CIUDADES SANTUARIOS
MANO DURA CON LOS ILEGALES
Tom Homan el nuevo zar fronterizo designado por Donald Trump
Con el nombre de «Ciudad santuario» (en inglés: sanctuary city) se hace referencia a ciudades, municipios, condados o estados, que limitan su cooperación con el gobierno nacional, impidiendo que los cuerpos policiales locales no realicen indagaciones o reporten el estatus migratorio de las personas, es decir, que no colaboren con el gobierno federal que quiere cumplir con la ley de inmigración.
Este tipo políticas no es nuevo en la historia, ciudades santuarios se pueden encontrar desde finales del siglo XVIII y que servía para acoger a personas que huían de la esclavitud. La ciudad de San Agustín, fundada en 1565, la más antigua fundada en lo que hoy es territorio de Estados Unidos, y que ahora es una ciudad santuario de la vida salvaje protegida, en otro momento de su existencia como parte de la Corona española, daba libertad a los esclavos que escapaban de las plantaciones, con la única condición de jurar lealtad al monarca español.
Durante la guerra de Vietnam, algunos condados en Estados Unidos daban protección a los jóvenes que se oponían a la guerra o no querían ser reclutados. En las décadas de los 80 y 90, las comunidades religiosas se organizaron para proteger y ayudar a ingresar a Estados Unidos a personas con los que estaban ligadas o a ex combatientes de los grupos guerrilleros marxistas de El Salvador o Guatemala. Todas estas iniciativas responden a miles de años atrás, y están asociadas al cristianismo y a otras denominaciones religiosas.
Así se puede leer en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Números, que ordena la selección de seis ciudades de refugio para que los autores de homicidios accidentales pudieran reclamar el derecho de asilo. Fuera de estas ciudades, la ley permitía la venganza de sangre contra tales autores, y en el año 392 d. C., el emperador romano Teodosio I estableció santuarios bajo control eclesiástico. En el año 600, en la Inglaterra medieval, se concedió a las iglesias un derecho general de santuario, y algunas ciudades fueron creadas como santuarios por carta real. El derecho general de santuario para las iglesias en Inglaterra fue abolido en 1621.
Pero vivimos en un mundo político repartido en Estados soberanos, y las iniciativas religiosas, humanitarias o por ideología, no pueden estar en contra ni estar por arriba de las leyes federales. Las ciudades santuario en Estados Unidos establecidas por los grupos de izquierda, si legalmente pudiera, Donald Trump, está dispuesto a abolirlas y combatirlas con todo lo que esté al alcance de la ley. Los defensores de las ciudades santuario, sostienen que quieren reducir el miedo a la deportación y a la posible ruptura familiar entre las personas que se encuentran ilegalmente en el país.
Estos mismos defensores de la ilegalidad y a quienes no le importa la seguridad del país, sostienen estudios verdaderamente mentirosos, y dicen que la relación entre el estatus de santuario y la delincuencia, que las políticas de santuario no tienen ningún efecto sobre la delincuencia o que las ciudades santuario tienen economías más fuertes e índices de delincuencia más bajos que las ciudades no santuario. Bien, Chicago una de las mayores ciudades santuario y tiene una economía desastrosa y está entre las dos primeras ciudades con mayor índice de criminalidad, y agravada con la llegada de la inmigración delincuencial venezolana y de otros países.
Recientemente se incautaron 1500 libras de fentanilo en las fronteras sur de Estados Unidos, es decir, casi dos millones de pastillas. El servicio de migración declaró que más de 660.000 inmigrantes ilegales criminales no están bajo custodia, entre ellos 13 asesinos convictos. En una carta enviada por el subdirector de inmigración y control de aduanas al representante de Texas, Tony Gonzalez, le informó que hay más de 662.500 inmigrantes con antecedentes criminales que no están bajo custodia del ICE, incluidos más de 13.000 convictos por asesinato.
El representante de Texas respondió a esta carta escribiendo lo siguiente en X, ex Twitter: «Sabemos desde hace demasiado tiempo que la crisis fronteriza de Biden-Harris, representa una amenaza para los estadounidenses. La verdad es que los inmigrantes con antecedentes están llegando a nuestro país [La administración Biden-Harris] también juega un papel en la limpieza del desastre que han creado sus políticas fallidas. Tienen el oído de los alcaldes de la ciudad santuario -les da tiempo para alentarlos a revertir el curso y poner la seguridad de los ciudadanos estadounidenses primero».
La inmigración no regulada tiene impactos en la economía, la seguridad y los servicios públicos. Miembros de las comunidades hispanas y afroamericanas culparon al gobierno federal por la invasión de inmigrantes ilegales que provocaron escuelas superpobladas, mayores dificultades para conseguir empleos, y problemas en la distribución de los recursos municipales que favorecen a los inmigrantes ilegales. Un pastor hispano de la ciudad de Chicago comentó a los medios, que la ciudad proporcionó a los inmigrantes ilegales recién llegados con grandes tiendas de campaña y almacenes y dando alojamiento en hoteles de lujo de la ciudad.
El capellán Antonio […] dijo que, al saludar a estos recién llegados, pudo observar la portación de símbolos y otros elementos pertenecientes a bandas criminales. Los inmigrantes ilegales recién llegados, con solo presentarse en la puerta de un hotel tenían asegurado la vivienda totalmente gratuita. La población de Chicago estaba disconforme con las políticas aplicadas por el gobierno de Joe Biden, respecto a los inmigrantes ilegales y sobre la igualdad de oportunidades.
El pastor afroamericano David Lowery, habló sobre el resentimiento que despierta en la comunidad afroamericana, cuando la ciudad, gobernada por otro afroamericano, les da los inmigrantes ilegales autos gratis del patio de incautaciones. «La ciudad está dando vales de vivienda a inmigrantes ilegales y colocándolos en apartamentos a razón de 55 personas por día, mientras que los ciudadanos negros luchan por su propia existencia». La queja de Lowery igualmente equivocada, es cierto que no se le debe dar nada a ilegales, pero la comunidad afroamericana debe salir de una vez a trabajar y no vivir de la ayuda estatal.
El pastor Lowery, comentó que cuando se realizó un evento en una iglesia, para contratación de personal, «al momento de llegar ciudadanos afroamericanos, los encargados de seguridad no les permitieron el ingreso alegando que era para inmigrantes recién llegados, este tipo de discriminación provoca malestar de los ciudadanos contra los inmigrantes ilegales, esto podría provocar una guerra civil entre nosotros y el gobierno, por cómo nos tratan».
Morris Anderson, un contratista general con licencia, dijo que su negocio, antes era próspero, y que disminuyó un 60% tras la llegada de los inmigrantes. Sostuvo que los venezolanos, se quedan en la puerta de las tiendas Home Depot, y esperaban ser contratados por sus competidores para trabajar por la cuarta parte de lo que normalmente paga a sus trabajadores. Estas inmigraciones descontroladas, trae otros problemas mayores como el tráfico de drogas, y una de las que más hace estragos es el fentanilo. California, otro estado santuario, en los últimos doce meses tuvo 7.748 muertos por sobredosis relacionados con opioides.
En New York, el costo de alimentos y alojamiento para los inmigrantes ilegales en solo tres años, significaron unos 10 mil millones de dólares para la ciudad. En estos momentos la ciudad de New York alberga a 220.000 inmigrantes ilegales, el alcalde Eric Adams, dijo que recibió un apoyo insignificante del gobierno federal. Adams también mostró su decepción por no poder deportar a inmigrantes ilegales, y que muchos delincuentes detenidos, volvieron a las calles tras ser detenidos. Mas allá de las lágrimas de Eric Adams, la calificación de ciudades santuario de New York hará más difícil su trabajo al plan de deportación de Donald Trump. Por eso es importante que Donald Trump declare una emergencia nacional. En estos días Eric Adams dijo que no pondrá obstáculos al trabajo del ICE.
La invasión de los nuevos marielitos venezolanos, no solo trajeron delincuencia común, sino a la organización narco-criminal «El tren de Aragua», sobre la cual escribí un extenso escrito en esta Revista, cuando muy pocos hablaban de este grupo. https://revistaeutaxia.com/el-tren-de-aragua/, el costo de la inseguridad y de lo económico por sostener este tipo de ideologías, ha provocado que millones de votantes castigaran al partido Demócrata en las elecciones, y decidieran por las políticas migratorias de Donald Trump, enmarcadas dentro de la ley y de la mano dura.
La cifra de once millones de ilegales en Estados Unidos es una mentira, esa cifra se menciona desde hace unas dos décadas, con lo que están diciendo es que en casi 20 años nadie cruzó la frontera. Una cifra real puede llegar a 18 millones, y la mayoría de ellos están asentados en las ciudades santuarios. Hay más de 300 jurisdicciones bajo esta denominación, y las ciudades más conocidas son New York, Los Angeles, Chicago, Boston, San Diego, Miami, San Antonio, etc.
En junio de 2019, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley que prohíbe las ciudades santuario. El proyecto de ley prohíbe a los gobiernos locales promulgar políticas de «santuario» que protejan a los inmigrantes indocumentados de la deportación y todas las agencias de aplicación de la ley en Florida tendrán que cooperar con las autoridades federales de inmigración. Florida se convirtió en el 12º estado en prohibir las ciudades santuario.
Durante la campaña presidencial para las elecciones de 2024, el entonces candidato presidencial, hoy electo, Donald Trump, prometió implementar políticas para eliminar las ciudades santuario. Si una persona es detenida en una ciudad santuario, el gobierno federal, puede actuar en materia migratoria en cualquier lugar de Estados Unidos, incluidos los estados y ciudades santuario.
Si una persona es detenida en una ciudad santuario por cualquier delito, según la orden de los demócratas, el funcionario o cuerpo policial no está en la obligación de preguntar o verificar el estatus migratorio de esta persona, tampoco de responder a solicitudes de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) para chequear, detener o mantener en detención a ninguna persona por razones de ese estatus. Sin embargo, legalmente, un inmigrante en un lugar santuario está sujeto a las leyes federales en materia de migración. El tema migratorio es competencia exclusiva del poder federal.
Que no haya leyes federales en contra de las ciudades santuario, no significa que no puede haber leyes en el futuro, especialmente ahora con Donald Trump, con ambas cámaras a su favor y la Suprema Corte de Justicia. En el mes pasado, el reciente nominado por el presidente electo de Estados Unidos, llamado, popularmente, Zar fronterizo, Tom Homan, advirtió al alcalde de Denver que podría estar violando la ley si no coopera con los esfuerzos federales de aplicación de la ley de inmigración.
En una entrevista con Fox News, a Tom Homan le pidieron su opinión sobre las declaraciones del alcalde de Denver, el demócrata Mike Johnston, quien dijo que utilizaría a la Policía de Denver para impedir que los funcionarios federales de inmigración deportaran a inmigrantes ilegales. Homan dijo que Mike Johnston debería consultar la sentencia del caso Arizona vs. la Corte Suprema de Estados Unidos para ver que «está violando la ley» si utiliza la fuerza policial de su ciudad para impedir los esfuerzos de inmigración.
«Pero, mire, el alcalde de Denver y yo estamos de acuerdo en una cosa. Si él está dispuesto a ir a la cárcel, yo estoy dispuesto a meterle en la cárcel», dijo Homan. Esa orden judicial, emitida en 2012, sostuvo que el gobierno federal «se ocupa del campo de registro de extranjeros» y que cualquier acción estatal en ese sentido es «inadmisible». A Homan, exjefe interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, se le preguntó más tarde si las ciudades santuario están violando las leyes federales de inmigración, y respondió afirmativamente. Homan también indicó que la administración Trump está preparada para responder si procede.
«Vamos a hacer el trabajo. El presidente Trump tiene un mandato para el pueblo estadounidense. Tenemos que asegurar este país y tenemos que salvar vidas estadounidenses», dijo Homan. Profundizando, declaró que Donald Trump quiere «concentrarse en las amenazas a la seguridad pública y en las amenazas a la seguridad nacional», y añadió que es «chocante que cualquier alcalde de la ciudad diga que no quiere que se eliminen las amenazas a la seguridad pública de sus barrios».
Donald Trump y Tom Homan prometieron iniciar una campaña de deportación masiva de inmigrantes ilegales en todo Estados Unidos. A principios de mes, el presidente electo dijo que el primer día también declararía una emergencia nacional. Mike Johnston, en una entrevista con Denverite, dijo que el Departamento de Policía de Denver podría quedar «estacionado en la línea del condado» para mantener alejados a los funcionarios federales de inmigración. Uno se pregunta ¿Cómo pudo ser electo semejante idiota?
«Es como el momento de la plaza de Tiananmen con la rosa y la pistola, ¿verdad? Tendríamos a cada una de esas madres de Highland que salen por los inmigrantes, y usted no quiere meterse con ellas», dijo el alcalde. Luego de la respuesta de Tom Homan, el progre de Mike Johnson, se guardó a silencio, las rosas, las pistolas, las madres y Tiananmen, también se las deberá guardar en algún lado. Si en algo destacan estos progres es en ser cursis e idiotas.
Un portavoz de la oficina de Johnson, en sintonía con esa poesía progre izquierdista, dijo a los medios que la ciudad de Denver considerará «una serie de opciones» en respuesta a las políticas de la administración entrante. «Seguimos proporcionando educación sobre los derechos de nuestra comunidad inmigrante para que puedan protegerse mejor de cualquier acción ilegal».
A partir del 1 de diciembre, la ley HB-10 de Carolina del Norte, se activará ante delitos como homicidio, secuestro y tráfico de drogas, y las cárceles del estado deberán verificar el estatus legal de las personas acusadas en colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Recordemos que el 20 de noviembre, la mayoría de los integrantes del Senado del estado votó a favor de anular el veto a la ley que impuso el gobernador Roy Cooper y que por lo tanto impedía que se pusiera en marcha.
Con un total de 30 votos a favor y 19 en contra, el Senado estatal respaldó que la ley HB-10 entre en vigor, el 19 de noviembre, la Cámara de Representantes estatal también aprobó que se anulara el veto del gobernador a la HB-10 con 72 votos a favor y 44 en contra. La HB-10 también redirige 554 millones de dólares en fondos públicos hacia vales para escuelas privadas. A partir de diciembre, los delitos que activaran la HB-10 de acuerdo con los artículos 6, 7B, 10, 10A, 13A del Capítulo 14 de Estatutos Generales.
Estos delitos son: homicidio, violación y ofensas relacionadas como actividad sexual con un estudiante o delito sexual con un niño por parte de un adulto. Rapto o secuestro, así como tráfico de personas y heridas o daños con malicia. Un delito grave según G. S. 90-95. Se trata de tráfico de drogas. Y las agresiones, cualquier violación de G. S. 50-B-4.1. Si una persona es llevada a una cárcel estatal como sospechosa de alguno de estos delitos, un alguacil o cualquier funcionario deberá verificar su estatus migratorio.
Se confirmará si el detenido es residente permanente o tiene un estatus migratorio regular en el país. La revisión de estatus se llevará a cabo mediante dos vías: con un documento que lo pruebe (licencia de conducir, visa, entre otros). Con una investigación del detenido. Si no logra verificarse que es un residente legal o ciudadano del país, deberá consultar al ICE. Si después de hacerlo se determina que es indocumentado, el siguiente paso en el proceso será que el ICE emita una orden de detención y una orden administrativa para el detenido. La persona deberá permanecer en la cárcel hasta por 48 hora a la espera de que ICE llegue para tomarla bajo su custodia.
Donald Trump indicó que planea comenzar sus esfuerzos de deportación el primer día de su presidencia. Durante su campaña indicó con frecuencia que frenaría la inmigración ilegal, vinculando una cifra récord de cruces fronterizos no autorizados a problemas que van desde el tráfico de drogas a los altos precios de la vivienda. En la campaña, Donald Trump y su vice. J. D. Vance también sugirieron que reducirán el uso de las órdenes de Estatus de Protección Temporal (TPS) que protegen a más de un millón de inmigrantes ilegales.
Uno de los primeros anuncios de personal que hizo Donald Trump tras ganar las elecciones presidenciales fue el de Tom Homan como zar de fronteras, un cargo que no requiere confirmación del Senado. En una entrevista realizada este mes, Tom Homan, en respuesta a las posibles críticas a sus políticas sobre la inmigración ilegal, dijo: «No me importan las opiniones de nadie». «Cuando se crea una crisis tan grande, suceden todas estas otras cosas malas. Eso es lo que tenemos [que hacer para] asegurar la frontera».
El Grupo Hispano del Congreso, dijo el 17 de noviembre, que se opondrá a la campaña de deportaciones masivas planeada por el presidente electo Donald Trump, declaró la congresista demócrata Nanette Díaz Barragán. La congresista -que preside el grupo compuesto íntegramente por demócratas- dijo que las deportaciones masivas «tendrían un impacto negativo en la economía estadounidense». Durante una aparición en «Fox News Live», Tom Homan, respondió a las observaciones de la legisladora. Homan, quien fue director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), dijo que debería dimitir del Congreso, señalando que el ICE hace cumplir las leyes promulgadas por el poder legislativo del país.
El zar de la frontera entrante, Tom Homan, reacciona ante el juicio de Laken Riley y habla de cómo la administración Trump abordará la inmigración ilegal. Antes de ganar las elecciones presidenciales de 2024, Trump se comprometió a iniciar la mayor deportación masiva de la historia del país. En un post de «Truth Social» del lunes, Trump indicó que está preparado para declarar una emergencia nacional y aprovechar los recursos militares para ejecutar el esfuerzo de deportación.
El presidente electo Donald Trump, dio la mejor respuesta a todos aquellos que hablan del costo económico, una forma de desalentar las deportaciones, que planea llevar a cabo una vez que regrese al Despacho Oval, dijo a NBC News que el esfuerzo «no es cuestión de precio». «No es una cuestión de precio. No es… realmente, no tenemos elección. Cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los narcotraficantes han destruido países, y ahora van a volver a esos países porque no se van a quedar aquí. No hay precio», dijo Trump cuando se le preguntó por el coste de su plan, según NBC News.
En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia son las principales agencias federales a cargo de implementar las leyes de migración y de deportar personas. Bajo la custodia del primero está el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y del segundo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Para su segundo mandato, Trump viene más preparado para efectuar su ambiciosa agenda y se ha rodeado de figuras leales y con posturas verticales sobre la materia, como la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, a quien nominó para estar al mando del Departamento de Seguridad Nacional. Como cabeza del estado, Noem envió a la Guardia Nacional de Dakota del Sur a Texas para apoyar las labores de control en la frontera, usando donaciones privadas.
Stephen Miller como el jefe de Gabinete adjunto para políticas, justamente entre las políticas que defendió en el primer mandato de Trump está la de la separación de niños de sus padres y en la campaña abogó ampliamente por realizar expulsiones masivas de migrantes. «En esos días no nos andábamos con juegos». Con esta frase, el presidente electo dejó ver en campaña su intención de invocar la ‘Ley de Enemigos Extranjeros’ de 1798 «para desmantelar cada red de migrantes que opere en territorio estadounidense».
Esta ley, que solo ha sido activada tres veces en la historia, puede utilizarse cuando el país está en guerra con cualquier gobierno extranjero, cuando se lleve a cabo una invasión al territorio o «cuando el presidente haga una proclamación pública». Trump, como presidente tendrá la autoridad para activarla. Una medida de ese tipo no requiere la aprobación del Congreso, y si la necesitara, el mandatario contará, a partir de 2025, con la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes para sacarla adelante.
Esta ley, además, constituye la vía más rápida que tiene Trump, puesto que no es necesario que las personas pasen por un tribunal migratorio para apelar el caso. La medida afectaría a cualquiera que no haya nacido en Estados Unidos y no haya obtenido la nacionalidad, incluso si tiene una visa, si el presidente decide que su país de origen es un enemigo. A través de su red social Truth, Trump confirmó que planea utilizar a la Guardia nacional en las deportaciones, lo que marcaría un giro en las funciones del Ejército estadounidense, que tradicionalmente no se encargan de verificar la implementación de las leyes nacionales.
Johanna Kelley, abogada experta en derechos de los migrantes y que trabajó como supervisora en USCIS – entidad que supervisa la migración legal- explicó a France 24, que activar una medida de este tipo no es necesario: «Solo aplicando la ley que tenemos se pueden llevar (a cabo) deportaciones masivas. Solo que se necesita mucho dinero y recursos humanos para hacerlo». Kelley, no es cuestión de dinero.
Entre enero de 2023 y abril de 2024 han ingresado irregularmente a Estados Unidos alrededor de 2,3 millones de personas, según el Departamento de Seguridad Nacional. En el año fiscal 2023, bajo la Administración Biden, ICE llevó a cabo 170.590 arrestos, más que en cualquiera de los años de la primera presidencia de Donald Trump. En 2019, bajo el gobierno de Trump, la agencia arrestó a 143.099 personas. Muy por debajo incluso de las deportaciones llevabas a cabo en la Administración de su antecesor, Barack Obama, que en 2009 alcanzaron la cifra de 297.898.
En diciembre de 2023, la Patrulla Fronteriza arrestó, al menos temporalmente, a 301.981 migrantes, un récord histórico, según sus propios reportes. Este incremento se reflejó en las imágenes ampliamente difundidas por los medios de comunicación de personas apiñadas en aeropuertos o estaciones de tren y otras siendo trasladadas en autobuses a ciudades «santuario» como New York y Chicago, cuyas leyes les exigen que deben proporcionar un techo a los migrantes. El desbordamiento de los refugios en ambas ciudades obligó a las autoridades locales a ofrecerles hoteles. Al tiempo, la Policía de New York vinculó la aparición de robos con el uso de motocicletas en las calles, propiedades y tiendas «a métodos utilizados en el exterior» y a una red criminal de «personas que viven en centros de refugio».
Este tipo de políticas implementada por la ideología izquierdista alentó duras críticas hacia el presidente Joe Biden: según un sondeo del Pew Research Center, el 74% de los estadounidenses consideró que se trataba de una crisis. Esto se debe a que las personas estaban molestas por los altos costos de la vivienda, los alimentos y los bajos salarios. El disgusto con la situación se materializó en las urnas y voces como la de Charles Warner, un empresario californiano, dejan en evidencia que no solo la crisis migratoria es tema de debate, sino que también lo es la eficacia de las políticas en general.
Charles Warner, considera que debería recaer la mayor responsabilidad en los empleadores: «Deberían ser responsables de verificar (el estatus migratorio) y si son atrapados contratando ‘ilegales’ debería haber consecuencias serias y multas. En Francia les cerrarían el negocio. Quisiera que los multaran duramente y si no pueden pagar (la multa), que (les) cierren el negocio. Eso daría un camino a la ciudadanía y ayudaría a Estados Unidos».
La decisión de Donald Trump, no es ir en contra de los valores la tradición de Estados Unidos que la establecieron como una nación de migrantes, sino de migrantes ilegales. Tom Homan, que supuestamente abordará los problemas migratorios en la nueva administración, afirmó que no teme a las críticas ante los planes de deportación masiva de inmigrantes irregulares. «Francamente, no me importa lo que la gente piense de mí, especialmente en la izquierda», declaró a Fox News al responder a una pregunta sobre cómo reaccionaría ante las críticas.
«Eso es algo de lo que nos vamos a ocupar. No me van a callar. No van a hacer que desaparezca. Esta es la mayor vulnerabilidad para la seguridad nacional que ha visto esta nación desde el 11-S. Tenemos que solucionarlo», añadió el exjefe interino de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE). Tom Homan había ya arremetido anteriormente contra los gobernadores demócratas que no tengan intención de apoyar la nueva política migratoria. «Si no están dispuestos a ayudar, que se quiten del camino porque [la ICE] va a hacer su trabajo», señaló.
Los gobernadores de las ciudades santuario, pueden ser demandados ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, otra consecuencia para estos estados sería la perdida de asignaciones federales por mantener este tipo de posturas. Tom Homan, una vez más, lo dice claramente:
«Hay una ley título 8 USC 1324-iii que dice que es delito grave ocultar inmigrantes ilegales. También es delito obstruir o detener a un agente federal. Si no quieren ayudar, bien. Pueden irse al infierno. Pero nosotros haremos el trabajo. Trump tiene un mandato del pueblo. Debemos asegurar a este país. Debemos salvar vidas estadounidenses. Es chocantes que alcaldes digan que Trump quiere centrarse en amenazas de seguridad. Es difícil creer que no quieran eliminar amenazas de sus vecindarios. O sea, no sé qué diablos pasa en Denver, pero iremos y lo arreglaremos. Si no quieren arreglarlo ni proteger sus comunidades, Trump y ICE lo harán».
En ese momento, porque ahora, está cumpliendo con la deportación de migrantes y cierre de la frontera sur, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que defenderá a la comunidad mexicana que vive en Estados Unidos frente a las políticas de la nueva administración. ¿Con cuantas divisiones cuenta la izquierdista Claudia Sheinbaum? Bien, entonces calladita la boca y seguir con la tarea de expulsar a los migrantes de México. Históricamente no pudieron defender la herencia recibida de la Corona española y menos podrán ahora.
Donald Trump, confirmó este 18 de noviembre, que tiene previsto declarar el estado de emergencia nacional y utilizar al ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes. «Buenas noticias: según algunos reportes, la próxima administración de Donald Trump está preparada para declarar el estado de emergencia nacional y utilizar recursos militares para luchar contra la invasión (permitida por el presidente Joe) Biden a través de un programa de expulsiones masivas», escribió Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, en la plataforma Truth Social del republicano.
El presidente electo que asume el cargo el 20 de enero respondió al mensaje con un «¡Es verdad!». La guardia nacional es un cuerpo militar bajo el mando del gobernador de cada estado que puede ser convocada para la protección del país en caso de conflicto o desastre.
Para hablar de cuestiones políticas, lo primero, es saber que es un Estado (no Gobierno) porque si no sabemos que es un Estado, ¿cómo podemos hablar de política? Y un Estado tiene una capa cortical, que entre otras cosas se corresponde con sus fronteras, con su territorio y que todo jefe de Gobierno de un Estado debe defender. Y cuando debe defenderlo lo debe hacer sin preocuparse de la humanidad, humanidad que no existe, ya que existe México, Uruguay, Indonesia, y un largo etcétera. ¿La humanidad? Bien gracias.
Cada Estado debe ocuparse de su propia población, Donald Trump, no está para ocuparse de los ciudadanos de otros países y mucho menos con chantajes velados o encubiertos, como que no tendrán mano de obra. Cuando hay oferta la demanda surge en cualquier lado. Pero la moral de aquellos que se la agarran con Trump, les impide ser objetivos. ¿Donald Trump es el presidente de México o de otro país?
Yo nunca escuché a ningunos de los detractores de Donald Trump emitir un juicio de valor sobre los «bebes ancla», tampoco de aquellos que cruzaron la frontera para conseguir los papeles y regresar al otro lado de la frontera, para vivir de los Estados Unidos, hay miles y miles de casos.
Ema Coronel, es un ejemplo perfecto de un bebe ancla, costumbre muy arraigada en dicho país y que lo imitan los inmigrantes actuales. La madre de Ema Coronel, una de las mujeres del Chapo Guzmán, cuando se acercaba el parto cruzó para tener un bebe estadounidense, y luego se regresaron a su país. ¿Qué Donald Trump es racista? Para que sepan no hay nadie más racista que aquellos que se hacen llamar «la raza». En primer lugar, deberían saber que entre los hombres no hay razas, hay raza entre los perros, no lo digo porque se me ocurra, lo dice la ciencia.
Por último, el derecho lo da el Estado y te lo quita, no lo da la humanidad, ni los estados fallidos sobre otro Estado. Tener papeles legales para un migrante no es un derecho, es un favor que te concede un Estado soberano, y se debe vivir en el país de acogida conforme a la ley, y no andar de activista tratando de cambiar el país de acogida en su conveniencia.
Ricardo Veisaga
26 de noviembre de 2024.