Crónicas argentas. —3
LA ARGENTINA PERONISTA
UN PAÍS DE INVÁLIDOS
El vocero del presidente argentino, Manuel Adorni, muestra la radiografía de un perro que usaron para obtener una pensión por invalidez laboral.
El Director ejecutivo de la «Agencia Nacional de Discapacidad» (ANDIS), Diego Spagnuolo, realizó una denuncia penal ante el fiscal federal, Guillermo Marijuan, el director del organismo que pasó de la Jefatura de Gabinete a depender del Ministerio de Salud, denunció «un esquema de corrupción y desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas truchas» en la Agencia Nacional de Discapacidad que podría ascender a un total de 3.400 millones de dólares. El término trucho o truchas, quiere decir falsas.
Las nuevas autoridades del área, estiman que el «el desvío de fondos fue de un 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad». Las irregularidades derivaron en una denuncia penal que serán ampliadas, y según el primer corte de auditoría realizado por los funcionarios de La Libertad Avanza, del partido gobernante, solo «el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplen con los requisitos establecidos».
La denuncia penal presentada por Diego Spagnuolo aporta pruebas sobre casos de personas que cobraban pensiones sin tener invalidez laboral o discapacidad, una persona conocida como militante peronista tiene 59 propiedades y está cobrando una pensión por invalidez laboral. Hay también titulares de aeronaves, embarcaciones, y una flota de autos cero kilómetros, sin uso, o personas que tienen trabajo en la actualidad. Hay intendentes que se comunicaron con el ANDIS para denunciar que hay gente que trabaja en los municipios y cobran dicha pensión.
Los más beneficiados con estas pensiones fraudulentas fueron los gobernadores de Unión por la Patria, es decir, peronistas, como, por ejemplo, Chaco (Gobernador Jorge Capitanich), Formosa (Gobernador Gildo Insfrán), Santiago del Estero (Gobernador Gerardo Zamora), Tucumán (Gobernador Juan Luis Manzur), Misiones (Gobernador Oscar Herrera Ahuad) y Buenos Aires (Gobernador Axel Kicillof). Pero si el gobernador no era «amigo» del gobierno peronista, probablemente acordaban los planes con los intendentes peronistas.
Este tipo de pensiones en promedio tardan unos dos años, pero en estos casos se otorgaba en tiempo récord, el 60% de estas pensiones se otorgaron en menos de 30 días y el 90% de los pensionados se saltaron las auditorias médicas. En la provincia del Chaco se usó la misma radiografía de un mismo hombro, un hombro roto, para 157 expedientes. Hay radiografías bajadas directamente de Google, dice Diego Spagnuolo. También tenemos constancias de análisis de laboratorios repetidos.
Encontraron también un certificado médico que acredita la supuesta dolencia del paciente que en teoría no podía trabajar por una incapacidad grave, que, en vez de describir la dolencia de la persona, reprodujo un poema de Arias Uriburu titulado «la Herida».
Ese era el diagnóstico médico que justificaba la documentación médica que justificaba el pedido de la pensión por invalidez, describe el funcionario de La Libertad Avanza, Diego Spagnuolo. «No había controles médicos en la ANDIS. Se aprobaban los expedientes sin una auditoría médica», recalca. Hasta ahora, las nuevas autoridades de la ANDIS, certificaron que «alrededor del 35% de las pensiones otorgadas presentarían incompatibilidades, siendo el 5% del total (casi 60.000 pensiones) en condiciones de incompatibilidad por poseer bienes y trabajo, mientras que el 30% restante presenta incompatibilidades en las condiciones médicas».
La documentación que consta en el expediente judicial, aparece en un expediente como prueba de incapacidad laboral una radiografía de un perro, que es la misma que muestra el vocero presidencial Manuel Adorni, no es una broma, para nada, es el resultado lógico de lo que yo califiqué hace muchos años, refiriéndome al peronismo, que constituía una asociación ilícita cuyo fin es llegar y mantenerse en el poder para seguir robando.
Este mecanismo perverso vulnera los derechos de los verdaderos discapacitados y los recursos destinados a ese sector fue utilizado políticamente para beneficiar y mantener lealtades de gente corrupta igual que ellos. Las autoridades de la ANDIS afirman que: «entre el 30 y el 50% de las pensiones otorgadas durante los gobiernos peronistas kirchneristas van a ser dadas de baja después de una exhaustiva auditoría que abarca a todo el país».
Y agregan: «Se encontró con un sistema de pensiones por invalidez laboral poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude. Durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándolas a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad». Digamos, el hecho de ser peronistas es suficiente garantía invalidez, pero mental. «Sobre los 2.559 casos auditados médicamente hasta el momento, solo el 7% (185) cumplen con los requisitos establecidos».
Esas pensiones «truchas ya fueron dadas de baja», por la nueva administración. «El gobierno (peronista) de Alberto Fernández armaba operativos para otorgar pensiones. Es escandaloso», opinan los funcionarios y agregan que hay gente que llama a la Agencia denunciado que es titular de una pensión y que ellos nunca la gestionaron. Además de las pensiones mal otorgadas Diego Spagnuolo encontró otras irregularidades que poco tiene que ver con la asistencia a personas con discapacidad.
Esas irregularidades son como la contratación de artistas de izquierda como Ignacio Copani, gastos de más de 35 millones de pesos en agasajos e instalación de un gazebo y remeras (playeras) para la marcha LGTV+ del pasado año por lo cual se abonó $ 900.000. En el ANDIS trabajan más de 900 personas, es decir, el 90% de ellos deben ser enchufados peronistas, porque, como rezaba las tablas de la ley del peronismo: «Para un peronista, no hay nada mejor que otro peronista», es decir para un ladrón, no hay nada mejor que otro ladrón.
La pensión por invalidez laboral se inició en 1997, y una pensión por invalidez es el subsidio más caro que da el Estado, y para eso el solicitante debe tener el 76% de incapacidad laboral, pero como ya dijimos, basta con ser peronista. Según los datos oficiales, en el 2003 había 80.000 pensiones, pero desde entonces, con los gobiernos peronistas de Néstor Kirchner, «el tuerto» como lo llamó el ex presidente uruguayo, el guerrillero Tupamaro, José Mujica, y el de su mujer, Cristina Fernández de Kirchner, «la yegua», Mujica dixit, y el del bueno para nada de Alberto Fernández, la cantidad de pensiones pasó de 80.000 a 1.050.000 al 10 de diciembre de 2023.
Este número es asombroso pues, no tiene precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el gradualista, en 2015, la cifra se mantuvo constante. Sobre esto, el fiscal Marijuan afirmó que:
«Tal incremento habría sido consecuencia de un proceso de articulación de decretos y resoluciones por medio de los cuales se habrían flexibilizado los criterios originalmente establecidos para el otorgamiento de tales pensiones, y por la puesta en marcha de un circuito de tramitación de dichos beneficios especialmente destinado a cuestiones políticas de favores con gobernadores e intendentes, en lo que las pensiones eran moneda de cambio aprobados en tiempos reducidos de tres meses que se entregarían a personas que no solo no tenían la condición de invalidez laboral, sino que en muchos casos ni siquiera tenían una condición médica de discapacidad, que habría funcionado en forma paralela al circuito formal en el que la tramitación para el otorgamiento de tal prestación demoraba entre 2 y 3 años».
El fiscal Marijuan recuerda que «la Resolución 8/2020, publicada el 30 de enero de 2020, avaló el inicio del trámite para acceder al beneficio en cuestión aun cuando no se acompañe el Certificado Médico Oficial -constancia principal de análisis para el otorgamiento o denegatoria de la pensión puesto que se trata de un documento de carácter obligatorio que, junto al alta de trámite en ANSES, permite dar inicio al proceso de evaluación de la solicitud de la pensión-, y modificó los parámetros para la determinación del estado socio-económico y de vulnerabilidad de las peticiones atinentes para el otorgamiento, denegación, suspensión y caducidad de las pensiones señaladas».
El negocio o el robo, no se detenía con el otorgamiento de la pensión de invalidez laboral, al contrario, allí empezaba, ya que luego de otorgar la pensión le pedían al beneficiario que se afiliara al «Programa Nacional Incluir Salud», ente creado para robar, perdón, para brindar cobertura médico-asistencial a todas aquellas personas titulares de pensiones nacionales no contributivas. Ese programa era el encargado de pagar a los prestadores de dichos servicios.
La sospecha, mejor dicho, la certeza, es que los involucrados en la presunta estafa contra el Estado, facturaban servicios a instituciones, centros médicos, clínicas y transportes que en realidad no se brindaban, generando una sumatoria adicional de fondos desviados. Según los funcionarios de la ANDIS «la estafa estaba asociada al gasto asociada a la función. Ya sabemos quiénes estaban involucrados».
Se cree que son 3 o 4 las empresas beneficiadas con esos convenios que monopolizan el 80% del robo. La auditoría también reveló que «existían canales paralelos en la gestión y una demora tal que hacía que muchos solicitantes morían esperando su pensión», mientras que otros, que no tenían ninguna dolencia, accedieran al beneficio en cuestión de meses.
La denuncia judicial de la ANDIS afirma que: «A partir de 2020 comenzaron una catarata de Resoluciones y Decretos flexibilizando el otorgamiento de las pensiones. Por ejemplo, en enero de 2023 eliminaron la condición de invalidez laboral y lo reemplazaron por algo muy subjetivo. Mientras que, en octubre de ese año, pocos días antes de dejar el poder, se publicó un decreto que directamente quitaba el requisito de incapacidad para trabajar a una persona inválida, y el requisito de acreditar 76% de invalidez, creyendo que, de esta manera, se cubrían de todas las pensiones otorgadas irregularmente en su gestión».
«Con este mecanismo perverso accedieron a la pensión por invalidez laboral personas sin invalidez laboral, e inclusive sin condición médica alguna –pero que les entregaron la pensión por su condición de pobreza– y personas que poseían alguna condición médica pero que no eran invalidante y que trabajaban, o que tenían obra social o prepaga y poseían ingresos ellos y/o su grupo familiar de hasta 1.5 millones de pesos. Es decir, escondieron pobres en las pensiones por invalidez, y usaron el dinero destinado a esta noble causa para arreglados políticos con sus gobernadores e intendentes amigos».
Según el relevamiento realizado por las autoridades de la ANDIS, hoy en día existen 1.250.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral. Dentro de ellas se encontró: -100.000 niños cobrando la pensión. -25.000 personas que trabajan. -60.000 con incompatibilidad de requisitos, entre los que encontramos beneficiarios con más de un auto, más de una casa, dueños de embarcaciones y hasta un avión. -30.000 extranjeros de los que se desconoce su condición de residencia y radicación.
Todo esto, además de ser otro curro más de la casta, vulnera gravemente los derechos de las personas con discapacidad y es injusto con los ciudadanos de bien que pagan sus impuestos pensando que éstos van destinados a la ayuda de quienes lo necesitan y en realidad son usados para el negociado político y el beneficio de unos pocos, rompiendo la igualdad ante la ley.
El fiscal Guillermo Marijuan, denunció al ex presidente Alberto Fernández, y a funcionarios de 2020 a 2023, de la Agencia Nacional de Discapacidad, los directores ejecutivos de la Agencia Nacional de Discapacidad, Claudio Flavio Augusto Esposito y Fernando Gaston Galarraga, y la otrora Directora Nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas, Paula Martínez. Marijuan considera que hubo «fraude» por la cantidad de prestaciones concentradas en determinadas provincias y porque se modificaron los requisitos para hacer más fácil el acceso.
Según el funcionario judicial, hay una serie de provincias que concentran 50% de estas prestaciones directas que hace el Estado y en esos cuatro años de gestión de Unión por la Patria (UP), peronista, se habrían hecho desaparecer requisitos médicos y autorizado a recibirlas solo por estar en «situación de vulnerabilidad económica».
Para cobrarlas, de acuerdo a lo que explicó el fiscal Marijuan, las personas debían estar imposibilitadas para trabajar, tener más de 70 años, ser argentinas o residentes con más de 20 años en el país, además de darse en situaciones extremas. Además, esas pensiones son no contributivas, es decir, que salen recursos del Estado sin haber recibido a cambio absolutamente nada por parte del beneficiario, sumado a la cantidad de planes sociales que existen, que también son recursos que destina el Estado de forma directa.
¿Y por qué Marijuan, apunta a la gestión de Alberto Fernández? «Las últimas 300.000 pensiones se dieron en el gobierno anterior, desde 2020 en adelante. Se dictaron una serie de decretos que son los que están cuestionados, que llevaron a iniciar el trámite sin certificado médico; y equipararon la incapacidad física de una persona, una invalidez, a estar imposibilitado por la vulnerabilidad económica. Hicieron desaparecer el requisito médico para hacer aparecer una situación de vulnerabilidad económica, una persona que estaría ‘incapacitada’ por no tener recursos para trabajar ni para vivir», indicó el fiscal.
Marijuan, dijo: «Es una administración fraudulenta. La denuncia tiene que ver con los funcionarios públicos y las normativas dictadas para permitir que esto sucediera. Yo entiendo que tiene que haber no solo una derogación de estas normas de manera inmediata, sino también un reempadronamiento de esta gente por las nuevas autoridades y un relevamiento de sus condiciones físicas». Dijo, incluso, que hay beneficiarios que hasta trabajan y conjugan sus pensiones por invalidez con programas sociales, lo que deriva en un «cúmulo de dinero tremendo» y deriva en «suculentos ingresos».
El gobierno del presidente Javier Milei, en relación a los supuestos recortes de pensiones por invalidez debido a razones presupuestarias, la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aclaró que: El Gobierno asegura que «no está dando de baja pensiones por cuestiones económicas»
1. En modo alguno la CNPA se encuentra realizando bajas de pensiones por cuestiones de razón económica. Las bajas efectuadas tienen su causa exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas que se realizan en forma habitual en cumplimiento de la legislación vigente y de los correspondientes decretos reglamentarios. De esta forma, en 2015 fueron dadas de baja 168.500 pensiones mientras que en 2016 se dieron de baja 90.000 pensiones.
2. El padrón está abierto en forma permanente a la incorporación de pensionados que cumplan con los requisitos correspondientes.
3. El presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, dijo en declaraciones radiales que «en 2003 había 180 mil pensiones otorgadas bajo estas condiciones, y entre 2003 y 2015 esa cifra se multiplicó por diez, se llevó a 1.800.000 pensiones, donde básicamente lo que hubo fue otorgar pensiones en locales partidarios. Hoy hay municipios con el 38% del padrón electoral pensionado inválido, médicos en todos los municipios o en provincias vendiendo los certificados médicos y mintiendo sobre el porcentaje de discapacidad requerido».
4. «Lo que hacemos es seguir cumpliendo con lo que dice el decreto reglamentario, no hacemos nada extraordinario ni nuevo», agregó Guillermo Badino. El objetivo de la actual gestión es brindar transparencia al sistema, de manera de asegurar su sustentabilidad y de evitar la discrecionalidad en el otorgamiento de las pensiones.
5. Es importante destacar que, si algún pensionado es dado de baja en forma errónea, las rehabilitaciones se realizan con pronto despacho y con acreditación retroactiva de los fondos. A tal efecto, se solicita que los pensionados se dirijan a los Centros de Atención Local que correspondan a su domicilio.
6. Las suspensiones no suponen la quita de las prestaciones médicas del Programa Incluir Salud, las que se mantienen mientras el pensionado solicita la rehabilitación.
La historia de Guanaco Muerto
Guanaco Muerto, es un pueblo de la provincia de Córdoba, ubicado a 200 kilómetros de la ciudad de Carlos Paz. El 70% de su población cobra pensiones por invalidez. Ante la escandalosa noticia, en el 2017, la entonces ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, del ex presidente Macri, dijo: «No quiero que se use mal este tema porque eso solo genera más angustia en las familias. Cada uno de los casos que fue un error nos duele, pero tenemos responsabilidad como Estado de luchar contra las mafias y el clientelismo».
¿Qué hizo Carolina Stanley? Nada, Macri no la pudo respaldar ante la arremetida de los corruptos peronistas y que en Argentina son millones. La polémica surgió en torno al proceso de revisión de las pensiones por invalidez que otorga el Estado. Se dieron de baja más de 70.000 subsidios por eventuales irregularidades, pero casos como el de Yanina Martínez, campeona paralímpica en los juegos olímpicos de Río de Janeiro, entre otros, encendieron las alarmas y generaron críticas y repudió por parte de la entonces corrupta oposición peronista.
El entonces jefe comunal de Guanaco Muerto, Domingo Zenón Soria, dijo: «El gobierno tiene que pagarle a la gente para que viva acá, la gente se está yendo por falta de trabajo». Qué manera tan idiota de justificar esos robos. No se enteró este ladrón peronista que hay cientos de millones de personas en el mundo que deben dejar sus países porque no tienen trabajo. La población de Guanaco Muerto no superaba los 699 habitantes, según confirmó entonces el jefe comunal, Domingo Zenón Soria, y cuenta con un centro de salud y dos escuelas.
De acuerdo con los registros oficiales, se entregaron 480 subsidios por discapacidad. Según datos de la Comisión de Pensiones, un ente descentralizado de Desarrollo Social, en esta pequeña ciudad que pertenece al departamento de Cruz del Eje hay 22 pensiones de madres de 7 hijos o más y 480 de invalidez. Según el censo de 2010, en Guanaco Muerto vivían 320 habitantes, pero para el municipio la población es mayor.
Domingo Soria atribuyó a «un error o algo político, porque se vienen ganando las últimas cuatro elecciones», la difusión del número de pensiones por invalidez otorgadas durante su gestión, que hasta el momento se extiende por cuatro mandatos, 14 años. «La verdad, hay que venir a conocer Guanaco Muerto, es una zona muy pobre». Soria, agregó: «Hay muchos de los beneficiarios de esas pensiones que se han jubilado, no están en los padrones. Dejaron de recibir una pensión para recibir una jubilación, igual es difícil dar precisiones».
El jefe comunal que estaba atornillado al poder por 14 años, pertenece al frente Unión por Córdoba, que representaba al entonces gobernador peronista Juan Schiaretti y a su antecesor, José Manuel de la Sota. «Hay un gran error en el padrón que tienen en Desarrollo Social, no me llamaron, pero vamos a ir [a Buenos Aires] con otros de la zona a hablar -dice Soria-. Hay muchas pensiones, es cierto, pero yo no las firmé, los médicos dan los certificados, la gente los trae. Si las sacan no sé de qué va a vivir la gente, acá les tienen que pagar para venir».
En Guanaco Muerto había entonces una enfermera y una vez por semana atendía un médico, pero -según señalaron algunos beneficiarios y el jefe comunal- la mayoría de los certificados provienen del hospital de Cruz del Eje. Respecto del domicilio, hay quienes viven en el pueblo, pero tienen su domicilio legal en otros lugares, como Altos de Quebracho. En la provincia de Córdoba, había dos pueblos que tenían más pensionados por invalidez que habitantes, y estos eran Guanaco Muerto y La Rinconada, lugares muy pobres del norte provincial.
La Comisión de Pensiones precisó que se entregaron 480 subsidios por invalidez en ese paraje donde la población, según el censo 2010, es de 320. El jefe comunal Domingo Soria indicó que su último recuento marca 699, pero que a raíz de los parajes dispersos el número podría extenderse a 1400. Estos peronistas serán ignorantes, pero no son tontos. En La Rinconada, por su parte, la facilidad para conseguir pensiones hizo que poblaciones de la provincia de Santiago del Estero se cambien de domicilio para hacer el trámite.
Como rezaba una celebre máxima de las tablas de la ley del peronismo: «Mejor que decir es hacer…», y ahí lo tienen a los ladrones, se inventaron cualquier cosa. Para robar son campeones olímpicos, «combatiendo el capital» dice la marcha peronista, pero se trataba del capital ajeno, saquearon el país, pero todo bajo la consigna de «nacional y popular».
Julio de 2024.