Narcopolítica y Narco-Estado

Ricardo Veisaga

El general Salvador Cienfuegos

La narcopolítica hace referencia a la implicación de algunos estamentos del Estado, ya sea en la producción, distribución o comercialización de estupefacientes. Esta denominación, narcopolítica, es una importante herramienta para analizar el mundo de las drogas y el contubernio con la política (los políticos).

Una óptica importante, siempre y cuando no se caiga en el abuso que se hacen con otros rótulos, como sucede con el uso de la denominación «geopolítica», con la que tratan de menoscabar o minimizar la política, como si la política fuese un simple apéndice de la geografía. La misma importancia que tiene el uso del término ciberpolítica, en un mundo tan avanzado en el uso de las tecnologías y las redes en la lucha por el poder, donde se libra una verdadera ciberguerra.

Pero «narco-Estado» es diferente, puesto que se trata de todo un Estado en el que pone al servicio de la producción y el tráfico de estupefacientes a las tres Capas del poder político. La capa basal, la cortical y la conjuntiva. Como dije anteriormente, un narco-Estado se diferencia de la narcopolítica, y ha sucedido muy pocas veces en la historia.

Para ilustrar como surge un narco-Estado, voy a recurrir a un personaje muy peculiar, curiosamente casi olvidado o simplemente no mencionado en los artículos o libros que se dedican al mundo de las drogas, me refiero al boliviano Roberto Suárez Gómez. En el periódico británico The Guardian, del 4 de agosto de 2000, se leía lo siguiente:

(…) conozcan a Roberto Suárez, cuyo genio consistió, en primer lugar, en reunir a la mayoría de los productores de la hoja de coca y cocaína en su país en una sola organización, a la que llamó La Corporación, descrita por alguien como la General Motors de la cocaína y la cual se convirtió en la mayor proveedora del cártel colombiano de Medellín. En segundo lugar, Suárez se aseguró de conseguir protección política para su empresa en medio de la turbulencia política de una de las naciones entonces más inestables de América del Sur.

Cuando uno de los gobiernos más breves en la historia de Bolivia, el de su primera presidenta Lidia Gueiler, se mostró hostil contra el tráfico de drogas, su primo, el general Luis García Meza, al mando del ejército, planeó un golpe de Estado y en julio de 1980 derrocó al sucesor legítimo, Hernán Siles Suazo, tres semanas después de las elecciones presidenciales. El golpe fue respaldado por Suárez y su mafia del narcotráfico. Así como por la dictadura en Argentina que pretendía frenar el avance de las izquierdas.

El primer narco-Estado del mundo acababa de nacer. The Guardian, un periódico de izquierdas, no tiene en cuenta la dialéctica de imperios entre la URSS y Estados Unidos, al momento de calificar de dictadura a un gobierno, en este caso al argentino. Toda Iberoamérica era un campo de batalla entre gobiernos militares (dictaduras) que combatían la penetración comunista y grupos guerrilleros de ideología marxistas-leninistas. Otro periódico británico, el afamado The Economist, del 3 de agosto de 2000, decía:

¿Por qué Suárez Gómez se interesó en los negocios sucios? A diferencia de la plebe del cártel de Medellín, él no tenía el pretexto de escapar de la pobreza, ya que provenía de una familia adinerada que forma parte de la elite boliviana y goza de prestigio social, influencia y riqueza (…)

Roberto Suárez Gómez, era descendiente de Lorenzo Suárez de Figueroa, un adelantado español y gobernador de Santa Cruz de la Sierra, que llegó en 1580, a lo que hoy se conoce como Bolivia. Y también de Nicolás Suárez Callaú, conocido en sus tiempos como el Rey de la goma, el Rey del caucho. Era el dueño de la empresa cauchera más grande del mundo y controlaba casi toda la producción de Bolivia y monopolizaba la comercialización en un 70% de la demanda mundial.

Roberto Suárez Gómez y su esposa Aida Levy, eran propietarios de numerosas haciendas y se dedicaban, entre otras cosas, a la producción bovina, que anualmente vendían grandes cantidades de reses a los estados vecinos de Brasil.

Luego del cruento golpe militar, protagonizado en Bolivia, por el coronel Alberto Natusch Busch, ante la falta de respaldo tuvo que entregar el poder a la diputada Lidia Gueiler Tejada, en noviembre de 1976. Ante la debilidad del gobierno de Gueiler, mientras era acosada por el poder militar, los partidos de izquierdas ganaban terreno para las próximas elecciones, en especial la Unidad Democrática y Popular (UDP), liderado por Hernán Siles Suazo.

Las más altas esferas gubernamentales políticas y militares estaban corrompidas por el narcotráfico. Esa situación se había iniciado en los 70 durante el gobierno del general Hugo Banzer Suárez. El 17 de julio de 1980, estalló el golpe militar en la ciudad de Trinidad, departamento del Beni, encabezado por el general Luis García Meza, y el coronel Arce Gómez, con la apoyatura logística de Klaus Altmann (a la postre se sabría que su nombre verdadero era Klaus Barbie, un criminal de guerra nazi) que luego sería extraditado y moriría en prisión, y el inestimable apoyo económico de Roberto Suárez.

El objetivo aparente era impedir el ascenso al poder de Siles Suazo, junto a Jaime Paz Zamora, líder del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). El objetivo no revelado era conformar una estructura de poder para el negocio del narcotráfico, de esa manera se dio inicio al narco-Estado boliviano.

El periódico católico boliviano Presencia diría tiempo después: «El ex dictador Luis García Meza, que gobernó Bolivia entre julio de 1980 y agosto de 1981, pactó con Roberto Suárez Gómez, entonces llamado el Rey de la Cocaína, para sacar a Bolivia de la pobreza extrema».

Presencia dijo que Suárez fue «inducido a traficar cocaína no solamente por el gobierno de García Meza, sino de la Agencia de Lucha Antinarcóticos (DEA) y por la Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos». Sostenía Presencia que los militares que gobernaban Bolivia le dijeron que no debía espantarle la idea de delinquir «porque era por una buena causa, que era la de promover el desarrollo y sacar a Bolivia de la pobreza».

Dicho esto, así, uno debería concluir que las agencias estadounidenses fueron creadas para delinquir, sin tener en cuenta el contexto histórico. Suárez dijo también que, en 1980, Estados Unidos envió a Bolivia como trabajador a Edwin Corr, que «era un polizonte norteamericano que llegó junto a un centenar de agentes de la DEA». Estos fueron los que desarticularon la operación y promovieron el derrocamiento de García Meza por otro grupo de militares autodenominados institucionalistas.

Luego del llamado Golpe de la Cocaína, García Meza liberó de la cárcel a los mafiosos de la droga, destruyó los registros policiales de los traficantes. Su ejército acopiaba millones de dólares en sobornos de los narcotraficantes. Los agentes antidroga cerraron sus oficinas. Cuando retornó al poder Hernán Siles Suazo en 1982, se reanudó la guerra contra las drogas y la DEA reabrió su sede. Siles firmó un acuerdo bilateral con Estados Unidos por cinco años y 88 millones de dólares para combatir la cocaína.

Roberto Suárez había firmado una sociedad con los colombianos Pablo Escobar, Gustavo Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, Santiago Campos, Jairo Restrepo, Pablo Correa, Carlos Lehder, los Ochoa, los Rodríguez Orejuela, los Mejía y otros. Las remesas de millones de dólares producto de los negocios con la droga llegaban a Bolivia desde Colombia diariamente, alguna vez los empleados tuvieron que contar durante horas hasta 60 millones de dólares en billetes de diferentes cortes, en épocas cuando no tenían máquinas para contar billetes.

Roby, el hijo de Roberto Suárez, se había involucrado en una operación encubierta dirigida por el gobierno estadounidense. Ante la inminencia de su detención y extradición, se escapó a Suiza, con documentación adulterada proporcionada por Pablo Escobar. En Suiza residían sus hermanos, pero la vida ostentosa que llevaba el primogénito de Roberto Suárez, despertó las sospechas de las autoridades suizas.

Cuando fue detenido se comprobó que había ingresado al país con documentación falsa. El gobierno estadounidense solicitó la extradición, las autoridades suizas la negaron. Los demandantes amenazaron al gobierno suizo con hacer público los nombres de las cuentas bancarias, y los helvéticos cedieron a la presión.

El The New York Times, del 12 de septiembre de 1982, decía lo siguiente:

«Un hombre buscado por cargos federales de conspiración para importar cocaína envió una carta al presidente Reagan en la que se comprometía a entregarse siempre y cuando su hijo sea liberado de la prisión federal donde se encuentra y Estados Unidos pague la deuda externa de Bolivia. La carta fue enviada por Roberto Suárez Gómez, de cuarenta y nueve años de edad y publicada recientemente en un periódico boliviano. Su hijo, Roberto Suárez Levy, fue extraditado a Miami dos semanas atrás desde Suiza, donde fue arrestado bajo el cargo de viajar con documentación falsa».

El primer contacto directo que tuvo Roberto Suárez con Oliver North, ayudante del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, fue con Roby (hijo de Suárez) en la prisión del condado de Miami en octubre de 1982. North le pidió a su hijo una contra propuesta a la carta enviada a Reagan, que le fue entregada en mano propia por el magnate Charles Bluhdorn.

Finalmente, Roby Suárez Levy fue absuelto (como parte del plan de North), en la celebración de la liberación estuvieron presentes Pablo Escobar Y Rodríguez Gacha, llamado el mexicano, por su afición a la música de ese país, tanto era así, que Rodríguez Gacha llevó una vez al Beni, a la Cuarta Generación del Mariachi Vargas de Tecalitlán. En la fiesta de celebración estuvo presente el cantante español Manolo Otero.

Pablo Correa, representante del narco Ochoa, refiriéndose a Ronald Reagan dijo: «Lo que ese actor de poca monta ni siquiera se imagina, don Roberto, es que con la ayuda de Fidel le vamos a meter toneladas de perico hasta por los oídos». Meses atrás, Carlos Lehder le había hablado a Roberto Suárez sobre la predisposición del gobierno cubano para brindarle apoyo logístico.

Roberto Suárez tenía muchos amigos en el mundo del espectáculo. En 1967 conocieron en México al señor Antonio Aguilar, cantante y actor de cine, y fueron invitados el matrimonio Suárez a su hacienda en Tahuaya, en el estado de Zacatecas, allí los recibió junto a su esposa Guillermina Jiménez, conocida como Flor Silvestre. Suárez había asistido en la Republica Dominicana, a la inauguración del Anfiteatro de Altos de Chavón, invitado por su amigo Frank Sinatra, a quien había conocido junto a Carlo Gambino, en un viaje que realizó junto a su esposa Aida Levy en Las Vegas, en agosto de 1967. También tenía negocios con el llamado banquero de Dios, Roberto Calvi, fue socio hasta que apareció colgado del puente Blackfriars de Londres.

La conexión cubana

El Departamento América, siguiendo órdenes de Raúl Castro, envió como embajador en Bogotá a Fernando Ravelo, uno de sus mejores agentes. La misión de Ravelo era tomar contacto con la cúpula de los traficantes de drogas. El primero en ser contactado por Ravelo fue Carlos Lehder. Luego siguieron con Pablo Escobar y Roberto Suárez. En 1982 Carlos Lehder les manifestó en reiteradas ocasiones, la invitación del embajador Ravelo.

En enero de 1983, decidieron reunirse con Fernando Ravelo. El embajador los recibió acompañado por el jefe del Departamento MC (Monedas Convertibles), dependientes del Ministerio del Interior, el coronel Antonio de la Guardia, quien le trasmitió la invitación del general Arnaldo Ochoa para visitar Cuba. Al salir de la embajada Pablo dijo en tono burlesco: «¿Departamento MC, Mariguana-Cocaína? Los tenemos donde queríamos, mi don. Estos cubanos están apestados por plata. Cada vez las limosnas que reciben de los rusos son menores. Se los dan en cuentagotas.»

Viajaron a Cuba en un Jet Comander propiedad de Escobar. En el aeropuerto de Varadero fueron recibidos por René Rodríguez, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), y el almirante Aldo Santamaría, jefe de la marina de guerra cubana, Rodríguez y Santamaría comentaron que necesitaban dinero para apoyar a los grupos guerrilleros colombianos, especialmente al M-19, quienes serían los encargados de la seguridad de los laboratorios del cártel.

Al día siguiente fueron recibidos en el ministerio del Interior, por el general Ochoa y el Ministro José Abrantes, finalmente, luego de largas negociaciones, pagarían a los cubanos un millón de dólares diarios para tener la cobertura del gobierno cubano, para tener libre acceso a las aguas territoriales y espacio aéreo, usar puertos y aeropuertos, reabastecer sus barcos y aviones. También incluía la escolta oficial de la flota y de la aviación cubana en todas sus operaciones.

Abrantes se comunicó con Raúl Castro y le dijo: «Raúl, hemos llegado a un acuerdo satisfactorio con los señores Suárez y Escobar». El general Ochoa les dijo haciendo referencia a Fidel «Señores, ahora viene la mejor parte, vamos a ver al Caballo». Desde La Habana embarcaron un helicóptero Mig-24 y fueron a Cayo Piedra, en el helipuerto los esperaba el Ministro de Defensa, Raúl Castro: «Sean ustedes bienvenidos, señores, mi hermano los está esperando arriba».

Fidel Castro les dijo: «Gracias por haber aceptado finalmente la invitación de Ochoa. Ustedes serán el misil con el que agujerearé el bloqueo y el injusto embargo que sufre mi país», mientras les estrechaba las manos. «Pepe me ha informado sobre los detalles del trato. Es menor de lo que yo esperaba». Pablo Escobar le replicó: «Treinta millones al mes es un mundo de plata, presidente, son como trescientos sesenta…» Fidel no lo dejó terminar. «Tienes razón, Escobar, eso es mucho dinero para nosotros. En cambio, para ustedes son centavos. Lo ganan de un solo envión». «Mejor cambiemos de tema. No hay porque hablar más del asunto. La palabra empeñada por el Ministro Abrantes tiene casi el mismo valor que la mía».

La asunción al poder por segunda vez del presidente Hernán Siles Suazo, quien había ganado las elecciones de 1980, clausurado por Luis García Meza tras el derrocamiento de Lidia Gueiler. El líder de la UDP encontró las arcas del Estado vacías. En el acto de posesión, Siles Suazo, dijo una bravuconada: «En cien días la economía empezará a recuperarse». Pasaron casi trescientos días y sucedía lo contrario, la hiperinflación diaria alcanzaba niveles descomunales.

En junio de ese año, el presidente Siles, nombró a su viejo amigo Rafael Otazo, jefe de la lucha antidrogas y le encomendó la misión de concertar una reunión con Roberto Suárez, lo más pronto posible. En septiembre Otazo fue recogido en un avión del aeropuerto de El Alto en La Paz, y permaneció vendado hasta que aterrizaron en una hacienda en el Beni, allí los esperaba Suárez.

Roberto Suárez leyó la nota y escuchó el mensaje enviado por Siles. Suárez, como lo había manifestado muchas veces se comprometió a entregar al Tesoro General de la Nación, 10 millones de dólares mensuales, así lo hizo enviando 150 millones en los doce meses siguientes, pero esa suma no ayudó mucho ante una inflación fuera de control.

Mientras tanto, los negocios con Fidel y el cártel de La Habana marchaban muy bien, Raúl Castro puso a disposición de Pablo y Roberto, una bella casona en el Reparto Siboney, desde donde sus lugartenientes dirigían las operaciones. Con las veloces lanchas del cártel escoltados por buques de la marina de guerra cubana hasta los límites de sus aguas territoriales, y con la ayuda de los radares rusos de última generación, entraban y salían a su antojo de las aguas territoriales de Estados Unidos.

Lo mismo sucedía con los aviones colombianos del cártel que bombardeaban la mercadería cerca de los cayos de Florida. Estos aviones y barcos retornaban a Colombia cargados de armamento pesado de fabricación soviética, fusiles AK-47 y municiones destinadas al M-19. En junio de 1984, Fidel Castro recibió información clasificada desde Panamá sobre una sociedad paralela que Roberto Suárez y Pablo Escobar estaban desarrollando bajo el auspicio del hombre fuerte de Panamá, el general Manuel Antonio Noriega, con la CIA y el gobierno costarricense.

Ese ingreso de dinero proporcionaba a la agencia estadounidense, recursos para seguir enviando armamento y apoyo logístico a los Contra nicaragüenses para derrocar al ahijado de Fidel Castro, Daniel Ortega. Ante la negativa del Congreso de Washington de continuar con la ayuda a la contra guerrilla. Raúl Castro le dijo a uno de los lugartenientes de Suárez en Siboney, que Roberto y Pablo debían viajar a Cuba cuanto antes para tener una reunión con Fidel.

El pretexto fue, que debían renegociar el acuerdo, y debían triplicar el pago diario acordado en enero de 1983. Escobar, desconfiando, decidió que debían viajar en uno de los aviones usado por sus empleados, un Piper Cheyenne, en lugar de Jet. También cambiaron el aeropuerto de destino y aterrizaron en un aeródromo cercano a Siboney, donde el general Ochoa aguardaba impaciente.

Arnaldo Ochoa les comunicó que había sido alertado por el coronel Francis Pardo sobre el arribo del avión, les pidió que reabastecieran combustible y abandonaran la Isla, ya que sus vidas corrían peligro. Ochoa les dijo que Tony le había avisado que tratara de informarles lo que estaba sucediendo en La Habana: «Hay que buscar una buena carnada para traer a ese par de tiburones a nuestros dominios y poner fin a esta situación», le habría dicho Fidel a su hermano Raúl, delante del coronel De la Guardia, quien había ordenado el arresto no bien pusieran pie en Varadero.

Media hora después que el Cheyenne despegó, unidades con agentes de inteligencia y camiones con soldados, escoltados por helicópteros artillados, llegaron al aeródromo. Pablo y Roberto ya estaban a salvo, no así Tony y Arnaldo Ochoa. En septiembre de 1984, para desgracia de Siles, en Bolivia se había filtrado la noticia sobre la reunión del jefe de la lucha antidroga con Suárez. El escándalo fue de grandes proporciones. Cuando fue revelada oficialmente la reunión del gobierno con el Rey de la Cocaína, Rafael Otazo, reconoció sin tapujos ante la prensa nacional y extranjera, pero, además, con mucho valor, describió a Suárez como un próspero industrial y un patriota.

Todo lo contrario de los Castro, para tratar de ocultar los nexos con Suárez y el cártel de Colombia, cuando todo se hizo evidente, ordenó arrestar a 14 de sus mejores oficiales. El general Arnaldo Ochoa, héroe de la Revolución y el coronel Antonio de la Guardia, por haber alertado a Escobar y a Suárez, y como si fuera poco, conocían todos los manejos, fueron condenados a muerte para silenciarlos.

El general Patricio de la Guardia, hermano gemelo de Antonio, fue condenado a 30 años de cárcel y 9 recibieron condenas similares. Otros personajes que estaban al tanto de los casi 500 millones de dólares que recibieron de manos de Pablo y Roberto, fueron encarcelados por diferentes motivos o murieron en dudosos accidentes. El único delito de estas personas fue, cumplir al pie de la letra las órdenes que emanaron de Fidel Castro.

Una semana después del inicio de las operaciones en Cuba, Escobar y Suárez fueron convocados por el general Manuel Noriega para reunirse en Panamá con el teniente coronel Olivier North. Luego de las reuniones previas, el 1 de diciembre de 1982, auspiciado por Noriega en Panamá, y la otra por el presidente de Costa Rica, Luis Alberto Monge, esta vez la propuesta societaria enviada por el gobierno estadounidense era concreta.

La enmienda Bonald, presentada al Congreso por el Comité de Inteligencia de la Cámara, limitaba la ayuda del gobierno estadounidense a la Contra nicaragüense, razón por la cual los fondos que recibiría la agencia americana para continuar luchando contra la expansión del comunismo en América Central serían mínimos. El grave problema de Estados Unidos consiste en que un gobierno en el poder, movido por su ideología llevaba las cosas a este punto.

Es imposible que la Unión Soviética ni la Rusia capitalista actual, ni la China maoísta ni la China capitalista de nuestros días, fueran capaces de limitar la ayuda para grupos que les servían en sus planes imperiales, sobre todo en plena Guerra Fría. Hay que recordar el desgraciado papel de la política exterior del demócrata Carter, quien se negó a ayudar al Sha de Persia y permitió que se entronizara en su lugar el ayatola Jomeini, inaugurando una teocracia hostil que no solo atenta contra Estados Unidos, sino que pretende borrar del mapa a Israel.

Estados Unidos tenía que seguir su guerra contra el imperio soviético y su expansión, visto hoy, se puede barajar muchas maneras de conseguir dinero por izquierda para ayudar a la contra tanto en Irán como en Nicaragua. Con el diario del lunes es fácil afirmar. Durante la guerra en Vietnam, Estados Unidos necesitaba morfina para los soldados heridos, y sus proveedores habituales se negaban a proporcionar la misma, así que tuvieron que cultivar amapola en México, son circunstancias históricas.

Por intermedio de O. North, la CIA ofrecía la cobertura oficial para comercializar 500 toneladas de clorhidrato de cocaína, que ellos transportarían hasta territorio estadounidense en sus propios aviones. La ganancia obtenida en esa operación sería destinada de manera íntegra para financiar la guerra particular Irán-Contra. Roberto Suárez recibió 200 millones de dólares de adelanto para gastos operativos, puso una parte de su flota en el Chapare (Bolivia) y uno de sus laboratorios del Beni. La CIA transportaba la droga hasta la provincia de Puerto Limón (Costa Rica).

Los dos aviones Hércules C-130 que utilizaba la CIA para transportar cada semana siete toneladas de clorhidrato de cocaína en vuelos directos desde Villa Mosquitos (Bolivia) hasta Puerto Limón (Costa Rica) estaba registrado a nombre de la compañía estadounidense Southern Air Transport, conocida popularmente por los empleados del complejo cocalero, como Aerococa.

Desde Costa Rica pasaba a Estados Unidos, el cártel de Pablo Escobar ponía a disposición de la operación toda su red ya existente para la distribución en el mercado norteamericano y su comercialización. Cada una de las partes recibía un 30% y el 10% restante para el hombre fuerte de Panamá, el general Noriega, quien velaría por los intereses de los socios ante la banca de Panamá.

Fidel Castro y su nexo con el narco

Luego del desembarco de 1956 con el Granma, fue protegido por Crescencio Pérez, un conocido mariguanero cubano. Rachel Ehrenfeld, encontró evidencia en sus investigaciones, en los inicios de la revolución, que estaban ligados al comercio de drogas, en especial la cocaína.

En 1961, funcionarios cubanos de alto rango, se encontraron con el entonces senador chileno Salvador Allende, para discutir el establecimiento de una red de distribución de cocaína para ayudar a financiar la revolución en Chile, y para financiar al régimen cubano carente de fondos.

En la reunión estuvieron presentes el Che Guevara, Ramiro Valdez, entonces Jefe de la policía secreta cubana, el capitán Moisés Crespo, miembro de la fuerza, y el senador Salvador Allende, en ese entonces Chile era el centro de procesamiento más grande del hemisferio occidental. En la reunión se propuso poner al frente de la organización a Roberto Álvarez, jefe del espionaje cubano en Chile.

En Colombia, una supuesta fábrica de pinturas, era la fachada para el negocio del narcotráfico con Cuba. Al frente se encontraban los políticos colombianos Ramiro Lucio, y su sobrino Carlos Alonso Lucio, ligado al movimiento guerrillero M-19. Carlos Alonso Lucio fue sindicado como narcotraficante en el juicio en La Habana, contra el general Arnaldo Ochoa.

La fábrica llamada Arcocolores, era conocido popularmente como «narcocolores», en los 80 y 90. El general Manuel Noriega, el 27 de junio de 1984, viajó a Cuba invitado por Fidel Castro, para ser mediador entre los jefes del narcotráfico colombiano.

Jorge Masetti y su esposa Ileana, hija del general Antonio de la Guardia, desde su exilio en Madrid y en París, dieron a conocer detalles sobre el tráfico de drogas, coordinados por el Departamento América. «No era un secreto. Todo los que estábamos en los niveles superiores de la política lo sabíamos. No sólo la gente del partido y del gobierno».

Según Jorge Masetti (hijo del periodista argentino y luego guerrillero, quien murió al intentar crear un foco guerrillero en el norte argentino), la participación del gobierno cubano en el narcotráfico era muy extendida e incluía a la Fuerza Aérea, la Policía Fronteriza, los Servicios de Inmigración. Juan Antonio Rodríguez M., uno de los fundadores del Ministerio de Interior de Cuba, y uno de los agentes más importantes del DGI cubano, comentó en Madrid y en París a principios del año 1999, sobre el apoyo logístico de Cuba y la cercanía de Fidel con el terrorista Carlos Illich Ramírez, alias El Chacal.

El ex capitán de la Dirección de Inteligencia cubana (DGI) Enrique García Díaz, quien rompió con el régimen cubano en 1988, dijo que Robert Vesco, quien fue la conexión estadounidense del cártel de Medellín, Carlos Lehder Rivas, pasó a ser el agente exclusivo de Fidel Castro encargado del tráfico de drogas y el blanqueo de dinero, el espionaje industrial y las operaciones narcoterroristas en el hemisferio occidental.

Según García Díaz, Robert Vesco fue el cerebro financiero de Fidel tanto para el narcotráfico como para burlar el embargo norteamericano. «Vesco es el único extranjero que ha vivido en Cuba con un equipo de seguridad permanente de 10 hombres pertenecientes a la escolta de Fidel Castro (…) Castro le hizo despedir a Vesco, a sus escoltas norteamericanos en 1985». Ariel Remos, Diario las Américas, agosto, 1996.

En una carta enviada por el general Patricio de la Guardia, a los miembros del Buró Político del Partido Comunista Cubano, Roberto Robaina y Osmany Cienfuegos Gorriarán, denunció claramente los vínculos de Raúl y Fidel Castro con el narcotraficante Robert Vesco. Estos dos miembros, a quien iba dirigida la carta, serían acusados años después por la cúpula castrista de estar involucrados en el narcotráfico internacional.

La carta enviada por la Guardia, fue confirmada el 31 de julio de 1992, por Héctor de la Guardia Wong, hijo del general Patricio de la Guardia y sobrino del coronel Antonio de la Guardia, fusilado el 2 de julio de 1989.

El Cártel de Los Pinos.

Genaro García Luna, el ex Secretario de Seguridad Pública de México, se encuentra encarcelado en la celda del Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, en New York acusado de narcotráfico y de proteger al Cartel de Sinaloa, la organización de tráfico de drogas más grande del mundo, aprovechando las circunstancias que le otorgaba el gobierno del presidente Felipe Calderón quien había declarado la llamada «guerra contra las drogas».

Una guerra que no fue tal, una guerra existe cuando se la declara a otro Estado, en este caso, el gobierno puso a las fuerzas armadas y de seguridad en el mismo bando del Cártel de Sinaloa, frente a otros cárteles (la competencia) para que controlen el narcotráfico en el país. Hasta el momento de su detención en Texas, el nuevo gobierno en México, no había movido un dedo para iniciar una investigación y mucho menos emitir una orden de detención.

El gobierno estadounidense nunca olvidó que fuera Genaro García Luna, quien junto a Cárdenas Palomino compartieron con el cártel de los Beltrán Leyva, información para que Arturo Beltrán Leyva, ordenara la tortura y muerte de un agente infiltrado de la DEA.

En el 2008, García Luna vivía en una colonia de clase media baja en la Ciudad de México. Un año después tenía una residencia en un barrio exclusivo, por la que había pagado más de dos millones de dólares. Su esposa, hasta entonces, tenía una modesta cafetería en el barrio popular de Xochimilco. Los agentes de la DEA sabían de dónde provenía el dinero. En muchos libros dedicados al narcotráfico, describieron que, en esos años, los jefes de la policía recibían miles de dólares del Cártel de Sinaloa y del Cártel de los Beltrán Leyva, y que ocultaban en cajas de huevo en compartimentos secretos en sus propios domicilios.

Investigaciones realizadas en el 2006 sobre el mundo de la droga, indican, que el entonces presidente de México Felipe Calderón, su Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño (quien murió en un dudoso accidente en 2008 cuando el avión donde viajaba explotó en el aire) y el del Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, mantenían un pacto con el Cártel de Sinaloa.

Mientras Genaro García Luna está esperando en una celda para llegar a una negociación con la Fiscalía o irse a juicio, si es enjuiciado, sería la primera vez que un ex Secretario de Estado mexicano es juzgado en Estados Unidos por tráfico de drogas, su ex jefe, Felipe Calderón, ha creado un partido político «México libre», para que su esposa Margarita Zavala compita por la presidencia, y de ganar, regresar al poder en México.

Felipe Calderón dice que nunca supo de los vínculos con el narcotráfico de su secretario García Luna, y Manuel Andrés López Obrador, el de los «abrazos y no balazos», dice que solo investigaría a Felipe Calderón, si la voluntad se lo pide. Parece que ignora que la ley no está sometida al capricho de la plebe.

A inicios del gobierno de Felipe Calderón, un grupo de militares le entregaron videos y grabaciones telefónicas de miembros muy estrechos del equipo de García Luna negociando con narcotraficantes. Lo que pretendían era que el entonces titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), no tuviera lugar en el nuevo gobierno.

Juan Camilo Mouriño, amigo y dueño de toda la confianza de Calderón, era el responsable de armar el nuevo gabinete. Sobre Genaro García Luna pesaban gruesas acusaciones acumuladas en expedientes judiciales por sus vínculos con bandas de secuestro, y su ineficacia como servidor público frente a la AFI. También abogaron por García Luna, Jorge Enrique Tello Peón, empleado entonces de CEMEX, una de las empresas de cemento más importantes de iberoamérica. Tello Peón era el ‘padrino’ de García Luna en el ámbito del sector público.

Fue Tello Peón el primer jefe de Genaro García Luna en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando entró a trabajar al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). El general Mario Arturo Acosta Chaparro, en una conversación con Joaquín Guzmán Loera «El Chapo», este habría contado que Tello Peón fue uno de los funcionarios públicos que le facilitó el escape de la prisión de máxima seguridad en Puente Grande Jalisco en enero de 2001, con la ayuda de García Luna.

La justicia norteamericana tiene más de 974 mil documentos como pruebas contra el ex Secretario de Seguridad Pública de México, y un enorme paquete de comunicaciones interceptadas, según los fiscales federales. Genaro García Luna enfrenta cargos que incluyen la asociación ilícita para el tráfico de cocaína, el falso testimonio y la participación en una organización criminal.

Durante el primer año de gobierno de López Obrador, la violencia no cede, en México fueron asesinadas 29.401 personas y 976 niñas, adolescentes y mujeres fueron víctimas de feminicidio. 30.377 personas murieron de forma violenta, según cifras oficiales del gobierno. En 2018, el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la cifra de homicidios dolosos fue de 29.991. Mientras tanto siguen trabajando en funciones muy sensibles colaboradores muy cercanos de quienes dieron protección a esos grupos criminales.

Luego de la detención de Genaro García Luna, López Obrador afirmó categórico que «no habría otro García Luna», y prometió que iba a investigar si en su gobierno había integrantes del equipo de confianza del ex Secretario acusado de narcotráfico y corrupción. De acuerdo a investigaciones realizadas, en la nueva Fiscalía General de la República encabezada por el fiscal Alejandro Gertz Manero trabajan en posiciones clave al menos tres funcionarios del equipo íntimo de García Luna y sus cómplices, y otro en la Policía Federal.

Estos son sus nombres y posiciones: Mario Romero Valdéz trabajaba en la Secretaría de Seguridad Pública federal como brazo derecho de Armando Espinosa de Benito, acusado junto con su jefe, García Luna, de recibir millonarios sobornos del Cartel de Sinaloa. Fue director de la Unidad Especializada en recolección de Información de la División de Inteligencia de la PF, área que servía al Cartel de Sinaloa y al Cartel de los Beltrán Leyva.

Romero Valdez está trabajando en la Fiscalía General como analista en la Policía Federal Ministerial, responsable de combatir la delincuencia organizada. En 2018 ocupó el puesto de Director General del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

José Roberto Aragón García, fue Director de Operaciones Encubiertas de la División de Inteligencia de la Policía Federal, miembro cercano del equipo de García Luna y Espinosa de Benito. En 2017 se cambió a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General, donde se encuentra actualmente ocupando el cargo de jefe de departamento de investigación de delitos. Área esencial para la persecución de delitos federales.

Luis Romero García, trabajaba en el Estado Mayor de la Policía Federal con García Luna. Él era el responsable de permitir que a la PF ingresaran amigos de García Luna y Cárdenas Palomino que no lograban superar los exámenes de control de confianza, es decir, el examen toxicológico, polígrafo y la revisión de evolución patrimonial. Actualmente Romero García, ocupa el importante puesto de Director de Área en el departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía General, que encabeza Gertz Manero.

Otro que permanece es Israel Zaragoza Rico, subordinado y protegido de Luis Cárdenas Palomino, quien es compadre de García Luna y también está implicado en el mismo escándalo por corrupción. En 2005, Zaragoza Rico fue uno de los mandos policiacos de la Agencia Federal de Investigaciones que fabricó una acusación de secuestro en contra de la ciudadana francesa Florence Cassez.

Junto con Cárdenas Palomino, secuestraron y amenazaron a Cassez, la llevaron a un domicilio e inventaron que ella era parte de una banda de secuestradores. La detención ilegal y falsedad de cargos crearon casi un conflicto diplomático entre el gobierno de México y Francia. En 2013, tras ocho años de detención ilegal, la Suprema Corte de Justicia ordenó la liberación inmediata de la ciudadana francesa.

La Corte declaró que fueron violados los derechos de Cassez, sin embargo, en el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) Zaragoza Rico tiene el cargo de Inspector General de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal donde toma decisiones importantes en el combate a los cárteles de la droga.

Según investigaciones, que aun empiezan, al menos tres secretarios de seguridad pública estatales son gente de García Luna: el Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero, y el Secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Javier Sánchez Mendoza. Este último también fue parte del equipo íntimo de Espinosa de Benito.

Los tres primeros funcionarios señalados que hoy trabajan en la Fiscalía General, llegaron ahí para trabajar con García Harfuch, cuando en 2016 fue nombrado titular de la Agencia de Investigación Criminal. Hoy trabaja con la Jefa de Gobierno del Distrito Federal Claudia Shembaun, muy allegada a Andrés López Obrador. García Harfuch intenta hacer creer que él no fue parte de ese equipo, aunque entró a la SSP federal con García Luna, su jefe era Cárdenas Palomino y obtuvo todos sus veloces ascensos.

La DEA desde el 2012, escuchó en diversas comunicaciones realizadas entre miembros de la delincuencia organizada el apodo de un alto funcionario mexicano al que llamaban «Padrino». Recién en 2017 lograron descifrar que se trataba del entonces Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

Cienfuegos fue acusado de narcotráfico y de haber recibido sobornos por parte de una célula del Cartel de los Beltrán Leyva conocida como «El Cartel H2». Cienfuegos recibió de la organización de los Beltrán Leyva un teléfono BlackBerry previamente manipulado por la DEA para estar intervenido. El aparato fue filtrado a través de un informante. Quien le dio el teléfono al entonces Secretario de la Defensa Nacional de México (Sedena) no sabía que el aparato estaba manipulado.

Cienfuegos creyó que tenía un BlackBerry con los códigos de encriptación sólidos e inviolables, y el general se comunicaba tranquilamente con los capos que le pagaban millonarios sobornos y con sus cómplices. De esa manera la DEA tiene registrados miles de mensajes enviados y recibidos por el ex Secretario de la Defensa Nacional, como así también su ubicación al momento de enviar y recibir esas comunicaciones.

Entre 2012 y 2018, el «Padrino» fue el Secretario de Defensa Nacional de México, responsable de la gestión del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana y reportó directamente al presidente de México, Enrique Peña Nieto. El acusado usó su cargo oficial para ayudar al Cartel H-2, un famoso cartel mexicano de la droga, a cambio de sobornos.

La Fiscalía afirma que El Cartel H-2 «es una violenta organización mexicana de narcotráfico que anteriormente estuvo dirigida por Juan Francisco Patrón Sánchez, también conocido como H-2, y tiene su sede en Nayarit y Sinaloa, México». Esos criminales tuvieron células de distribución de droga en Los Ángeles, Las Vegas, Ohio, Minnesota, Carolina del Norte y New York, a través de las cuales distribuyó miles de kilogramos de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana, y ganó millones de dólares en ingresos ilegales.

Y «a través de la interceptación de miles de mensajes» del BlackBerry se tienen pruebas de que, cuando Cienfuegos fue titular de la Sedena, a cambio de los sobornos ayudó al Cartel H2 para que el ejército mexicano no afectara sus operaciones y atacara a grupos rivales. Además, el propio general los ayudó a conseguir transporte marítimo para sus cargamentos de droga y expandir su territorio en Sinaloa.

En los mensajes interceptados por la DEA se descubrió que Cienfuegos estaba filtrando al líder del llamado Cartel H-2 investigaciones que el gobierno estadounidense tenía en curso. Con esta filtración, Cienfuegos habría firmado su propia sentencia, ya que las autoridades de Estados Unidos no toleran la traición directa.

Cienfuegos «ayudó a presentar a los mayores líderes del Cartel H2 con otros funcionarios del gobierno de México dispuestos a ayudarlos a cambio de sobornos». Gracias a esos otros funcionarios, el Cartel H-2 «logró el arresto y la tortura de narcotraficantes rivales por parte de las fuerzas del orden mexicanas y la liberación de los miembros del Cartel H-2 de la prisión…», afirma la Fiscalía de New York.

El gobierno de Estados Unidos, no solo tiene pruebas contra el general, sino que puede realizar otras acusaciones en cadena, incluyendo la de otros militares, miembros de la Policía Federal y de la PGR de alto rango. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reclamó porque Estados Unidos nunca les informó sobre las investigaciones que tenían en curso contra Salvador Cienfuegos. Obrador debería reclamar, en primer lugar, a la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz Manero.

La Fiscalía pudo haber investigado y detenido a Cienfuegos en abril de 2019, la Fiscalía dio a conocer la detención de Deovaldo Gutiérrez Alfaro alias «Leoba», identificado como integrante importante del Cartel H2. En vez de procesarlo, interrogar y descubrir el nexo de Cienfuegos, y otros funcionarios y ex funcionarios con la organización criminal, lo extraditaron en noviembre de 2019 a Estados Unidos, y ahora está en manos de la Fiscalía de la Corte de Distrito Este de New York y del Fiscal Michael Robotti, quien tiene la acusación contra «Leoba» y Cienfuegos.

El gobierno de México también extraditó a Carlos Arturo Rubio Parra, alias «Canche», otro miembro del Cartel H2 que habría podido dar importante información a la Fiscalía General de México, si éstos hubiesen investigado. «Leoba» y «Canche», de acuerdo a la información pública de la Corte, tienen en curso negociaciones con la Fiscalía para llegar a una declaración de culpabilidad. Y, por lo tanto, como sucede en estos casos, colaborar y dar información.

«Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental del país durante el periodo neoliberal. Como en el caso de García Luna, todos los que resulten involucrados en este otro asunto del general Cienfuegos que estén actuando en el gobierno, en la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados, y si es el caso puesto a disposición de las autoridades competentes».

Dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 16 de octubre pasado luego de la detención del general de División Salvador Cienfuegos. Seguramente alguien le informó a López Obrador, que la primera renuncia se la debía pedir al general Crescencio Sandoval, a quién designó como secretario de la Defensa Nacional.

Sandoval fue promovido en 2017 al grado de General de División por Cienfuegos y por el Presidente Enrique Peña Nieto. En el mismo periodo que Estados Unidos acusa a Cienfuegos de haber traficado droga y trabajado para el Cartel H2 (2012-2018), Sandoval era uno de sus hombres de mayor confianza ocupando el estratégico cargo de Subjefe del Estado Mayor de 2013 al 2016.

Andrés López Obrador, usó su investidura de presidente de México y su amistad con Donald Trump para liberar al General en cuyo horizonte le esperaban de diez años de prisión a cadena perpetua, de haber sido declarado culpable. Aunque los cargos fueron retirados, no lo liberaron por presunción de inocencia, sino como resultado de una maniobra política, ya que las pruebas en su contra son sólidas.

El rescate de Cienfuegos pone a salvo sus intereses, pero sólo de manera temporal. De acuerdo a la legislación de estadounidense, aunque los cargos contra Cienfuegos fueron retirados, estos pueden ser reactivados en cualquier momento durante los próximos cinco años. Obviamente que Cienfuegos no regresará a Estados Unidos, pero si sus cómplices, cuyos nombres se reservó el Departamento de Justicia.

El 18 de noviembre, Cienfuegos llegó al aeropuerto de Toluca, bajo la protección de López Obrador y la promesa del canciller, Marcelo Ebrard, de que llegaría como un «ciudadano libre». Cienfuegos sigue gozando de plena libertad pese a las graves imputaciones, y que el gobierno de México prometió que sería investigado. Ese fue el argumento del gobierno, que su detención fue una violación de la soberanía, y que Cienfuegos debía ser investigado y procesado por las leyes mexicanas.

Pero ese argumento no fue esgrimido para casi la docena de mexicanos acusados de narcotráfico en Estados Unidos que el gobierno de Obrador extraditó sin problemas. Entre ellos, Deovaldo Gutiérrez Alfaro y Carlos Arturo Rubio Parra, integrantes del Cartel H2 con el cual Cienfuegos está involucrado. También se extraditó a Ismael Zambada, hijo del líder del Cártel de Sinaloa, a lugartenientes de Joaquín Guzmán «EL Chapo», a integrantes del cartel de Los Zetas, y a Rubén Oseguera González, hijo del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Quienes trafican con droga y no forman parte de las instituciones del Gobierno, son prescindibles, y los que lo hacen desde el Gobierno, como el Cártel de los Generales, no. El sentido común dice que los traficantes no existirían si los militares y las fuerzas de seguridad no fueran sus cómplices. López Obrador dijo que Trump accedió devolver al general porque confía en la justicia mexicana. ¿Es una broma?

El Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Diego, realizó un estudio que fue publicado en 2018 y dice que, del 100% de los crímenes investigados por la Fiscalía General de la República de México (antes PGR), el 94% de los casos quedan sin castigo. En cambio, del total de crímenes investigados por la Fiscalía Federal del gobierno de Estados Unidos, en el 95% hay una sentencia condenatoria.

Cienfuegos es parte de un grupo de poder que lleva enraizado en México desde hace más de tres décadas. Y que López Obrador llamaba «mafia en el poder» y que desde su primera campaña presidencial en 2006 prometió destruir. Los militares se acostumbraron a recibir dinero del narco, en especial los generales. Por cierto, el cuarto país del mundo con mayor cantidad de generales, después de Estados Unidos, China y Rusia, es México.

Hace un tiempo escribí un artículo en donde hacía notar el protagonismo que están recuperando los militares en iberoamérica. López Obrador dijo en sus campañas que los soldados debían regresar a los cuarteles y alejarlos de la seguridad pública, sin embargo, al asumir la presidencia, el Ejército asumió muchas funciones en la vida pública. En especial la creación de la Guardia Nacional, con un supuesto mando civil, pero que en los hechos es militar.

A las Fuerzas Armadas se le confiaron múltiples actividades, como la construcción y administración del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, la edificación del Parque Ecológico Lago de Texcoco y de un nuevo aeropuerto en Tulum, hasta el control de 2.700 sucursales del Banco del Bienestar y la construcción de algunos tramos del Tren Maya.

Los soldados fueron asignados a la remodelación de 32 hospitales, a la distribución de gasolina y de medicamentos, de libros escolares, la vigilancia de las fronteras para detener el paso de migrantes hacia Estados Unidos, y programas sociales como Sembrando Vida. La custodia de Puertos y Aeropuertos, fue encargada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar). La adjudicación directa al Ejército, como la compra de servicios evitando las licitaciones por concurso.

El Ejército y la Fuerza Aérea cuentan con 165.454 uniformados, la Secretaría de Marina con 51.333 y la Guardia Nacional (Policía Nacional) con 104.695, sumando un total de 321.482 efectivos, según un informe de la Sedena. Pero otros informes hablan de más de 400.000 guardias y soldados.

Los militares le exigieron a López Obrador la entrega del general Cienfuegos, o en caso contrario regresarían a los cuarteles. Cienfuegos estuvo al frente durante seis años (2012-2018). Todos los ascensos de los militares los decide el secretario de la Defensa, por tanto, todos los altos cargos tienen una deuda con él. El mismo presidente dijo que tenía una presión militar. Todo el esfuerzo empleado por Obrador es una señal de la dependencia del gobierno respecto a las Fuerzas Armadas.

Cienfuegos, de 2005 a 2007 fue jefe de la IX región militar con sede en Acapulco, Guerrero. Junto con la AFI le dio protección al Cartel de Sinaloa y en especial a los Beltrán Leyva quienes dominaban la región. De 2007 a 2009 fue nombrado Jefe de la I Región Militar, con sede en la Ciudad de México, en donde el Cartel de Sinaloa y sus socios, los Beltrán Leyva, se sentían tan seguros que allí realizaban sus reuniones criminales.

En 2010, Sergio Villarreal Barragán, alias «El Grande», declaró en la PGR cómo el ejército en Guerrero y la Ciudad de México protegían a los Beltrán Leyva y al Cartel de Sinaloa. Con lujo de detalles señaló donde y cuando, sobre los pagos de sobornos a los jefes militares de la región. En 2014 miembros del Ejército participaron en el ataque y desaparición de los boteros de Ayotzinapa.

El ataque fue ordenado por un capo del Cartel de los Beltrán Leyva quien quería recuperar un cargamento de heroína que estaba oculto en dos autobuses que, sin saberlo, los estudiantes habían secuestrado para transportar a sus camaradas ideológicos a una manifestación. La periodista Anabel Hernández, en su reciente libro, sostiene lo mismo que informé en un artículo en 2014.

Un contacto en México me dio esa versión, algo que no se podía sostener en ese momento en México, por temor a las represalias. Así lo hice notar en un artículo publicado en esos días, todo apuntaba al tráfico de heroína con destino a Chicago. Nada tenía que ver la ideología de unos pobres muchachos que vivían equivocados en ideas perimidas y en la vida. Su peor error y el último fue tomar algo que estaba cargado de heroína.

FUE EL EJÉRCITO

La noche del 26 de septiembre de 2014 le informaron a un narcotraficante con un importante nivel de operaciones en Guerrero, quien se encontraba en Iguala, que estudiantes de la Normal de Ayotzinapa iban a bordo de dos autobuses en los que se ocultaba un cargamento de heroína con un valor de al menos dos millones de dólares, los normalistas ignoraban que viajaban con la preciosa carga y que su destino estaba ligado a ella.

Aunque el capo estaba acostumbrado a traficar varias toneladas de heroína, la cantidad que transportaban los autobuses no era menor y no se podía permitir ese robo, aunque fuera accidental, si lo toleraban, se perdería el orden en la plaza. «¿Si se mata por veinte mil dólares, por dos millones? Es una manera de operar. La recuperación de la mercancía era un tema de dinero y un tema de autoridad, si se permitía ese robo después habría más», explicó un informante de credibilidad comprobada, con quien se sostuvieron varias reuniones a lo largo de quince meses durante esta investigación.

El narcotraficante en cuestión tenía al menos ocho años trabajando en la entidad; primero como colaborador de Arturo Beltrán Leyva, con el que traficaba droga a Estados Unidos –no como un subalterno sino como un socio minoritario que con el tiempo adquirió más poder, aunque logró mantener un perfil discreto-, pero su nombre nunca se ha mencionado en las causas penales de otros integrantes de ese cártel, como Edgar Valdez Villareal, Gerardo Álvarez Vásquez o Sergio Villareal Barragán.

En 2009, cuando ultimaron a Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, el capo decidió seguir con sus propias operaciones usando Guerrero como base: para el control de la zona tenía su nómina a militares del 27 y 41 Batallones de Infantería, policías federales, policías ministeriales de Guerrero, policías federales ministeriales, policías municipales de Iguala y diversas autoridades de los municipios cercanos, así como en la sierra donde se siembra la amapola y se procesa la heroína.

Cuando se reportaron la pérdida de su valiosa carga, el capo habría hecho una llamada al coronel de infantería José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón, para pedirle que recuperara la mercancía a como diera lugar. El Ejército era la fuerza de seguridad que tenía mayor autoridad en la ciudad; tal vez el narcotraficante no dimensionó la magnitud del operativo para recobrar la droga. «Quien encabezó la operación para rescatar la droga fue el mismo Ejército», señaló la fuente de información enterada de los hechos.

(…) El informante señaló que el capo sólo quería recuperar su mercancía y no ordenó la desaparición; por la experiencia vivida con los Beltrán Leyva sabía que la violencia excesiva era el peor enemigo de su negocio. Cuando se enteró de lo sucedido, dice el informante, se preocupó y se molestó por la acción del Ejército: le «calentaron una plaza» que estaba tranquila y lo obligaron a frenar sus operaciones en Guerrero.

Lo siguiente es una transcripción del libro de Anabel Hernández, que ilustra el verdadero poder del Ejército.

La verdadera noche de Iguala, Anabel Hernández.

“El 17 de diciembre de 2014 las distintas organizaciones civiles y lo padres de los normalistas de Ayotzinapa decidieron ir a sacar un retén militar instalado con el pretexto de que esa era una zona de influencia de la guerrilla del ERPI, y la confrontación estuvo a instantes de convertirse en una nueva masacre (…)”

El subsecretario Enrique Miranda Nava llamó por teléfono al activista Vidulfo Rosales, abogado, quien se encontraba en el lugar, luego de lanzarle amenazas con el propósito de disuadirlo, pero Vidulfo Rosales y el contingente siguió caminando.

“La tensión duró tres horas. Una pequeña comisión, encabezada por Rosales, llegó al retén militar sin actitud violenta; curtido en esas batallas, el abogado dijo sereno “Tenemos un documento”, y lo leyó. Era una explicación de por qué el Ejército no debía desempeñar tareas de seguridad pública ni ocupar los territorios de los pueblos indígenas, y en razón de eso se les pedía que se retirara al cuartel. El militar a cargo les dijo que no iba a recibir el documento y que no se iba a ir.

-Tenemos un mandato constitucional para estar aquí –Le replicó Rosales.

-Tú quién eres? –preguntó el militar con azoro.

-Soy el abogado de los pueblos –dijo Rosales, y le explicó que la única manera en que el Ejército podría estar haciendo tareas de seguridad publica era con la orden de un juez; si en ese momento mostraban la orden judicial, el contingente se retiraría pacíficamente.”

“- Nadie de ustedes nos va a emplazar a nosotros! –gritó el militar muy molesto y el pequeño comité se retiró, en media hora llegó un helicóptero con el comandante de la IX Región de Acapulco y llamó a los dirigentes.

-A ver, señores, no hay problema, yo recibo el documento; yo lo recibo, pero no nos vamos a mover de aquí, eso si no, es un deber…Aquí hay gente del narcotráfico, maleantes, y de alguna forma lo tenemos que proteger.

Los manifestantes reclamaron que el Ejército sólo hostigaba a la policía comunitaria.

-Es una instrucción presidencial de desplegar la fuerza en la zona, pase lo que pase no nos vamos a mover –dijo el comandante. El contingente insistió en que se salieran y pusieran el retén en otro lugar.

Miranda Navas volvió a llamar a Rosales. El mensaje fue claro: a los militares ni el presidente pude controlarlos. A dos años de los hechos en Iguala eso parece ser muy claro.

-Hay que dar una salida a esto, cabrón, se va a ir de las manos, está en las manos resolverlo ahorita. Te vuelvo a repetir, esto rebasa mi capacidad, rebasa la capacidad del presidente; este rollo está en manos de los militares y están encabronados, no se van a quitar de ahí. Antes me quitan a mí de aquí, que ellos quitarse.”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que García Luna y el general Cienfuegos representaban la decadencia del sistema neoliberal, pero que ese sistema no existía más. Pero ese sistema sigue vivo en su propio partido MORENA y el ejemplo es Omar García Harfuch, el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

García Harfuch, fue parte del equipo de García Luna y Cárdenas Palomino. En 2012 la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal a la que pertenecía inició un proceso en su contra porque reprobó los exámenes de control de confianza que por ley debía cumplir para estar en la policía, determinando que no tenía el perfil para estar en la policía. También corroboraron que Harfuch hacía detenciones arbitrarias, cateos sin orden judicial y negociaciones con el crimen organizado. Palomino fue su protector y amigo. Cárdenas Palomino, impidió su expulsión del cuerpo.

La gobernadora Sheinbaum protege a García Harfuch. El caso actual de García Harfuch demuestra que el sistema mexicano no es capaz de sanearse a sí mismo, que no es posible ni en estos tiempos de la 4T. La política emprendida por el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, contra el narcotráfico de «abrazos no balazos», sigue causando estragos y es de suma preocupación del gobierno estadounidense.

Según el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes 2021 (INCSR), elaborado por el Departamento de Estado. México es una de las naciones en situación más crítica. Según el informe, los cárteles de la droga aumentaron su producción y tráfico de drogas, sobre todo heroína, metanfetaminas y fentanilo; y multiplicaron sus operaciones de lavado de dinero en el sistema financiero mexicano.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador disminuyó los decomisos de droga y precursores químicos para su producción, destruyó menos plantíos de amapola y confiscó menos bienes y dinero. «Estos carteles representan una clara amenaza para México y la capacidad del gobierno mexicano para ejercer un control efectivo sobre algunas partes de su territorio».

Según advierte el gobierno de Estados Unidos, si el gobierno de López Obrador, no mejora sustancialmente su combate a los cárteles de la droga con datos verificables, «México corre el grave riesgo de ser considerado como un país que probadamente no cumple sus compromisos internacionales de control de drogas»”

De acuerdo con el informe, México se encuentra en la lista de 22 países donde ocurre la mayor producción y tráfico de drogas del mundo. Comparte la lista con Afganistán, las Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, Nicaragua, Paquistán, Panamá, Perú y Venezuela.

Bolivia y Venezuela, en 2020 y 2021, han sido calificadas como países que de manera comprobada han fallado en cumplir los acuerdos internacionales para combatir las drogas. De acuerdo al INCSR, entidades criminales lavan anualmente millones de dólares de ganancias provenientes del narcotráfico en el sistema financiero de México. Y en ese mismo sistema financiero se lava dinero proveniente de extorsiones, robo de combustible, fraude, tráfico de personas y armas.

Según el reporte, la Fiscalía General de la República en el 2020 no probó su eficacia en obtener una condena judicial contra los responsables del blanqueo de capitales y otros delitos financieros.

«El blanqueo de capitales a través del sector inmobiliario de lujo sigue siendo una preocupación, especialmente como vehículo para blanquear el producto de la corrupción pública». «Por corrupción y falta de capacidad», el gobierno de México no es capaz de evitar eficazmente el lavado de dinero en su sistema financiero, dice el informe. «Estos carteles representan una clara amenaza para México y la capacidad del gobierno mexicano para ejercer un control efectivo sobre algunas partes de su territorio».

La llamada popularmente Ley Cienfuegos, más que una aparente defensa de la soberanía, va a convertir a México en una zona franca legal del crimen. Lo que no había logrado ni siquiera Felipe Calderón. Esta reforma fue aprobada en el Senado con 71 votos a favor, 21 en contra y una abstención. Con la que limita la presencia de agentes extranjeros, como la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).

La reforma establece la obligación de los agentes extranjeros de «poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información que se alleguen en el ejercicio de sus funciones» ante «las autoridades correspondientes». También elimina la «inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones».

«La propuesta, lejos de proteger la soberanía nacional la debilita, puesto que podría debilitar también el combate al crimen organizado», argumentó el senador Ismael García Cabeza de Vaca, del opositor Partido Acción Nacional (PAN). «Resulta cuestionable que podamos establecerles obligaciones de manera unilateral a través de una ley nacional y no mediante un convenio o un tratado bilateral», advirtió la senadora Guadalupe Murguía.

Aunque AMLO y su gobierno afirman que la súbita reforma no tiene dedicatoria, los cambios a la ley sí tienen una dedicatoria clara y precisa contra la DEA, la CIA y el FBI, y es por eso que al interior de la llamada 4T ya le llaman la «Ley Cienfuegos». Lo único que se deja claro es la soberanía de la impunidad.

Es una realidad que cerca del setenta por ciento de los narcotraficantes y políticos mexicanos vinculados al narcotráfico de mayor nivel, detenidos en los últimos 20 años en México, han sido arrestados gracias a información emanada de la DEA: Joaquín Guzmán Loera «El Chapo», líder del Cartel de Sinaloa, Osiel Cárdenas Guillen, líder del Cartel del Golfo y Los Zetas, Vicente Carrillo Fuentes, Líder del Cartel de Juárez, Alfredo y Arturo Beltrán Leyva líder del Cartel de los Beltrán Leyva, este último asesinado en 2009 durante el operativo para su captura.

Dámaso López Núñez «El Licenciado», operador y brazo derecho de «El Chapo»; Gerardo Álvarez Vázquez, del Cartel de Sinaloa,  Martin  Villegas Navarrete de los Beltrán Leyva, Felipe Cabrera Sarabia del Cartel de Sinaloa;  Juan Manuel Álvarez Inzunza operador financiero del Cartel de Sinaloa, hasta Rubén Oceguera González alias «El Menchito», hijo de Nemesio Oceguera líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, detenido por el gobierno de AMLO gracias a la DEA -sin que mediara ninguna queja de violación a la soberanía por parte del gobierno- y quien fue extraditado rápidamente a Estados Unidos este año. Solo por mencionar algunos.

A una larguísima lista de narcotraficantes, también se añade la lista de narco-funcionarios públicos mexicanos  detenidos o con orden de aprehensión en Estados Unidos:  Cienfuegos, García Luna; el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, acusado por una corte de Estados Unidos de recibir sobornos del Cartel de Los Zetas, actualmente preso en Texas; el ex Fiscal General del Estado de Nayarit, Edgar Veytia alias «El Diablo» detenido en Estados Unidos por trabajar para el Cartel H2; el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, también acusado por narcotráfico en ese país, actualmente prófugo, y un largo etcétera.

Muchos de ellos ni siquiera tienen orden de arresto en México, ni había investigaciones abiertas en su contra. La única razón por la que han sido detenidos es bajo el esquema «detención provisional con fines de extradición» gracias a que un juez estadounidense giró una orden de arresto. Y giró la orden de arresto porque alguna agencia de Estados Unidos presentó pruebas suficientes en su contra, pruebas obtenidas por la tarea de inteligencia que llevan a cabo en México.

Si no fuera por las agencias estadounidenses, esos criminales, muchos de ellos parte de las mismas instituciones del gobierno de México, estarían libres y seguirían cometiendo sus crímenes. En la práctica lo que defiende la reforma a la Ley de Seguridad Nacional es la soberanía de la impunidad.

Los artífices de la «Ley Cienfuegos» son gente vinculada a Genaro García Luna. No es casual que Cienfuegos, García Luna y otros ex mandos policiacos como Luis Cárdenas Palomino, forman parte del mismo grupo político, policías, militares y empresarios vinculados al crimen organizado que conforman una cofradía y que tiene presencia activa en el gobierno de AMLO a través de la inserción de sus más allegados en la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, SEDENA, y diversas secretarías de seguridad pública locales de México.

Uno de los autores de la reforma es Julio Cesar Sánchez Amaya, quien desde enero de 2019 ocupa el cargo de Director de «asuntos especiales» en la Subsecretaría para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sánchez Amaya es muy cercano e incondicional de Joel Ortega Cuevas. Primero fue, literalmente, su jardinero. Luego fue inspector de vía pública en la delegación Gustavo A Madero cuando Ortega Cuevas era el Delegado.

Cuando Ortega Cuevas ascendió a Secretario de Seguridad Pública (2004-2008) durante el gobierno de AMLO en la CDMX, Sánchez Amaya ocupó la Dirección General de Policía Sectorial. Ambos fueron despedidos sin mayores consecuencias tras un operativo policiaco en el que murieron 13 personas.

Cuando Ortega Cuevas fue Director del Sistema Colectivo Metro en la CDMX (2012-2015) durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la CDMX, su incondicional Sánchez Amaya ocupó otros importantes cargos en la SSP capitalina. Cabe señalar que Mancera también era asiduo asistente a fiestas de Luis Cárdenas Palomino, acusado de narcotráfico en México en Estados Unidos.

Durante la transición entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el de AMLO, Ortega Cuevas era un asiduo participante en las reuniones de lo que sería el «gabinete de seguridad» integrado por la SER, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es muy probable que en esas reuniones lograra insertar a Sánchez Amaya.

Se sabe de acuerdo a informantes, que Ortega Cuevas trabajó para García Luna, y hay incluso dentro de la 4T quienes afirman que fue su «socio». El periódico El Universal publicó que él fue el artífice del contrato de más de 31 millones de pesos dado por el gobierno de Mancera a una empresa de García Luna en 2017. El jefe de Sánchez Amaya es Roberto Velasco Álvarez quien en junio pasó de vocero de la Cancillería a Director General para América del Norte.

Según algunos trascendidos, la Ley de Seguridad Nacional, quedaría en manos de Sánchez Amaya, él sería el responsable de supervisar las actividades de los agentes extranjeros, entre ellos la DEA. Qué ironía que gente cercana a García Luna sean los que ahora deberán supervisar las investigaciones de los estadounidenses.

En México durante distintos gobiernos, el narcotráfico se mantuvo vigente, en algunos en menores cantidades, con Salinas de Gortari aumentó exponencialmente el narcotráfico y llegó directamente a Los Pinos. Y todos los gobiernos sucesivos pactaron con el narcotráfico, el pago por los servicios fue desde la cúspide del poder al agente de policía.

La pelea entre cárteles hizo que Calderón tomara partida por el de Sinaloa, la supuesta guerra contra el narcotráfico fue una guerra contra la competencia. Si el narcotráfico existe en un país, es porque el gobierno lo tolera o lo permite, las fuerzas del narcotráfico no pueden contra el poder del Estado. Eso lo decía el verdadero jefe del narcotráfico mexicano, el Mayo Zambada.

Los cárteles se multiplicaron, entre otros el de los Generales, AMLO hablaba de pacificación y de amnistía, y ante las críticas dio marcha atrás. La liberación del hijo de «El Chapo», el regreso a México del general Cienfuegos y la Ley de Seguridad Nacional, es una muestra del pacto con el narcotráfico. Sin la complicidad del Estado no puede existir el narcotráfico.

Con la ley Cienfuegos, producto de la capa conjuntiva, las tres capas del poder político del estado mexicano están al servicio del narcotráfico, ergo, el Estado mexicano es un narco-estado.

Enero de 2021.