ATENTADO TERRORISTA AL COMEDOR DE LA POLICÍA FEDERAL
REABREN LA CAUSA CONTRA MONTONEROS
La Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires ordenó que el ex jefe del grupo terrorista Montoneros, Mario Eduardo Firmenich, sea llamado a indagatoria como principal responsable del atentado a una repartición de la Policía Federal, ocurrido en julio de 1976, y que provocó la muerte de 24 personas y 60 heridos. En un sorprendente giro a la jurisprudencia fijada hasta ahora, el fallo sostiene que aquella masacre no está prescripta: se trató de una grave violación a los derechos humanos y el Estado argentino tiene la obligación de dar respuesta sus víctimas.
«El suceso nunca fue siquiera mínimamente investigado por el Estado». «Reparar los derechos de las primeras víctimas del atentado y, al mismo tiempo, proteger los de aquellas otras que hoy se presentan ante los tribunales de justicia -las olvidadas-, no corresponde mantener ocluidos los caminos investigativos. Por el contrario, se debe impulsar -con el vigor que corresponde- la presente acción, lo que se le encomienda expresamente a la magistrada de grado. Es necesario -diríamos imprescindible- realizar los mayores esfuerzos, desde la justicia, para reparar precisamente el valor justicia que se ha venido denegando a las víctimas», afirmaron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en el fallo.
Junto a ellos, el juez Mariano Llorens hizo un extenso voto en el que afirmó: «La historia no es una novela, ni el mundo se divide entre buenos y malos, sino en muchas tonalidades de grises. Por eso, aquí no se trata de diseñar una justificación simétrica entre los condenados de ayer por gravísimos delitos de Lesa Humanidad, e imputados de hoy en esta causa, sino de entender que los crímenes de la dictadura no absuelven los crímenes de quienes sentaron el terror desde otros ámbitos».
Hace dos años y medio, la jueza de primera instancia, María Servini de Cubría, entendió que el caso debía cerrarse. El tribunal ordenó ahora que Servini indague a Firmenich y lleve adelante medidas de prueba para determinar qué otros autores o encubridores hubo en el ataque. Y sostuvo que el caso no estaba prescripto. Además, incorporó a la causa a los denunciantes para que sean acusadores privados. También revocó los sobreseimientos de Mario Eduardo Firmenich, Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Lila Victoria Pastoriza, Norma Walsh y Carlos Aznares.
«El delito, en principio, no tuvo como protagonista a ningún representante del Estado. Por lo contrario, fueron principalmente sus propios agentes los que resultaron víctimas del hecho, y fue una organización no estatal la que se atribuyó directamente el atentado. Y aunque no haya sido el poder público el responsable directo de esas muertes, heridos y daños, ya sea por acción u omisión, sus autoridades eran las encargadas de garantizar otro tipo de responsabilidad, que también constituye una violación a un interés fundamental, básico, de los derechos humanos. Esta vulneración no se limitó a un momento específico del pasado, sino que se extiende hasta la actualidad. Se trata del deber exclusivo y esencial del estado de investigar y dar respuesta y protección judicial a los derechos de las víctimas».
La decisión de la Cámara Federal, que promete escalar hasta la Corte Suprema, marca una nueva mirada en las investigaciones por los crímenes de los 70. No obstante el tribunal destacó que es «excepcional» el criterio fijado para este caso: un atentado brutal, en donde las víctimas no eran miembros del Estado, en un caso que nunca fue investigado con seriedad. El fallo apunta a Mario Firmenich, que hoy vive en España y asesora al gobierno de Nicaragua.
La Argentina fue víctima de un baño de sangre en los años 70, con el regreso de la democracia, la Justicia avanzó en el juzgamiento de los responsables de las fuerzas armadas, con el llamado juicio a los comandantes. Pero también impulsó llevar al banquillo a los responsables de la agrupación guerrillera Montoneros. En 1984 Firmenich fue arrestado en Brasil por pedido del gobierno de Raúl Alfonsín, juzgado y condenado a 30 años de prisión por homicidio y secuestro. Pero el indulto que firmó el presidente Carlos Menem en diciembre de 1990, dejó en la nada. Los crímenes de Montoneros quedaron impunes por el paso del tiempo, y se argumentó que no habían sido cometidos desde el Estado.
En 2003, el fallecido juez Claudio Bonadío dispuso el pedido de captura internacional del máximo jefe montonero, y la detención de Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía por las muertes en la causa conocida como Contraofensiva. Pero la Cámara Federal anuló esa decisión, ordenó libertades y lo apartó. Lo que resolvieron hoy los jueces se trata del atentado cometido por el grupo guerrillero marxista Montoneros, a las 13:20 del 2 de julio de 1976, cuando una bomba detonó en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, ubicada en la calle Moreno 1431 de la Capital Federal.
Momentos después de la explosión, un comunicado de la organización se atribuía el hecho. La reivindicación sería habitual en la prensa de la agrupación. «…hicimos volar por el aire a 40 comensales de la Superintendencia de Seguridad Federal…» se jactaron tiempo después desde las páginas de uno de sus órganos de propaganda, el primer fascículo de la revista «Estrella Federal» del mes de mayo de 1977.
Los detalles de ese ataque fueron relatados en un libro titulado: «Masacre en el comedor» por el periodista Ceferino Reato. Este atentado fue considerado el más sangriento que llevó adelante la agrupación Montoneros. El autor material fue José María Salgado, Pepe, un joven agente de policía de 21 años que también estudiaba Ingeniería Electrónica en la Universidad de Buenos Aires.
A finales del 2021, un grupo de organizaciones civiles y 400 abogados se presentaron en el juzgado para pedir la reapertura de la causa y solicitar que sea declarado imprescriptible. En ese contexto solicitaron llamados a indagatorias y capturas de los líderes de la organización que fue declarada asociación ilícita en el gobierno de María Estela Martínez de Perón. El fiscal Guillermo Marijuan y la jueza María Servini de Cubría rechazaron la petición porque se consideró que la acción penal ya estaba prescripta.
En 2022, los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia decidieron anular la resolución de la jueza para que dicte un nuevo fallo. «Entendemos que el temperamento atacado contiene vicios trascendentes que lo afectan como acto jurisdiccional válido. Conforme lo han sostenido los aquí recurrentes, el pronunciamiento no satisface los estándares de motivación exigidos por la ley», señalaron. La jueza volvió a fundar el cierre de la causa. Afirmó que sus superiores ya habían declarado, en resoluciones firmes, que el acontecimiento del 2 de julio de 1976 en el salón comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal de la (PFA).
Se sostenía que más allá de lo aberrante y reprochable que resultó, no constituía un delito de lesa humanidad, ni un crimen de guerra. Tampoco era un acto de terrorismo –conforme las pautas establecidas en el Convenio Internacional contra la Financiación del Terrorismo-, ni una grave violación a los derechos humanos. Por ello, le eran aplicables las reglas generales sobre la vigencia de la acción, que en este expediente se encontraba ya agotada. Eso volvió a la Cámara Federal, que fue apelado por los denunciantes.
Los jueces Bruglia y Bertuzzi sostuvo que la decisión está justificada sobre dos cuestiones fundamentales: «la enorme gravedad y magnitud del evento que constituye el objeto procesal y -con marcada gravitación- la prácticamente nula intervención del Estado en el cumplimiento de su deber de promover e impulsar la acción penal con el fin de dar una respuesta efectiva a los derechos de las víctimas. Por ello resulta imperativo avanzar en el cumplimiento de esta relevante obligación estatal, evitar daños mayores y respetar los compromisos internacionales asumidos».
«Estamos frente a un expediente iniciado por un acto criminal de una magnitud extraordinaria, considerando para su calificación solo parámetros objetivos tales como número de personas que murieron, heridos y daños causados. Por otro lado, el lugar donde se colocó el explosivo (comedor), el día y horario de la detonación, la finalidad de provocar el derrumbe total de edificio (tal como surge del comunicado del grupo que lo ocasionó), son elementos de análisis que dan a entender no solo la envergadura efectiva de la agresión, sino también la enorme carga de intencionalidad criminal, reflejada sobre todo por la indiscriminación de indefensas víctimas que se buscó causar y la clara demostración, por las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo, de la aviesa intencionalidad de generar la mayor cantidad de daños y muertes posibles. Se buscó y se logró, otorgar al acto, una siniestra carga comunicacional de destrucción y muerte», se sostuvo.
Luego de sostener que el ataque al comedor «sigue en trágica trascendencia a los atentados a la Embajada de Israel (1992) y a la AMIA (1994)», la Cámara Federal afirmó que el hecho «nunca fue siquiera mínimamente investigado por el Estado». «Las excepcionales características de este lamentable acto criminal y la omisión por parte del Estado Nacional de investigarlo hasta el día de hoy, sin ofrecer siquiera una mínima respuesta a las víctimas después de más de cuarenta años, constituyen circunstancias que, más allá de aspectos de razonabilidad, principios éticos y razones de justicia, no pueden ser ignoradas a la luz de los actuales estándares de protección internacional de los derechos humanos. Consideramos que, sin necesidad de un esfuerzo técnico adicional y en virtud de la interpretación amplia proporcionada por la CIDH, es posible calificarlo como una grave violación a los derechos humanos».
La Cámara Federal sostuvo: «Tenemos ahora la oportunidad, todavía, de intentar hacer lo que nunca se hizo, una correcta y seria investigación jurisdiccional, que permita -por los medios que el sistema democrático ha articulado- dar una respuesta a la sociedad y especialmente -sobre todo- a las víctimas de esta brutal acción criminal. Es cierto que únicamente se abrió un sumario en la Policía Federal, pero sus fojas distan mucho de reflejar siquiera el inicio de una investigación seria. Lo sucedido posteriormente en las distintas instancias judiciales fue consecuencia de las formalidades legales que se aplicaron, las cuales no han logrado más que imponer un silencio insostenible hacia las víctimas de este proceso».
La «Masacre en el comedor».
La Masacre en el comedor, fue el atentado más sangriento de Montoneros que para la jueza Servini «no es un acto de terrorismo». La jueza Servini de Cubría es un ser nefasto, lucró desde su posición en la justicia, fue la servidora del régimen corrupto conocido como kirchnerismo. Para la magistrada federal, la voladura del Casino de la Policía Federal en 1976 diseñado por el periodista y escritor marxista Rodolfo Walsh no debe ser investigado. El ataque dejó 23 muertos y 110 heridos y fue el más brutal hasta la explosión de la Asociación Mutual Israelita Argentino (AMIA).
El periodista Ceferino Reato, se encargó de investigar este criminal suceso y lo daremos a conocer a continuación.
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El sargento de guardia Oscar Domínguez caminaba sin apuro hacia la salida del edificio cuando vio reflejado en el vidrio del portón un fogonazo que le pareció de color azul eléctrico; la aureola diabólica de una bola de fuego que avanzaba desde el comedor devorando todo: cuerpos, mesas, sillas, armarios, pedazos de mampostería y hasta el escritorio del personal de vigilancia. Domínguez no tuvo ni tiempo de darse vuelta y fue arrastrado también él por la onda expansiva de la bomba montonera, que arrancó el portón de cuatro metros de alto por seis de ancho como si fuera de cartulina y deglutió a los agentes Víctor Flores y Hugo Biazzo, que, parados en la vereda, custodiaban el ingreso con postura marcial.
El portón de madera, hierro y vidrio voló por encima de la calle Moreno al 1400, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y quedó estampado en la fachada de mármol del edificio de enfrente; Domínguez rebotó contra el portón, dio otra vuelta en el aire y cayó sentado —ya inconsciente— en diagonal a la sede policial; Flores y Biazzo fueron arrastrados varios metros y también terminaron despatarrados, Flores cerca de Domínguez, en la vereda de enfrente, y Biazzo en el medio de la calle, junto al agente Roberto Palacios que acababa de salir de la Superintendencia de Seguridad Federal para buscar el auto de uno de sus jefes cuando escuchó la fuerte explosión y se vio tirado al suelo y puesto a rodar por la impiadosa onda expansiva.
También el agente Julio César Yusso terminó tirado en la calle, junto a Biazzo y Palacios; Yusso viajó en la bola de fuego desde una mesa ubicada en la tercera fila del sector derecho del comedor; a la una y veinte en punto de la tarde del viernes 2 de julio de 1976, en plena dictadura, Yusso terminaba el postre —un Vigilante: dulce de membrillo y queso Mar del Plata— cuando fue levantado de la silla por la rotunda explosión que cambiaría la vida de todos ellos y de sus familiares, amigos y colegas.
De la bola de fuego solo se salvó la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Policía Federal, entronizada muy cerca del techo, a unos tres metros del portón de ingreso. La Virgen de cerámica no se cayó, ni siquiera se movió; atravesó indemne aquel infierno.
El sargento Domínguez y los agentes Flores, Biazzo, Palacios y Yusso sufrieron quemaduras en el rostro, cortes variados y fracturas en las piernas; pudieron recuperarse luego de permanecer internados en el hospital policial Bartolomé Churruca, en el barrio de Parque Patricios, aunque Domínguez quedó rengo de por vida. Los cinco policías formaron parte de los ciento diez heridos que provocó la explosión de la bomba colocada por Montoneros en el núcleo —el cerebro— del dispositivo preparado por la Policía Federal durante una década y media para vigilar, investigar, infiltrar y reprimir a las organizaciones guerrilleras.
Ciento diez heridos y veintitrés muertos, el saldo total del peor atentado guerrillero durante la sangrienta década de los 70, el más devastador ataque contra una sede policial en todo el mundo. Y el más cruento en la violenta historia de Argentina hasta el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994. La bomba de Montoneros dejó incluso más muertos —una persona más— que la voladura de la embajada de Israel en la Argentina, el 17 de marzo de 1992.
Entre los heridos, los casos de Domínguez, Flores, Biazzo, Palacios y Yusso no fueron los más graves. Varios policías sobrevivieron con graves mutilaciones; algunos, postrados para siempre. Seis cadáveres quedaron destrozados, irreconocibles a simple vista: carbonizados; sin brazos ni piernas; decapitados o con la cabeza apenas colgando y convertida en una masa sin forma.
Ciento diez heridos y veintitrés muertos, el saldo total del peor atentado guerrillero durante la sangrienta década de los 70, el más devastador ataque contra una sede policial en todo el mundo.
Todo eso por las características del artefacto explosivo utilizado contra la fortaleza de la Inteligencia policial: una «bomba vietnamita», del tipo Claymore: además de entre cinco y siete kilos de trotyl, cargaba bolas o postas de acero que salieron disparadas como una metralla, que agujereó cuerpos, maderas y paredes, junto con los tenedores, cuchillos, platos, vasos, botellas, bandejas, y hasta la caja registradora y las patas de las sillas y mesas del comedor, que también salieron volando para todos lados.
Precisamente, el oficial ayudante Héctor Alejandro Castro, Castrito, que había cumplido veinticuatro años el día anterior, fue atravesado de lado a lado por la pata de una mesa metálica; lo encontraron gritando, pidiendo por su mamá, Carmen, y lo llevaron al Churruca, donde murió ocho días después, el 10 de julio. El médico Héctor Murro explicó que «no salió en ningún momento del grave coma de grados tercero y cuarto» en el que fue internado.
«Castro era compañero de promoción mío, la promoción número 69», dijo el comisario inspector Carlos Sablich, quien agregó: «Aquel día, yo iba a Defraudaciones y Estafas, en el Departamento Central de Policía. En el momento de la explosión, estaba en Moreno y Sáenz Peña, a menos de cien metros del lugar del atentado; la puerta de entrada voló y se estampó enfrente».
«En un atentado así, si no te mata la onda expansiva te puede atravesar un cuchillo, un tenedor, la pata de una mesa. Vuela todo lo que puede volar y se convierte en un proyectil. Vi que, entre los primeros heridos, salía uno con un cuchillo atravesado en la cara», señaló Sablich, que con el tiempo se convertiría en el hombre fuerte de Defraudaciones y Estafas durante varios años.
Es que este tipo de bombas no solo buscaba matar sino también despedazar los cuerpos. Ya lo indica el nombre con el que fueron bautizadas: Claymore eran las temibles espadas de doble filo, que pesaban un kilo y medio y debían ser manejadas a dos manos por los guerreros de las tierras altas de Escocia contra los invasores ingleses durante la Edad Media.
Diecinueve de las víctimas fatales murieron en el acto y sus restos fueron ordenados y numerados menos de tres horas después del ataque, a las cuatro y cuarto de la tarde de aquel viernes de tanta sangre y tanto dolor, en una sala contigua a la farmacia del Churruca, cada una con un número escrito a mano atado al dedo gordo de uno de sus pies; las otras cuatro personas fallecieron entre cuatro y ocho días después en el hospital policial a causa de las gravísimas heridas recibidas.
Entre los veintitrés muertos en el comedor de la calle Moreno 1417 hubo cinco mujeres. Una de ellas fue la única persona que no pertenecía a la policía, la única víctima civil: Josefina Melucci de Cepeda, de 42 años, casada, tres hijos, que trabajaba en la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y aquel viernes fue a comer con su amiga, la sargenta María Olga Pérez de Bravo, que también falleció.
Carolina Cepeda vio por última vez a su mamá aquel viernes 2 de julio a media mañana, cuando ella tenía cinco años y el subte de la Línea B paró en la estación Uruguay y la nena bajó con su papá, que la llevaba al médico. Fue el último beso que le dio y que la acompañaría, como un tesoro, durante toda su vida.
La madre siguió viaje una parada más, hasta la estación Carlos Pellegrini; trabajó un par de horas en la sede de YPF y salió para almorzar con su amiga; en el camino, entró a una tienda y compró un tapado, obligada por el frío intenso de aquel mediodía de invierno. Josefina Melucci de Cepeda murió en el acto por una herida profunda en la base del cuello y su cuerpo fue retirado al día siguiente por su esposo, que tenía una gomería en el límite entre los barrios de Villa Urquiza y Belgrano.
Es que, si bien la mayoría de los comensales solían ser policías, iban también empleados de comercios y empresas de la zona. Por ejemplo, de Suixtil, que estaba en la esquina y fabricaba trajes, camperas, camisas y corbatas, y donde los suboficiales y oficiales podían abrir una cuenta corriente a sola firma. También de YPF, ESSO y algunos bancos, como el Nación.
Montoneros afirmaba que buscaba eliminar preferentemente al personal superior de la Policía Federal, en tanto «centro de gravedad» de la represión ilegal de la dictadura, pero de los veintitrés muertos solo dos eran oficiales y de muy baja graduación. Siete de las víctimas fatales ni siquiera cumplían tareas policiales: el encargado del comedor, el cajero, un mozo, un enfermero, un bombero, un suboficial retirado que estaba haciendo su changa de repartidor de pan y «Fina» Melucci de Cepeda, empleada de YPF.
Es que, por lo general, los jefes no iban al Casino, que es como los policías llaman al comedor; almorzaban en sus despachos o en algún restaurante de Monserrat, San Telmo, Congreso o el Microcentro, o volvían a comer a sus casas ya que tenían horarios más flexibles.
A pesar de que fue el atentado más sangriento en la historia del país hasta la AMIA, nunca fue investigado por la Justicia. Primero la jueza federal María Servini de Cubría en 2006 y luego la Corte Suprema en 2012 rechazaron una denuncia contra los presuntos autores del atentado, entre ellos el ex número uno de Montoneros, Mario Eduardo Firmenich, Pepe, y el periodista Horacio Verbitsky.
Todas las instancias judiciales coincidieron en que el ataque no debía ser ni siquiera investigado porque había pasado demasiado tiempo y, en consecuencia, estaba prescripto. No fue considerado un delito de lesa humanidad, como solicitaban los abogados de algunas de las víctimas del estrago, sino un delito común.
No solo permanece impune, sino que, hasta Masacre en el comedor, no se sabía bien cómo había ocurrido ni quiénes habían sido sus autores: no existía ningún libro —periodístico o histórico— ni, obviamente, ningún documental o película. Ni una placa en la ciudad de Buenos Aires tienen esas víctimas ignoradas. El autor material del ataque fue José María Salgado, Pepe, un joven agente de policía de 21 años que también estudiaba Ingeniería Electrónica en la Universidad de Buenos Aires.
Los Salgado eran una familia de clase media alta que vivía en una casa de dos plantas en Olivos; el papá era abogado con un estudio muy activo en la zona de Tribunales, y la mamá, profesora de Ciencias, aunque no ejercía; su tío, Enrique Salgado, era general. Pepe Salgado se fue convirtiendo en uno de los recursos principales del servicio de Inteligencia e Informaciones de Montoneros, donde el hombre clave era el famoso periodista y escritor Rodolfo Walsh, alias Esteban, hoy un personaje de culto para muchos intelectuales y políticos, homenajeado con cátedras, premios, monumentos, plazas, calles, escuelas, centros de salud y hasta barrios enteros, en todo el país.
El guerrillero Rodolfo Walsh, alias Esteban, autor de Operación Masacre y de otros libros magistrales, era el «responsable» de Salgado ya que estaba a cargo de los montoneros infiltrados en el Ejército, la Marina, la Aeronáutica y la policía, entre las múltiples tareas que desarrollaba este hombre orquesta de la guerrilla, que, además, antes de morir hace cuarenta y cinco años a manos de un grupo de tareas de la Marina, dejó un legado escrito que sugería un drástico cambio de táctica para llegar al poder, que incluía el reconocimiento de «la derrota militar», el «abandono del terror individual» y la apropiación de la «bandera fundamental de los Derechos Humanos».
Desde el punto de vista militar, la voladura del comedor fue una perfecta operación de Inteligencia protagonizado por un infiltrado audaz, un jefe perspicaz, una escueta pero eficiente red de apoyo y una cúpula montonera lanzada a una ofensiva militar contra la policía, que reveló la facilidad con la que Montoneros había logrado penetrar nada menos que en la fortaleza de Seguridad Federal, el núcleo duro del dispositivo organizado desde hacía una década y media para vigilar, infiltrar, controlar y reprimir a los grupos guerrilleros, no solo en la capital del país.
La secuencia sobre la colocación de la bomba vietnamita parece de película. Salgado fue a comer al Casino de Seguridad Federal con su maletín Primicia negro de siempre; no se pudo sentar en el lugar que quería y tuvo que conformase con una mesa cerca de las dos columnas centrales del edificio. El mozo que lo atendió recordó que unos minutos antes de la explosión que lo depositó no muy suavemente en la puerta del comedor, Salgado se levantó de la silla, dejó sobre la mesa —sin tocarlo— el plato de carne al horno con papas que él acababa de servirle, y caminó hacia la salida del comedor, como si fuera a saludar a algún conocido. Hasta se levantó sin su sobretodo, que quedó plegado sobre el respaldo de la silla donde había apoyado su maletín en el que cargaba la bomba.
Los precisos datos del mozo que atendió a Salgado coincidieron con los testimonios de algunos comensales, como, por ejemplo, el agente Juan Domingo Figueroa, que también se sentó en el sector derecho del comedor y vio que «a unos cuatros metros aproximadamente y hacia el fondo del comedor había una mesa con cuatro sillas donde presumiblemente fue colocado el artefacto explosivo, recordando que había un sobretodo color beige tirado sobre el respaldo de una de las sillas y un plato al parecer con carne asada».
Con la cúpula de Montoneros, el vínculo del servicio de Inteligencia e Informaciones era directo, a través de la secretaría Militar de la Conducción Nacional, a cargo del comandante Horacio Mendizábal, Hernán, que, a su vez, reportaba a Firmenich y al número dos, el comandante Roberto Perdía, Carlos o Pelado. Perdía aseguró que habían evaluado cuáles serían las represalias de la dictadura antes de autorizar el atentado que mató al jefe de la Policía Federal, el general Cesáreo Cardozo, el viernes 18 de junio de 1976, y la voladura del comedor, apenas dos semanas después.
«La esencia del enfrentamiento no es tanto la muerte como la quita de la voluntad de combatir. La apuesta era, con esos atentados, quitarles la voluntad. Pensábamos que la represión salvaje podía pararse de alguna manera con operaciones que les produjeran un daño importante», señaló.
Fue el propio Mendizábal quien explicó el 24 de julio de 1976 en una reunión con corresponsales de diarios y revistas del extranjero que el artefacto «fue introducido en el edificio por un compañero que estaba infiltrado y que había entrado durante una semana con un paquete similar, pero inofensivo, como prueba». «Cuando vimos que todo andaba bien —completó—, se largó la operación, que también sirvió para demostrar la alta moral y serenidad de nuestros combatientes porque el compañero que accionó el explosivo, estuvo almorzando allí y se retiró siete minutos antes del lugar».
Los guardias ya se habían habituado a aquel joven tan simpático y cordial que llegaba con su maletín negro siempre puntual: diez minutos antes de la una de la tarde.
Josefina Melucci de Cepeda tenía 42 años. Una bomba la mató. Estaba almorzando con una amiga, María Olga Pérez de Bravo, porque le había pedido que le hiciera una gestión por el documento del hijo de una vecina. Comían, despreocupadas y sentadas, el mediodía del viernes 2 de julio de 1976. No sabían que una bomba vietnamita explotaría a las 13:20 en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, ubicada en la calle Moreno 1417 de la Ciudad de Buenos Aires. Josefina murió esa tarde: fue la única víctima civil «del peor atentado guerrillero durante la sangrienta década de los ‘70, el más devastador ataque contra una sede policial en todo el mundo y el más cruento en la violenta historia de Argentina hasta el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994».
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El 2 de julio de 2022, en la Superintendencia de Seguridad Federal, ubicada en la calle Moreno 1417 de la Ciudad de Buenos Aires, estuvieron presentes las hijas de Josefina Melucci de Cepeda y los familiares de las otras 22 víctimas fatales. A las doce del mediodía se celebró un acto en las puertas de la sede policial después de haber recorrido doce cuadras desde la estación de subte de la línea E «Rodolfo Walsh», en el cruce de las avenidas Entre Ríos y San Juan.
Partieron, desde el sitio que honra la memoria del hombre señalado como ideólogo del ataque al lugar del atentado, el criminal Rodolfo Walsh. La convocatoria llevaba el lema «El ideólogo y la masacre: a 46 años del atentado más sangriento de los ‘70». La marcha la organizaron la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo y la Comisión de Homenaje a Policías y Ciudadanos Muertos por la Violencia y se adhirieron la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en la Argentina, entre otras entidades.
En un comunicado, sostuvieron: «La explosión de un artefacto conocido como ‘bomba vietnamita’, dispuesta por la conducción de Montoneros, a cargo de Mario Firmenich, y la participación en el hecho de jefes de la inteligencia ‘militar’ del grupo subversivo comandado por Rodolfo Walsh, produjo lo que fue el hecho más sangriento de tal naturaleza en el país hasta el atentado de la AMIA».
Dijo Reato, «La verdadera historia de los setenta es la historia de todas las víctimas. Es importante que ahí coexistan dos carteles: uno que indique que hubo un centro de detención en los pisos de arriba y otro que diga que en el comedor de la planta baja hubo un atentado que mató a 23 personas e hirió a 110 que estaban comiendo y que no todos eran policías, muchas eran personas que ni siquiera tenían armas. En el punto de vista técnico fue un acto de terrorismo explícito».
José María Salgado, alias Pepe, un agente de policía de 21 años que también estudiaba Ingeniería Electrónica en la Universidad de Buenos Aires, fue el autor material de la masacre. Era uno de los recursos principales del servicio de Inteligencia e Informaciones de Montoneros, donde el hombre clave era el periodista y escritor Rodolfo Walsh. Llegaba todos los días al comedor de la Superintendencia diez minutos antes de las trece del mediodía con un maletín marca Primicia de color negro. Los guardias ya se habían acostumbrado a su plácida presencia.
El 24 de julio de 1976 Mendizábal explicó, que el artefacto «fue introducido en el edificio por un compañero que estaba infiltrado y que había entrado durante una semana con un paquete similar, pero inofensivo, como prueba. Cuando vimos que todo andaba bien, se largó la operación, que también sirvió para demostrar la alta moral y serenidad de nuestros combatientes porque el compañero que accionó el explosivo, estuvo almorzando allí y se retiró siete minutos antes del lugar».
Esa habría sido una de las razones del atentado, aunque Reato asegura que los motivos fueron varios: «Tenían el problema de que había censura de prensa y necesitaban una serie de hechos que no pudieran ser obviados. Habían dispuesto a partir del golpe de Estado, que dicho sea de paso recibieron con entusiasmo, la cuarta ofensiva táctica que consistía en golpear a la policía en los principales centros urbanos porque consideraban que era la cara visible de la represión de la dictadura. Hicieron varios atentados en la ciudad y la provincia de Buenos Aires y en Rosario. También creo que siempre apostaron a ‘fascistizar’ la represión del Estado: hacerla más extrema, sin jefes legalistas, e impulsaban desnudar lo que para ellos era la naturaleza fascista del régimen. Estaban convencidos de que la dictadura les iba a allanar el camino a la revolución socialista. Era una lógica de cuanto peor mejor. Irónicamente lo lograron, pero no fue bueno para ellos porque ya en octubre Roberto Perdía reconoció que habían cometido un error importante: tras el atentado los empezaron a cazar».
El libro de Ceferino Reato, también incluye acontecimientos derivados del atentado en la sede policial. La masacre de los curas palotinos ocurrió dos días después: tres pastores y dos seminaristas fueron asesinados, según admitiera la junta militar en una reunión con el cardenal Juan Carlos Aramburu y el nuncio apostólico Pío Laghi, por «grupos de tareas fuera de control». «Hay víctimas que fueron borradas de la historia. Y para mí las víctimas son importantes, todas las víctimas -dice el autor-. Me hubiera gustado escribir sobre la dictadura. Pero ese tema está todo cubierto al derecho y al revés. A mí me gusta hacer periodismo sobre hechos no contados. Fue un libro difícil para mí porque se trataba de un atentado de Montoneros en dictadura en un lugar que había sido preparado para ser el núcleo duro de la lucha de la policía federal contra las guerrillas».
«El periodismo tiene que estar en los hechos. Los hechos mandan», dice Reato, y que no quiere mezclarse en la discusión de quienes pretenden cancelar a Rodolfo Walsh y modificar el nombre de la estación de subte que lleva su nombre. Dice que su trabajo ya está hecho. No niega la satisfacción de que su libro haya penetrado en la sociedad para inducir en el fallo judicial que ordena la reapertura de una causa prescripta. «Es una vanidad que procuro que se me pase rápido», dice y afirma que tampoco escribe para revocar sentencias. Lo hace para contar algo que no fue contado. «En los ‘70 hubo demasiadas víctimas y muy pocos héroes», define.
Bien, estamos contentos que la Justicia ordene a la nefasta y miserable María Servini de Cubría, que llame a indagatoria a los Montoneros que aun viven. Y en contrario de lo que piensa Ceferino Reato, yo estoy por que eliminen todo nombre de calle, plaza, estación de subte, escuela, de este miserable criminal comunista, perdedor, Rodolfo Walsh. La batalla cultural contra la historia de la izquierda así lo clama.
Los nombrados para ser citados a indagatoria, son: Laura Silvia Sofovich, conocida artísticamente como Laura Yusem, nació en Buenos Aires, 13 de noviembre de 1939, hija de una maestra rural comunista de la Patagonia. Se cambió su nombre de Laura Sofovich Yussen (Sofovich por su padre y Yussen por su madre) a Laura Yusem para diferenciarse de su familia, y para borrar su pasado guerrillero comunista. Es sobrina del escritor español Ramon Gómez de la Serna, sobrina de la escritora Luisa Sofovich, prima del director Gerardo Sofovich y prima del director Hugo Sofovich. De profesión, directora de teatro, además de directora teatral, Yusem es bailarina y coreógrafa en compañías de danza contemporánea.
Miguel Ángel Lauletta: escribió un libro: ESMA 1976: La sombra de una sospecha. Según dice la reseña de la editorial, «Miguel Ángel Lauletta relata en primera persona su experiencia como detenido en la ESMA durante la última dictadura militar argentina. A través de una narrativa cruda y emotiva, el autor desenmascara la brutalidad del régimen, reflexionando sobre su identidad y el impacto de la represión en su vida y en la sociedad. Un testimonio imprescindible para entender uno de los períodos más oscuros de la historia argentina».
Lo que no dice la editorial es lo que otros camaradas de armas, es decir, otros marxistas dicen de él. En un reporte de Memoria Abierta, una organización izquierdista, leemos lo siguiente: «Información tomada de los archivos sobre el centro clandestino de detención ESMA, referidos a Miguel Ángel Lauletta, alias Caín, colaborador liberado del GT3, detenido alrededor del 14 octubre 1976, entraba y salía durante su secuestro y posterior liberación».
La directora argenmex (por su doble nacionalidad), María Inés Roqué con el documental Papá Iván, trata de entender quién era su padre, Julio Iván Roqué, «Lino», fundador de FAR en Córdoba, quien luego integró la conducción de Montoneros y murió en 1977 y aún permanece desaparecido. Durante una entrevista dice María Inés Roqué:
«Mi papá fundó luego FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) en Córdoba y cuando se produjo la fusión con Montoneros pasa directamente a la conducción de Montoneros. Luego estuvo detenido en la cárcel de Devoto un tiempo breve y salió con la amnistía de Cámpora el 25 de mayo del ‘73. Según Firmenich cuando lo entrevisté -aunque después decidí no poner ese testimonio – mi papá no tenía una tarea especifica. En ese momento la mayoría de la organización estaba fuera de la Argentina y la conducción se rotaba. Mi papá estaba vinculado con la realización de operativos. En la cárcel escribió un libro de formación de cuadros, un trabajo intelectual y en México dio una entrevista importante a la revista Cuadernos Políticos, a comienzos del ‘77, un poco antes de que lo mataran. Perdía habla de la solvencia intelectual de mi padre y de su capacidad en las discusiones teóricas y cómo se sacaban chispas en las discusiones».
–Miguel Ángel Lauletta, alías «Caín», un «quebrado» (alguien que cede ante la presión o la tortura y delata a sus cómplices), ex militante que participó activamente en el operativo que culminó con la muerte de su padre. ¿Cómo dio con él?
-Por el libro Recuerdos de la muerte, de Bonasso, sabía de Lauletta y empecé a buscarlo. Recibí el apoyo del equipo de investigación de Coco Blaustein y Ernesto Jauretche. Lauletta estuvo presente durante el operativo y le pregunté si propuso un brindis ante la muerte de mi padre. Eso figura tal cual en el libro de Bonasso y esto fue corroborado por otros testimonios de gente que estaba en ese momento en la ESMA. Necesitaba saber cómo habían sucedido los hechos. Lauletta había sido de Montoneros y se hubiese esperado otra actitud, si hasta los mismos militares hablaron de la valentía de cómo murió mi papá. Que Lauletta estuvo ahí no queda duda, no lo niega, pero ahí se termina el diálogo, porque no puede seguir hablando. El proceso para conseguir la entrevista fue muy complicado, finalmente se concretó en un pasillo del Hospital Pirovano, con un fondo blanco y donde circulaba gente y con luces de neón que dificultaban todo. Ese era su lugar de trabajo y supongo donde se sentiría más seguro. En ese momento coordinaba un grupo de Salud Mental…
Miguel Bonasso. Un guerrillero marxista, periodista, se refiere a Lauletta en: Lo que no dije en Recuerdo de la muerte.
«Las menciones en Recuerdo… de la Negrita o Barbarella no pasan porque la primera se viera obligada a tener relaciones sexuales con el Tigre o la segunda llegara a formar una familia con Jorge Radice (fuera de la presión de la ESM A, obviamente). Pasan por sus temibles récords como marcadoras, y así las consigné. Como lo denuncié al “Caín” Miguel Ángel Lauletta, a quien alguna sobreviviente que mencionó elogiosamente en Recuerdo…, como es “Elena” (Rosario Quiroga), considera una víctima, a pesar de que las chantajeaba a ella y a otras compañeras para que se acostaran con él, si querían salir de la pestilencia del sótano y del peligro constante de ser trasladadas»
Él, obviamente, es Miguel Ángel Lauletta, un verdadero miserable, un guerrillero marxista y que es repudiado por sus mismos camaradas. Lila Victoria Pastoriza, fue militante en la Federación Juvenil Comunista y en Vanguardia Revolucionaria. Además, integró grupos que en los años 1966 y 1967 apoyaron la incursión de Ernesto Che Guevara en Bolivia. Más tarde militó en la izquierdista Juventud Peronista y en Montoneros, y trabajó en la revista Información, dirigida por Enrique «Jarito» Walker. Estuvo detenida en la ESMA, entre el 15 de junio de 1977 y el 25 de octubre de 1978.
Junto al marxista y asesino Rodolfo Walsh, fue integrante del grupo que fundó y dirigió la agencia subversiva de noticias clandestina ANCLA. Fue imputada y luego sobreseída, junto a Mario Firmenich, Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich y Miguel Ángel Lauletta, en la causa por el atentado contra la Policía Federal Argentina en 1976, llevada a cabo por Montoneros. Actualmente, Pastoriza escribe para diferentes medios izquierdistas argentinos como Pagina 12, Revista Haroldo y Revista Cítrica.
Del resto de los mencionados nos vamos a referir en otros artículos. Sobre José María Salgado, nos ocuparemos en el próximo número.
2 de enero de 2025.