¿QUÉ PASA EN EL CARIBE?
EL SOCIALISTA CARTEL DE LOS SOLES
Ricardo Veisaga
Mientras gran parte del mundo estaba centrado en la pandemia del COVID-19, el gobierno de Donald Trump había iniciado un gran operativo en el Caribe, enviando buques de guerra y aviones a la región, mientras planifica la destitución del jefe del cártel de los soles, Nicolás Maduro, de Venezuela.
«Estamos desplegando más destructores, buques de combate, aviones y helicópteros de la Armada; guardacostas y aviones de vigilancia de la Fuerza Aérea, duplicando nuestras capacidades en la región», anunció Donald Trump en una sesión informativa para la prensa en la Casa Blanca el 1 de abril.
Donald Trump había anunciado durante la conferencia, que iba a poner en marcha la operación antidrogas «más grande del continente», enfocada en los cárteles mexicanos, desplegando fuerza naval y aérea cerca de las costas de Venezuela, en un esfuerzo por presionar al régimen de Maduro.
En la Casa Blanca, además del presidente estuvo el secretario de Defensa, Mark Esper, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert C. O’Brien y el Fiscal General William Barr.
«Hay una amenaza de que los carteles y terroristas aprovechen la situación generada por el coronavirus para su propio beneficio. No debemos permitir que eso suceda», dijo Trump, detallando que esa operación se realiza en alianza con 22 países, desplegando aeronaves, naves y helicópteros destructivos de la Armada en el Caribe y el Pacífico Oriental.
El secretario de Defensa, Mark Esper, dijo que el régimen de Maduro se había aprovechado de las ganancias de las drogas para obtener ingresos a costa del sufrimiento del pueblo venezolano. «El régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela, depende de los beneficios que proceden de la droga para mantener su poder opresor».
El asesor de Seguridad Nacional, O’Brien, agregó que Nicolás Maduro es una amenaza para Estados Unidos y que esa nueva operación antidrogas «reducirá el apoyo con el que el régimen de Maduro financia sus actividades maliciosas».
William Barr, declaró «Los carteles [mexicanos] tienen que ser derrotados en favor de los estadounidenses y del pueblo de México y de Venezuela», y que los carteles mexicanos son la mayor prioridad para el país, ya que son responsables de la muerte de 70.000 estadounidenses al año.
Luego del anuncio, el comisionado de Seguridad de la embajada de Venezuela en Estados Unidos, Iván Simonovis, escribió por Twitter: «La justicia llega, tarde o temprano, pero llega».
Casi una semana después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara por narcotráfico al presidente Nicolás Maduro y a una decena de altos funcionarios o ex funcionarios de Venezuela, el gobierno de Trump anunció el inicio de la operación antinarcóticos.
¿Cuál es la misión oficial? Según el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O’Brien, reducir la entrada de drogas ilegales en Estados Unidos, y «reducir el soporte financiero para el narcotráfico que provee al régimen corrupto de Maduro en Venezuela y a otros actores perniciosos de los fondos necesarios para realizar sus actividades malignas». ¿Eso es todo? No lo creo.
El despliegue militar fue anunciado apenas 24 horas después de que el secretario de Estado, Mike Pompeo, presentara una propuesta para la conformación de un gobierno de transición en Venezuela. Una propuesta que establece la participación de representantes bolivarianos en igualdad con la oposición, con miras a unas elecciones presidenciales y legislativas en un plazo de 6 a 12 meses.
Pero, como reiteró hace unos días, el enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams:
«Las negociaciones no serían con nosotros, serían negociaciones entre el régimen y los partidos demócratas liderados por Juan Guaidó, evidentemente podemos ayudar. La transición no puede empezar con Nicolas Maduro en su cargo, los noruegos pueden reiniciar negociaciones entre ambos lados, pero es mejor si Nicolas Maduro puede salir hoy, si hay negociación sobre el día después y como va a salir Maduro esto es positivo».
En un comunicado, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, acusó al gobierno estadounidense de querer distraer la atención de la crisis del coronavirus y de atacar a Venezuela con infamias y amenazas. Arreaza descalificó la propuesta de transición como un acto de injerencia.
Maduro, por su parte, tachó los señalamientos en su contra de «falsos» y acusó a Trump y a los miembros de su gobierno de actuar como «cowboys racistas del siglo XXI». Lo cierto es que un caso como este no se presentaba en la región desde finales de la década de 1980, cuando las autoridades estadounidenses imputaron por narcotráfico a otro presidente en ejercicio al que tampoco reconocían: el panameño Manuel Antonio Noriega.
«Si yo acabara de ser imputado por narcotráfico, con una recompensa de US$15 millones por mi captura, tener al Comando Sur realizando una operación antidrogas cerca de mi costa con un grupo de destructores, Awacs, una brigada del ejército y agentes de operaciones especiales no sería algo muy tranquilizador», escribió en un tweet el senador por Florida Marco Rubio.
Esta «operación ampliada antinarcóticos» de acuerdo con el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la operación participan miles de guardacostas, soldados de infantería, marinos, así como miembros del cuerpo de Marines y de la Fuerza Aérea. También se incluye a Fuerzas de Operaciones Especiales.
Hay muchos detalles que por razones de seguridad nacional que no se conocen, se sabe que la operación comenzó oficialmente luego que la Armada estadounidense sumara barcos de guerra adicionales procedentes de su Comando Europeo (EUCOM) y de su Comando del Pacífico (PACOM) a naves de la Flota Atlántica con sede en Norfolk (Virginia) que ya se encontraban navegando por el Caribe.
Los destructores, son barcos de guerra multifunción, con capacidades defensivas y ofensivas. Pueden realizar operaciones antiaéreas, antisubmarinos y antisuperficie. Entre sus sistemas de ataque cuentan con los misiles Tomahawk. Los destructores USS Porter y USS Ross, que fueron los responsables de lanzar los más de medio centenar de misiles guiados que fueron empleados en el ataque de castigo que se lanzó en contra de instalaciones militares en Siria en abril de 2017.
Los Buques de combate litoral, son barcos de guerra de última generación, diseñados para operaciones cercanas a la costa. Son considerados rápidos y ágiles. Están dotados de sistemas que les permiten enfrentar amenazas «asimétricas» como minas y submarinos de diésel. Pueden servir como transporte de una pequeña fuerza de asalto, sirven de plataforma para lanchas de desembarco, vehículos acorazados o vehículos no tripulados. Cuentan con un hangar en el que pueden transportar hasta dos helicópteros MH-60 Seahawk. Son naves adecuadas para perseguir y capturar a traficantes y piratas.
Hay al menos 10 Barcos guardacostas, Estados Unidos cuenta con una amplia variedad de buques de este tipo que cuentan con capacidades distintas, aunque en general se destinan a operaciones de seguridad marítima. También desplegaron helicópteros tanto en los barcos guardacostas como en los destructores.
Aviones P8, los aviones de vigilancia P8 son una versión modificada y militar del Boeing 737. Cuentan con un avanzado sistema de radares y sensores, así como con una amplia capacidad ofensiva que les permite lanzar misiles, torpedos y minas. Están especialmente dotados para los combates aire-mar y aire-tierra.
Aviones E-3 Awacs, reconocibles a simple vista por el enorme radar rotatorio que llevan en su parte superior, estas naves son una herramienta avanzada para operaciones de vigilancia, comando, control y comunicaciones. Su producción se detuvo en 1992, cuando solamente había 68 unidades de su tipo.
Ofrecen una lectura completa y en tiempo real del espacio aéreo sobre un área de más de 310.000 kilómetros cuadrados. Pueden detectar aviones que vuelan a baja altitud y seguir simultáneamente objetivos en el aire y en el mar. Tuvieron un papel fundamental durante las guerras de Irak y Afganistán, así como en el combate contra el Estado Islámico.
Aviones E-8 JStars, es una nave radar capacitada para detectar, hacer seguimiento y clasificar vehículos en tierra u otras aeronaves, proveyendo de imágenes y mapas tácticos en tiempo real. Ha sido utilizado extensamente en las guerras de Afganistán e Irak, así como en la operación internacional sobre Libia en 2011.
En la «operación ampliada antinarcóticos» participan varias agencias e instituciones de Estados Unidos, incluyendo el Cuerpo de Guardacostas, el Departamento de Seguridad Nacional, la Agencia Antidrogas (DEA), el Departamento de Justicia, miembros de la comunidad de inteligencia y el Departamento de Defensa. Además se contará con la colaboración de otros 22 países que aportarán diversas «capacidades de inteligencia y operativas».
«En cooperación con 22 naciones asociadas, el Comando Sur de Estados Unidos aumentará la vigilancia, interrupción y captura de cargamentos de droga, además de dar apoyo adicional a los esfuerzos de erradicación (de cultivos)», señaló Trump. El despliegue se realiza tanto en el mar Caribe como en el Pacífico oriental porque Estados Unidos cree que así puede obtener mejores resultados.
«Durante años, los carteles han usado estas rutas para traer la cocaína principalmente desde Colombia, pero ahora también desde Venezuela. Y estas rutas marítimas en ambas costas se han convertido en las vías principales para traer cocaína a Estados Unidos», señaló el fiscal general estadounidense, William Barr.
Los funcionarios de la administración dicen que están aumentando la presencia militar de los Estados Unidos para disuadir el flujo de drogas hacia los Estados Unidos. Pero reconocen estar particularmente enfocados en Maduro, a quien el Departamento de Justicia acusó a finales de marzo por cargos de tráfico de drogas.
No es un secreto que la Administración Trump está tratando de derrocar al gobierno venezolano. En febrero, el Secretario de Estado Mike Pompeo, dijo un importante discurso de que la administración está «liderando una coalición de cincuenta y nueve naciones para derrocar a Maduro».
El equipo de Trump continúa ejerciendo presión sobre el gobierno de Maduro, aplicando duras sanciones, alentando a los oficiales militares venezolanos a tomar el poder y amenazas militares. La administración trabaja estrechamente con la oposición del país. «El Congreso ha votado una cantidad justa de dinero para ayudar a la oposición democrática en Venezuela», reconoció Elliott Abrams en enero este año.
Los funcionarios del Departamento de Estado presentaron un plan para crear un nuevo gobierno en Venezuela. El plan crea un camino para que Maduro deje el cargo y para que Guaidó gane poder político a través de las elecciones. «Cuando preparamos este camino hacia la democracia, trabajamos estrechamente con él», dijo Pompeo, refiriéndose a Guaidó.
Tiempo atrás, Guaidó y sus asociados habían contactado con el Comando Sur de los Estados Unidos, solicitando la ayuda militar en su lucha contra Maduro. Aunque la Administración Trump ha guardado silencio sobre la petición, sus aliados en el Congreso han estado pidiendo desde hace tiempo una acción militar.
«Los Estados Unidos deben estar dispuestos a intervenir en Venezuela como lo hicimos en Granada», escribió el año pasado el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, en un artículo de opinión en The Wall Street Journal, citando la invasión de Granada por parte de los militares en 1983.
Lo más sorprendente, hecho que lo compartí con un amigo, del aumento militar de la Administración Trump es que no ha recibido prácticamente ningún comentario del Congreso. Antes, algunos miembros del Congreso habían criticado los intentos de la administración de derrocar al gobierno de Venezuela, pero el Congreso no ha hecho nada para evitar que la Administración Trump intervenga militarmente en el Caribe y Pacífico, sobre Venezuela.
El representante demócrata de Rhode Island, David Cicilline, tuiteó a principios del año pasado, cuando la administración Trump estaba considerando una intervención, «Una intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela sería ilegal y estúpida». El representante demócrata Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, durante una audiencia en el Congreso en marzo de 2019, proclamó que «no podemos quedarnos aquí y encogernos de hombros».
La ex funcionaria del Departamento de Defensa, Rebecca Chávez, dijo al Congreso el año pasado «Creo que crearía una situación extremadamente desordenada, y se prolongaría». «Sería feo. Habría bajas masivas. Así que creo que el panorama es muy sombrío». Sorpresivamente estas últimas semanas, el Congreso se ha encogido de hombros ante los movimientos de Trump hacia la intervención.
No quiero decir que sea inminente una operación militar, tampoco es descartable, pero sirve como guerra psicológica que intimida a Maduro y compañía, y refuerza a la oposición. Casi una década atrás, Estados Unidos habían organizado otra operación militar en el Caribe, el entonces embajador de los Estados Unidos en Venezuela, William Brownfield, escribió un memorándum secreto en el que elogiaba la intimidación a Hugo Chávez, un objetivo de la administración de George W. Bush.
«Esto es una victoria para nosotros», escribió Brownfield. «El Grupo de Ataque hace su entrenamiento operacional; promovemos los intereses de drogas y humanitarios en la región; y le damos a Chávez oportunidades de cometer un error alimentando su paranoia». La operación militar «le sacaría la cabra», comentó Brownfield, refiriéndose a Chávez.
Actualmente la economía de Venezuela se ha derrumbado en gran medida, casi cinco millones de personas huyeron del país, y el mundo está luchando para frenar una pandemia mundial que está matando personas. Una acción militar cualquiera sea su magnitud sería catastrófica para el régimen, ninguno de sus socios, Rusia o China, podría prestarle ayuda en las actuales circunstancias.
Sobre llovido mojado, dice el dicho, el Departamento de Justicia norteamericano aseguró que al no reconocer al dictador como mandatario de Venezuela, carece de inmunidad diplomática por lo que sería apresado. No irá a la Asamblea General de la ONU, ni pisará Nicolás Maduro nunca más en su vida territorio norteamericano, al menos por voluntad propia.
A pesar de que el edifico donde funcionan las oficinas centrales de la ONU, ubicadas en la ciudad de New York en Estados Unidos, es considerado como territorio neutral, ya que los presidentes y jefes de estado solo necesitan que las naciones que representan sean países miembros del bloque para poder acudir a la sede y tratar asuntos diplomáticos, independientemente de su relación con el gobierno norteamericano, el caso de Maduro es diferente.
El Departamento de Justicia explicó que, al no reconocer al dictador como mandatario de la nación hispanoamericana, tampoco reconocen su inmunidad diplomática. El portavoz del Departamento de Estado, dijo que «Maduro enfrentaría una sentencia mínima obligatoria de 50 años en prisión y un máximo de cadena perpetua en base a los cargos en la acusación».
Como parte de la investigación sobre el cártel de los soles, el Tesoro de los Estados Unidos confiscó 1.073 mil millones de dólares a los acusados venezolanos. Semanas después, Trump, lanzó la operación a la que calificó como «la más grande de Occidente». La Guardia Costera ya incautó más de 700 kilos de cocaína en el Caribe, con un valor estimado de 29 millones de dólares, la misma contó con la cooperación de las autoridades de Costa Rica, donde se encuentran los detenidos.
Michael G. Kozak, subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, dijo que Nicolás Maduro busca una «negociación secreta» con Estados Unidos sobre la transición de Venezuela. «¿Estados Unidos está negociando con Maduro? NO. Maduro quiere una negociación secreta con el gobierno de Estados Unidos, pero apoyamos a Juan Guaidó como presidente interino y a la Asamblea de Venezuela», escribió Kozak en Twitter.
También señaló que el «Marco para la Transición Democrática para Venezuela» propone que «Maduro se vaya ahora» para que un gobierno de transición designado por ambos partidos de la Asamblea Nacional, convoque a nuevas elecciones.
El plan llamado «Marco de Transición Democrática para Venezuela» establece que el Tribunal Supremo (TSJ) debe levantar la orden de desacato y restaurar todos los poderes de la Asamblea Nacional (AN) incluyendo las inmunidades de los diputados, mientras que la chavista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) debe disolverse.
Asimismo, exige la liberación de todos los presos políticos y la expulsión de todas las fuerzas de seguridad extranjeras a menos que estén autorizadas por las tres cuartas partes de los votos de la AN. También, pide la elección de nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el TSJ como una condición para que Estados Unidos levante las sanciones impuestas a los ex miembros del CNE y TSJ.
Maduro pronunció su rechazo al plan propuesto por la Casa Blanca diciendo a través de un comunicado que no «no acepta, ni aceptará jamás tutelaje alguno, de ningún gobierno extranjero». Elliot Abrams, dijo que cree que los funcionarios chavistas empiezan a darse cuenta de que Maduro es el «obstáculo clave» para la transición de Venezuela, ante las sanciones impuestas por Estados Unidos.
La tipificación de Nicolas Maduro como narcoterrorista es clave, pues, ya no se trata de derribar a un dictador sino a un delincuente. No sé si esto le bastará al inútil Grupo de Lima, una bola de países fundamentalistas democráticos, que se desmayan ante la posibilidad del uso de las armas. Deberían empezar a madurar ya que deberán enfrentarse a un nuevo escenario mundial lleno de peligros, ya no alcanza con rasgarse las vestiduras.
Estados Unidos aumentó este mes entre el 60% y el 75% su presencia militar en las costas de hispanoamérica para luchar contra el narcotráfico, pero esa operación no busca «invadir» Venezuela ni derrocar a Nicolás Maduro, dijo el viernes pasado el jefe del Comando Sur estadounidense (Southcom), Craig Faller.
Al anunciar la operación este mes, la Casa Blanca la justificó en base a información de inteligencia que supuestamente indicaba que grupos de narcotraficantes planeaban aprovecharse de la crisis generada por la pandemia para aumentar el tránsito de drogas hacia Estados Unidos.
«Esta operación no va dirigida directamente contra Maduro, su objetivo es debilitar las organizaciones criminales trasnacionales», dijo el almirante Faller durante una conferencia de prensa telefónica. Es prudente que lo diga así, lo que no significa que pueda ser de otra manera, eso lo decidirá las circunstancias y la prudencia político-militar del Comandante en Jefe.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decidió retirar su cuerpo diplomático de Venezuela. ¿Será por cuestiones sanitarias o por algo más? Al mismo tiempo decidió que los funcionarios venezolanos abandonen Brasil.
17 de abril de 2020.