Cuadernos de Eutaxia — 28
LAS EJECUCIONES DE LOS MARXISTAS DEL ERP
LOS TRIBUNALES ERPIANOS
El capitán Humberto Viola y una de sus hijas
El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) a tratado de justificar sus secuestros, asesinatos y ejecuciones, a propios y enemigos, hablando de un supuesta justicia popular o justicia revolucionaria. Sobre esta cuestión los intelectuales de izquierda abrevan en dos textos que son poco o nada conocidos por el público en general. Uno de ellos es el Código de Justicia Penal Revolucionario de Montoneros, y el artículo El Partido Armado, un intento de justificación sobre las propuestas del ERP 22 de Agosto presentado por Eduardo Weisz.
El periódico, Estrella Roja, tenía una sección denominada «Crónica de la Guerra Revolucionaria», en ella se publicaban todas las acciones llevadas a cabo en dos semanas o al mes correspondiente al número. En ella se contaban los desarmes a policías, que era lo más leve, ataques a comisarías, «expropiaciones» de autos, dinero o armas, «expropiación» y reparto de alimentos, u otros bienes en barrios pobres, «ajusticiamientos» de represores o empresarios, secuestros, atentados con explosivos, tomas de fábrica, etc.
Llamaban «expropiación» a los robos que cometían, y a la violación de la propiedad privada típico del marxismo. Muchas de estas noticias recibían un tratamiento más especial o en otra sección de la revista. En «Crónica de la Guerra Revolucionaria» se daban a conocer los actos cometidos por el ERP y también de otras organizaciones guerrilleras delictivas, que esto fulanos llamaban «otras organizaciones hermanas».
Se identificaba con precisión la organización que había protagonizado la acción, a veces, con el nombre del comando, ya fuera ésta el propio ERP u otra organización izquierdista. Por ejemplo: «El Comando “Paso Ibáñez” del ERP coloca una bomba en el auto de…», o a veces sin especificar: «Abril 14. Santos Lugares. Un comando procedió a ajusticiar a dos custodios de un ejecutivo de la empresa imperialista Good Year…».
Los 58 casos reunidos se han agrupado en tres: -CASO A: son los que evidencian un alto grado de selectividad. Se trata de personas ejecutadas o bien en acciones que tenían como principal objetivo dicha ejecución, por ejemplo, el general Juan C. Sánchez, o bien de personas secuestradas por el PRT-ERP cuya ejecución estaba prevista en caso de fracasar la negociación, como fue el caso del empresario Oberdan Sallustro. Los casos tipo «A» suman un total de 37.
-CASO B: las muertes por las que el ERP asume cierta responsabilidad pero que no estaban planificadas, es decir, que la ejecución de la persona no constituía el objetivo de la acción. Se trata de casos en los que la víctima opone «resistencia» ante un desarme o cualquier otra acción del ERP, que «obliga a los combatientes a disparar». Los casos tipo «B» suman un total de 6.
-CASOS DUDOSOS: se refieren a aquellas muertes que dan lugar a serias dudas o bien en cuanto a su autoría. Por ejemplo, aquellas ejecuciones anunciadas en la revista Estrella Roja sin mayores explicaciones de la organización que las llevó a cabo, o bien en cuanto a su naturaleza. Se trataría de ejecuciones sumarias –casos tipo A–, muertes en combate, muertes ante «resistencias» –casos tipo B– o suicidios. Los casos «DUDOSOS» suman un total de 15.
II. Los ejecutados
Hay otras categorías que identifican a las personas ejecutadas en tanto que actores sociopolíticos específicos. En este caso, del total inicial de 58 casos: 34 corresponden a integrantes de las fuerzas legales o ilegales: miembros de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Federal y de las policías provinciales, integrantes de grupos paraestatales e infiltrados de los servicios de inteligencia.
15 corresponden a empresarios y personal jerárquico de diversas empresas, tanto de origen nacional como extranjero, 4 corresponden a un conjunto conformado por un militante del PRT-ERP condenado por «traidor» y tres «delatores» y/o «colaboradores» del Ejército en Tucumán. 3 corresponden a sindicalistas, 2 a casos «dudosos» de personas que, además, no pertenecen a ninguna de las anteriores categorías (un docente universitario y la esposa de un general del Ejército).
La figura del «enemigo» fue usada por el ERP, para justificar las ejecuciones que tenían que ver con las definiciones teórico-ideológicas: «el enemigo» aparecía asociado a la estructura de poder económico, como un enemigo de clase, la burguesía. En otra acepción el «enemigo» aparecía identificado con los agentes del Estado, especialmente las Fuerzas Armadas. Es esta última es la que terminaría imponiéndose sobre la primera.
A diferencia de Montoneros, cuya carta de presentación pública y primera acción de envergadura fue el secuestro y fusilamiento del ex presidente Pedro E. Aramburu, no hubo, en el caso del PRT-ERP una ejecución fundante de su identidad, aunque la modalidad que asumieron las distintas ejecuciones, la retórica y el imaginario en ellas implicadas, fueron parte del proceso de construcción identitaria perretista.
Las primeras ejecuciones selectivas del PRT-ERP datan de los meses de marzo y abril del año 1972. Entre esa fecha y febrero de 1977, hubo un total de 37 ejecuciones con un alto índice de selectividad. Tomando los casos de integrantes de las fuerzas armadas y empresarios, dichas ejecuciones se basaron sobre la represalia. Ésta empleaba términos propios de una cultura de la venganza con valores de una justicia sustantiva, «popular» o «revolucionaria».
De acuerdo a las declaraciones públicas tras las ejecuciones de empresarios y de integrantes de las fuerzas armadas, se puede constatar que los delitos o crímenes por los cuales el PRT-ERP condenó y ejecutó la sentencia de pena de muerte pueden ser agrupados en dos:
1) responsabilidad o culpabilidad directa respecto de situaciones específicas de injusticia social (explotación, despidos, bajos salarios, etc.) e instigamiento y/o complicidad con la actividad represiva en el movimiento obrero. 2) responsabilidad o culpabilidad directa en torturas y asesinatos de militantes «del campo popular» en general y combatientes del ERP en particular.
II. a. Empresarios
Unos diez empresarios fueron ejecutados selectivamente, al menos seis lo fueron en virtud del primer tipo de delitos. Estos fueron los casos de: Oberdan Sallustro, director general de la FIAT (10-04-72), Ramón Samaniego, jefe de personal de La Cantábrica S.A. (04-12-74), Héctor B. Minetti, presidente de la Cámara de Cemento Pórtland Sudamericana y de la Compañía Juan Minetti e Hijos S. A. (28-02-76), Miguel Salizotsky, jefe de seguridad industrial del Frigorífico Swift (28-05-76), Adolfo Valis, vice comodoro retirado y gerente de personal de La Cantábrica (09-11-76) y Pedro A. Lombardero, gerente de relaciones laborales de TAMET (10-02-77).
En diciembre de 1974, en medio de una creciente actividad guerrillera– el ERP asesinó a 4 empresarios. En el caso del empresario pesquero Antonio do Santos Larangueira, no hay una declaración perretista. La ejecución de Ramón Samaniego, jefe de personal de La Cantábrica S.A., obedece al primer tipo de delitos mencionados, en tanto que las de Alberto Abeigon y Manuel Martínez, gerente general y gerente de personal respectivamente de la firma MILUZ, ejecutados el 30 de diciembre, serían según esa asquerosa distinción del segundo grupo. Se les adjudica a estos una supuesta responsabilidad en la muerte de militantes obreros.
Lo que ellos llaman el «ajusticiamiento» de Ramón Samaniego, el 4 de diciembre de 1974, se presentó públicamente «como respuesta a la política represiva que viene llevando adelante la patronal explotadora, tratando de intimidar a sus obreros por medio de matones que los amenazan o como ocurrió con el compañero Leal, delegado de Sección que fue víctima de un atentado con una bomba». Según estos criminales, la ejecución en represalia busca un efecto ejemplificador y rectificador.
Desde la visión marxista perretista, que el burgués, en el transcurso de la lucha de clases, defendiera con todos los medios a su alcance sus propios intereses era tan esperable como inevitable. Y afirman que la condición de la explotación, se sabía, no radica en la existencia del burgués en sí sino en la perpetuación del orden capitalista.
El supuesto conflicto de clases como lo entendía el PRT-ERP que tenía lugar en el país, se manifiesta a través de despidos y represión de huelgas o tomas de fábrica, lo que constituía una conducta previsible. Formaba parte de las reglas del juego y de ahí que estas manifestaciones hayan sido percibidas como materia de «negociación».
Pero aparece en escena la Triple A, invención de Juan Perón, lo que a los ojos de los revolucionarios había roto aquella normatividad tácita era lo que ellos llaman irrupción de «bandas de matones» o «bandas fascistas» que, desde la ilegalidad de un orden ya de por sí injusto y violento, se cobraban en vidas el desafío obrero, sobre todo a partir de 1974. Los fascistas izquierdistas internacionalistas erpianos llamando fascistas a los fascistas de izquierda nacionalistas, es decir, el muerto se admira del degollado.
Las ejecuciones de los ejecutivos de la empresa MILUZ, Alberto Abeigon y Manuel Martínez, fueron la respuesta perretista, según estos, «a los asesinatos de dos obreros de esa fábrica, Jorge Fisher y Miguel Ángel Bufano, muertos en ese mes por las ya tristemente célebres “Tres A”, brazo armado de las patronales y del gobierno de Isabelita». Y para que no quedaran dudas de la responsabilidad empresarial en el accionar de la organización parapolicial, el PRT-ERP la denunciaba en la explicación de su represalia: «¿Por qué el brazo de la justicia popular se abatió sobre dos miembros de la clase explotadora? […] Son ellos, los patrones, quienes pagan a los mercenarios que alquilan su brazo y su conciencia».
Por lo visto, los «ajusticiamientos» del PRT-ERP buscaban, a través del castigo ejemplar, la rectificación de esa modalidad represiva que involucraba la vida de los activistas. ¿Y que pretendían, que los dejaran a estos resentidos instaurar libremente su marxismo leninismo? De ahí que las declaraciones públicas sobre las ejecuciones realizadas no sólo refirieran al tiempo pasado del supuesto crimen, sino que incluyeran la advertencia sobre el accionar futuro:
«La justicia revolucionaria, el terror revolucionario, que nace y se aumenta en el odio de clase contra nuestros explotadores y sus lacayos, […] alcanzará implacablemente no sólo a quienes apuntan el arma y oprimen el gatillo, sino también –y principalmente– a quienes eligen el blanco y proporcionan los fondos para la cruzada contrarrevolucionaria […]».
Según estos criminales marxistas, los delitos de explotación propios de la condición de clase del burgués podían «negociarse», la sangre derramada, no. Ante el crimen del asesinato sólo había lugar para un castigo equivalente. Al terror de la Triple A, el PRT-ERP buscó responder, entonces, con el «terror revolucionario», a la muerte de dos militantes populares, con la de dos miembros de la patronal. Terror por terror, muerte por muerte. Que lógica de mierda.
Como los erpianos se veían acosados por la Triple A de Juan Perón, se desquitaban ejecutando empresarios, como es el caso de Luis León Doménech, ejecutivo de la compañía Isaura, secuestrado y ejecutado el 12 de septiembre de 1975. Héctor B. Minetti, ejecutado el 28 de febrero de 1976, Miguel Salizotsky, jefe de Seguridad Industrial del Frigorífico Swift, ejecutado el mismo año en Saladillo. Adolfo Valis, vice comodoro retirado, ejecutado en Ituzaingó, y Pedro A. Lombardero, ejecutado el 10 de febrero de 1977 en Florida, provincia de Buenos Aires.
A excepción del caso de Héctor Minetti, no se lee en las declaraciones partidarias mención alguna a crímenes de sangre por el que el ERP estuviera «ajusticiando» en represalia. Lo que se encuentran son fórmulas repetidas de la retórica partidaria, vinculadas a la condición de clase de las víctimas. Salizotsky, fue ejecutado, «por ser fiel defensor de la patronal del frigorífico». Valis, porque «cumplió hasta el final su misión de defender los intereses de la patronal explotadora, a costo [sic] del hambre y miseria de nuestro pueblo trabajador». Y, se advertía en este caso «a la patronal y a sus perros guardianes, las Fuerzas Armadas Contrarrevolucionarias, que, de continuar sus atropellos y arbitrariedades, caerá sobre sus espaldas el largo brazo de la justicia popular…».
En el caso de Lombardero, el último empresario ejecutado por el ERP, se dice: «… uno de los más fieles ejecutores de los planes represivos implementados por los explotadores de TAMET y responsable directo del despido de 26 compañeros». La impotencia ante la inminente derrota militar y cierto compromiso de sangre «con los compañeros caídos», propio de la guerrilla revolucionaria. Esos sentimientos son sumados a un «odio de clase» en el que la retórica no había cesado y había constituido el motor del impulso «ajusticiador».
II. b. Represores
Entre marzo de 1972 y enero de 1977 el PRT-ERP ejecutó entre 20 y 34 integrantes de las fuerzas militares. La mayoría de esas ejecuciones constituyó la represalia perretista a la caída y derrota militar de militantes y combatientes por parte de las fuerzas armadas y de las policías provinciales y federal. Por su número y su regularidad y, desde la óptica de los desquiciados del PRT-ERP, por representar la determinación implacable de no negociar la sangre de los caídos éstas fueron las ejecuciones por excelencia de la justicia perretista.
Las personas que habrían sido «ajusticiadas» en virtud de su responsabilidad o culpabilidad directa en la tortura y/o asesinato de militantes fueron: el Comandante principal, Abel Pedro Agarotti, ex jefe de la Policía de Tucumán al momento de su ejecución, el 17 de marzo de 1972 en Quilmes, Buenos Aires. Los perretistas lo condenaron por tener «a su cargo directo la más salvaje represión y tortura contra nuestros hermanos tucumanos, encarceló obreros, estudiantes y todos aquellos que levantaban su voz de protesta contra el régimen y su política de hambre y miseria».
Digamos que fue un gran patriota. El General Juan Carlos Sánchez, jefe del II cuerpo de Ejército, ejecutado el 10 de abril de 1972 en Rosario en un operativo conjunto con las FAR. Sánchez fue declarado culpable por haber propiciado «en Rosario y toda la zona bajo su influencia, la instalación del más bárbaro régimen de tortura contra los combatientes populares de que se tenga noticia […]. Él se sentía seguro. ¿Quién se atrevería a tocar a un “General de la Patria”? Pero la justicia del pueblo se atrevió».
Hugo Guillermo Tamagnini, inspector general de la Policía de Tucumán (sin fecha de ejecución). Tamagnini fue considerado por los perretistas «responsable de crímenes y de la tortura de numerosos militantes de nuestra organización, de organizaciones hermanas y de estudiantes y obreros […] Responsable también de la represión al pueblo durante las movilizaciones […] No habrá perdón para los criminales de guerra, para todos aquellos que a través del crimen y las torturas procuran sostener el régimen de los explotadores […]».
Carlos Hugo Juncos: aunque era empleado del Banco de la Provincia de Córdoba al momento de su ejecución, ocurrida el 11 de septiembre de 1973 en Córdoba, había sido miembro de la División de Informaciones de la Jefatura de Policía Provincial. En la declaración de su «ajusticiamiento» se denuncia: «este sanguinario personaje que torturó en la policía a numerosos revolucionarios que durante la dictadura cayeron prisioneros, ya hace mucho tiempo atrás había sido sentenciado por la justicia popular». Suboficial (Re) Mario Reduto, secuestrado el 22 de febrero de 1974 en Zárate y ejecutado presumiblemente el 13 de marzo del mismo año.
Tras su detención por un comando del ERP, Reduto «fue puesto a disposición del Tribunal Revolucionario por estar acusado de graves cargos que atentan contra la clase obrera y el pueblo. Estos cargos son: 1) jefe del comando parapolicial; 2) torturador; 3) cómplice del secuestro y tortura a un combatiente caído en Azul, presumiblemente Héctor Antelo, que fue traído a Prefectura de Zárate para que se le efectúe un reconocimiento y ser interrogado en condiciones físicas próximas a la muerte, y 4) partícipe en los allanamientos al pueblo del Zárate…».
Es decir, Reduto, fue ejecutado por servir a la nación e impedir que estos internacionalistas implantaran la dictadura del proletariado. Cabo Rubén Oscar San Juan, ejecutado el 4 de septiembre de 1974 en Rosario. No se han encontrado fuentes de la ejecución, pero el ERP lo había sentenciado a muerte en julio de 1973. Esta sentencia tuvo lugar tras la detención por parte del ERP de un ex oficial de policía, Jorge Alberto Colombo, el 17 de julio de ese mes.
Colombo debía «rendir cuentas» ante el tribunal perretista por el «secuestro y posterior asesinato del compañero Ángel Brandozza». En su declaración, Colombo afirmó que habían sido Rubén San Juan y dos oficiales (Marcelo Olazagoita y Grande) los responsables de aquellos hechos. Fue a raíz de esa declaración que el Tribunal Revolucionario del ERP comunicó su decisión de «AJUSTICIAR A LOS CRIMINALES POPULARES GRANDI, SAN JUAN Y OLAZAGOITA».
Comisario Eudorio Ibarra, ejecutado el 20 de septiembre de 1974 en Tucumán (junto con quien estuviera acusado de ser su cómplice, Héctor Zaraspe, taxista). Ibarra y Zaraspe habían sido identificados como los responsables directos de la tortura y asesinato de un combatiente del ERP. En la declaración dicen: «Cuando la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez tomó el nombre del inolvidable “Zurdo”, estaba siempre caliente en nuestra memoria su salvaje asesinato en manos de la policía de Santa Lucía. El viernes 20 de septiembre a las 20:30 la Unidad de Monte copó Santa Lucía y cumplió la sentencia contra Eudoro Ibarra y Héctor Oscar Zaraspe, ambos declarados culpables por un tribunal revolucionario de las torturas y posterior asesinato del combatiente del pueblo Ramón Rosa Jiménez».
El zurdito Ramón Rosa Jiménez, lo único que hizo fue adelantarse a todos esos desquiciados perdedores. Jesús Rainer (alias Oso) «agente confeso del Servicio de Inteligencia del Ejército infiltrado en nuestra organización», ejecutado el 13 de enero de 1976. Este fue un «ajusticiamiento» excepcional, puesto que a través de él no sólo se penaba la responsabilidad directa de Rainer en la muerte y desaparición de militantes sino también uno de los delitos más severamente castigados en todo grupo militar: la traición.
Rainer, además de provocar con su delación la «caída» de varios militantes durante los meses de noviembre y diciembre de 1975, fue quien informó al Ejército sobre los preparativos del asalto al cuartel de Monte Chingolo. «Detenido» y juzgado por el tribunal partidario, Ranier confesó «ser miembro del SIE infiltrado en el ERP con el objeto de destruir su organización. Ser responsable de la muerte y/o desaparición de más o menos 100 compañeros […], por la información que delató la acción del ERP sobre el batallón 601 de Arsenales Viejo Bueno».
Tras su condena y ejecución, el ERP declaraba: «el cumplimiento de la sentencia de muerte dictada por el tribunal Partidario, ha puesto punto final a los crímenes del traidor. La justicia revolucionaria ha actuado descargando todo el peso de su fuerza sobre quien se atrevió a realizar actividades contrarrevolucionarias dentro de la organización. La justicia revolucionaria ha vengado a las decenas de compañeros muertos y desaparecidos y es un ejemplo y una advertencia…».
Al único que debieron ejecutar fue Mario Roberto Santucho, por idiota, sabiendo que los podrían estar esperando, siguió adelante con el plan criminal. Entre la publicación de esta «grave determinación» y los tres meses siguientes el PRT-ERP ejecutó, como respuesta a los fusilamientos de sus combatientes en Catamarca, a nueve oficiales del Ejército, estos fueron: Coronel Jorge Oscar Gras, ejecutado el 25 de septiembre de 1974 en Córdoba. Teniente primero Luis Roberto Brzic, ejecutado el 25 de septiembre de 1974 en Rosario, Capitán Miguel Ángel Paiva, ejecutado el 2 de octubre de 1974 en Buenos Aires, Mayor bioquímico Jaime Gimeno, ejecutado el 7 de octubre de 1974 en Banfield, Teniente primero Juan Carlos Gambandé, ejecutado el 10 de octubre de 1974 en Santa Fe, Teniente coronel médico José Francisco Gardón, ejecutado el 23 de octubre de 1974 en el hospital Municipal de San Miguel, Mayor Néstor Horacio López, ejecutado el 7 de noviembre de 1974 en Santa Fe, Teniente primero Roberto Eduardo Carbajo, ejecutado el 12 de noviembre de 1974 en San Nicolás, Capitán Humberto Viola, ejecutado el 4 de diciembre de 1974 en San Miguel de Tucumán.
Durante el desarrollo del operativo de este último «ajusticiamiento», la hija menor del capitán Viola, María Cristina, de tres años de edad, resultó muerta, y su hermana, María Fernanda, de cinco años, gravemente herida. Aunque no se hayan encontrado declaraciones partidarias públicas al respecto, la memoria militante afirma que a raíz del trágico saldo inesperado el PRT-ERP puso fin a esta represalia indiscriminada.
Sin embargo, en agosto de 1975 y a pocos días de haber propuesto un armisticio el PRT-ERP declaró una segunda represalia de este tipo. Esta fue anunciada el 12 de agosto en una conferencia de prensa y publicada en Estrella Roja hacia finales de mes. La última ejecución registrada que tuviera por víctima a un integrante de las fuerzas represivas fue la del Vice comodoro Roberto Moisés Echegoyen.
Este caso, por la similitud de circunstancias en que se realizó dicha ejecución, remite al de Sallustro. Tras haber secuestrado a Echegoyen el 29 de abril de 1976, el ERP ofreció canjear su libertad «por uno de los siguientes compañeros prisioneros del enemigo: Edgardo Enríquez, miembro de la comisión política del MIR chileno, secuestrado por las fuerzas represivas el 10 de abril o Juan Eliseo Ledesma, comandante del ERP y miembro del buró político, en manos del enemigo desde el 10 de diciembre de 1975».
El desenlace de este caso se precipitó el 10 de julio de 1976 cuando el Ejército localizó y rodeó la «cárcel del pueblo» donde Echegoyen permanecía secuestrado (una finca de la localidad de San Andrés, provincia Buenos Aires) produciéndose un tiroteo en medio del cual Echegoyen fue ejecutado. Juan Eliseo Ledesma y Edgardo Enríquez continúan desaparecidos.
III. Justicia revolucionaria, venganza y guerra «El brazo de la justicia popular es largo y sabe ajustar cuentas con los asesinos y torturadores del pueblo». «Es la única forma de obligar a una oficialidad cebada en el asesinato y la tortura, a respetar las leyes de la guerra». El PRT-ERP, en rigor, era la «indignación popular» aquello que se expresaba a través de la palabra y el accionar perretista. Así terminó la indignación popular, los militares los borraron del mapa por resentidos.
El ERP, según estos resentidos marxistas, estaba integrado «por los mejores hijos del pueblo», era el «brazo ejecutor» de aquella justicia: «es por ello que el pueblo a través de su Ejército, el ERP y las demás organizaciones hermanas, ha comenzado a ejecutar el mandato popular y reprimir con la pena de muerte a todos los verdugos». Los asesinados eran los hijos del pueblo, la indignación era la del pueblo como también lo eran las «cárceles», los tribunales y las sentencias condenatorias. Cuanto delirio de estos criminales marxistas, no se puede creer.
La autoridad moral que parecía arrogarse el PRT-ERP, y en función de la cual vengaba los crímenes cometidos no sólo contra sus militantes sino también «contra el pueblo», no se sustentaba únicamente en la autoasignada representación de aquella justicia popular sustantiva, también encontraba otra fuente de legitimación en la postulación de una superioridad moral respecto de las fuerzas enemigas en la que el discurso partidario insistía con énfasis particular.
A continuación, se ofrece un listado detallado de 58 casos. El mismo está ordenado cronológicamente (por fecha de ejecución). En el caso de los integrantes de las fuerzas militares se consigna el grado seguido del nombre. En los otros, se consigna condición social o motivo de su ejecución a continuación del nombre de la persona ejecutada. Asimismo, se especifica en qué «caso» ha sido agrupada cada ejecución (A, B o DUDOSO). Y la fuente de donde se extrajo la información.
*Soldado Luis Norberto Molina. Muerto «al resistirse» el 12-03-72 en la VII Brigada Aérea de Morón. CASO B. Fuentes: diario Clarín 14 de marzo de 1972 y Estrella Roja, abril de 1972, ambas citadas en In Memoriam, Tomo II, pág. 1869. *Comandante principal Abel Pedro Agarotti (Re) Ejecutado el 17 de marzo de 1972 en Quilmes. CASO A Fuentes: «El ERP al pueblo» en Estrella Roja (s/f), citada en In Memoriam, Tomo II, págs. 250-251; y «Para los ojos del pueblo NO HAY ESCONDITES» en Estrella Roja, marzo-abril de 1972.
*Oberdan Sallustro, empresario. Ejecutado el 10-04-72 en Capital Federal (había sido secuestrado el 21-03-72). CASO A. Fuentes: Comunicado de prensa del 24 de marzo de 1972, reproducido en In Memoriam, Tomo III, pág. 115; «Comunicado Nº 2» y «El Largo brazo de la justicia popular» en Estrella Roja Nº 12, marzo/abril de 1972, reproducidas en De Santis, Tomo I págs. 314-317.
*General Juan Carlos Sánchez Ejecutado 10-04-72 en Rosario (operativo conjunto con las FAR). CASO A. Fuentes: «Comunicado Nº 2» y «El Largo brazo de la justicia popular» en Estrella Roja Nº 12, marzo/abril de 1972, ambas reproducidas en De Santis, Tomo I, págs. 314-317.
*Inspector Hugo Guillermo Tamganini (Re) Sin fecha de ejecución. Tucumán. CASO A. Fuentes: «El pueblo castiga a sus torturadores» en Estrella Roja Nº 23, 15 de agosto de 1973. *Suboficial mayor Emilio Horacio Larrea. Muerto «al resistirse» el 04-09-73 en Berazategui. CASO B. Fuente: Estrella Roja Nº 25, 21 de septiembre de 1973. *Carlos Hugo Juncos (ex miembro de la División de Informaciones de la Jefatura de Policía Provincial de Córdoba). Ejecutado el 12-09-73 en Córdoba. CASO A. Fuente: Estrella Roja Nº 26, del 20 de noviembre de 1973. Colección Documento Histórico Nº 3 de Infobae.
*Coronel Camilo Arturo Gay y su esposa Ilda Irma Cazaux. Ejecutados el 19-01-74 durante el copamiento del Regimiento 10 de Caballería Blindada de Azul. CASO DUDOSO. Se lo ha considerado dentro de este grupo puesto que hay distintas versiones del acontecimiento. Según la versión publicada en Estrella Roja Nº 29, «Suplemento: El combate de Azul. 28 de enero de 1974», Gay se resiste a ser detenido y muere en el tiroteo que a partir de allí se genera, la muerte de su esposa no está mencionada. Siguiendo esta versión de los hechos podría ser considerado CASO B. Según el relato publicado en In Memoriam, tomo 1, pág. 100, ambos son ejecutados fríamente (ella, incluso, delante de sus hijos) por lo que podría ser considerado CASO A.
*Suboficial primero Mario Reduto (Re) Ejecutado presumiblemente el 13-03-74 en Zárate (había sido secuestrado el 22-02-74). CASO A. Fuente: «Comando parapolicial secuestrado» en Estrella Roja Nº 31, del 04-03-74. Colección Documento Histórico Nº 28 de Infobae, pág. 16 (citada también en In Memoriam, tomo II págs. 113-114). *Antonio Pedro Magaldi, secretario regional de la CGT San Nicolás. Ejecutado el 04-04-74 en San Nicolás. CASO A. Fuente: Estrella Roja Nº 32, del 10 de abril de 1974. Colección Documento Histórico Nº 29 de Infobae, pág. 16.
*Cabo Rubén Oscar San Juan Ejecutado el 04-09-74 en Rosario. CASO A. Fuentes: no se encontraron fuentes originales de la ejecución. Sin embargo, por un lado, en In Memoriam tomo II, págs. 565-566 le es adjudicado al ERP y, por otro lado, en julio de 1973 había sido sentenciado a muerte por el ERP y dicha sentencia fue publicada en Estrella Roja Nº 23, del 15 de agosto de 1973, págs. 7-9.
*Comisario Eudoro Ibarra; y *Héctor Oscar Zaraspe (taxista acusado de ser cómplice del anterior en la muerte de un integrante del ERP). Ejecutados el 20-09-74 en Santa Lucía (Tucumán). CASO A. Fuentes: «Santa Lucía. Potrero de las Tablas-Justicia Revolucionaria» sin fecha (original incluido en «El terrorismo en la Argentina» Poder Ejecutivo Nacional, 30 de noviembre de 1979, págs. 127-129), y «El copamiento de Santa Lucía», Estrella Roja 41, lunes 7 de octubre de 1974. Colección Documento Histórico Nº 3 de Infobae, pág. 16.
*Coronel Jorge Oscar Grassi o Gras Ejecutado 25-09-74 en Córdoba. CASO A. Fuentes: Estrella Roja sin fecha Colección Documento Histórico Nº 39 de Infobae, pág.15. *Teniente primero Luis Roberto Brzic. Ejecutado 25-09-74 en Rosario. CASO A. Fuentes: Estrella Roja, sin fecha, Colección Documento Histórico Nº 39 de Infobae, pág.15.
*Capitán Miguel Ángel Paiva Ejecutado en 02-10-74 en Buenos Aires. CASO A. Fuentes: Estrella Roja Nº 43, del 4 de noviembre de 1974, pág. 18; y diario Clarín 4 de octubre de 1974, (ambas fuentes citadas en In Memoriam, tomo I, pág. 138). *Mayor bioquímico Jaime Gimeno. Ejecutado el 07-10-74 en Banfield. CASO A. Fuentes: En In Memoriam, tomo I, pág. 141, no se reproduce la fuente, sino que se menciona que en Estrella Roja Nº 43, del 4 de noviembre de 1974, pág. 18, el ERP se auto adjudica el hecho.
Por otra parte, en un comunicado del 10-10-74 publicado en Estrella Roja Nº 45, del 2 de diciembre de 1974, pág. 13 (Colección Documento histórico Nº 12 de Infobae) se anuncia que un comando del ERP tomó la escuela de Educación Técnica Nº 1 de Don Bosco «donde cursara sus estudios el combatiente […], caído en la acción de ajusticiamiento del mayor Gimeno».
*Teniente primero Juan Carlos Gambandé Ejecutado el 10-10-74 en Santa Fe. CASO A. Fuentes: Parte de Guerra del 10-10-74 publicado en Estrella Roja Nº 43, lunes 4 de noviembre de 1974 (reproducida en De Santis, tomo II, pág. 333). *Teniente coronel médico José Francisco Gardón. Ejecutado el 23-10-74, en San Miguel. CASO A. Fuentes: Estrella Roja Nº 43, del 4 de noviembre de 1974, pág. 18, citada en In Memoriam, tomo I, pág. 148.
*Profesor Jordán Bruno Genta, docente universitario. Ejecutado el 27-10-74 en Capital Federal. CASO DUDOSO. Fuentes: En In Memoriam, tomo 3, pág. 281 se atribuye el hecho al PRT-ERP, pero sin citar o mencionar fuentes específicas. Por otra parte, en Estrella Roja Nº 44, 18 de noviembre de 1974, que incluye una «crónica de guerra» de los meses de octubre y noviembre, no se menciona este hecho.
*Mayor Néstor Horacio López Ejecutado el 7-11-74 en Santa Fe. CASO A. Fuentes: Parte de Guerra publicado en Estrella Roja Nº 44, 18 de noviembre de 1974, pág. 16. *Teniente primero Roberto Eduardo Carbajo. Ejecutado el 12-11-74 en San Nicolás. CASO A. Fuentes: Estrella Roja Nº 45, 2 de diciembre de 1974, pág. 18, citada en In Memoriam, tomo I, pág. 153.
*Teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal. Ejecutado el 19-11-74 durante un traslado. Había sido secuestrado el 19-01-74 en el asalto al cuartel de Azul. CASO A. Fuentes: Parte de Guerra del 20-11-74 (original incluido en El terrorismo en la Argentina, Poder Ejecutivo Nacional, 30 de noviembre de 1979, pág. 322). *Capitán Humberto Viola. Ejecutado el 04-12-74 en San Miguel de Tucumán (en el operativo resultó muerta, también, su hija de tres años, María Cristina). CASO A. Fuentes: «Ejecución de oficialidad enemiga. Unidad Compañía de Monte RRJ. Fecha: 1-12-74», original incluido en «El terrorismo en la Argentina, Poder Ejecutivo Nacional», 30 de noviembre de 1979, págs. 205-206.
*Sr. Ramón Samaniego (jefe de personal de La Cantábrica S.A.). Ejecutado el 04-12-74 en Haedo. CASO A. Fuentes: «Ajusticiamiento», original incluido en «El terrorismo en la Argentina, Poder Ejecutivo Nacional», 30 de noviembre de 1979, pág. 323. *Sr. Antonio Do Santos Larangueira, empresario Ejecutado el 14-12-74 en Mar del Plata. CASO A. Fuentes: Según In Memoriam, tomo III, pág. 291, el ERP se auto adjudica el hecho en Estrella Roja Nº 48, del 19 de febrero de 1975.
*Sr. Alberto Abeigon (gerente general de la firma MILUZ) y *Sr. Manuel Martínez (gerente de personal de la misma firma). Ejecutados el 30-12-74 en Villa Martelli. CASO A. Fuentes: «MILUZ: Justicia Revolucionaria» en Estrella Roja Nº 47, lunes 13 de enero de 1975, reproducida en De Santis, tomo II, págs. 336-337, y Editorial del mismo número, Colección Documento Histórico Nº 16 de Infobae, pág. 2.
*Eliseo Pascual («Besuco») Córdoba (acusado de ser «colaborador» del Ejército). Ejecutado el 17 ó 19 de enero de 1975 en Tucumán. CASO A. Fuentes: «Santa Lucía. Potrero de las Tablas-Justicia Revolucionaria» sin fecha, original incluido en «El terrorismo en la Argentina, Poder Ejecutivo Nacional», 30 de noviembre de 1979, págs. 127-129, y Estrella Roja Nº 49, 10 de marzo de 1975, pág. 13. *Sr. Francisco Ingrey, directivo o empresario de la financiera Roberts. Secuestrado el 01-04-75 en San Isidro. Identificados sus restos el 10-09-75. CASO DUDOSO: En el relato contenido en In Memoriam, tomo III, págs. 351-353 se postula que posiblemente haya sido el PRT-ERP puesto que en un operativo vinculado al secuestro de Charles Lockwood, también directivo de la financiera Roberts habían «caído» tres militantes del PRT-ERP. No se encontraron fuentes originales.
*Sr. José Pedro Chirino, sindicalista, delegado de Tensa. Ejecutado el 05-04-75 en Munro. CASO A Fuentes: Estrella Roja Nº 53, 5 de mayo de 1975, citada en In Memoriam, tomo III, pág. 322. *Capitán Miguel Alberto Keller Muerto el 18-08-75 en Capital Federal. CASO B. Fuentes: Estrella Roja Nº 60, sin fecha, citada en In Memoriam, tomo I pág. 226.
*Teniente coronel. Julio A. Larrabure Muerto el 23-08-75 (había sido secuestrado el 12-08-74 en el ataque a la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María). CASO DUDOSO. Fuentes: la noticia de su secuestro salió publicada en Estrella Roja Nº 38, 19 de agosto de 1974, Colección Documento Histórico Nº 8 de Infobae, pág. 8 y tapa. Luego, en una «propuesta de armisticio» publicada en El Combatiente Nº 138, 9 de octubre de 1974, reproducida en De Santis, tomo II págs. 327-331, el PRT-ERP exige ciertas condiciones a cambio de su vida. Finalmente, en Estrella Roja Nº 59, 27 de agosto de 1975 (Colección Documento Histórico Nº 7, Infobae, pág.3), el ERP niega toda responsabilidad en su muerte, asegurando que se trató de un suicidio.
*Comisario Alfonso Vergel. Ejecutado el 03-09-75 en La Plata. CASO A. Fuentes: según In Memoriam, tomo II, pág. 495 «sería el ERP quien se adjudicaría el atentado, mediante el llamado realizado por una mujer a los medios de prensa y policiales». *Sr. Luis León Doménech, ejecutivo o empresario de la compañía Isaura. Ejecutado el 12-09-75, (había sido secuestrado el 12-08-75). CASO A: según In Memoriam, tomo 3, pág. 353, fue muerto en iguales condiciones que Sallustro, es decir, cuando fue descubierta la «cárcel del pueblo» en donde permanecía secuestrado. No se citan fuentes, aunque se afirma que en el lugar se halló una bandera del ERP. Por otra parte, en la publicación del juicio revolucionario que se le hizo a Jesús Ranier (alias el «Oso», infiltrado del SIE en el ERP) se le adjudica la delación de dos cárceles del pueblo en una de las cuales se hallaba detenido Luis Doménech. Fuente: «Ajusticiamiento de un traidor» en El Combatiente Nº 200, 21 de enero de 1976, más tarde publicado también en Estrella Roja, 2 de febrero de 1976 (ambas reproducidas en De Santis, tomo II, págs. 517-520).
*Jesús Rainer, alias «El Oso», infiltrado. Ejecutado el 13-01-76. CASO A. Fuentes: «Ajusticiamiento de un traidor» en El Combatiente Nº 200, 21 de enero de 1976, más tarde publicado también en Estrella Roja, 2 de febrero de 1976 (ambas reproducidas en De Santis, tomo II, págs. 517-520). *Sr. Héctor Bartolomé Minetti, empresario de Cemento Portland Sudamericana y Juan Minetti e Hijos S. A. Ejecutado el 28-02-76 en Córdoba. CASO A. Fuentes: parte de Guerra del ERP, original incluido en: «El terrorismo en la Argentina, Poder Ejecutivo Nacional», 30 de noviembre de 1979, pág. 261.
*Miguel Ángel Pozo, integrante del PRT-ERP. Sin fecha de ejecución. CASO A. Fuentes: «Justicia popular. Ajusticiamiento de un traidor» en Estrella Roja Nº 71, 14 de marzo de 1976, pág. 3, original incluido en: «El terrorismo en la Argentina, Poder Ejecutivo Nacional», 30 de noviembre de 1979, pág. 342. *Cabo primero Juan De Dios Silva. Muere el 03-05-76 tras un atentado realizado el 08-04-76 en el que resultó gravemente herido. CASO B. Fuentes: Estrella Roja, 3 de mayo de 1976, citada en In Memoriam, tomo II págs. 306-307.
*Suboficial principal (Re) Alberto Carbone; y Jorge Alberto Carbone (agente de la Policía Federal). Ejecutados el 13-04-76. CASO DUDOSO: se considera dudosos porque en la cita de In Memoriam (Estrella Roja sin fecha, probablemente mayo) el hecho aparece consignado, pero no autoadjudicado: «Abril 14. Santos Lugares. Un comando procedió a ajusticiar a dos custodios de un ejecutivo de la empresa imperialista Good Year; uno era suboficial de la Fuerza Aérea y el otro, su hijo, de la Superintendencia de Investigaciones» (In Memoriam, tomo II, pág. 217).
*Capitán de fragata José G. Burgos. Ejecutado el 14-04-76 en Olivos. CASO DUDOSO. (Idem caso anterior). Fuente: Estrella Roja, 14 de abril de 1976, citado en In Memoriam, tomo II, pág. 130: «Olivos. Un comando ajustició al capitán de fragata ingeniero José Burgos». *Atilio Santillán, sindicalista. 22 de marzo de 1976 en Capital Federal. CASO A. Fuentes: Estrella Roja Nº 74, 19 de abril de 1976, pág. 20, citada en «El terrorismo de Estado en Argentina, Poder Ejecutivo Nacional», 30 de noviembre de 1979, pág. 13.
*Sr. Raúl Velazco, jefe de planta de la Coop. Sancor de Córdoba. Ejecutado el 21-04-76 en Córdoba. CASO B. Fuentes: Incluido en In Memoriam, tomo III, págs. 411-412. No se citan fuentes partidarias, pero según este relato el acontecimiento sucedió en la planta de SANCOR y los atacantes arrojaron volantes del ERP. Al parecer buscaban a otro directivo de la empresa, pero ejecutaron a Velazco por su actitud durante la toma.
*Coronel Abel Héctor Cavagnaro (Re) Ejecutado el 26-04-76 en Buenos Aires. CASO DUDOSO. Fuentes: Estrella Roja, 17 de mayo de 1976, pág.19, referida en In Memoriam, tomo I, pág. 266. Al igual que en casos anteriores, la duda proviene del hecho de que su anuncio en Estrella Roja no implica necesariamente que haya sido ésta la organización que llevó a cabo la ejecución.
*Marcelo Jiménez, acusado de ser «colaborador» del Ejército y «delator». Ejecutado el 27-04-76. CASO A. Fuentes: «Desde el monte la verdad revolucionaria. Parte de guerra» en Estrella Roja Nº 76, 17 de mayo de 1976, pág. 9, original incluido en «El terrorismo en la Argentina, Poder Ejecutivo Nacional», 30 de noviembre de 1979, pág. 34. *Mayor Osvaldo Elio Reyes. Ejecutado el 09-05-76 en Ezpeleta. CASO DUDOSO: al igual que en casos anteriores en In Memoriam, tomo I, pág. 267 se cita el anuncio que el ERP hace de esta ejecución en Estrella Roja Nº 77, 31 de mayo de 1976, pág. 19. Sin embargo, en dicho anuncio no se especifica la organización política que llevó adelante la acción.
*Sr. Miguel Salizotsky, jefe de Seguridad Industrial del Frigorífico Swift. Ejecutado el 28-05-76 en Saladillo. CASO A. Fuentes: según In Memoriam, tomo III, pp. 420-421 el ERP, en Estrella Roja «correspondiente a ese mes» se adjudicó el asesinato y en Nº 78 del mes siguiente «volvió a referirse al hecho». *Sr. Oscar Héctor Fiora, gerente de planta del frigorífico Swift. Ejecutado el 10-06-76 en Ensenada. CASO DUDOSO. Según el relato contenido en In Memoriam, tomo III, pág. 422, no se encontraron evidencias de la autoría de este hecho. Sin embargo, se lo adjudica al ERP porque 13 días antes había matado a otro ejecutivo de la misma empresa (Salizotsky).
*Coronel Juan Carlos Mendieta Ejecutado el 15-06-76 en Capital Federal. CASO B. Fuente: «Parte de Guerra. Ajusticiamiento de un coronel contrarrevolucionario» distribuido en la vía pública (citado en In Memoriam, tomo I, pág. 269). *Sr. Osvaldo Trinidad, gerente de relaciones industriales de Swift. Ejecutado el 21-06-76 en Berisso. CASO DUDOSO. Según el relato contenido en In Memoriam, tomo III, pág. 424, no se encontraron evidencias de la autoría de este hecho. Sin embargo, se lo adjudica al ERP porque 23 días antes había matado a otro ejecutivo de la misma empresa (Salizotsky), y 11 días antes había ocurrido el caso Fiora.
*Vicecomodoro Roberto Moisés Echegoyen Ejecutado el 10-07-76 en provincia de Buenos Aires (había sido secuestrado el 19-04-76). CASO A. Fuentes: «Parte de Guerra. Detención de un Vicecomodoro» en Estrella Roja, mayo 1976. (Facsímil reproducido en In Memoriam, tomo II, pág. 221). *Sr. Carlos B. Balza, supervisor de servicios administrativos de Chrysler Fevre Argentina. Ejecutado el 09-09-76. CASO DUDOSO. En In Memoriam, tomo III, pág. 441 se le atribuye esta muerta al ERP porque aparece consignada en «Crónica de la Guerra Revolucionaria» de Estrella Roja. Al igual que en casos anteriores no se explicita qué organización llevó adelante la acción.
*Capitán de fragata Juan Jorge Basso. Ejecutado el 14-10-76 en Olivos. CASO DUDOSO. Idem caso anterior. Fuente: Estrella Roja de noviembre de 1976: «14. Buenos Aires. Un comando ajustició a un miembro de la armada contrarrevolucionaria, capitán Juan Basso», citada en In Memoriam, tomo II, pág. 137. *Adolfo Valis, Vicecomodoro (Re), gerente de personal de La Cantábrica. Ejecutado el 09-11-76 en Ituzaingó. CASO A. Fuentes: Parte de Guerra del ERP del 9 de noviembre de 1976, Facsímil reproducido en In Memoriam, tomo II, pág. 225.
*Suboficial Carlos H. Gil. Ejecutado en diciembre de 1976. CASO DUDOSO. Idem casos anteriores. Su muerte aparece consignada en la prensa partidaria sin explicitación de la organización responsable. Fuentes: Estrella Roja, enero de 1977, citada en In Memoriam, tomo II, pág. 145. *Sr. Pedro A. Lombardero, gerente de relaciones laborales de TAMET. Ejecutado el 10-02-77 en Florida. CASO A. Fuentes: Estrella Roja Nº 93, 28 de febrero de 1977, reproducida en De Santis, Tomo II, pág. 611.
Mayo de 2024