EVO MORALES
EL VIOLADOR DE MENORES
Los ex presidentes, Alberto Fernández, de Argentina, «el golpeador» y Evo Morales, de Bolivia, «el violador». Un par de delincuentes socialistas.
El ex presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, está en medio de un gran escándalo judicial, y está acusado de violación de una menor y de trata de personas. Evo habría abusado de una menor, entonces, de 15 años, con quien habría engendrado una hija de sexo femenino.
La Fiscalía de Tarija anunció en días pasados que había iniciado una investigación en contra de Evo Morales, por los presuntos delitos de trata de personas. Según la orden de aprehensión emitida, orden que actualmente esta suspendida por una acción de libertad, hecho que aumentó el escándalo ya que el Fiscal general habría actuado en claro favoritismo con el ex presidente. ¿Qué dice la orden de aprehensión de la Fiscalía contra Evo Morales por trata de personas?
La Fiscalía señala que la adolescente fue inscrita por sus padres en una organización juvenil afín a Evo Morales, conocida como la «Guardia Juvenil del Presidente Evo Morales Ayma», creada entre 2014 y 2015 y compuesta por jóvenes de entre 14 y 15 años. Los padres de la menor buscaban «escalar políticamente y obtener beneficios», según la resolución de la fiscalía. El informe añade que la joven «fue presionada y prácticamente forzada» para mantener relaciones sexuales con Morales.
En todos los medios de información, no se dieron a conocer la identidad de la menor, pero nosotros sabemos sobre su identidad, un contacto en la ciudad fronteriza de Yacuiba, Bolivia, lugar donde sucedieron los hechos, nos reveló la identidad de la menor y su familia, pero nos limitaremos a dar sus iniciales. Según la relación de hechos expuesta en esa orden de aprehensión (firmada por tres fiscales el pasado 26 de septiembre), en un registro civil de la localidad de Yacuiba (Tarija) se emitió, el 31 de mayo de 2018, una partida de nacimiento de una menor, de iniciales E.S.N.V., con el registro de Juan Evo Morales Ayma como padre y C. S. V. P. como madre.
«No obstante, la fecha de nacimiento de la menor de iniciales E.S.N.V. hubiera sido en fecha 8 de febrero de 2016, es decir, cuando la progenitora (…) contaba con sólo 16 años de edad, lo que a su vez significa que (…) la misma procreó a la menor E.S.N.V. con el señor Juan Evo Morales Ayma, a sus 15 años de edad», cita el documento. Además, recuerda que Morales, en ese entonces, ejercía funciones como presidente de Bolivia.
De acuerdo con los antecedentes de la Fiscalía, en las gestiones 2014 y 2015, «el ahora investigado Juan Evo Morales Ayma, haciendo uso desmedido de su condición de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y a través de sus diferentes organizaciones», creó una «guardia juvenil». La mencionada guardia era del entonces presidente del Estado y estaba «conformada por personas de 14 y 15 años, denominadas ‘Generación Evo’», señala el documento.
¡Menos mal que no se le dio por crear una guardería infantil!
En ese contexto, los padres de C. S. V. P., identificados como E. V. M. y I. P. S., inscribieron a su hija a la guardia juvenil «con la única finalidad de poder escalar políticamente y obtener beneficios para ‘lucrar’, es decir, conseguir lo que deseaban a cambio de su hija menor», según la relación de hechos de la Fiscalía. Es así que, «mientras lucraban con la menor, los señores E. V. M. y I. P. S. obtenían todo tipo de beneficios, viajes (y hasta) cargos públicos».
Según el documento, Juan Evo Morales habría instruido, «como parte de pago», que I. P. S. (madre de C. S. V. P.) sea candidata a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija por el Movimiento Al Socialismo (MAS), pero fue rechazada por contar con antecedentes penales y, ante ese hecho, fue designada como directora de una unidad del Gobierno Regional del Gran Chaco. Ahora los padres de C. S. V. P. también se encuentran investigados por «trata de personas» al igual que Evo Morales.
La Fiscalía expone que la entonces menor de edad se encontraba en un estado de vulnerabilidad o desventaja respecto al ahora investigado y se refiere a una presunta violencia sexual en su contra. Además, recuerda que la Policía debe agilizar la investigación de delitos contra la integridad psicológica y sexual de niños, niñas y adolescentes.
Entre los indicios que la Fiscalía ha recabado, está el certificado de nacimiento de la hija de Evo Morales con la menor, emitido el 31 de mayo de 2018, en el muestrario fotográfico en el que se observa a Evo Morales y la menor, así como las actividades de la guardia juvenil en la que ella participaba. Del mismo modo, un certificado de participación emitido por la Unidad de Género del Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijeño.
La primera copia corresponde a la Fiscalía, y la segunda es un comunicado oficial del gobierno argentino, que anuncia la cesación del estatus de refugiado de Evo Morales.
El documento de la Fiscalía concluye que «se tiene indicios de responsabilidad penal del ciudadano Juan Evo Morales Ayma, en grado de probabilidad como autor» de los delitos de trata de personas y a los padres de la adolescente que quedó embarazada. La defensa de Juan Evo Morales aseguró que se trata de «un proceso penal armado» como parte de una presunta persecución política. El jueves 3 de octubre, Evo Morales, aseguró que no tiene miedo, y agregó:
«¡No me extraña ni me preocupa! Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron e intentaron matarme. ¡No me tengo miedo! ¡No me callarán! Seguiré luchando junto a nuestro pueblo, junto a mis hermanas y hermanos que nunca me abandonaron, junto al poncho y la pollera», afirmó Morales mediante su cuenta en X.
Es cierto Evo, no te callarán, al contrario, vas a abrir la boca de dolor, y la pollera te va venir muy bien, porque en la cárcel, los violadores consiguen rápidamente un novio. «Podrán silenciar mi voz, podrán matarme, pero jamás lograran silenciar la voz del pueblo que hoy siente hambre y desesperación, porque la traición sólo destruyó la estabilidad económica, social y política que tuvo Bolivia», agregó Evo Morales. Evo Morales lo que destruyó Bolivia, es una cosa llamada socialismo, a ver si te enteras de una vez, ignorante.
Para investigar el caso, se había conformado un equipo de fiscales que, ante el conocimiento de las evidencias e informes de inteligencia, ordena la aprehensión del expresidente. La orden fue firmada por la directora Funcional de la Unidad de Trata y Tráfico, Pamela Obando, además de los fiscales Cristian Antonio Guerrero y Andrés Soruco. Pero, antes de que se realice la notificación, en la ciudad de Santa Cruz se presentó una «acción de libertad» en contra de Antonio Guerrero y Andrés Soruco, pero no de Pamela Obando.
En esa audiencia, «se les ha otorgado la tutela y se deja sin efecto esta resolución fiscal de aprehensión contra Juan Evo Morales por el presunto delito de trata y tráfico de personas», explicó Gutiérrez. Pero ya antes de esta resolución judicial, de acuerdo con Sandra Gutiérrez, había una decisión desde la Fiscalía General del Estado de que el caso contra Evo Morales no se investigue.
A través del instructivo 392/2024, Lanchipa le ordena «dejar el caso» e informa que «quien se haría cargo de esta investigación sería la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género y Juvenil, la doctora Alejandra Sally Rocha Villarroel, que es la directora nacional que viene desde la Fiscalía General, y el fiscal de materia Ricardo Diego Caballero Quilla». Asimismo, le ordenó que «deje sin efecto la comisión que había designado para investigar este caso».
Evo Morales tenía entonces una orden de aprehensión en su contra, que fue emitido por la Fiscalía de Tarija. Pero una vez fue conocida la orden, el fiscal General Juan Lanchipa destituyó a la fiscal Departamental de Tarija Sandra Gutiérrez, porque no obedeció la orden de no investigar el caso. Antes de que se realice la notificación, en la ciudad de Santa Cruz, donde se encontraba Evo Morales, se presentó ese miércoles una «acción de libertad» que, en tiempo récord, dejó sin efecto la orden la aprehensión contra el expresidente, según la fiscal destituida.
Sandra Gutiérrez informó de la orden de aprehensión contra Morales y la arremetida de Lanchipa, quien también destituyó de sus cargos a ella y a otros dos fiscales que tenían la responsabilidad de investigar al expresidente por un delito considerado de lesa humanidad. «A mí me dijeron: te dije que no hagas nada y no lo has hecho», reveló la ahora exfiscal en declaraciones a la prensa en puertas de la Fiscalía de Tarija, adonde se le impidió ingresar.
El curso que tomó el proceso por el presunto delito de trata y tráfico, que involucra a Evo Morales, generó una ola de repercusiones. El fiscal general, Juan Lanchipa, justificó el desplazamiento de Sandra Gutiérrez de la Fiscalía Departamental de Tarija por incumplir protocolos, dijo que apartó del cargo a Sandra Gutiérrez por una «falta de idoneidad» y no por evitar la captura del exmandatario. La ex fiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez, respondió asegurando poseer audios que demuestran que recibió la orden de no investigar al exmandatario.
Al finalizar la jornada Sandra Gutiérrez decidió responder al fiscal general Juan Lanchipa, confirmando que cuenta con audios en los que se escucha su conversación con el fiscal general, en la que él le dijo que «no tiene nada que hacer aquí» en referencia al proceso contra Evo Morales. Sin embargo, advirtió que esas grabaciones las hará públicas en el momento oportuno. El jefe del Ministerio Público dio una corta declaración, manifestando que la investigación sigue en curso, pero que está a cargo de una nueva comisión especial.
Además, avaló la postura de la juez Lilian Moreno de Santa Cruz, que anuló la orden de captura en virtud a la acción de libertad presentada por Evo Morales por supuestas vulneraciones al procedimiento. La jueza de Santa Cruz, Lilian Moreno, quien anuló la orden de aprehensión en contra de Evo Morales por trata y tráfico de personas y estupro, trasladó el proceso activado por la Fiscalía de Tarija al municipio de Villa Tunari (Cochabamba), denunció el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
«No puede existir una denuncia de un hecho de violación en contra de una niña, niño o adolescente sin investigarse. Reprochamos el accionar de una juez, Lilian Moreno, que no solo ha dejado sin efecto un mandamiento de aprehensión en contra de una persona investigada por el delito de trata de personas, sino que ha trasladado el caso hacia el municipio de Villa Tunari», dijo, en conferencia de prensa. Reveló que la juez de Sentencia Penal 14° de Santa Cruz, Lilian Moreno, recibió el expediente del caso para una acción de libertad entre las 08:00 y las 10:00 del miércoles y antes del mediodía ya programó la audiencia para resolverla ese mismo día, a las 16:00.
En las últimas horas, se hizo público que la juez de Sentencia Penal 14° de Santa Cruz de la Sierra, Lilian Moreno Cuéllar, quien anuló la orden de aprehensión en contra de Evo Morales, trabajó en el gobierno del dirigente cocalero. Moreno Cuellar, trabajó desde 2012 a 2016 como jefa del departamento Jurídico y, posteriormente, como gerente del Servicio de Impuestos Nacionales en la Regional de Santa Cruz. Y desde 2018 asumió como jefa de la Unidad Jurídica de ENFE y, días antes de la caída de Evo Morales en 2019, fue designada como Juez de Sentencia del distrito judicial de Santa Cruz de la Sierra.
Actualmente, Lilian Moreno Cuellar, es candidata al Consejo de la Magistratura para las elecciones judiciales del 1 de diciembre. Según un reporte, la jueza no se presentó a trabajar, solicitó permiso por motivos personales, por lo que sus audiencias fueron suspendidas. El ministro Del Castillo elogió a la exfiscal Gutiérrez por haber «tenido la plena hidalguía de llevar a cabo esta denuncia penal que nadie antes se había animado a llevar».
Del Castillo, muy molesto, reprochó que existan administradores de justicia que se «entrometan en las investigaciones» e interfieran para que las víctimas no puedan acceder a la justicia. «¿En qué país vivimos?, precisamente no es esa justicia pronta y oportuna que, en menos de 8 horas, ha sido dejado sin efecto un mandamiento de aprehensión y sobre todo vulnerando los derechos de una menor trasladando un juicio hacia el municipio del expresidente Morales. ¿Qué garantía tienen las víctimas para personarse a buscar justicia?», cuestionó.
No descartó, Del Castillo, que haya más víctimas del expresidente y ofreció garantías a las personas que realicen sus denuncias. «No podemos seguir en incertidumbre donde existen violadores y no se obtenga una justicia para los menores en nuestro país. ¿Qué clase de sociedad vamos a construir? Lo digo, no como Ministro de Gobierno, sino como un padre que siente un repudio, un asco en contra de esas autoridades. (…). El Gobierno va a ser parte, nos vamos a apersonar al proceso, para que sea reconducido y que esta niña pueda obtener justicia».
El ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, confirmó la gravedad de las acusaciones y señaló que la menor fue violada cuando tenía 15 años. «Existe un proceso abierto que está en curso de investigación», explicó Siles en una conferencia de prensa y dijo que este es solo uno de los varios casos judiciales que se han activado en contra de Juan Evo Morales.
Sin aludir al expediente, el ex presidente Evo Morales, publicó en su cuenta en X: «Hace mucho informamos que el gobierno de Luis Arce decidió convertirse en un gobierno fascista y antipopular. Renunciaron a resolver cualquier diferencia de forma democrática, para pasar a la persecución judicial. El abuso judicial se convirtió en la única herramienta disponible para un gobierno vaciado de legitimidad».
Los seguidores de Evo Morales dijeron que su líder se encuentra en algún lugar del Chapare, una región central de Bolivia conocida por su producción de coca y su vínculo con Evo Morales y los cocaleros, que es su hogar y bastión político. Su ex ministro y abogado Carlos Romero, dijo en una declaración a los medios: «Hermanos y hermanas del Trópico (Chapare) se han movilizado clandestinamente, se han constituido en los vigilantes, en los guardaespaldas, en los protectores de la vida de Evo Morales».
Este tipo de acusación no es nueva en la batalla entre Evo Morales y Luis Arce, gobierno actual. En 2020, durante el gobierno de Jeanine Áñez, se intentó procesar al ex mandatario tras la aparición de fotos en el celular de una menor de edad que lo vinculaban a ella. No obstante, ese proceso no prosperó, al igual que otros que se han presentado en su contra. Su abogado Carlos Romero confirmó que hay al menos cinco procesos en contra de Evo Morales, pero evitó hacer mas precisiones.
El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, se encuentra en graves problemas, luego de haber destituido a una fiscal regional que emitió un mandamiento de aprehensión contra Evo Morales, esa acción fue interpretada por miembros del Gobierno y la oposición como un acto de protección al ex presidente y de encubrimiento de los presuntos delitos, por lo que exigen a la Asamblea Legislativa Plurinacional iniciar un juicio de responsabilidad contra el fiscal.
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Larach, ha pedido el inicio de un proceso contra Lanchipa. «No puede ser que el sinvergüenza solape ese nivel de delitos, abusar de una menor no tiene perdón (…) más allá de que se investigue a Evo Morales, hay un encubridor que merece cárcel», manifestó y pidió al Órgano Legislativo iniciar el juicio.
De igual forma, otros dirigentes sociales y legisladores advirtieron «abuso de poder» de parte del fiscal y afirmaron que cometió un gravísimo error. «Juan Lanchipa cometió un gravísimo error (…) en vez de ponerse de lado de mujeres que sufren violencia y violaciones, en este momento está custodiando y cuidando a Evo Morales», dijo la diputada Ninoska Morales. El ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, manifestó que el fiscal Lanchipa debe rendir un informe y explicar por qué cesó de sus funciones a la fiscal departamental de Tarija que investigaba el hecho.
Se conoce que Juan Lanchipa, fue designado fiscal general del Estado en octubre de 2018, cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) contaba con mayoría en la Asamblea Legislativa y Evo Morales gozaba del respaldo unánime del partido y su bancada. Antes Juan Lanchipa había sido nombrado director de la Dirección de Reivindicación Marítima a cargo de la demanda marítima contra Chile en la Corte Internacional de Justicia. En octubre de 2018 presidió el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y mientras ejercía ese cargo se había postulado a la fiscalía general. Concluirá su mandato el 22 de octubre.
Juan Lanchipa, es cuestionado por su afinidad política con Evo Morales. Fue una sorpresa que en el gobierno interino de Jeanine Añez actuara con diligencia en los casos que involucraban a ex autoridades del MAS, incluido el ex presidente. Una vez que ese partido volvió al poder, con Luis Arce en la Presidencia, Lanchipa declaró sobreseimientos a los ex funcionarios del MAS e inició procesos penales contra las autoridades del gobierno transitorio de Añez.
El diputado Carlos Alarcón manifestó en un contacto con los medios locales, que Lanchipa «tuvo una gestión desastrosa porque siempre fue sumiso al poder de turno, con Evo Morales, con la presidenta Jeanina Añez y ahora con el gobierno de Luis Arce. Siempre tuvo una inclinación política obvia y evidente».
El izquierdista Grupo de Puebla cierra filas por Evo Morales y denuncia una guerra jurídica en su contra, en cuanto a las acusaciones contra el ex mandatario, el Grupo de Puebla considera que «algunas son infundadas» y que otras ya fueron «resueltas judicialmente en el pasado».
«Sus legítimas diferencias (entre Arce y Morales) parecen trasladarse ahora a los estrados judiciales con el evidente propósito de judicializar la campaña alrededor de casos y acusaciones en contra del expresidente Morales (…), hacemos un llamado a estar atentos a esta politización de la justicia ahora que algunas encuestas electorales favorecen ampliamente a Morales», señalaron en un comunicado.
Sin embargo, el ministro de Justicia, César Siles, anunció que seguirá con las investigaciones y advirtió con iniciar acciones legales contra la jueza que otorgó la acción de libertad en favor de Morales. El evismo, por su parte, denuncia que este hecho se trata de «persecución política». Según el comunicado, compañeros del Grupo de Puebla trataron de mediar entre Arce y Morales, pero esto no fue suficiente. Aun así, afirmaron que seguirán en la búsqueda «de espacios pacíficos y democráticos de reencuentro entre las distintas facciones del MAS».
La última información obtenida sobre la fiscal departamental Sandra Gutiérrez, es que el juez de garantías constitucionales Iván Córdoba, instruyó a la Fiscalía General del Estado de Bolivia restituir a Sandra Gutiérrez como fiscal del departamento de Tarija, cargo que ocupaba hasta la semana pasada cuando fue destituida tras emitir un mandamiento de aprehensión en contra de Evo Morales por una investigación que lo acusa por los delitos de trata de personas y estupro.
Iván Córdoba dejó sin efecto la destitución de Gutiérrez en una audiencia realizada el sábado por la mañana en la que calificó su alejamiento como un «acto arbitrario», ejecutado bajo presiones internas del Ministerio Público e instó a corregir las acciones «irregulares» que desencadenaron su destitución.
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El Gobierno de Argentina, presidido por Javier Milei, dio por finalizada la condición de refugiado otorgado a Evo Morales en diciembre de 2019, durante el mandato del peronista golpeador, Alberto Fernández. «El Ministerio de Justicia informa que cesó el estatus de refugiado otorgado al expresidente boliviano Juan Evo Morales Ayma. Dicho beneficio fue utilizado indebidamente como herramienta política por el presidente Alberto Fernández, omitiendo el cumplimiento de los requisitos que establece la Ley N° 26.165», dice el Gobierno argentino en un comunicado.
Arguye el gobierno argentino que Morales «ha viajado libremente a su país de origen» y retomado su liderazgo en la política boliviana. «Esto demuestra que no enfrenta los peligros que justifican la protección humanitaria del refugio. El status de refugiado es un derecho que debe ser otorgado con seriedad, no como herramienta de conveniencia política». Además, dejó establecido que el Gobierno de Argentina «de ninguna manera utilizará los recursos de los argentinos para proteger a criminales, terroristas o intento de dictadores», y añadió: «No ayudamos a quienes siembran el terror y atentan contra la democracia», recalcó.
Evo Morales llegó a Argentina en diciembre de 2019, luego de permanecer por más de un mes en México, que fue su primer destino tras dimitir al cargo, como consecuencia de una violenta movilización cívica-política, un amotinamiento policial y la pérdida de respaldo de las Fuerzas Armadas. Según el Ministerio de Justicia argentino, Morales «huyó» de «Bolivia en 2019 luego de intentar perpetuarse en el poder mediante un fraude electoral».
«Fue recibido con privilegios injustificados, pese a las graves acusaciones que pesaban sobre él, entre ellas corrupción, fraude electoral y persecución política de opositores», acusó el Ministerio argentino. Evo Morales retornó a Bolivia en noviembre de 2020, luego que Arce asumió la presidencia de Bolivia tras imponerse en las elecciones generales de ese año con el 55,11% de apoyo. Desde hace más de dos años, Evo Morales, se declaró el principal opositor al Gobierno y emprendió una cruzada para forzar su candidatura presidencial, a pesar de que la Constitución y una sentencia constitucional se lo impide.
Con ese fin, encabezó una marcha entre el 17 y el 23 de septiembre desde Caracollo hasta la ciudad de La Paz, con el fin de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) valide el congreso de Lauca Ñ de octubre de 2023 donde fue declarado candidato único del MAS. Con el mismo objetivo, impulsó la convocatoria a un bloqueo nacional de caminos a partir del 30 de septiembre, sin embargo, fue declarado en cuarto intermedio.
Hay versiones con gran veracidad que dicen que Evo Morales tendría varios hijos y múltiples violaciones, amparados en su poder, y un sistema judicial putrefacto, que es objeto de críticas en estos días. Una nueva orden de detención contra Evo Morales y su posible detención pondrá a Bolivia al borde de una guerra entre las dos facciones del MAS, digamos una guerra entre socialistas. Si se cumple la ley, Evo Morales, terminará en la cárcel, y lejos de ser presidente de Bolivia, puede que sea declarada la reina de la prisión, como la «reina de la coca». Allí podrá comprobar cuan homosexuales son los que comen «pollos hormonados».
Octubre de 2024.