EL CÁRTEL DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI
Ricardo Veisaga
En el otoño de 2015, en una reunión en Honduras, Efraín Campo, de 29 años, y su primo Franqui Flores, de 30 años, planeaban transportar 800 kilos de cocaína por un valor de más de 20 millones de dólares en un avión privado desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas a Estados Unidos.
El interlocutor, jefe de un cártel mexicano, informante de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, preguntó ¿Cómo conseguirían un envío tan grande, casi una tonelada métrica, a través del ajetreado aeropuerto? El informante estuvo durante semanas tratando de poner una trampa a los Flores, lo que luego se llamaría en la prensa, como los «narcosobrinos» o «narconephews».
Los narcos utilizaban las pistas clandestinas de aterrizaje de la selva para cargar la cocaína en pequeños aviones, pero los primos se jactaban de la influencia con su tío presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. También del su acceso sin restricciones a la Terminal Cuatro del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. «El avión saldrá de allí como si fuera de la familia», aseguraron los primos.
Esta declaración selló la suerte de ambos y de paso serviría para la acusación federal acaecida en New York, en la que se acusó a Maduro y a su círculo íntimo de tráfico de drogas y narcoterrorismo contra Estados Unidos. La cocaína había sido proporcionada por las FARC a los primos Flores. Estos emprendieron el vuelo desde el aeropuerto valiéndose de su cercanía al gobierno y su relación con los militares.
Cuando llegaron a Haití en noviembre de 2015, lugar donde planeaban cerrar el negocio de la droga fueron arrestados por la DEA. El avión había sido pilotado por Pablo Urbano Pérez, un oficial militar, y Pedro Miguel Rodríguez, un teniente coronel de la Fuerza Aérea Venezolana. Inmediatamente confesaron a los agentes de la DEA que necesitan el dinero para la campaña electoral de su tía, Cilia Flores, primera dama de Venezuela, rumbo al Congreso.
Luego de la captura, en el aeropuerto del condado de Westchester en White Plains, uno de ellos dijo: «Necesitamos el dinero», «¿Por qué?» «Porque los americanos nos están golpeando duro con el dinero. ¿Lo entienden? La oposición está recibiendo una infusión de mucho dinero y por eso, también nosotros, por eso estamos en guerra con ellos». Este diálogo consta en los documentos del Tribunal.
La evidencia de que, Efraín Antonio Campo Flores, estaba planeando poner parte de las ganancias del negocio de la droga en la campaña política de su tía como jefe de la Asamblea Nacional, sugiere que la primera dama no ignoraba las actividades de sus sobrinos y de dónde obtenían su dinero. Cilia Flores es la mujer más poderosa de Venezuela. La fiel seguidora de Chávez, conoció a Maduro mientras Chávez aún estaba en el poder y se casó con él en 2013.
En noviembre de 2016, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro y primera dama, Cilia Flores, fueron condenados a 18 años de prisión por un tribunal de New York por conspirar para traficar 800 kilogramos de cocaína hacia el país.
El socialista Maduro había reclutado a sus sobrinos para el cártel. Nicolás Maduro heredó el narcoestado de Venezuela de su predecesor Hugo Chávez. Con el fin de consolidar su futuro político y la personal, Chávez, había fundado el Cártel de los Soles, una narco organización compuesta por militares de alto nivel, del gobierno y agentes de inteligencia «para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos», según la acusación de la semana pasada.
El nombre del «Cártel de los Soles» hace referencia a las estrellas doradas que los generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) llevan en sus charreteras. Esas insignias se colocan en los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango que son miembros del cártel. El término fue utilizado por primera vez en 1993 cuando dos generales de la Guardia Nacional, el jefe antidroga Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por tráfico de estupefacientes.
Actualmente, el nombre se hizo extensivo a todos los funcionarios del gobierno involucrados en el tráfico de drogas. Y hay muchos, y se extienden por todos los órganos del estado. En iberoamérica el tráfico de drogas es dirigido por cárteles privados, pero en Venezuela, se lo maneja desde el gobierno. Lo mismo en otros países, aunque en menor medida como sucedía en la Bolivia de Evo Morales.
Los narcotraficantes siempre intentaron penetrar en el Estado, para poner a su servicio todos los recursos del Estado. Pero a veces los gobiernos no se conforman con recibir dinero del narco, sino ser ellos mismos los jefes del narco. Esto es lo que ha ocurrido en Venezuela con el Cártel de los Soles.
InSight Crime, durante los últimos tres años estuvo archivando informes sobre altos funcionarios, actuales o pasados, que estuvieron involucrados en el tráfico de cocaína. Hay 123 archivos. La política de Maduro respecto a los acusados fue de ascenderlos a los más altos cargos. Diosdado Cabello es mencionado como la segunda figura más poderosa del régimen venezolano, o el que maneja el poder detrás de Nicolás Maduro. Él se encarga del nombramiento de funcionarios para esos puestos claves.
El The Wall Street Journal, en mayo de 2015, reveló que Cabello estaba siendo investigado por narcotráfico y acusado de ser el líder del Cártel de los Soles. Las pruebas fueron aportadas por varias personas, entre otros, por Leasmy Salazar, que trabajó como jefe de seguridad de Cabello. También fue mencionado su hermano David Cabello. Diosdado, demandó al Wall Street Journal por difamación, pero un tribunal estadounidense rechazó el caso.
El ex vicepresidente Tareck El Aissami, también está acusado de tráfico de drogas. El Aissami, hijo de inmigrantes sirios, en poco más de una década ascendió dentro de la estructura del chavismo, pasó de ser un líder estudiantil en la zona rural de Venezuela a gobernador del estado de Aragua, y luego a desempeñarse como Ministro del Interior.
Sus conexiones familiares y políticas con el partido Baath sirio lo convirtieron en una figura clave en las relaciones de Venezuela con países como Irán y Siria, donde su padre y su tío fueron funcionarios del partido del fallecido ex presidente Hafez al-Assad, padre de Bachar al-Assad. El Aissami, «el Narco de Aragua», utilizó la red política para convertir al país en base del terrorismo islamista en Latinoamérica.
Tareck El Aissami fue sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense, sindicado como cerebro en operaciones de narcotráfico internacional quedando sujeto a sanciones económicas en virtud de la Ley estadounidense de calificación para Organizaciones y Pandillas Extranjeras en materia de Estupefacientes.
Según la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro, OFAC, El Aissami está vinculado a la coordinación de envíos de droga al cártel de Los Zetas (México), a la protección del jefe narco colombiano Daniel Barrera y de los narcotraficantes venezolanos Hermágoras González Polanco y Walid Makled.
Tareck apoyó el envío de más de 1.000 kilos de drogas al menos en seis ocasiones desde Venezuela a Estados Unidos y México. El Departamento del Tesoro alegó que protegió a los narcotraficantes y supervisó una red de aviones y buques que exportaban miles de kilos de cocaína a diversos países de mundo. Estas actividades delictivas se iniciaron cuando era ministro del Interior entre 2008 y 2012.
En 2011 el narcotraficante Walid Makled, uno de los protegidos de El Aissami junto al colombiano Hermágoras González Polanco, declararon que tenían negocios con El Aissami y que le pagaban grandes sumas de dinero al entonces ministro del Interior para pasar la droga a través de Venezuela hacia México y Europa. Durante esa época fue sindicado de otorgar pasaportes venezolanos a miembros del grupo terrorista Hezbollah.
El entonces Secretario de Estado auxiliar de Estados Unidos para asuntos internacionales de narcóticos, William Brownfield, declaró que las sanciones «no constituyen un mensaje político o económico, ni siquiera un mensaje entre gobiernos». «Tampoco es un mensaje diplomático. Es un mensaje que dice que usaremos todas las herramientas legales que disponemos para ir por los que están involucrados en el tráfico internacional de drogas y mantienen vínculos con terroristas islámicos».
Las sanciones alcanzaron a ocho empresas con sede en Venezuela, Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Reino Unido. También se congelaron los activos de cinco compañías con sede en Miami, Florida. Las medidas estadounidenses fueron impuestas en virtud de la Ley Kingpin, promulgada por el presidente Bill Clinton en 1999 y se aplicaron a unas 2.000 personas desde 1999.
El Aissami antes de ser ministro del Interior otorgó a terroristas musulmanes documentos con identidades venezolanas y una red de empresas para lavar y transferir dinero a grupos terroristas a través de bancos europeos y libaneses. El Aissami era investigado por el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración de Control de Drogas desde 2011 por lavado de dinero en Oriente Medio y por su cercanía con hombres ligados al grupo terrorista Hezbollah.
Según fuentes del Departamento de Justicia, El Aissami amasó una fortuna personal superior a los 3 mil millones de dólares en diez años. López Bello, es uno de los testaferros de El Aissami, en 2012 pasó a formar parte de un exclusivo grupo de accionistas del Banco Intercontinental Bankshares LLC.
Samark López Bello es propietario de condominios de lujo en la exclusiva zona de Brickell, Miami. También es propietario de varias empresas. El Aissami como López Bello hicieron uso del sistema financiero norteamericano para transferir dinero proveniente de la industria criminal a cuentas en varios países europeos, caribeños, libaneses y chinos.
El General de División Néstor Reverol, ahora Ministro del Interior, ex jefe de la Guardia Nacional, también está acusado de tráfico de drogas. Su acusación afirma que Reverol advirtió a los narcotraficantes de las operaciones contra ellos, bloqueó las investigaciones, liberó a los narcos arrestados y se aseguró de que las drogas incautadas fueran devueltas a los narcotraficantes.
Cilia Flores, la primera dama y esposa del Presidente Maduro, también ha sido implicada en el tráfico de drogas por asociación. No sólo sus sobrinos han sido condenados en Estados Unidos por tráfico de cocaína, sino que su hijo, Walter Jacobo Gavidia, juez del Área Metropolitana de Caracas, está siendo investigado.
También ha estado vinculada al caso del Capitán Yazenky Antonio Lamas Rondón, un piloto venezolano extraditado de Colombia a Estados Unidos para enfrentar cargos por drogas. Ha sido acusado de más de cien vuelos de narcotráfico en la última década desde el estado venezolano de Apure hacia el Caribe.
Nicolás Maduro fue notificado de que su cabeza quedó tasada en 15 millones de dólares y que Estados Unidos lo quiere preso por narcotraficante y cómplice de grupos terroristas. La noticia, ha sido calificada como una estrategia política y electoral del presidente Donald Trump. Nicolás Maduro, insiste en que es un complot para sacarlo del poder, del que se hacen parte Colombia y otros países, a través del Grupo de Lima.
Sin embargo el indictment (la acusación) que dio la orden de captura de Maduro y otros 14 ladrones, se viene trabajando desde hace más de una década. «Llevamos persiguiendo a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro desde el gobierno Bush. Son tiempos judiciales que no tienen nada que ver con Trump ni con el virus», aseguró una fuente oficial.
Agentes de la DEA y del ICE ya tienen listo una veintena de testimonios contra la cúpula de poder en Venezuela, que incluye a Mikel Moreno, presidente de la Corte Suprema; Vladimir Padrino, ministro de Defensa; Diosdado Cabello, líder de la Asamblea Nacional; el general (r) Hugo Carvajal, ex director de contrainteligencia; Tareck El Aissami, ministro de Industria, y Clíver Alcalá, general (r) del Ejército, entre otros funcionarios.
Alcalá se había entregado en un operativo en la que intervinieron la Dirección de Inteligencia, oficiales de la Dipol, miembros de contrainteligencia del Ejército y Migración Colombia. En uno de los controles en la vía que de Barranquilla conduce a Santa Marta, se incautó un arsenal que era de Alcalá.
«Los fusiles, visores nocturnos y demás armas tenían un doble propósito: atentar contra Diosdado Cabello, para desestabilizar al régimen; y tomar distancia de Maduro, para no ser procesado por Estados Unidos», explicó un oficial colombiano. Es un hecho que Alcalá –quien fue sacado de Colombia en un avión de la embajada de Estados Unidos– empiece a cantar sobre su rol en el llamado cártel de los soles.
Según la DEA y el ICE ya tienen la evidencia suficiente para buscar una condena ejemplar para Maduro y sus lugartenientes. Roberto Méndez Hurtado, alias Pluma Blanca, es uno de los testigos. Tras hacerse pasar por muerto, fue capturado en Ecuador, deportado a Colombia y extraditado a Estados Unidos. Su abogado, el cubano-americano Joaquín Pérez, lo presentó ante la jueza Marcia Cooke, ante quien se declaró culpable y se convirtió en uno de los más importantes testigos contra el cártel de los soles.
Roberto Méndez, explicó cómo se movía la droga desde el estado de Apure en avionetas. Gracias a su información, se hizo una entrega controlada de 330 kilos en una aeronave que piloteó el colombiano Sebastián Sánchez. Esa operación terminó hundiendo a Hugo Carvajal, quien intentó escaparse del indictment jurándole lealtad a Juan Guaidó y ofreciendo información.
Cuando el general Hugo Carvajal, se desempeñaba como jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, fue señalado desde Washington por dar apoyo material y logístico a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una organización a la que Estados Unidos considera un grupo terrorista. Esa acusación estaba apoyada en datos obtenidos de las computadoras de Raul Reyes, el número dos de las FARC.
Raúl Reyes murió en marzo de 2008 durante el bombardeo que la fuerza aérea colombiana realizó contra el campamento del jefe guerrillero en Ecuador. Pero Hugo Carvajal fue detenido en Aruba no por ese vínculo con las FARC sino por narcotráfico. En un principio los narcos colombianos manejaban el negocio de la droga en Venezuela, les pagaban a los militares a lo largo de la frontera.
Pero los narcos no se conformaron con exportar cocaína, en la década de los 90, los grupos rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se instalaron en los estados fronterizos de Venezuela.
Los narcoguerrilleros estrecharon fuertes vínculos con el gobierno venezolano con la bendición de Hugo Chávez. Cuando el comandante de las FARC Luis Edgar Devia Silva, alias «Raúl Reyes», muere en el bombardeo aéreo en Ecuador, los archivos de su computadora tenían los nombres de altos funcionarios venezolanos entre ellos:
Ramón Rodríguez Chacín, que fue ministro de Justicia e Interior en 2008, se reunió con miembros de las FARC en varias ocasiones y era conocido por ellos con el alias «El Cojo». Hugo Armando Carvajal Barrios, director de inteligencia militar, y Henry Rangel Silva, director de la policía de inteligencia (DISIP), se relacionaron con el ejército rebelde.
Freddy Bernal, ex alcalde; Clíver Alcalá Cordones, general del Ejército; y Ramón Madriz Moreno, un oficial de inteligencia clave, se reunían con líderes de las FARC y realizaban la seguridad cuando se encontraban en territorio venezolano. Bernal y su mano derecha, Amílcar de Jesús Figueroa, ayudaron a organizar el entrenamiento en guerra urbana y explosivos para los Círculos/Colectivos Bolivarianos con las FARC.
La DEA y el ICE también documentaron compras de bienes en Europa y el vuelo comercial, con 1,3 toneladas de cocaína, que partió de Maiquetía (2015) hacia el aeropuerto Charles de Gaulle en París. Las autoridades francesas incautaron la carga y Estados Unidos asegura tener evidencia de que era un cargamento de Nicolás Maduro. Marlon Marín Marín, sobrino de Luciano Marín, alias Iván Márquez, también hizo su aporte al expediente.
Describió una reunión de su tío con Diosdado Cabello en la que se habló de la reubicación de campamentos de las FARC en Venezuela, a cambio de pagos producto del narcotráfico. Esta es tan solo una de las evidencias que llevaron a Estados unidos a incluir en el expediente contra Maduro a los guerrilleros «Iván Márquez» y «Jesús Santrich», quienes tras el acuerdo de paz anunciaron la conformación de una disidencia armada.
En el indictment se afirma que la relación FARC-cártel de los soles permitió el envío de más de 250 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, incluso durante las negociaciones de paz en Cuba. Los medios le pidieron una opinión al guerrillero Rodrigo Londoño, alias «Timochenko», máximo jefe de las ex-FARC, pero evitó hablar sobre el tema.
Cuando comenzaron a hacer efecto sobre la economía las nefastas políticas marxistas y con una inflación galopante, Hugo Chávez se negó a cooperar con la DEA, expulsando a sus agentes del país en 2005 (al igual que Evo Morales), acusando a la agencia de espionaje y violar la soberanía venezolana. El gobierno chavista se asoció con miembros de las FARC. «Las FARC intercambian cocaína por armas, como los AR-15, con el gobierno venezolano», dijo una fuente.
Cuando los cárteles mexicanos sobrevuelan el espacio aéreo venezolano, le cobran un impuesto de vuelo. Esta depende del tamaño de las cargas que se transportan, y va desde 30.000 dólares por unos pocos kilos hasta un millón de dólares por una carga de varias toneladas. El ejército venezolano tiene órdenes permanentes de derribar cualquier avión del cártel que se niegue a pagar el impuesto.
Cuando Hugo Chávez murió, Nicolás Maduro se convirtió en su sucesor elegido a dedo y ganó las elecciones presidenciales un año más tarde, también se hizo cargo del tráfico de drogas del país, organizando personalmente muchos de los envíos de cocaína, según los documentos del tribunal. Cuando las sanciones económicas hicieron efecto sumergieron a Maduro aún más en el comercio de drogas.
En 2018, 23 toneladas de oro fueron transportadas de Venezuela a Turquía, y 20 toneladas de oro monetario fueron retiradas de las bóvedas de los bancos del país, según informes publicados. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia, el grupo guerrillero, estuvo involucrado en operaciones de contrabando de oro para Maduro, dijo la fuente federal.
En 2005, se aprobó una nueva Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias, y decretó que las investigaciones y operaciones antinarcóticos ya no serían competencia exclusiva de la Guardia Nacional, sino que incluirían a todas las demás ramas de las fuerzas armadas: el ejército, la marina y la fuerza aérea, esa medida aumentó el tráfico de cocaína.
El Cártel de los Soles se expandió repentinamente de la Guardia Nacional a todos los brazos de los militares. Mildred Camero, el zar antidroga de Hugo Chávez en ese momento, dijo que este fue el momento en que los militares pasaron de ser un facilitador en el tráfico de drogas a ser un participante activo. El ejército y la Guardia Nacional comenzaron a competir entre sí por las rutas, y a tratar de manera directa con las FARC en lugar de los narcotraficantes civiles colombianos.
Luego de la presión internacional, el gobierno venezolano permitió la detención de numerosos jefes del narcotráfico que estaban en suelo venezolano. Estos traficantes habían sido protegidos por altos funcionarios. Luego de sus capturas, el Cártel de los Soles se apoderó de las rutas que los colombianos habían estado utilizando, pasando así de proteger los envíos a comprarlos y venderlos a los compradores internacionales, especialmente a los cárteles mexicanos.
La primera persona en hablar sobre la penetración del narcotráfico en el Estado venezolano fue Walid Makled. Makled era, a finales de los años noventa, uno de los narcotraficantes más poderosos de Venezuela. Mantenía fuertes vínculos con altos mandos del ejército venezolano, y su imperio creció exponencialmente durante los primeros años del gobierno de Chávez. Controló el negocio de la droga en el estado de Carabobo, donde se encuentra el principal puerto de Venezuela, Puerto Cabello.
Más del 70% de los narcóticos enviado desde Colombia a través de Venezuela salieron desde Puerto Cabello. Makled estaba relacionado con el ex general de la Guardia Nacional y luego gobernador de Carabobo, Luis Felipe Acosta Carles. El general Alexis Maniero, que ejercía como jefe del 7º Comando Regional del Ejército en el estado de Sucre, aceleró las credenciales oficiales de Makled.
En 2004, Makled perdió cuatro toneladas de cocaína a manos de la policía local de Valencia. Las drogas le fueron devueltas por Jesús Itriago, entonces jefe de la (CICPC), unidad antidroga del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas después de que Makled le pagara un millón de dólares, según documentos de la DEA. Más tarde, Itriago fue ascendido a jefe de la división de drogas del CICPC.
En abril de 2006, Makled estaba vinculado a 5,5 toneladas de cocaína encontrada en 128 maletas de un avión que aterrizó en el sur de México, habiendo salido del aeropuerto de Maiquetía (ahora Aeropuerto Internacional Simón Bolívar) en las afueras de Caracas. El piloto del vuelo capturado habló de la Guardia Nacional y dijo que habían supervisado la carga y salida del avión.
Los vínculos entre Makled, las FARC y el gobierno de Chávez se hicieron más claros después de que Makled fuera capturado en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta en agosto de 2010. Makled era probablemente el narcotraficante nativo más poderoso de Venezuela, y en 2009 fue incluido en la «lista de los reyes» de Estados Unidos.
En entrevistas con los medios de comunicación después de su arresto, Walid Makled afirmó «todos mis socios son generales», y que había pagado hasta a cuarenta generales venezolanos como parte de sus actividades de narcotráfico. Entre los militares en servicio o ex militares nombrados se encontraban el general militar Henry Rangel Silva (quien posteriormente fue nombrado Ministro de Defensa), el ex Director de Inteligencia Militar Hugo Carvajal, el General de la Guardia Nacional Dalal Burgos, y el ex capitán Ramón Rodríguez Chacín, quien en ese momento era ministro del Interior y de Justicia.
Makled declaró que solía pagar a Hugo Carvajal 50.000 dólares a la semana por su ayuda y cooperación. Makled dijo que hasta seis vuelos de droga al día salían del estado fronterizo de Apure, llevando cocaína a Honduras, desde donde era enviada a México y a Estados Unidos. Insistió en que había laboratorios de drogas en Apure y Maracaibo, y que estaban «vigilados por el gobierno».
Makled admitió que no había tratado directamente con Hugo Chávez, dijo que había hablado con «parientes muy cercanos» (se cree que con su hermano Adán), y que había financiado una de las campañas presidenciales de Hugo Chávez a cambio de concesiones en Puerto Cabello.
Actualmente hay dos acusaciones contra el «pollo» Carvajal en tribunales federales de Estados Unidos, una en la corte del distrito sur de Florida, en Miami, y otra en New York. En Miami se señala a Carvajal como colaborador y cómplice del llamado cártel del Norte del Valle, para distribuir drogas ilegalmente en territorio estadounidense. En cambio, en New York está sellado, por lo que no es posible conocer todavía cuáles son los cargos en su contra.
Carvajal es el funcionario de mayor rango del gobierno venezolano que ha sido acusado en un tribunal estadounidense. Su caso coincide con el de otros dos importantes ex funcionarios: el ex juez venezolano Benny Palmeri-Bacchi y el ex director de la Interpol en Venezuela Rodolfo McTurk. Si Carvajal es extraditado a Estados Unidos y declarado culpable de los cargos, podría ser condenado a cadena perpetua, a menos que logre un acuerdo a cambio de su testimonio que ayudara a armar o resolver otros casos.
La extradición de Hugo «el pollo» Carvajal a Estados Unidos desde España puede generar un efecto político indeseado por el gobierno socialista de Pedro Sánchez. El exjefe de Inteligencia chavista posee información sobre cómo el dinero del narcotráfico venezolano llegó hasta España y ayudó a financiar tanto a los líderes de Podemos como al propio ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Hugo Carvajal interpuso una querella contra Carrera Domenech, el juez enlace en Washington que presuntamente presionó a la Audiencia Nacional para impulsar la entrega del chavista a la justicia norteamericana. El pollo se siente protegido por el CNI (Centro Nacional de Inteligencia) y por el gobierno de Pedro Sánchez. En estos momentos Carvajal se encuentra (según versiones) a resguardo en una localidad francesa en la frontera con España.
El gobierno socialista de Pedro Sánchez está obstaculizando la captura de Hugo «el pollo» Carvajal, eso tensará más las relaciones con Estados Unidos. Elliot Abrams, el representante de Estados Unidos para los asuntos de Venezuela, afirmó el 13 de noviembre de 2019 que «la fuga de Carvajal es una gran vergüenza para el gobierno de España».
Elliot Abrams, indignado con los izquierdistas españoles dijo: «Esperamos que la policía española lo rastree, lo arreste y luego lo extradite a Estados Unidos». Pero eso no ocurrió, por tanto la DEA tuvo que asumir la tarea. Florencio San Agapito (enlace del ex presidente Zapatero entre el Centro Nacional de Inteligencia y el Cuerpo Nacional de Policía), pieza importante del zapaterismo, tiene incidencia de peso en la inteligencia española y es quien protege a Hugo Carvajal.
Entre San Agapito y Carvajal, se logró tejer una red que encubría rutas de narcotráfico, que salían del estado Sucre en Venezuela, pasaban por Surinam y terminaban en Galicia. El gobierno americano tiene precisado que con dinero de ese entramado se ha financiado parte del partido español Podemos y las recientes operaciones de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela.
En estas operaciones estarían implicadas figuras como Raúl Morodo, embajador de Zapatero en Venezuela acusado de expoliar a PDVSA, Gladys Gutiérrez, ex presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, y la cúpula de Podemos que asesoró al régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Según dicen otras fuentes que Hugo Carvajal estaría en España, la DEA notificó a España de la ubicación exacta en la que se encuentra el exjefe de la inteligencia venezolana, sin embargo, las autoridades no lo han capturado. En mitad de la crisis por el Covid-19, el gobierno de Pedro Sánchez aprovechó un decreto ley del estado de emergencia para blindar la presencia de Pablo Iglesias en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El CNI está siendo manejado por el PSOE y Podemos como un canal para proteger a Hugo Carvajal. «Pedro Sánchez no le pidió a Pablo Iglesias entrar a la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia. Fue él (el fundador de Podemos) quien exigió su acceso para ayudar a la conformación de un gobierno común. Ahora intentan vendernos la moto con la supuesta petición del presidente», según el Periodista Digital.
El presidente estadounidense Donald Trump conversó este 30 de marzo de 2020 con su homólogo ruso, Vladimir Putin, uno de los principales aliados del dictador chavista, sobre la crisis en Venezuela. Trump le reiteró a Putin que la situación en Venezuela es insostenible y que «todos tenemos interés en ver una transición democrática que ponga fin a la crisis actual».
Rusia, un histórico aliado político y financiero de Maduro, pese a ello, la petrolera rusa Rosneft traspasó sus activos en Venezuela a una compañía del gobierno de Putin, una medida que aparentemente pretende proteger al mayor productor de crudo de Rusia de las sanciones estadounidenses.
La venta se produce tras las sanciones contra dos subsidiarias de Rosneft en un intento por eliminar el apoyo crucial que Rusia había extendido a Maduro después que Washington prohibiera a los estadounidenses comprar crudo a Venezuela.
Según una versión que circula en las últimas horas, Carvajal, se entregaría al Centro de Inteligencia de España para ser extraditado a los Estados Unidos. También Nervis Gerardo Villalobos, ex viceministro de Energía, y Edylberto José Molina Molina, ex agregado militar en Alemania, estarían negociando su entrega, Villalobos y Molina se habrían contactado con la DEA para «testificar en contra del resto de los acusados del Cártel de Nicolás Maduro».
Carvajal estaría negociando con la DEA, pero no quiere que se haga pública la información. Ambos están acusados por conspiración internacional para distribuir cocaína. El primero solicitado por la fiscalía de Texas y el segundo en Brooklyn. En tanto, Carvajal que enfrenta acusaciones de pertenecer al «Cártel de los Soles», está «desaparecido» desde noviembre de 2019, motivado por la solicitud de extradición realizada por la justicia estadounidense a España.
El general Hugo «el Pollo» Carvajal habría pedido «ser testigo protegido», pero la solicitud le fue negada. Ante eso, «planteó una reducción de la pena». En una entrevista con el «Diario de Las Américas» en octubre de 2019. Reveló información sobre las actividades criminales que sostienen al régimen de Maduro en el poder.
«La droga la transportan para su exportación por todas las vías del país. Las autoridades deberían y podrían evitar eso, pero hay intereses dentro del Gobierno de Maduro para que eso continúe».
Indicó entonces Carvajal, quien agregó, cómo Hugo Chávez permitió que la guerrilla colombiana se resguardara en territorio venezolano.
En España, la Sala Judicial en noviembre detallaba que estaban perfectamente identificadas las armas que se entregaban a las FARC a cambio de drogas. La entrega de Hugo Carvajal sería la segunda desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo la acusación formal el jueves pasado. El también ex militar venezolano Clíver Alcalá se entregó a la DEA en Colombia y fue trasladado a Estados Unidos.
29 de marzo de 2020.