El informe también explica que hay localidades en Sinaloa que recibieron más transferencias en dólares cada mes que el número de hogares que la integran. Por su parte, la agencia de noticias Reuters informó que los cárteles utilizan un ejército de civiles reclutados para ayudar a trasladar las ganancias ilícitas de la droga obtenidas en Estados Unidos. Mediante WhatsApp, se les avisa del envío de una remesa (no más de ocho mil dólares), que deben retirar y cruzar la ciudad para depositar en cuentas de bancos diferentes. Cada vez que realizan esta actividad los civiles llegan a obtener hasta 230 dólares. También recurren al intercambio de criptomonedas, que es poco regulado.
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Años antes de que Andrés Manuel López Obrador fuera elegido líder de México en 2018, agentes antidroga de los Estados Unidos descubrieron pruebas de que narcos importantes habían entregado alrededor de 2 millones de dólares a políticos que trabajaban en la primera campaña presidencial de AMLO en 2006. El dinero fue entregado a los asesores de campaña a cambio de la promesa de que en un futuro gobierno de López Obrador se facilitaría las operaciones de los narcotraficantes.
La acusación de que operadores del futuro presidente de México negociaron con uno de los criminales más notorios del país, continuó sonando entre funcionarios de política exterior y de justicia estadounidenses, quienes eran muy escépticos sobre el compromiso de Andrés López Obrador de enfrentarse a los narcos. «La corrupción está tan entretejida con el narcotráfico en México que no hay forma en la que se puede perseguir a los narcotraficantes sin ir a por los políticos y los militares y policías que los apoyan», dijo en una entrevista Raymond Donovan, quien se jubiló como jefe de operaciones de la Drug Endorsements Administration (DEA).
Los agentes de la DEA obtuvieron información tras detener al antiguo operador de campaña por cargos de narcotráfico en el 2010. Para evitar la prisión federal, el operador relató en detalle la historia de las donaciones de los traficantes, las cuales, dijo, él mismo ayudó a entregar. También grabó secretamente conversaciones con Nicolás Mollinedo Bastar, el asesor cercano de Andrés Manuel López Obrador que según el operador había participado en la trama.
Roberto López Nájera, un abogado de 28 años, apareció en la Embajada de los Estados Unidos un día en 2008 y pidió hablar con alguien de la DEA. Los dos agentes que bajaron de su oficina en la cuarta planta escucharon un relato convincente: durante los últimos años, López Nájera les dijo, él había ejercido como consejero legal dentro de la empresa de uno de los traficantes más notorios de México, Edgar Valdéz Villareal. El traficante más conocido como «La Barbie», había contribuido con unos 2 millones de dólares a la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
López Nájera, les reveló que los Beltrán Leyva habían infiltrado un topo en la embajada. El hombre resultó ser un empleado del U.S. Marshals Service (servicio federal de alguaciles) que tenía amplio acceso a información sobre criminales mexicanos buscados por los Estados Unidos. La trampa de un supuesto curso de formación atrajo al topo a la zona de Washington, D.C., donde lo arrestaron y acusaron de crímenes federales antes de que aceptara cooperar con las autoridades, según fuentes oficiales.
Cuando la DEA detuvo al exministro de defensa mexicano, general Salvador Cienfuegos Zepeda, por cargos de corrupción vinculados al narcotráfico en octubre de 2020, López Obrador atacó a la agencia aún más agresivamente. Con el ejército presionando al presidente para defender a Cienfuegos, altos funcionarios mexicanos dejaron claro que la cooperación antidrogas estaba en riesgo. Después de que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, cerró el caso y repatrió al general, Andrés López Obrador anunció que el Plan Mérida estaba «muerto» e impulsó nuevos y estrictos límites en las operaciones de agentes estadounidenses dentro de México.
En 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que The New York Times, trabaja en una nueva investigación en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico, esta vez por haber recibido dinero de cárteles de la droga para su campaña presidencial de 2018. Tras ello, compartió una carta que el medio estadounidense le hizo llegar durante la tarde de ayer.
Durante la conferencia de prensa matutina de ese 22 de febrero, el líder del Ejecutivo reveló que el diario envió a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, un cuestionario «en tono amenazante». Se trata de una misiva de Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía de The New York Times en México. En ella, la nominada al premio Pulitzer solicitó al mandatario federal responder siete preguntas, con el fin de incluir su posicionamiento en el nuevo reportaje.
«Quiero informarle que estamos trabajando en un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, distinta de la investigación de la DEA que se hizo pública hace unas semanas y que sólo analizó su campaña de 2006. Por este medio solicitamos sus comentarios sobre el reportaje. Tenemos hasta las 17:00 de hoy, el 21 de febrero, para incluirlo en el artículo», se lee al inicio del escrito.
Esto dice la misiva:
1)-La primera pregunta expuesta por Natalie Kitroeff explica que la nueva investigación se basa en testimonios de informantes y transferencias de dinero, mismos datos que presuntamente el gobierno de EEUU habría recabado. Sin embargo, refiere que, al final, la investigación fue cerrada luego de que las autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México. «En gran parte, la decisión se tomó tras la reacción del gobierno mexicano cuando EEUU arrestó al general Salvador Cienfuegos en 2020», expuso.
2)-En el segundo punto, se informa que a partir de documentos que consultaron y entrevistas que realizaron, un informante reveló que «uno de los confidentes más cercanos» de López Obrador se reunió, antes de las elecciones del 2018, con Ismael Zambada García, «El Mayo», líder más longevo del Cártel de Sinaloa.
El día 19 de febrero, el presidente Donald Trump, al declarar a los cárteles como grupos terroristas, dijo ante una consulta: «Tengo una muy buena relación con México, pero creo que México está dirigido en gran medida por los cárteles, y eso es algo triste de decir». Además, agregó que, si México le solicitara ayuda para el combate a los cárteles de la droga, se la brindaría, pero insistió en que el país se encuentra dirigido por estos grupos criminales.
19 de febrero de 2025