Crónicas argentas —2
EL ROBO DE LOS MARXISTAS EN ARGENTINA
LOS DESAPARECIDOS — UN NEGOCIO DESCOMUNAL
El día 23 de abril de 2024, el ministro de Justicia de Argentina, Mariano Cúneo Libarona, informó a través de un comunicado que compartió en redes sociales, la puesta en marcha de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las leyes de reparación patrimonial para víctimas de terrorismo de Estado, tras detectarse «irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago» de las prestaciones, hasta esclarecerse la situación, informó además que detendrá con efectivo inmediato todos los cobros.
«El ministro Mariano Cúneo Libarona dispuso la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado. El Ministerio [de Justicia de la Nación] determinó llegar a cabo dicha auditoría debido a que se han detectado distintos casos de irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago».
Más adelante, dice: «la auditoría surge a partir del fallo de procesamiento dictado en la causa ‘Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita’, y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal».
«En dicha causa, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional. A su vez, existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido».
En consecuencia: «El Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado».
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dijo que «más de 100 personas» percibieron alrededor de 150.000 dólares en concepto de indemnización tras reclamar la prestación ante la Justicia empleando documentos, testigos y formularios falsos. «Descubrimos otra maniobra fraudulenta donde se presentaban personas que eran de Uruguay, que habían estado un breve lapso en la Argentina pero permanecieron detenidas en el país vecino. Sin embargo, reclaman un pago completo».
«En 2021, las indemnizaciones perseguidas por familiares desaparecidos eran 7.996 casos. Y de exiliados, 14.400 casos. Y en exiliados tengo mucha trampa de quién estuvo y quién no. Tengo 350 juicios actuales y se me vienen cantidad de hijos de exiliados, que nacieron afuera. Nacieron en París, en Suecia, en Madrid y no volvieron a la Argentina. Insisten en que no pudieron tener sus lazos y yo trato de convencer a los tribunales que no está probado un perjuicio», indicó.
«Estoy armando un cuerpo de auditores para revisar alrededor de 25.500 juicios, que están en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos. Hablamos de sumas incalculables. Hay mucho justo, pero también muchísimo pecador. Hay muchísimo que está pago y falta por pagar. Y yo quiero dar con el pecador», sentenció.
Para Mariano Cúneo Libarona, «debe haber muchísimos más hechos y muchísimos más involucrados». «Ante toda esta situación, nosotros decidimos pisar directamente los pagos. No queremos pagar. Que se lleven el escritorio en todo caso. Vamos a intimarlos para que devuelvan el dinero que se robaron. Y en caso de que ya lo hayan introducido al mercado, eso puede devenir también en un delito para lavado de activos», insistió.
Y para finalizar, dijo: «Estoy convencido que estos hechos no se pueden haber dado si no existía de alguna manera alguna actuación de un funcionario público. Y lo que vos te das cuenta es que existía un festival de pagos. Se crearon estructuras para generar plata del Estado, ese Estado que se endeuda, ese Estado que capta plata de afuera y no la paga, ese Estado que de alguna manera emite. Hablamos de un Estado que se dedicaba a cometer fraudes o beneficiar».
En el mes de marzo ya se habían detectado bandas que falsificaban reclamos, se analizaron 900 expedientes y en un informe de la Sigen se alertaba sobre la falta de control y posibles pagos duplicados. Por tanto, se había ordenado una auditoría sobre el Ministerio de Justicia y la Secretaria de Derechos Humanos. El ministro de Justicia,
recibió información sensible que fueron detectados por sus equipos.
Se daba cuenta de la existencia de entre 15 y 20 juicios en los que se procesaron a «bandas» que presuntamente falsificaban documentos y testimonios para hacer pedidos de indemnizaciones relativos a las leyes de reparación por desaparecidos o nacimientos en cautiverio durante la dictadura. El gobierno de Javier Milei está realizando una auditoria sobre la gestión kirchnerista en el Ministerio de Justicia, donde se presume de que se hayan realizado pagos por duplicado de indemnizaciones a raíz de la inexistencia de controles.
Tanto la auditoría como las supuestas «bandas» apuntadas por el Ministerio de Justicia se conocieron un día después de que el Gobierno negara la cifra de 30.000 desaparecidos, reclamara justicia para las víctimas de los grupos guerrilleros de los 70 y saliera decididamente a confrontar con el kirchnerismo al exigir una memoria «completa» sobre la llamada dictadura y los crímenes de lesa humanidad.
El ministro Mariano Cúneo Libarona dijo: «Las denuncias se iniciaron antes y estamos impulsándolas, nos vamos a poner en un rol de querella. Voy a pedir embargos y decomiso de bienes. Son entre 15 y 20 bandas y debe haber muchos más. Todavía tengo tres cuerpos más de expedientes para leer. Estamos readecuando la estrategia».
Según fuentes oficiales existen 22.000 juicios por leyes reparatorias y se están revisando 900 expedientes, que corresponden a los que fueron firmados en el último año por el exministro Martín Soria y Horacio Pietragalla Corti, exsecretario de Derechos Humanos (denunciado hoy por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich). Hasta el momento se detectaron irregularidades como el pago a un homónimo e indemnizaciones a personas cuyos expedientes no aparecen.
Respecto a la falta de control y de que se hicieran pagos de indemnizaciones por duplicado en caso de sustitución de identidad, la Sigen destacó en el informe sobre el Ministerio de Justicia: «Inexistencia de un área que controle y certifique la inexistencia de pagos previos incompatibles con los beneficios de la Ley N° 25.914 en el proceso de otorgamiento y pago de los beneficios establecidos por dicha Ley, lo que genera el riesgo de pagos duplicados».
Uno de los puntos más llamativos destacados por la Sigen son las debilidades de control interno en el área de Tesorería, en donde advirtieron la existencia de retiros de fondos en efectivo, cuya registración contable se ha consignado con excesiva demora de tiempo. También la falta de recuento diario de efectivo por parte de Tesorería al finalizar la jornada laboral y de arqueos de fondos y valores con la participación de otras áreas como práctica de control cruzado, la detección de importantes montos en efectivo en poder de dicha área, que se conservan por un tiempo prolongado sin su debida justificación, con el riesgo que ello trae aparejado a su integridad y seguridad.
En el 2019, el militar retirado José D’Angelo hizo una denuncia en la que alegó que se habían realizado pagos a desaparecidos que no fueron tales. Dos años después, el juez que entendió en la causa, Ariel Lijo, ordenó al Ministerio de Economía remitir los nombres de los que recibieron una indemnización y los montos abonados para comprobar si efectivamente 13 casos no correspondieron. El listado nunca se dio a conocer. Los casos que se mencionaron en la presentación judicial totalizaban pagos por 2,4 millones de dólares.
Durante la campaña electoral, la ahora, vicepresidenta Victoria Villarruel dijo que tenía en sus planes impulsar una auditoría sobre las indemnizaciones que pagó el Estado a las víctimas de la dictadura y que se haría desde el Ministerio de Justicia. En la semana pasada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, le contestó a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, que, durante el acto por el Día de la Memoria, dijo: «Hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido», en alusión al presidente Javier Milei.
La madre de un terrorista marxista está preocupada porque con Milei se les acaba el relato de los desaparecidos y el «curro», el afano, el robo. El funcionario nacional le contestó, en su conferencia de prensa: «Queda claro quiénes están del lado de la democracia y quiénes del lado de enfrente». Al ex militar, José Luis D’Angelo Rodríguez, no lo veo personalmente hace más de tres décadas, y me alegra saber que sigue en la lucha. José D’Angelo había escrito el libro: «Mentirás tus muertos», luego escribió un nuevo libro: «La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones».
El libro fue publicado por El Tatú Ediciones, y lleva el prólogo de Juan Bautista Yofre, «el Tata», uno de los mayores conocedores de primera mano de esa nefasta época, y en la que refuta el mito de los 30.000 desaparecidos y desbarata el relato oficial sobre los años setenta. José D’Angelo Rodríguez investiga sobre la historia de supuestas víctimas del gobierno militar que combatió el marxismo en Argentina, y el negocio en el pago de indemnizaciones.
El caso de Oscar Jesús Garavaglia, alias el Pato.
Hace 46 años que se produjo la desaparición de Garavaglia, un joven de 17 años que se fue de campamento con cuatro amigos y el padre de uno de ellos, pero que jamás regresó. El 12 de enero de 1979 la familia Garavaglia se enteró de que Oscar había desaparecido en la zona del dique El Nihuil, Mendoza, mientras pasaba unos días de campo junto a cuatro amigos y el padre de uno de ellos.
El grupo estaba compuesto por los jóvenes Oscar Garavaglia, Daniel Vidalled, Alfredo Alonso Decarre, Horacio Nardoni y Julio Pérez Sierra, todos jóvenes de entre 17 y 18 años, de clase media. El mayor, que estaba a cargo, era Atanasio Pérez Confetti, el padre de Pérez Sierra. Habían salido de San Rafael, Mendoza, el 9 de enero e hicieron campamento en el Club de Pescadores de El Nihuil. El día 11, uno de los chicos, Alonso Decarre, regresó porque se había «accidentado».
Al día siguiente, según los cinco que quedaron con Oscar Jesús, salieron a cazar piches en el campo cerca del cerro Nevado. Los jóvenes se dividieron en dos grupos y acordaron que se juntarían a las 20 horas en la camioneta de Atanasio Pérez Confetti. Llegaron todos menos Oscar Garavaglia. Más de 400 personas rastrearon las huellas del chico, que nunca regresó del campo. Rápidamente comenzaron las acusaciones de los Garavaglia contra «el grupo». Una de las hermanas del joven desaparecido, en medio de la búsqueda, dijo que la mamá de Nardoni llevaba colgada una crucecita que era de su hermano.
El caso pasó por varios jueces, uno de ellos incluso llamó al ufólogo Fabio Zerpa para investigar la posible abducción extraterrestre del chico, mientras que la familia de Oscar Jesús insistía (y todavía insiste) en que había sido asesinado por quienes lo acompañaron al campamento en El Nihuil.
Los Garavaglia rompieron relaciones con las familias de los involucrados, mientras que el caso no prosperaba, por más que el DNI de Oscar apareciera en la casa de Ada Nardoni días después de que el chico se esfumara. El 22 de abril 1998 el juez José Luis Martino, quien había tomado el caso en 1989, mandó a detener a tres personas: acusó del homicidio de Oscar a Pérez Sierra y Vidalled, mientras que a Ada Nardoni le endilgó el encubrimiento.
Los otros dos sospechosos habían muerto: a Horacio Nardoni lo asesinaron en San Luis en 1989, lo hizo el novio de su empleada doméstica. Pérez Confetti murió en la calle de un infarto en 1992. Pero las detenciones terminaron en nada: los acusados estuvieron detenidos, pero no se les pudo comprobar ninguna participación. Todos se aferraron a lo que habían dicho en 1979 y quedaron libres.
Diez años después, la Suprema Corte de Mendoza ordenó el pago de 120 mil dólares a los padres de Oscar en concepto de indemnización por «denegación de justicia». El caso de la desaparición de Oscar Garavaglia vuelve hoy a la luz dado ya que es uno de los varios casos que el escritor José D’Angelo descubrió cuando investigó los casos fraudulentos de «desapariciones forzadas» durante la dictadura.
«Me llama la atención que todos los casos de desaparecidos se colocan como ‘desaparición forzada’, pero aparece uno que sale como ‘desaparición’, y si no es forzada es voluntaria, entonces me preguntó para qué hacer el distingo. Este caso es el de Oscar Jesús Garavaglia, empecé a indagar y apenas puse su nombre en Google me mandó a la historia verdadera», contó José D’Angelo.
«Acá hay algo que está mal, este chico desapareció en 1979 pero la familia desde el primer día sospechó y acusó a los amigos. La justicia después de 20 años no les pudo demostrar nada a esas personas, de hecho, es una causa judicial que se estudia en el país de lo que no hay que hacer en cuanto a la demora y la negación de justicia», dijo D’Angelo. Lo peor, es que un año después del sobreseimiento en 1999, «se presenta alguien en la Secretaría de Derechos Humanos para cobrar la indemnización por desaparición forzada de Garavaglia y no es nadie de la familia», precisó.
Además, «El Estado no brinda la información de quién se presentó para cobrar, es muy llamativo que el Estado no permita acceder a esa información de quién cobró ni cómo se pagó», advirtió el escritor. Puntualizó José D’Angelo que «La ley reparatoria, la 24411, que ordena estos pagos dice que la Secretaría de Derechos Humanos tiene que confeccionar un legajo individual donde consten las probanzas que acrediten que está dentro de los parámetros de haber sido una víctima del Estado».
En la presentación del libro, entre los participantes estuvo Luis Labraña, ex guerrillero Montonero y el periodista Ceferino Reato, quien hizo de moderador. El autor dijo: «Este libro es la copia fiel de una denuncia penal que presenté en Comodoro Py en noviembre de 2019. Los casos aquí narrados han sido denunciados en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, cuyo titular es Ariel Lijo. La causa ha sido caratulada como ‘NN s/Estafa’, de ahí el título del libro».
La hipótesis de D’Angelo, la cual sustenta con pruebas, es que «desde la Secretaría DDHH y el Ministerio de Justicia de la Nación se han falseado historias y adulterados documentos públicos facilitando una multimillonaria estafa con los desaparecidos». «Sin control alguno y durante años, diversos funcionarios han pagado casi tres mil millones de dólares en indemnizaciones por la represión ilegal del Estado, sin que los argentinos podamos conocer los datos que habilitaron esos pagos».
Después de cotejar documentos y testimonios de la época, José D’Angelo denunció que ninguno de los expedientes que había revisado responde a las causales comprendidas en la llamada «ley reparatoria» ni en sus ampliaciones ni en su reglamentación ni en las posteriores resoluciones. En el escrito presentado ante la Justicia se señala que de comprobarse esta circunstancia serían responsables del fraude ocasionado al Estado los causahabientes, quienes los hubieren asesorado o intervenido a sabiendas de la falsedad para la tramitación y cobro de las indemnizaciones, y los funcionarios públicos que aprobaron los pagos sabiendo que no correspondían, o sin haber realizado las diligencias necesarias mínimas para corroborar la procedencia del beneficio.
En la denuncia se relata que la docena de trámites relevados constituirían casos falsos de víctimas de «Desaparición Forzada» y «Ejecución Sumaria» o «Asesinato», en legajos formados en la ex Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Interior y en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Entre los casos denunciados existen personas que vivieron hasta 2016, murieron en accidentes de caza, manipulando explosivos, muertos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad o ejecutados por las organizaciones armadas a las que pertenecían.
El 25 de septiembre de 1975, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez, viuda de Perón, un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) emboscó y asaltó un camión de caudales en el centro de la ciudad de Córdoba con el objetivo de robar los valores del vehículo. Entonces, se produjo un tiroteo entre los guerrilleros y los custodios del blindado a los que se sumaron efectivos de la policía provincial. Como consecuencia de la balacera murieron una guerrillera, dos custodios y un policía resultó herido. La mujer abatida, miembro del ERP, fue identificada como Nora Lía Marquardt cuyo nombre de guerra era «Sargento Clara».
Veinticinco años después de aquel hecho ocurrido durante un gobierno constitucional, los familiares de Nora Marquardt, gracias a una de las llamadas «leyes de reparatorias»- cobraron más de 171 mil dólares en concepto de indemnización como víctima del terrorismo de Estado. Además, el nombre de la militante del ERP abatida durante el asalto al blindado, figura en el Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires.
Otro caso es el de Hugo Therisod, alias «Roque». A las 11:00 horas del 20 de agosto de 1975 en pleno centro de la ciudad de Córdoba, una unidad de combate del ERP atacó en forma simultánea la División Informaciones, el Comando Radioeléctrico y el edificio de la Guardia de Infantería de la Policía provincial «con el objeto de detener y ajusticiar a todo el personal». Los guerrilleros realizaron cortes en varias calles de la zona céntrica para dificultar la llegada de refuerzos. En el ataque fueron asesinados cinco policías y cayó abatido Therisod.
En la revista «Estrella Roja», órgano oficial del Ejército Revolucionario del Pueblo, publicó un artículo dedicado al camarada «Roque» y destacó «su compromiso con la revolución socialista, su odio a la policía y demás fuerzas represivas lo llevan a cumplir con iniciativa y enorme alegría su tarea, el ataque a la Guardia de Infantería. Murió valientemente cuando desprendido del resto de sus compañeros debió enfrentar sólo con una pistola a un conjunto de policías fuertemente armados dando un alto ejemplo de moral revolucionaria».
Este atentado se cometió durante el gobierno de María Estela Martínez, viuda de Perón, presidente constitucional. Sin embargo, los herederos de Hugo Therisod recibieron la indemnización correspondiente a las víctimas del terrorismo de Estado, una suma que al momento de percibirla equivalía a 98 mil dólares. En la misma denuncia además se describen otros casos de guerrilleros ajusticiados por su propia organización por haberlos considerado «traidores» y de aquellos que murieron por impericia en la manipulación de explosivos o por fallas en la fabricación de esos artefactos.
Entre ellos se destaca lo ocurrido con Adriana Kornbliht, alias «la Turca», quien murió mientras intentaba colocar una bomba en la comisaría de Monte Chingolo en la provincia de Buenos Aires, en marzo de 1977. Según cuenta Pablo Giussani en su libro «Montoneros, la soberbia armada», Kornbliht falleció despedazada por una bomba que le estalló en las manos mientras intentaba colocarla en la dependencia policial. Los familiares de «la Turca» recibieron en 2007 más de 116 mil dólares a la cotización de la época, cifra que podría aumentar a 178 mil dólares si se la actualiza por inflación.
Uno de los casos más llamativos mencionados en la denuncia que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, es el de los hermanos Sabao. El 28 de noviembre de 1975, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, en Rosario, un grupo armado con ametralladoras y fusiles FAL atacaron a Carlos Raimundo Sabao y a Pedro Alberto Sabao. El primero cayó en el lugar alcanzado por varios impactos mientras que su hermano se arrojó al Río Paraná.
Los atacantes lo persiguieron y continuaron disparándole hasta que su cuerpo desapareció de la superficie del río. Al día siguiente, el cadáver de Pedro Sabao fue extraído de las aguas del Río Paraná por la Prefectura Naval mientras que su hermano Carlos, gravemente herido, logró sobrevivir. Pocos días después, la organización Montoneros se adjudicó el ataque. Los causahabientes de Pedro Sabao cobraron en marzo de 2001 el equivalente a 168.300 dólares. Según la prueba ofrecida en la denuncia, su hermano Carlos falleció en un geriátrico de la ciudad de Rosario en el año 2016, sin embargo, su nombre está en una de las placas del Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires como una víctima del terrorismo de Estado.
¿Cuántos casos hay como estos? Debería abrirse los archivos de la CONADEP, ese tribunal marxista, para que sepamos que contiene el legajo de Pedro Sabao. En medio de la presentación, Luis Labraña, quien tiene autoridad en la materia, ya que él fue el inventor de la mentira de los 30.000 desaparecidos, dijo: «¿Por qué las organizaciones de Derechos Humanos insisten con los 30 mil? ¿Por qué no dicen que fue la cifra de ese momento?».
Luis Labraña, dijo: «hubo muchos que se fueron con la excusa de ser exiliados y recibieron subsidios para estudiar. Cuando regresaron siguieron pidiendo dinero». «Estamos en los tiempos de la post verdad en donde dos más dos no son cuatro. Lo curioso es que en la Argentina se ha dejado en manos de las izquierdas de los setenta un contrato de cesión exclusiva de la interpretación del pasado y de los Derechos Humanos. Solo los particulares hemos puesto en contradicción el credo oficial», contestó el tero D’Angelo.
Ceferino Reato asintió: «Para mí es un tema abierto. Hay algo que hace que tanta gente diga que el número ‘Es un símbolo” y no lo cuestione». Ceferino Reato hace años publicó un artículo que se alineaba con la de José D’Angelo.
«Dado el tiempo transcurrido, es improbable que se llegue a la cifra de 30.000 a la que todavía se aferran los organismos de derechos humanos y la mayoría de los dirigentes políticos, encabezados por la izquierda y el kirchnerismo. También buena parte del periodismo. Muchos de esos dirigentes políticos no solo defienden ese número: también amenazan con una ley que meta en prisión a quienes no lo repitan en público por el presunto delito de ´negacionismo’», sostuvo Reato.
La «Fundación El Libro» canceló una mesa redonda prevista para el 4 de mayo de 2023, sobre «Los derechos humanos y el Estado de Derecho en los países del Río de la Plata», como parte de las actividades culturales de la Feria del Libro. La muestra abrirá sus puertas en Buenos Aires el 27 de abril y la mesa estaba destinada a debatir sobre los juicios a los militares acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante las dictaduras militares en ambos países.
Los organizadores del encuentro suspendido atribuyeron la medida a la decisión de «evitar molestias o incomodidades al gobierno argentino» y denunciaron que la cancelación constituye un ataque a la libertad de expresión. El debate había sido organizado por tres asociaciones civiles de la Argentina y de Uruguay, que habían reservado la sala Gorostiza, en el pabellón Amarillo del predio de Palermo, y tenían confirmada la realización del acto desde el 7 de marzo pasado.
En la Feria iban a exponer los periodistas José D’Angelo Rodríguez, autor del libro «La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones», en el que denuncia el pago de indemnizaciones fraudulentas a familiares de desaparecidos en la Argentina, y Álvaro Alfonso, quien escribió en Uruguay el libro «Jugando a las escondidas», en el que revela conversaciones secretas entre los Tupamaros y militares uruguayos.
Dirigentes de las entidades recordaron que en marzo de ese año se suspendió por presión del kirchnerismo una mesa redonda en la Biblioteca del Congreso, en la que iban a exponer D’Angelo y el analista político Rosendo Fraga, acerca de las denuncias sobre el pago de indemnizaciones a familiares de desaparecidos. El diputado opositor Alberto Asseff (Juntos por el Cambio) denunció en ese momento la cancelación unilateral de la presentación.
La suspensión del acto fue comunicada esta vez por la «Fundación El Libro» al Centro de Estudios por los Derechos Humanos del Uruguay. Transmitieron la decisión dos horas después de que la noticia se difundiera en el periódico marxista Página 12 y en las redes sociales. La cancelación fue ordenada por la presidenta de la Cámara de Diputados, la izquierdista Cecilia Moreau, perteneciente a una familia del partido Radical (UCR) socialista, fieles representantes de la izquierda.
Según José D’Angelo, el libro «La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones», vendía un ejemplar por día, antes de que las autoridades de la Cámara de Diputados ordenaran suspender el acto programado en la Biblioteca del Congreso. «Esta mañana, antes de las 10, ya había vendido entre 40 y 50, ejemplares por día, reveló D’Angelo, al explicar la fuerte repercusión que suscitó la decisión de «censurar» la denuncia el pago fraudulento de indemnizaciones por los desaparecidos.
Los casos incluidos en el libro son los mismos que el periodista denunció ante el juzgado federal de Ariel Lijo, quien avanza con la investigación. Dispuso distintas medidas de pruebas y ordenó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informar a la Justicia el detalle de los pagos realizados en concepto de indemnizaciones. En una entrevista José D’Angelo, dijo: «Hay que saber qué hay de verdad y qué hay de mentira en esta desgracia de la violencia política de los años 70», señala José D’Angelo
-¿Qué se denuncia en el libro?
-El título del libro habla de “estafas con los desaparecidos” y lo tomé de la carátula de la causa que investiga el juez Lijo. No hablo de “la estafa de los desaparecidos”, sino de “la estafa con los desaparecidos”. Es imprescindible reclamar transparencia y rendición de cuentas.
-¿Por qué habla de “estafa?
-Porque hay casos escandalosos y una falta de transparencia en el manejo de los recursos del Estado, en un tema tan sensible, como es la violencia política de los 70. Es increíble que quienes se han cansado de reclamar que se abran los archivos de todos lados, hasta del Vaticano, no permitan el acceso a los archivos de la Secretaría de Derechos Humanos. Están cerrados a cal y canto.
-¿A cuánto ascienden las indemnizaciones pagadas?
-A valores actuales se estiman unos 3.500 millones de dólares. Una indemnización es equivalente al sueldo más alto de la administración pública nacional multiplicado por 100. Para saber el monto total hay que multiplicar el resultado por 7.996, que son los pagos que se hicieron hasta diciembre de 2022, según pude averiguar en la causa judicial. Los pagos los hace el Ministerio de Economía, pero los autoriza la Secretaría de Derechos Humanos.
-¿Por qué no le dejaron presentar el libro?
-La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se cree con derecho a censurar. Ella se comunicó con la Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso y ordenó suspender el acto. La fecha estaba definida desde mediados de febrero. Los pone bastantes nerviosos que se hable del asunto y se muestren estos casos a la luz pública.
-¿Qué casos concretos presenta en su denuncia?
-Describo unos 15 ejemplos fraudulentos de cómo se registran presuntas víctimas de la represión ilegal del Estado y en realidad no lo son. En algunos casos, incluso, una vez que se realizó el pago de las indemnizaciones, fueron eliminados de los registros. Todo en jurisdicción de la Secretaría de Derechos Humanos.
-¿Puede citar algunos casos?
-Sí, los registros de las víctimas son públicos, pero los trámites de los pagos de indemnizaciones son secretos. Un ejemplo es el de Nora Lía Marquardt, que murió durante un asalto a un camión de caudales de un organismo del Estado, como integrante de una organización delictiva durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. El Estado pagó una indemnización y su nombre figura en el Parque de la Memoria, el sitio de homenaje a las víctimas de la dictadura militar que depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
-¿Hay otros casos similares?
-Oscar Jesús Garavaglia figura como desaparecido en el listado que hizo la Secretaría de Derechos Humanos en 2006, cuando en realidad su familia sostiene que lo mataron cuatro amigos, que fueron los últimos que lo vieron con vida, en una excursión a Nihuil, en Mendoza. Alguien cobró en 2009 una indemnización por $40 millones, actualizados a hoy. Se sustanció una causa judicial durante 30 años y sus amigos pudieron demostrar que no tuvieron responsabilidad en la desaparición. Fueron sobreseídos y el cuerpo nunca se encontró. En 2015, Cristina Kirchner publicó el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte) y Garavaglia no figura.
-¿Durante el gobierno de Juntos por el Cambio no se revirtieron estas maniobras?
-Mauricio Macri había prometido terminar con “los curros de los derechos humanos”. Probablemente tengan otra oportunidad. Pero en la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta sigue manteniendo placas de homenaje a víctimas del terrorismo que no son tales en el Parque de la Memoria. Otro escándalo es el de Pedro Sabao, quien tenía un quiosco de bebidas a orillas del Paraná y Montoneros publicó en su revista Evita Montonera que fue ejecutado por traidor. Su hermano Carlos resultó herido y murió muchos años después en un geriátrico. Los dos están homenajeados en el Parque de la Memoria. Pedimos a Rodríguez Larreta que retirara las placas y no hubo respuesta.
Para José D’Angelo Rodríguez terminar con esa idea implantada por el kirchnerismo y todo lo que conlleva, es una tarea fundamental: «entiendo que los argentinos tenemos la tarea específica de desmontar ese relato y volver a la verdad histórica. Hice una denuncia en noviembre en 2019 tomando como ejemplo 10 casos de estas irregularidades, porque los casos son miles, pero hay imposibilidad de acceder a la información. Lo que le propongo al juez Lijo es que investiguen que cantidad de casos como estos hay».
José D’Angelo, menciona el caso de Nora Lía Marquart: «Nora Lía Marquardt era una mujer de Mar del Plata, de clase media, una estudiante que empezó a militar en el ERP. Tuvo 3 hijas con 3 personas distintas y su última relación fue un militante del ERP con el que se fue a vivir a Córdoba. Según cuenta la revista Estrella Roja, de los mismos guerrilleros, muere en una acción donde indican que intentaron expropiar el dinero que transportaba un camión de caudales. Nosotros los argentinos, la homenajeamos indemnizando a sus familiares con 21 millones de pesos actualizados a hoy, por ejemplo».
También el caso de uruguayos: «investigando estos pagos me meto en el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal y encuentro un apartado que se llama Plan Cóndor y dentro, otro que dice víctimas uruguayas. Ahí descubro que hay más de 20 historias que se repiten. Se habla, por ejemplo, de Gastón Sina Figueredo, un uruguayo detenido el 15 de julio de 1976 y trasladado el 24 del mismo mes a Uruguay. Cumplió condena en el penal Libertad y en 1978 fue liberado. Estuvo 9 días detenido por autoridades argentinas y dos años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas, pero el estado argentino le pagó 25.783.275 pesos».
José D’Angelo, plantea que hay una «industria» detrás de estos pagos: «queremos saber si hay alguna industria del juicio, alguien les dijo a estos uruguayos que presenten un expediente para que se convierta en pesos. En Argentina es un delito lo que hicieron los funcionarios y los uruguayos. En el Uruguay también cobraron y cobran una pensión, pero es una estafa moral».
«Yo soy negacionista de la primera ola, yo niego la posibilidad de que los argentinos tengamos un discurso único y además niego que haya 30 mil desaparecidos, es una mentira», se plantó el escritor frente a las críticas de quienes apodan «negacionistas» a quienes sostienen que las desapariciones forzadas no fueron 30 mil. «El propio creador del número, que me honra con su amistad es Luis Labraña, que prologó mi libro Mentirás tus Muertos. Labraña es un ex militante de Montoneros que dijo algo tan importante como que no iba a cobrar ninguna indemnización ‘al Estado Burgués cuando nosotros teníamos sueños revolucionarios que apuntaban a destruir ese mismo Estado’», contó José D’Angelo.
Gracias al triunfo épico de Javier Milei, los argentinos comienzan a saber del robo y la mentira sistemática de los peronistas kirchneristas, yo también soy «negacionista» de primera hora. Espero que Javier Milei cuando obtenga mayoría parlamentaria elimine esta lamentable y vergonzosa ley de «reparación». ¿Reparar qué? Para la gente de otros lugares del mundo, quiero aclarar que en la Argentina en los 60 y 70 del siglo pasado se dio un enfrentamiento al calor de la dialéctica de imperios, entre la Unión Soviética y Estados Unidos.
En el resto del mundo, que se mueve en torno a esa dialéctica, unos se encolumnaron detrás de la URSS, como fue el caso de los llamados movimientos revolucionarios y por otro, por gobiernos en algunos casos, democráticos, como lo fue el del general Juan Domingo Perón, y luego contra su viuda. En Uruguay, los Tupamaros, con el asesino y ladrón del luego presidente, Mujica, se levantaron contra un gobierno civil, democrático.
Los grupos guerrilleros en Argentina fueron eliminados militarmente en una guerra, una guerra que solo los interesados e idiotas pueden negarlo. Pero, luego de la derrota militar del gobierno argentino en la guerra de Las Malvinas, retornaron los partidos y la democracia. Como era lógico llegaron al poder gobiernos socialistas, como el de Raúl Ricardo Alfonsín, quien era abogado de los guerrilleros del ERP, como si España, en su momento hubiese sido abogado de ETA.
Entonces, comenzó el relato y a oficializar leyes que beneficiaron a los perdedores marxistas, los distintos gobiernos, incluido el de Carlos Saul Menem, llenaron de izquierdistas las administraciones gubernamentales. Y la ley de reparación no es otra cosa que un premio para los perdedores guerrilleros, porque no solo perdieron militarmente, sino que también fueron derrotados ideológicamente y hoy están fuera de la Historia. Ni Rusia, ni China son marxistas, son capitalistas.
Cuba, Corea del Norte, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, son marxistas y están en la decadencia total. Pagar indemnizaciones a estos perdedores, es como si un buen día, en Estados Unidos, una representante federal del Partido Demócrata ¿de dónde más? Como la muslin, la somalí Ilhan Omar, presentara un reclamo para pagar a los autores de Septiembre 11, y les levantara monumentos.
«Sin control alguno y durante años, diversos funcionarios han pagado casi tres mil millones de dólares en indemnizaciones por la represión ilegal del Estado, sin que los argentinos podamos conocer los datos que habilitaron esos pagos», José D’Angelo.
Cada día en Argentina se destapa un robo, una estafa, llevados a cabo por la casta política y por el populismo que gobierna Argentina desde hace más de un siglo. No hay que pagar nada, deben ir presos y embargar sus bienes, que devuelvan a los argentinos esos dineros mal habidos. Hay que derribar todos esos monumentos dedicados a los marxistas, como se hace en El salvador de Bukele.
23 de abril de 2024.